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El dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.

 

 VÍA: MCCI

 

Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ubicó los domicilios del dueño así como del operador de Grupo Tech Bull y constató que ambos residían en inmuebles ubicados en colonias populares de la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad de México.

 

Uno de ellos, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de Tech Bull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR, aseguró en entrevista que no supo de esa transacción millonaria y que, además , no recibió ni un peso de ganancia.

 

- ¿Sabías que la empresa que fundaste vendió al Gobierno un malware por 32 millones de dólares?- se le preguntó cuando salía de su casa en la barranca de Guadalupe.

 

-La verdad es que casi no veo noticias, ni sabía.

 

Según Carlos Cayetano, no tuvieron encargado de ventas mientras él fue socio y tampoco realizaron ventas, ninguna. Aún más, dijo que ni siquiera supo que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y activistas.

 

Cayetano Miguel creó la empresa, pero ya no recuerda dónde vivió su socio y se le ha borrado de la memoria algún otro dato que sirviera para localizarlo.

 

“Hace como tres o cuatro años vendí mis acciones”, comentó.

 

-¿A quién vendiste esas acciones?

 

-Creo que aparece ahí (en las actas)… la verdad no recuerdo.

 

-¿En cuánto vendiste las acciones?

 

-Creo que mi aportación fue de tres mil pesos en aquel tiempo, en 2013. Ya después no tengo idea de qué se hizo; se vendió o no se vendió, a quién se le vendió -respondió Cayetano Miguel, mientras caminaba presuroso por las calles de la colonia Puente Colorado, uno de los asentamientos ubicados en torno a la barranca de Guadalupe, camino al paradero donde abordaría el autobús que lo llevaría a su empleo en un despacho contable.

 

 

 

OPERACIONES MISTERIOSAS

 

 

 

Grupo Tech Bull se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México, ante el notario Alfredo Ayala Herrera, con un capital de 50 mil pesos. Y, apenas un año después; el 29 de octubre del 2014, vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares.

 

En el acta constitutiva –a la que tuvo acceso MCCI- quedó inscrito como socio y administrador único el mismo Carlos Cayetano Miguel, de 26 años de edad. Esta empresa, capaz de vender un sistema empleado para labores de seguridad nacional, nació el mismo día en que él se tituló como Contador Público en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una tesis titulada “Conversión de estados financieros a moneda extranjera en el sector de los alimentos”.

 

El otro socio de Grupo Tech Bull ha sido Jorge de Jesús Sánchez, un joven de 29 años de edad, técnico en informática egresado del Conalep sobre quien no existen antecedentes empresariales de ningún tipo en registros públicos.

 

-¿Quién es el otro socio? -se le preguntó a Carlos Cayetano.

 

-El que aparece ahí en el acta.

 

¿Y dónde lo podríamos encontrar?

 

-La verdad desconozco, porque fue en 2013 cuando estuve en contacto y ya después no.

 

-¿Pero cómo lo hiciste tu socio? ¿Era tu amigo?

 

-Ajá, pero ya después ya no sé; ya no lo he visto. Ya no sé ni qué onda con él.

 

Según los documentos notariales inscritos en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, cada uno de los socios aportó 25 mil pesos, y no tres mil como afirmó Carlos Cayetano en la entrevista con MCCI.

 

El objeto social de Grupo Tech Bull es la compra-venta de todo tipo de instrumentos y servicios de seguridad, incluido equipo táctico y de inteligencia, radares, torres de vigilancia, unidades móviles de videovigilancia y grabación, aviones no tripulados a control remoto (drones), vigilancia en aeronaves, sistemas para detección de armamento y explosivos; traslado y custodia de valores, e instalación de blindajes.

 

¿Cómo es que a Carlos Cayetano se le ocurrió emprender un negocio tan sofisticado en materia de seguridad, si carecía de experiencia en el tema? Él mismo responde: “Fue así de vamos a hacer una empresa”.

 

Según el dueño legal de Tech Bull, desde que crearon la empresa en octubre de 2013 y hasta que se retiró de la administración del negocio en noviembre de 2014, “no hizo ninguna venta”.

 

Esto significa -según su declaración- que la PGR le compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes de ese contrato por 32 millones de dólares no tuvo otras ventas.

 

 

 

EL APODERADO FANTASMA

 

 

 

El 29 de octubre de 2014, un año después de la creación de Grupo Tech Bull, la PGR firmó un contrato a favor de dicha empresa para el servicio de 500 infecciones de equipos celulares con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

 

Por la PGR firmó el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, mientras que por Tech Bull lo hizo Luis Armando Pérez Herrero, un ingeniero en sistemas originario de Hidalgo que acababa de incorporarse a la empresa como apoderado general.

 

El acta en la que Carlos Cayetano Miguel -dueño de Tech Bull- designó a Armando Pérez como el encargado de las cobranzas y su representante ante futuros litigios ingresó al Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 16 de octubre del 2014,  solo trece días antes de que firmaran el contrato con la PGR.

 

Al momento de recibir el poder legal, Luis Armando Pérez Herrero aseguró ante el notario Javier Eduardo del Valle que su domicilio estaba en la avenida Tamaulipas 2016, en el pueblo Santa Lucía, en la delegación Álvaro Obregón. Esa dirección corresponde a cinco comercios y cuatro viviendas que pertenecen a una misma familia.

 

MCCI preguntó a los inquilinos  y los locatarios si conocían a Armando Pérez Herrero, pero nadie pudo identificarlo.

 

Junto a las viviendas y los comercios marcados con el número 2016 de la avenida Tamaulipas hay un edificio de habitaciones individuales para estudiantes y personas que trabajan, los cuales son alquilados en 4 mil pesos.

 

“A la mejor el Armando Pérez que busca vive ahí”, dijo una de las vecinas consultadas.

 

El supuesto domicilio del apoderado de Tech Bull también está ubicado cerca de una zona de barrancas, que se extiende hasta la presa Mixcoac, contaminada por basura y aguas negras.

 

En el acta en la que se le otorgaron poderes generales en la empresa, aparece que Armando Pérez Herrero es originario de Pachuca, Hidalgo, donde nació el 21 de marzo de 1983 (tiene 34 años). En el Registro de Profesiones consta que obtuvo en 2017 su cédula profesional como Licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales, por el Instituto de Estudios Superiores del Valle de Orizaba, en Veracruz.

Tech Bull se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la CDMX, con un capital de 50 mil pesos. Y, apenas un año después vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares.

