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Por Alejandro Mondragón

 

De aviador en la prepa Benito Juárez de la BUAP pasó a Gobernación Municipal hace un par de años, donde fue despedido por cobros indebidos en los baños de los mercados de la capital.

 

Luego, Ollín Rivera Moreno saltó a fungir como uno de los coordinadores de campaña de la actual alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, con quien le une una laaarga amistad.

 

En campaña, medios poblanos acusaron a Rivera de tener vínculos con la delincuencia por la detención de su hermano en el robo de bancos, según consta en la Averiguación Previa 377/2011.

 

Ya en el gobierno municipal de Morena fue designado por Rivera Vivanco como flamante director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.

 

Después de tres meses en el cargo, ahora vecinos de Lomas de Angelópolis se sorprenden por su nueva residencia y auto de lujo que maneja.

 

¿De dónde?

Si nos atenemos  a los hechos su sueldo no alcanzaría para su nueva vida, pero desde el arribo de la administración morenista se ha tolerado todo tipo de comercio en las calles del Centro Histórico, continúan operando sin ningún problema cualquier tipo de antro en la ciudad.

 

Ollín Rivera sólo tiene una jefa y esa es Claudia Rivera, quien seguramente se habrá dado cuenta del cambio en el estilo de vida de su amigo, en apenas tres meses en el Ayuntamiento.

 

¿Copartícipe?

 

No se sabe, lo que sí sorprendió a varias planillas en los plebiscitos de la capital fue que hubo recursos importantes para fondear campañas de ciertos candidatos.

 

Rivera, Ollín, fue de los operadores del desastre de elecciones en Juntas Auxiliares, junto a Pablo Salazar y Senen Morales. Los barbosistas ya detectaron sus operaciones, quizá por ello haya tenido que negociar impunidad en algunas localidades.

 

El periodista Rodolfo Ruiz puso en su columna de E-Consulta, el dedo en la llaga:

 

“Un asunto delicado, del que pocos en el ayuntamiento de Puebla quieren hablar, es el relacionado con el dinero o las cuotas que ambulantes, comerciantes informales, artistas callejeros y propietarios de giros negros como table dance, cantinas, cabarets, hoteles de mala nota y prostíbulos disfrazados de restaurante-bar y loncherías pagan a inspectores y funcionarios del Departamento de Vía Pública, la Unidad de Normatividad Comercial, el Departamento de Concertación de Espacios Públicos, y el Departamento de Mercados y Central de Abasto.

 

“Qué está pasando con este dinero en efectivo que no ingresa a las arcas municipales: ¿quién se lo está quedando?, ¿a cuánto asciende al día, a la semana y al mes?, ¿hacia dónde está fluyendo?, ¿quién o quiénes se están haciendo millonarios con esos recursos que no entran a la Tesorería, ni a la Secretaría de Gobernación?”.

 

Todos los caminos llevan a la Presidencia, a la oficina de la alcaldesa Claudia Rivera con su amigo Ollín Rivera.

 

 

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Raymundo Riva Palacio

El paisaje latinoamericano sigue escribiendo historia. Nuevamente es Venezuela, donde a las realidades objetivas de los últimos años, como la regresión democrática, el autoritarismo, la falta de libertades, la violación de derechos humanos y la cada día más increíble crisis económica, se le ha sumado la versión posmoderna de los golpes de Estado. La CIA ya no tuvo que desarrollar guerras sicológicas, inventar luchadores por la libertad o invadir abiertamente a una nación, sino inaugurar una modalidad que no se sabe si es más arrogante que las otras, pero sí más cínica:

Un diputado, Juan Guaidó, se autoproclama presidente y minutos después, el presidente Donald Trump lo reconoce como el líder interino de Venezuela, desconociendo al presidente Nicolás Maduro, reelecto de manera fraudulenta. Tras Estados Unidos, una decena de países americanos respaldan a Guaidó, junto con la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. La maquinaria trata de crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas rompan con Maduro y lo derroquen. Si no es así, advierte Trump, todas las opciones están abiertas. ¿Invasión? ¿Asesinato del presidente? Todas, hay que precisar, salvo que Maduro no deje el poder.

Es cierto que las credenciales de Maduro son impresentables, pero no apoyar a Guaidó tampoco significa respaldar el régimen del presidente venezolano. Eso hizo México el miércoles y la turba cibernética se le fue encima al presidente Andrés Manuel López Obrador. La prensa en México también expresó mucha más crítica que apoyo, sin importar la ruptura trasnacional del orden constitucional -Venezuela amaneció el jueves con dos presidentes- promovida por Estados Unidos. Cierto, como han señalado quienes desean, como muchos -incluido quien esto escribe-, que Maduro debe dejar el poder, ¿cómo se puede romper el orden constitucional cuando Maduro lo rompió? La línea es muy fina y se cruza. La defensa de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard es de ortodoxia constitucionalista, pero políticamente, busca una tercera vía en donde desde la neutralidad, se encuentre una salida pacífica a los diferendos en otras naciones.