 

VECINO DE DUARTE

 

 

El primer domicilio de Grupo Tech Bull estaba en Homero 538, interior 303, en Polanco, que corresponde a un edificio de oficinas virtuales en el que también estaban inscritas dos empresas fantasmas de Veracruz, ligadas a la red utilizada por el exgobernador Javier Duarte, según constató MCCI.

Carlos Cayetano, fundador de Tech Bull, aceptó que el edificio de Homero fue donde inició la empresa.

 

En el mismo despacho de Tech Bull tenía su domicilio fiscal Zamtria SA de CV, fundada en Orizaba el 22 de junio de 2012, y que tiene como socia a Patricia Ríos Triana, accionista de otras 12 empresas veracruzanas, entre ellas Desarrolladores Mercalim, integrante de la red fantasma de Duarte que fue revelada en mayo de 2016 por el sitio Animal Político.

 

El mismo día que Zamtria fue creada, también en Orizaba, Grisuver SA de CV, ocupaba otro despacho de oficinas virtuales en Homero 538. Esa empresa participaba como comparsa en licitaciones convocadas por la Secretaría de Veracruz en el sexenio de Duarte.

 

 

 

VÍNCULO CON BALAM SEGURIDAD

 

 

De acuerdo con una red de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks, Tech Bull es una filial de la compañía Balam Seguridad Privada, la cual fue creada el 15 de mayo de 2012 por Asaf  Zanzuri, de origen israelí.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, sobrino del coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT y ex dirigente del sector popular del PRI, Guillermo Ruiz de Teresa, se incorporó como socio de Balam el 23 de enero de 2013, cuando transcurrían los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso  MCCI.

 

El pasado 25 de junio la revista Proceso y MCCI publicaron un reportaje sobre Balam y su posible influencia en círculos políticos. Guillermo Ruiz de Teresa ha hecho su carrera política de la mano del senador del PRI, Emilio Gamboa, uno de los legisladores más cercanos al Presidente Peña Nieto.

 

Balam, junto con Tech Bull, acapararon contratos en prácticamente todas las dependencias de seguridad del Gobierno federal, según detalla la red de correos filtrado por Wikileaks.

 

En esos correos aparece Rodrigo Ruiz como director de Balam, como consta en un mensaje enviado por el representante legal de Grupo Tech Bull, Armado Pérez Herrero, a la compañía italiana Hacking Team, también dedicada al espionaje y con la que mantenían negociaciones para la compra de otros equipos.

 

“Hola, el director de mi empresa Rodrigo Ruiz justo habló con Simoneta (empleada de Hacking Team) en el teléfono. Voy a explicar quiénes somos y qué hacemos en breve. Nosotros somos una empresa que vende inteligencia y seguridad al Gobierno mexicano. Somos una filial de la empresa principal que es Balam Seguridad, que es una de las empresas más importantes de inteligencia en el país”.

 

El remitente del correo es la misma persona que firmó el contrato de venta de Pegasus a la PGR en octubre de 2014.

 

En el mismo correo, fechado el 28 de noviembre de 2014 –un mes después de haber vendido el programa espía-, Armando Pérez Herrero describió a Balam y a su filial Grupo Tech Bull como la “número uno en la PGR y en la Marina”, pero además con presencia en todos los organismos de seguridad del país.

 

“Nuestros mejores clientes son la Marina mexicana, la PGR, el CISEN, la Policía Federal y una gran cantidad de Procuradurías, incluyendo el Estado de México”, detalla el mensaje.

 

Luego, el correo detalla sobre la variedad de productos de espionaje que han vendido a dependencias de Gobierno, principalmente de origen israelí: “Nosotros representamos una gran cantidad de empresas israelíes porque uno de los propietarios, Asaf Zanzuri, es de Israel. Hemos vendido de todo, desde sistemas de intercepción (GITA, NETLINE, PICSIX, etc.) hasta drones (aeronáutica) y control y centros de comando de Elbit (una de las principales compañías de Defensa de Israel)”.

 

Pero la parte más importante del mensaje, es cuando asegura: “Acabamos de vender a la PGR (contrato ya firmado y ellos ya enviaron el dinero) el sistema NSO Pegasus”.

 

 

 

EL NEGOCIADOR DE TECH BULL,

SOBRINO DE FUNCIONARIO

 

 

La empresa Balam tenía un acuerdo con NSO Group sobre el precio que pagarían por 500 infecciones de aparatos de telefonía de personajes que serían espiados. Sin embargo, la compañía israelí intentó elevarles 50% el precio cuando se enteraron que el contrato con la PGR ya se había firmado.

 

Fue entonces que, a través de un intermediario israelí de nombre Eric Banoun, la empresa Balam buscó negociar con Hacking Team la compra de un malware similar al de NSO, de acuerdo con este otro correo fechado el 29 de noviembre de 2014, y dirigido a un ejecutivo de la compañía italiana de equipo de espionaje:

 

“Un amigo mío, Rodrigo de Balam Seguridad, uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México, se pondrá en contacto con usted a principios de la próxima semana con una urgente solicitud de propuesta. Su compañía recibió un contrato de PGR México por un sistema basado en infecciones para móviles basado en 500 agentes reutilizables.

 

“Originalmente, la oferta se adaptó a otra empresa, llamada NSO Pegasus. El tema principal es que Rodrigo está buscando una alternativa viable a la luz del precio exorbitante establecido por NSO”.

 

El correo detalla que Rodrigo Ruiz -el sobrino del coordinador de Puertos de la SCT - era el negociador directo con la PGR.

 

“Rodrigo se pondrá en contacto con usted para discutir el plan de juego con el fin de convencer al usuario final (la PGR) para aceptar soluciones Hacking Team, tal vez mediante la adición de soluciones basadas en computadora, más agentes, para tomar decisiones claras hacia adelante”.

 

Pese a que ya había cobrado por el malware Pegasus desde octubre de 2014, el representante legal de Tech Bull todavía estaba en negociaciones en diciembre del mismo año, para sustituir el programa desarrollado por NSO Group de Israel por uno similar de la compañía Hacking Team de Italia, según consta en otros correos consultados para esta investigación.

 

 

 

Y TAMBIÉN NEGOCIA CON LOS ESTADOS

 

 

Rodrigo Ruiz también intervenía en la negociación para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República.

 

En la cadena de mensajes filtrados por wikileaks, aparece el correo del sobrino del funcionario de la SCT (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) en la supuesta negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán.

 

MCCI, envió un mensaje a esa misma dirección para comprobar que ésta existiera y el correo no rebotó.

 

Alon Dayan, también colaborador de Balam Seguridad Privada, escribió el 19 de marzo de 2014 el siguiente mensaje a Alejandro Velasco, gerente de cuentas de Hacking Team:

 

“Querido Alex: Nuestro cliente para esta solicitud específica es la PGJ del Estado de México. Pero tenemos algunos otros clientes del gobierno que tenemos un acceso muy bueno y creemos que podemos ofrecer sus sistemas allí también. Sugiero que fijemos una reunión en México y le daremos más detalles y fondo. Copio este correo electrónico a mis socios Rodrigo y Asaf”.

 

En otro mensaje, también compartido a Rodrigo Ruiz, se mencionan a Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán, como los estados en los que Balam Seguridad buscaba vender los equipos de seguridad o espionaje de Hacking Team.

 

 

 

SE CONTRADICEN

 

 

En una charla con MMCI, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño aseguró que la empresa Tech Bull –cuyo nombre apareció en el contrato con la PGR firmado en 2014- nunca ha pertenecido a Balam Seguridad Privada y dijo que sus datos personales así como sus catálogos de productos fueron usados sin su consentimiento.

 

MCCI le pidió a este empresario una entrevista grabada sobre el hecho de que Tech Bull robó sus datos y se presentó ante firmas internacionales de seguridad ilegalmente como una filial de Balam. No obstante, horas antes de la cita, él mismo la canceló argumentando razones de seguridad.

 

Sin embargo, en la charla previa, Ruiz reconoció que conocía a la gente de Tech Bull y que alguna vez había hecho negocios con ellos para la compra de unas cámaras de seguridad, aunque no especificó de qué tipo ni para que las utilizarían.

 

Sin embargo, Carlos Cayetano, el supuesto dueño de Tech Bull contradijo esa versión: Dijo que no conoce a Balam y tampoco a Rodríguez Ruiz.

Carlos Cayetano aseguró que cedió o vendió sus acciones en Tech Bull “hace tres o cuatro años”, pero no supo precisar la fecha.

 

“Vendí, cedí mis acciones y qué se hizo con ellas; no sé”.

 

No obstante, en los movimientos de la empresa inscritos en el Registro Público no aparece ninguna cesión o enajenación de sus acciones.

 

El único movimiento relevante fue una asamblea ordinaria efectuada el 7 de noviembre de 2014 -un mes después del contrato con la PGR- cuando Carlos Cayetano Miguel renunció como administrador único de la empresa y nombró en su lugar al que era el apoderado legal, Luis Armando Pérez Herrero. Nada más.

 

-El contrato (con la PGR) fue en octubre de 2014 y luego en noviembre de ese mismo tú te retiras de administrador único. Entonces, cuando se hizo la venta sí estabas como dueño -se le hizo ver a Carlos Cayetano.

 

-A la mejor eso que interpretan ustedes es para decir bueno, este… -titubeó el supuesto dueño, sin saber qué responder.

 

 “A mí no me preocupa porque yo no tengo nada qué ver”, añadió de imediato.

 

-Pero en los papeles sí apareces como dueño -se le insistió y respondió con más titubeos:

 

-Sí, pero a final de cuentas si a la mejor aparece que se vendió (el malware Pegasus), yo no le veo problemas.

 

Quienes firmaron el contrato con el Grupo Tech Bull por parte de la PGR no eran unos novatos ni tampoco han tenido puestos de escasa responsabilidad dentro del Gobierno Federal como para desconocer cómo se compran servicios relacionados con la seguridad nacional.

 

Tomás Zerón de Lucio quien estuvo al frente de las negociaciones del malware Pegasus y entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal ha sido uno de los promotores del uso de tecnología para perseguir los delitos de alto impacto. De hecho, eso le ha permitido ocupar puestos de alta responsabilidad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y en la desaparecida Policía Federal Preventiva, además de la propia PGR a lo largo de 10 años (2007-2016)

 

¿Cómo es que a Carlos Cayetano se le ocurrió emprender un negocio tan sofisticado en materia de seguridad, si carecía de experiencia en el tema? Él mismo responde: “Fue así de vamos a hacer una empresa”.

 

Actualmente, él se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuyas oficinas se encuentran en la residencia oficial de Los Pinos.

 

En los referidos cables de Wikileaks, Tomás Zerón desempeñó un papel protagónico: Luis Armando Pérez Herrero, el representante de Grupo Tech Bull y de Balam Seguridad Privada –así se presentó en los correos-escribió que Tomás Zerón sólo confiaba en Pegasus para cumplir su tarea y desconfiaba de otros sistemas de espionaje como el italiano llamado Galileo.

 

En el contrato firmado entre la PGR y el Grupo Tech Bull –dado a conocer el pasado 29 de junio por el noticiero En Punto de Televisa- se especificó que la compra se haría bajo los criterios de “riesgo y urgencia”.

 

Esto implicaría que la PGR hizo una adjudicación directa o, en su caso, una invitación a cuando menos tres compañías para hacerse de Pegasus, incluido el Grupo Tech Bull una firma creada apenas un año atrás, sin experiencia en seguridad nacional, con oficinas virtuales y cuyos socios viven en barrios populares de la ciudad de México.

 

Aún bajo estas circunstancias, Tanto Balam Seguridad Privada como Grupo Tech Bull han comercializado otras marcas de equipos de inteligencia y espionaje.

 

Ambas han importado de Israel productos de Picsix Ltd., una de las compañías líderes en equipos de intercepción de celulares vía aérea que venden a fuerzas de seguridad y a agencias gubernamentales de inteligencia.

 

Balam y Tech Bull le compraron a Picsix en 2015 y 2016 sistemas de amplificación de frecuencia, para interceptar señales de telefonía, según consta en documentos consultados para esta investigación.

 

Además, Balam comercializa otros productos de inteligencia de las compañías israelíes Aeronautics Ltd., Aerosentinel Ltd. (ambos fabricante de drones espías), Elbit Systems (una de las principales fabricantes de equipos electrónicos de Defensa), Koren Ron (sistemas de comunicación militar), Vision Map (geolocalización) y GITA Technologies (intercepción de telecomunicaciones).

 

 

MCCI solicitó a la dirección de Comunicación Social de la PGR una entrevista sobre las condiciones en que se contrató a Grupo Tech Bull pero no hubo respuesta.

 

También se pidieron entrevistas con ex funcionarios de la misma PGR, involucrados en la compra de malware, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo una postura al respecto.

 

RAÚL OLMOS | VALERIA DURÁN | DANIEL LIZÁRRAGA

MIRELLE MORA: UI/ UX

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VÍA: MCCI

 

VALERIA DURÁN, DULCE GONZÁLEZ Y RAÚL OLMOS

MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

 

Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación: al menos 500 jueces y magistrados de todo el País tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

 

EL NEPOTISMO SE HA INSTALADO EN EL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

 

 

Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

 

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

 

Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

 

DESVIRTÚAN FACULTAD CONSTITUCIONAL

 

Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución.

 

Esa disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero ha sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes, como evidencia el estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.

 

“No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”, advierte el estudio, del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) posee una copia.

 

El estudio asienta que se ha dado la multiplicación de “redes clientelares” dentro de los órganos jurisdiccionales, o bien con cruzamientos y “enroques” entre los diversos circuitos.

 

En la práctica, ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca.

 

 

UN MAGISTRADO CON 17 PARIENTES

 

 

En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

 

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.

 

Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del País, y según se dice la información recabada fue corroborada con información del CJF.

 

El informe no incluye el primer circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan, correspondientes

 

 

NEPOTISMO ENTRE JUECES

 

 

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

 

Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, que corresponde a Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%.

En esa entidad, hay un magistrado que tiene a su pareja como Secretaria del Tribunal, además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos.

 

El nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, 438 tienen parientes.

 

Muchos de esos empleados tienen múltiples familiares. Por ejemplo, un secretario de Tribunal tiene dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ha incorporado a una hermana y seis primas.

 

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

 

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

 

 

 

ESTADO CHICO, NEPOTISMO GRANDE

 

 

En Colima no abusan los jueces, sino los empleados.

 

El circuito trigésimo segundo, correspondiente a Colima, es el que tiene el menor número de empleados del Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo.

 

De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes -principalmente esposas, hermanos e hijos-, lo que representa el 68.34% del total de plazas.

 

En contraste, el nepotismo entre juzgadores es el segundo menor en el país, pues de 10 jueces y magistrados, sólo dos tienen parientes.

 

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

 

JALISCO: EL VIRREINATO DE LOS HIJOS

 

 

El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados.

 

En ese circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Por mencionar algunos ejemplos: uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, dos más son secretarios de tribunal y de juzgado.

 

Otro magistrado tiene a dos hijos trabajando como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial.

 

En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal.

 

Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 circuitos revisados en el estudio.

 

Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen a 36 hijos trabajando en el Poder Judicial.

 

Hay casos extremos, como el de un juzgador del Estado de México, que tiene a tres hijos y a cuatro nueras con cargos tan variados como secretario de tribunal, actuarios judiciales y empleados administrativos.

 

 

CON SUS ESPOSAS Y EX PAREJAS

 

 

En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa trabajando en el Poder Judicial.

 

De ese listado destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con 9.

 

¿Quién dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay magistrados que lo han hecho posible.

 

Un magistrado del segundo circuito, del Estado de México, tiene trabajando a su actual cónyuge en el cargo de secretario de tribunal y a su expareja como secretario de juzgado; además, empleó a su cuñado como oficial administrativo.

 

En el circuito correspondiente a Guanajuato hay un caso parecido: un magistrado tiene a su ex cónyuge como oficial administrativo y a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a dos hijos.

 

HERMANOS Y PAPÁS

 

En el recuento entregado al CJF sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales.

 

Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17.

 

En algunos circuitos, los magistrados han empleado a varios hermanos; es el caso del correspondiente al Estado de México, en donde 13 juzgadores tienen a 17 hermanos trabajando como oficiales administrativos y secretarios.

 

Para completar la familia, también se ha dado empleo a los papás. Esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados.

 

Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

 

Además de compartir empleo en el Poder Judicial con su papá, un magistrado de Puebla ocupó a ocho de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos.

 

Otros dos magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades.

 

EL DIAGNÓSTICO NACIONAL

 

Estas son las cifras obtenidas en el estudio realizado en 31 circuitos del Poder Judicial de la Federación, que reflejan el porcentaje de presunto nepotismo de juzgadores y servidores públicos:

 

Hecho con
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CASOS EXTREMOS

 

Estos son algunos de los magistrados con más parientes en el poder judicial de la federación:

 

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Hecho con
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Por: Ambrosio del Varo/ Titulo en tramite

 

Apenas han pasado unos días de la victoria tricolor en EDOMEX y el secretario de Educación, Aurelio Nuño,  está firme en el cargo y aunque muchos lo ven como el AS bajo la manga de EPN para la candidatura presidencial, Aurelio (pa´los cuates) dice que no lo alborota el canto de las sirenas.

Nuño esta tenso, pero experto en comunicación política aparece relajado, el conflicto  con la dirigencia magisterial de la CNTE no disminuyó sus aspiraciones, el pequeño desliz que tuvo al decir “ler” tampoco enterró su vida política, al contrario lo anterior le curó su amnesia y es que ha recordado de bote pronto que es poblano.

La entrevista se dio en República de Argentina #28, de la CDMX.

Ahí el Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, Otto Granados Roldán, operador político nato y uno de los encargados de apuntalar el proyecto Nuño, me recibe efusivo.

OG.- Don Ambrosio, siempre es bueno contar con amigos tan cultos y buenos en la ciudad de Puebla.

AV.- Don Otto, es mejor contar con amigos como usted, pero no me diga que soy bueno: pues hombre bueno tira a pendejo.

 

Ambos reímos.

 

OG.- Mire, Don Ambrosio, nuestro amigo el secretario Aurelio Nuño quiere que lo entreviste, quiere que toda la clase política poblana sepa de él y quien mejor para esta misión que usted.

AV.- Sera un honor entrevistar a este magnífico muchacho y mejor funcionario.

 

Sin más rodeos el secretario hizo su aparición.

En camisa de mangas de algodón PIMA peruano y una corbata inglesa - Drake’s – el secretario me abrazó efusivamente, me palmeó la espalda y me dijo: “Eres un tipazo, Ambrosio.”

 

AN.- Adelante, amigo, hablemos de todo.

AV.- ¿Qué pasa con los priistas tradicionales, que no te dejarán pasar?

AN.- Es cierto, son voces inconformes derivadas de la fiebre electoral que se avecina, pero son los menos, esta situación la han aprovechado algunos grupos políticos que quieren llevar agua a su molino, pero no hay que hacer olas, ellos saben quien tiene el poder y quien tiene el dinero y entonces saben quien tiene el control.

AV.- ¿El presidente EPN negociará con ellos?

AN.- No vamos a ceder aunque  pidan sangre y espectáculo, serán el partido quien fijará las reglas  no las bravuconadas, además, el ala tradicional del PRI está en decadencia, es un priismo viejo y rancio que solo quiere su maicito.

AV.- ¿Y la próxima asamblea?

AN.- La próxima asamblea será histórica, se tumbarán los candados que limitan la participación ciudadana en el partido, esas ideas cuadradas de “años” de militancia y haber tenido cargos anteriores en el partido serán borradas.

AV.- ¿Eso te hará presidenciable?

AN.- Me hace presidenciable la preparación y el amor que le tengo a este país, pero antes que presidenciable, soy poblano, orgullosamente poblano, mi familia se estableció en Puebla a inicios de siglo, ahí por el museo del ferrocarril se encuentra una empresa familiar a la que acudía desde niño, ahí crecí.

AV.- Pero pensé que habías nacido en la CDMX.

AN.- Es de humanos equivocarse, Ambrosio, pero ya lo sabes, Soy orgullosamente poblano, me encanta el mole, las cemitas y las chalupas.

AV.- ¿Por qué rumbo vivías?

AN.- Eso no importa, pero en el futuro me gustaría vivir por el rumbo del cerro de Loreto, desde ahí se ve una ciudad imponente.

AV.- ¿Tu camino me recuerda al que camino hace años, Manuel Bartlett, quien fuera un hombre que influía en el presidente, Miguel de la Madrid, de ahí paso a despachar a la SEP para después brincar a la gubernatura de Puebla , aun cuando se tenía la creencia de que era tabasqueño?

AN.- Es la ruta del poder, no hay nada inmoral ni ilegal, además recuerda que en política, la moral vale para pura madre.

La entrevista fue interrumpida por un pequeño contingente de revoltosos que decían ser de la CNTE y gritaban desde las afueras de la oficina.

 

“no somos uno, no somos diez, pinche Nuño cuéntanos bien”

“no somos uno, no somos diez, pinche Nuño cuéntanos bien”

 

Nuño se levantó de inmediato, se asomó discretamente por los ventanales y dijo en tono festivo: Aquí les tengo su negociación, y es de este tamaño…

 

 

Otto y yo reímos a carcajadas.

 

Aurelio Nuño salió de inmediato a recibir a una bola de reporteros que buscaban tlacoyo y chayote.

Otto Granados me dio un abrazo y una cajita madera que traía rotulado: Aurelio Nuño S.A. de C.V, Puebla, pue.  11 Norte 1406, colonia Centro.

 

Lo que traía adentro era una dotación de dulces típicos poblanos: camotes, tortitas de santa clara, muéganos, alfeñiques y unos gaznates, pero entremetido había un pequeño donativo para este humilde columnista y una tarjeta que decía: Cómprese con esto unos tlacoyos y administre mi reputación.

 

Sonreí y recordé cuando de pequeño mi abuelo me llevaba a comprar material a la maderería nuño y veía a Aurelio jugar con sus carritos.

 

No cabe duda de que es poblano es poblano…

 

PERIODISMO FICCIÓN

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Semanario #57

 

Luis León y Jonathán Nácar-Eje Central

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Funcionarios de Segobdesatendieron las advertencias que existían sobre la fragilidad de la seguridad en el penal  de máxima seguridad de El Altiplano

El 22 de enero de 2015 un dron “propiedad de un elemento” del área de Inteligencia de la Policía Federal, sin autorización, sobrevoló el Centro Federal de Readaptación Social No.1 El Altiplano y no reportó a las autoridades carcelarias las razones. Cinco minutos después, un helicóptero Bell 212 con la leyenda de la misma corporación voló sobre el penal, pero tampoco tenía permiso, ni consta en el expediente los detalles del porqué se hizo ese sobrevuelo.

Ambos parecerían hechos irrelevantes, pero justo en ese momento, los cómplices del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, terminaban de construir, en las inmediaciones del penal de máxima seguridad, la mitad del túnel que 170 días más tarde, el 11 de julio de 2015, con extremada precisión, llegaría a la regadera de la celda del capo y éste escaparía.

FOTO: Pedro Valtierra/ CUARTOSCURO

Esta fue una de las 46 alertas que registraron en minutas de trabajo, reuniones, notas informativas y oficios que se emitieron en los poco más de 13 meses que el capo estuvo recluido en ese Cefereso, ubicado en el estado de México, y que documentan cómo una decena de funcionarios de la Secretaría de Gobernación no atendieron los reportes o solicitudes que les correspondía de acuerdo a sus facultades y que, de haberlo hecho, habría hecho imposible la fuga del capo.

En la carpeta de investigación PGR/SEIDO/UEIDCS/10281/2015, a la que ejecentral tuvo acceso, se documenta cómo el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de oficios con folio y tarjetas informativas, solicitó la reparación de equipo de seguridad, el incremento de personal de vigilancia, el apoyo para restringir las visitas de Guzmán Loera, e incluso la rotación del director del penal y personal de seguridad, así como su cambio de celda y la alerta sobre las verdaderas intenciones de difundir en medios de comunicación, la inexistente huelga de hambre que se suponía encabezaba el propio líder del Cártel de Sinaloa.

›Ninguna de esas solicitudes fueron atendidas por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dirigida por Monte Alejandro Rubido García; tampoco por la División de Inteligencia de la Policía Federal, que encabezaba Ramón Eduardo Pequeño García, y que tenía bajo su responsabilidad la vigilancia directa de El Chapo.

Tanto Rubido García como Pequeño García presentaron su renuncia sin recibir alguna sanción. En el caso del primero, después de 15 meses sin trabajo, nuevamente se incorporó a la Secretaría de Gobernación, con un cargo de menor perfil en la Unidad de Gobierno. El segundo mantiene escolta y vehículos blindados del gobierno, bajo el argumento de que su trabajo obliga a brindarle protección.

Todo bajo control 

Apenas habían transcurrido 144 días desde que Guzmán Loera ingresó al penal de El Altiplano, cuando se difundió en medios de comunicación, el 16 de julio de 2014, que había estallado una huelga de hambre impulsada por El Chapo y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quienes contaban con el apoyo de unos mil internos. El hacinamiento, insalubridad y malos tratos, decía la información, motivaron la protesta.

En un acuerdo contenido en seis fojas, fechado el 14 de julio de 2014, Juan Ignacio Hernández Mora, entonces comisionado del OADPRS, recibió el informe de Valentín Cárdenas Lerma, quien era director General del Cefereso 1, en torno a una llamada anónima de un supuesto familiar de un interno que alertaba sobre a una posible huelga de hambre que estallaría al interior del centro.

Pero la huelga de hambre en realidad no existió y tampoco participó Guzmán Loera. Abogados de internos entregaron una carta a una revista, la cual publicó dando por cierto el hecho y más tarde difundiría que, después de cinco días y ante la respuesta positiva de las autoridades, los internos abandonaron su protesta. Este hecho nunca existió, pero la sola difusión colocaba el hecho en una alerta, por lo que debía investigarse para comprender las verdaderas intenciones y porque públicamente mostraba una aparente vulnerabilidad a la seguridad interna.

 Jueces vulneraron seguridad

Un año antes de la fuga de El Chapo, ante las denuncias de que los citatorios de los jueces a internos vulneraban la seguridad del penal, la coordinadora general de los Ceferesos, Celina Oseguera Parra, solicitó al director del penal un informe detallado de la situación.

En un oficio fechado el 11 de julio de 2014, Valentín Cárdenas Lerma, reportó sobe la “debida vigilancia” que la institución procuraba al interno Joaquín Guzmán, pero advertía que las constantes solicitudes de diversos órganos jurisdiccionales provocaban el envío del reo “3578” (número de interno de Guzmán Loera) al área de locutorios. Y no sólo eso, los citatorios a diversos internos que no aparecían como coacusados en los expedientes y juicios, les permitía reunirse en las áreas de locutorios y conversar, lo que significaba una constante vulneración de las medidas de seguridad.

“Independientemente de las acciones de seguridad que se han mantenido al interior y exterior de este Centro Federal, a fin de tener la adecuada seguridad institucional sin dejar de mencionar la coordinación existente entre las diversas corporaciones tanto militares como policiales de la certeza de que el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, está debidamente vigilado tanto por los medios electrónicos de seguridad, así como por el personal de custodia asignado en el área de su ubicación…” indicó Cárdenas Lerma en el oficio enviado a la entonces coordinadora general de los Ceferesos,

Oseguera Parra informó al comisionado del OADPRS, por lo que acordaron reunirse con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Lo hicieron en dos ocasiones y no sólo les plantearon su preocupación por los extraños citatorios a reos que no estaban acusados en un mismo proceso, sino también de los constantes amparos que se emitían y que permitían a los presos contar con pantallas de televisión o incrementar las visitas de abogados y familiares, o incluso trasladarlos a penales menos seguros. Pero nada cambió, los consejeros no investigaron, reportaron las autoridades penitenciarias.

›Y es que Guzmán Loera fue uno de los principales beneficiados por los jueces federales. Ganó más de 10 amparos que le permitieron, por ejemplo, tener una pantalla en su celda, mantener el cabello más largo y atender a sus abogados permanentemente en el área de locutorios. Todos estos beneficios trataron las autoridades penitenciarias de eliminarlos.

En una nota informativa del 22 de septiembre de 2014, dirigida al comisionado del OADPRS, la coordinadora de los Centros advertía de la urgente necesidad de retirarle “el aparato de televisión” y el impedir las constantes visitas de familiares del interno. Pero no recibieron el apoyo de las áreas jurídicas de Gobernación ni de la Procuraduría General de la República que no actuó al detectar estos juicios de amparo e impedir que los ganara.

Hasta el día de su fuga, El Chapo contaba con su pantalla y tenía el cabello más largo que lo permitido.

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Impiden reubicación

Guzmán Loera era el único preso que ya había intentado fugarse del penal de El Altiplano en 1999, y lo logró al año siguiente, pero del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.  El perfil criminológico de El Chapo hacía suponer que podría intentarlo nuevamente y al estar ubicado en la misma área que otros presos de altísima peligrosidad, el riesgo crecía, por lo que apenas 74 días después de asumir el cargo de coordinadora General de Ceferesos, Oseguera Parra propuso reubicar al capo y al no obtener respuesta lo propuso una segunda ocasión en menos de un año.

De acuerdo con el expediente, la primera de esas propuestas quedó asentada en una tarjeta informativa fechada el 29 de agosto de 2014. El documento fue dirigido a Juan Ignacio Hernández Mora, y la coordinadora proponía la reubicación de Guzmán Loera a un módulo aislado dentro del área del Centro de Observación y Clasificación de El Altiplano. Específicamente intentaba reubicarlo en el área de “enfermedades infecto contagiosas”, debido a que estaba desocupada, lo que permitiría “separarlo de la población, evitar el contacto con la población interna y el personal”, lo que mejoraría los niveles de seguridad.

Sin abundar en los motivos, el comisionado Hernández Mora recibió el acuse de negativa por parte de Monte Alejandro Rubido.

En otro anexo dentro de la carpeta, se hace referencia a que en febrero de 2015, cinco meses antes de la fuga, se intentó por segunda ocasión el traslado de Guzmán Loera al Cefereso 12 en Guanajuato, para internarlo en un módulo exclusivo y restringir su contacto con otros internos y personal penitenciario, alejarlo de la capital del país para evitar las frecuentes visitas que recibía de sus abogados. Pero nuevamente desde la CNS se negó el traslado, de acuerdo a la respuesta del comisionado Hernández Mora, quien le expuso a Oseguera Parra que consideraban que sería un problema ante la posibilidad de que los abogados pudieran tramitar un amparo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La rotación del personal, muestran los lineamientos oficiales y documentos dentro del expediente, es un proceso obligado para disminuir el riesgo para el personal, evaluar su trabajo e impedir que el trabajo rutinario y el contacto repetitivo con los mismos internos y funcionarios, relaje la disciplina y seguridad.

El Chapo permaneció hasta el día de su fuga en la celda número 20 del área de Tratamientos Especiales del penal de El Altiplano, la misma que inexplicablemente, violando todos los protocolos de seguridad, siendo comisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón hizo pública en febrero de 2014, al ser capturado el capo.

Cinco intentos  y poca vigilancia

Igual que ocurrió con las negativas para reubicar a Guzmán Loera, la CNS y el comisionado  del OADPRS no autorizaron la rotación de directores generales ni de personal estratégico como los directores de seguridad. La propuesta de rotación consta en al menos cinco acuerdos, cuya aprobación nunca ocurrió antes de la fuga de El Chapo, salvo en el caso de algunos directores de seguridad, porque se presentó una situación de riesgo en Tamaulipas.

Uno de los primeros documentos en los que se plantea la necesidad de la rotación del personal se emitió desde el 24 septiembre de 2014, como parte de un acuerdo celebrado con el comisionado Hernández Mora.

Cinco meses más tarde, en un nuevo acuerdo celebrado el 4 de febrero de 2015, pero ahora con Monte Alejandro Rubido, se le expuso la propuesta de “movimientos de personal de seguridad penitenciaria y problemática, relacionada con el apoyo brindado por las fuerzas federales en los Ceferesos”.  El planteamiento, que no recibió el visto bueno del titular de la CNS,  incluyó la forma de rotación de los directores generales y directores de seguridad de los Centros, y movimiento de personal, y se hacía como parte de las medidas habituales de seguridad, establecidas en el Reglamento de los Centros y los lineamientos de seguridad específicos, y que se habían dejado de implementar.

Dos meses más tarde se insistió en el tema en un acuerdo del 24 de abril de ese año, a través de Ignacio Hernández Mora. La misma petición se extendió en un nuevo oficio del 20 de mayo. Y en un cuarto documento del 24 de junio de 2015, apenas 17 días antes de la fuga, se insistió en la necesidad de rotar al personal.

A pesar de tener los reos más peligrosos y con los antecedentes de fuga del propio Chapo Guzmán, fue necesario que la OADPRS advirtiera, en varias ocasiones, al comisionado Nacional de Seguridad sobre las debilidades en la vigilancia por los problemas con el apoyo en esas tareas de la Policía Federal, que entonces dirigía Enrique Galindo.

El 4 de febrero de 2015, por ejemplo, en el acuerdo con Rubido García se le presentaron todos los oficios de la Policía Federal en los que “se informa sobre la negativa a apoyar en vigilancia en las torres de los Centros Federales y en diversos traslados temporales de internos para atención médica”, que fueron dirigidos en enero en su mayoría al general Alfredo Carranza Rosales, director de Seguridad en los Centros Federales de la PF.

El 14 de abril de 2015, en un acuerdo entre Oseguera Parra y el comisionado de la OADPRS, se aborda entre los temas para la firma de oficios dirigidos al comisionado Enrique Galindo y al entonces Comisionado de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, “solicitando su apoyo para la seguridad de los Centros”.

›Diez días más tarde, el 24 de abril de 2015, en acuerdo con Hernández Mora, nuevamente se informó de los oficios enviados a la Policía Federal solicitando su apoyo para la seguridad de los Centros y se pidió al comisionado del OADPRS que llamara por teléfono y agilizara la respuesta.

Al conocer la falta de personal en las torres de vigilancia, las cuales eran áreas que correspondían a la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido ordenó de inmediato a Enrique Galindo que devolviera al personal, lo que ocurrió, de acuerdo a los registros, de manera parcial.

Visitas al penal:  nada que reportar

La supervisión de los centros federales tienen como finalidad de verificar el “adecuado funcionamiento de las instituciones”. En el caso del Altiplano, el expediente acredita la existencia de al menos cuatro oficios dirigidos al director del Cefereso, en solicitud del acceso al centro penitenciario de servidores públicos de las diversas instancias responsables de acreditar la inspección y el óptimo funcionamiento de la prisión.

Entre los diversos funcionarios que ingresaron al Altiplano para realizar recorridos en las instalaciones, en los cuales se emitieron informes y en su mayoría fueron concluidos con una reunión de trabajo, están: Ignacio Hernández Mora, titular del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga  de la Dirección General de Administración; Celina Oseguera Parra, coordinadora general de los Centros Federales; Patricia Morales Luna, directora de Áreas en dicha coordinación; el general Alfredo Carranza Rosales, director de Seguridad en los Ceferesos; Ramón Eduardo Pequeño García, extitular de la División de Inteligencia de la PF; y David Fernando Rodríguez Robledo, director general adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la misma dependencia. Monte Alejandro Rubido, durante su gestión al frente de la CNS nunca visitó ese penal.

PORTADILLA SIN TEXTO

Gilberto Bobadilla

De acuerdo con el reglamento de la OADPRS, es la Dirección General de Administración –a cargo de Uribe Arriaga-,  la responsable de la contratación de servicios, obras y compra de equipo. Al mismo tiempo, para aprobar las herramientas y equipos de seguridad, debe contar con la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública y la Policía Científica, dependientes de la CNS. Y en el caso del Centro de Control, desde donde se vigilaba a El Chapo, dependía únicamente del titular de la División de Inteligencia, Ramón Pequeño.

A Uribe Arriaga, quien nunca compareció ante el Ministerio Público ni ha sido acusado de algún delito, se le giraron por lo menos tres oficios en septiembre de 2014, solicitando recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de distintos equipos, entre ellos: detectores de drogas y explosivos, sistema de intercomunicación de voz y sistemas de control de acceso vehicular de El Altiplano.

Para el 12 de enero de 2015 se emitieron dos oficios más (SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01028/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01029/2015) dirigidos a la directora General Adjunto de Informática, Recursos Materiales y Servicios del OADPRS, Enrique Angulo Cervera, con copia a su superior, Uribe Arriaga, para que gestionara ante la Policía Científica de la PF “un muestreo de cobertura de inhibición de la señal celular” en El Altiplano, y la reparación del bloqueador de señal JAMMER’S. Y en el segundo documentos se pidió la reparación del equipo de inspección de Rayos X.

Equipos que no fueron atendidos al menos hasta la fuga de El Chapo.

Un oficio adicional,  el SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01848/2015, fechado también el 12 de enero de 2015 y firmado por el comisionado Hernández Mora y dirigido a Pequeño García, en el que se solicitó “validar los avances al mantenimiento preventivo y correctivo eventual soporte técnico y modernización de los sistemas integrales de monitoreo de audio y video para los Centros Federales de Readaptación Social” siete de ellos, entre los que se incluye el de El Altiplano.

Ese documento, sumado a que 46 días antes de la fuga de Guzmán Loera, el 26 de mayo de 2015, acudieron al penal donde permanecía el capo, Uribe Arriaga y Hernández Mora; así como personal de la Unidad de Inteligencia de la PF; David Fernando Rodríguez Robledo, director general adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la PF, y Martín Hernández Roa, director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación.

En esa reunión, de acuerdo al informe presentado por el director del penal, Valentín Cárdenas Lerma, y fechada el 27 de mayo de 2015, se realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Control.

Y un cuarto oficio, con terminación 26354/2015, fechado el 2 de junio de 2015, 39 días antes de la fuga del capo, fue dirigido a Angulo Cervera, en el que se insistía en el mantenimiento de equipo de seguridad, responsabilidad de la Dirección General de Administración, a cargo de Uribe Arriaga, quien junto a Ignacio Hernández Mora, fueron exonerados de todo cargo con respecto a la fuga de El Chapo Guzmán. El primero continúa en su cargo y el segundo pasa largas temporadas en España.

Sin embargo, pese a todas las alertas y a todos los responsables que fueron informados, Guzmán Loera se fugó y el equipo de monitoreo de la Policía Federal y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) fallaron.

Los nombres que faltan por investigar

Estos son algunos de los más importantes nombres de funcionarios y los cargos que ostentaban en 2015, y que conocieron las alertas que, de haberse atendido, habrían impedido la fuga del líder del Cártel de Sinaloa

Monte Alejandro Rubido García – Comisionado Nacional de Seguridad. Actualmente Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Ramón Eduardo Pequeño- Comisionado General Titular de la División de Inteligencia de Policía Federal.

General Alfredo Carranza Rosales- Director de Seguridad en Centros Federales. Actualmente ofrece cursos de seguridad en instalaciones a Pemex, según cuatro contratos vigentes.

David Fernando Rodríguez Robledo- Director Adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la Policía Federal.

Jorge Francisco Márquez Montes- Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación. Continúa en el cargo.

Martín Hernández Roa- Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Gobernación. Continúa en el cargo.

Juan Ignacio Hernández Mora- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Radica actualmente en España

Celina Oseguera Parra- Coordinación General de Centros Federales. Actualmente sujeta a juicio por la evasión de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.

Paulo Uribe Arriaga- Director General de Administración del OADPRS. Representante del Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional.

Enrique Angulo Cervera- Director General Adjunto de Informática Recursos Materiales y Servicios del (OADPRS).

Valentín Cárdenas Lerma- Director General Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1, El Altiplano. Actualmente sujeto a juicio por la evasión de El Chapo.

Leonor García García- Directora Jurídica del Cefereso 1. Fue absuelta de la evasión de El Chapo y salió libre.

Jesús Martínez Uscanga- Jefe de Departamento de Control Jurídico del OADPRS.

Comisionado. Monte Alejandro Rubido.

Mando superior

“He cesado a quienes tienen relación directa y lo he hecho para que pueda darse la investigación correspondiente por parte de las Procuradurías; de entrada, tenían algo que ver o mucho que ver y por eso es que se tomó esta decisión”, fue la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la fuga de El Chapo, ante el cuestionamiento sobre por qué no cesó al comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García o al excomisario general de la División de Inteligencia de la PF, Ramón Pequeño García, responsable del centro de control que vigilaba a Guzmán. (Ilustración: Guillermo Bobadilla)

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Escribe: Adán Morales

Publica el Columnista Víctor Baños en su columna Poder y Dinero en el portal Eje Central, la poca trasparencia en la licitación que se llevó cabo en Puebla. Enrique Doger, el Delegado del IMSS y aspirante a la gubernatura del estado por el PRI, adjudicó 40 millones de pesos a Baxter.
Aquí el texto del columnista-

PODEROSOS CABALLEROS: Surgen señalamientos en contra de la Licitación Pública Mixta Nacional del IMSS No. LA-019GYR006-E109-2017 que se llevó a cabo en Puebla en la que se adjudicaron más de 40 millones de pesos a Baxter, que dirige Jaime Alberto Upegui, para atender a 497 pacientes del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017. Enrique Doger Guerrero, delegado estatal de ese instituto, convocó al concurso para la contratación del servicio integral de Diálisis Peritoneal Automatizada para pacientes prevalentes. Sin transparencia, ni testigo social, esta licitación fue hecha a modo para favorecer a la empresa ganadora debido a que se solicitó máquinas cicladoras con “bomba hidráulica”, cuando la única compañía que la tiene en México es Baxter. Aunque en el mercado existen tres modelos de máquinas cicladoras DPA registradas. El fallo dado a conocer el 11 de abril, Laboratorios PiSA fue descalificada y el beneficiado fue Baxter México, precisamente, porque es el único que tiene en el mercado el tipo de máquina solicitada por Doger y su equipo. Los participantes en la licitación están que echan chistas por una licitación que a todas luces parece corrupta y que ya puso atención el director del IMSS, Mikel Arriola.

 

El tema con Baxter no es nuevo.

 

Pues la empresa ha recurrido a estrategias de presión en contra del IMSS de Enrique Doger cuando perdió las licitaciones en contra de la farmacéutica PISA.

 

La empresa Baxter detentaba el monopolio de la diálisis peritoneal en el estado y a lo largo de más de una década evitó a toda costa a la competencia, obligando al IMSS a pagarle sobreprecios por sus servicios.

 

En el caso de la diálisis peritoneal en Puebla, quien ganó la licitación para el servicio de diálisis peritoneal fue PISA, quien comenzó a operar a mediados de febrero de este año en el estado. Sin embargo, Baxter se inconformó e inició una serie de movilizaciones con su personal y con la formación de asociaciones supuestamente independientes, para que se manifiesten contra la política del IMSS.

 

 De acuerdo al columnista Alberto Aguirre del periódico el economista:

 

 “Hace tres semanas, la coordinación de abastecimiento y equipamiento de la delegación del IMSS en Puebla convocó a la licitación pública mixta nacional LA-019GYR006-E109-2017 para la contratación del servicio integral de diálisis peritoneal automatizada a cerca de medio millar de pacientes prevalentes (con entrega domiciliaria). El 31 de marzo, después de cuatro cancelaciones consecutivas, se llevó a cabo la junta de aclaraciones.

 

Actualmente, en el mercado existen tres modelos de máquinas cicladoras de DPA registradas, que fueron evaluadas y aceptadas por la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. La única empresa que tiene máquina cicladora por medio de bomba hidráulica es Baxter México, que fue la otra licitante en este concurso.

 

La máquina cicladora, sistema hidroneumático o bomba hidráulica, es la que más reportes de eventos adversos registra en la Food and Drug Administration. Laboratorios PiSA tiene máquina cicladora por sistema de gravedad, pero su propuesta fue desechada “debido a que (...) la máquina para diálisis automatizada debe ser con uso de bomba hidroneumática y la ofertada es por gravedad”. La oferta ganadora, de Baxter, fue por 41 millones de pesos. Pero el fallo fue emitido sin la firma de los representantes del OIC y de la jefatura de servicios jurídicos de la delegación del IMSS en Puebla.”

 

 

 

Las sospechas de corrupción en contra del Delegado empiezan a aflorar.

 

¿Habrá cedido a las presiones del Grupo Baxter?

 

¿De a cómo no?

 

¿Y las firmas de los representantes?

 

¿Estará el delegado haciendo su cochinito para la campaña del 2018?