En las conversaciones que sostuvieron el miércoles López Obrador y Ebrard, no hubo duda sobre mantener la postura que expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, durante su estreno como representante en el Grupo de Lima el 4 de enero en la capital peruana, de excluirse de la petición a Maduro que no asumiera su segundo mandato, y la disposición a abrir el diálogo con todas las partes, pero sin acciones que lo obstruyan. La preocupación en la Cancillería mexicana se daba ante la posibilidad de que quedara aislado en el concierto internacional. Uruguay, con cuya contraparte Ebrard sostuvo pláticas por teléfono, se mantuvo neutral, lo mismo que España y Portugal, con lo que abrieron espacios políticos a los mexicanos, particularmente frente a sus socios comerciales norteamericanos, que apoyaron a Guaidó. La Unión Europea, que ha sido crítica de Maduro no tuvo una posición de conjunto, y como los mexicanos, buscaron el mayor número de información posible antes de escalar su posicionamiento.

La presión en México contra el gobierno es intensa. Liberales y conservadores unieron voces en la condena a Maduro y el respaldo a Guaidó, sumándose, por razones ideológicas o tácticas, a los avales del interino, según describió el periódico carioca O Globo, Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Las consultas entre cancillerías se profundizaron el jueves, y en la OEA, el embajador Jorge Lomónaco, hizo una propuesta estratégica: saber el estatus jurídico de Guaidó y de sus apoyos internacionales. La creatividad para ganar tiempo y problematizar lo que sucedió el jueves en la institución panamericana, es lo que ahora se necesita, recuperando lo que alguna vez fue la diplomacia mexicana.

El presidente José López Portillo, por ejemplo, rompió relaciones con Nicaragua pero no con El Salvador, pese a tener dos gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos. López Portillo anunció la ruptura de manera inesperada cuando en una visita de Estado, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, le hizo un relato de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. “Me ha dicho usted algo que sabíamos y no queríamos creer”, dijo López Portillo, “el dramático, el repugnante ataque a los derechos humanos, el horrendo genocidio que se está cometiendo contra el pueblo nicaragüense”. En el caso de El Salvador, las instrucciones fueron mantener abierta la Embajada y recibir al mayor número de asilados políticos, manteniendo comunicación con la oposición y la guerrilla.

La historia ayuda, y la Cancillería mexicana tiene experiencia en manejos de crisis y hasta dónde resiste y es útil la neutralidad. Si es cierto que los tiempos políticos no son los tiempos sociales, respaldar a Maduro o a Guaidó es anularse y cancela la posibilidad de agotar todas las instancias, como en los años 80. La próxima semana llega a México el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Venezuela estará en la agenda. En espera de confirmación, está la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo en esos días.

 

La política de neutralidad no es pasiva, sino activa. No es estridente, sino discreta. No perdamos la perspectiva. ¿Nos gustaría que el presidente de Estados Unidos impusiera un títere para obligar al derrocamiento de un presidente en México? Habrá quien diga que sí, y que prefieren que un poder extranjero resuelva lo que internamente fueron incapaces de hacer. Es indigno. Hay quien dice no, que las luchas se dan adentro, y que si bien las condiciones internacionales contribuyen a los cambios, es el trabajo interno lo que construye la autodeterminación de los pueblos y la libertad. En eso estamos, pese a la radicalización nacional.

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Como si fuera un hecho trivial, sin importancia, se ha relegado el tema de cuatro personas muertas en la caída “inusual” de un helicóptero.

 

Uno de los fallecidos en el percance era Rafael Moreno Valle, hasta ese momento el principal líder de oposición en el país.

 

Otra de las personas que murieron fue Martha Erika Alonso, la mandataria de Puebla que tenía apenas diez días en el cargo y la animadversión manifiesta del gobierno federal.

 

Murieron, también, dos pilotos que tenían familias y una vida por delante.

 

Un mes después de la tragedia se informó que fue “un desplome inusual”.

 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, abundó en el oscurantismo al afirmar que “no sabemos qué pasó”.

 

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, capitán Heriberto Salazar, dio a conocer que en el desplome no hubo error humano.

 

Informó que el piloto Roberto Coppe y el copiloto Marco Antonio Tavera cumplían con sus certificados médicos y de adiestramiento.

 

Cerró el abanico de posibilidades del percance: el mantenimiento del helicóptero estaba en orden.

 

Entonces, ¿qué pasó?

 

¿Así de fácil se puede desplomar un helicóptero y matar en la caída al principal opositor que había en el país, a la gobernadora satanizada por el gobierno, a un piloto y un copiloto?

 

Faltan explicaciones y que conozcamos la verdad.

 

No quiero decir ni sugerir que se nos esté ocultando, sino que simplemente “no sabemos qué pasó”, como dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes.

 

No tienen idea, y deberían tenerla.

 

El resultado político de ese percance es que el PAN se dividió en Puebla y, ahora sí, seguramente ganará Morena, lo que no había obtenido frente a Alonso.

 

Al menos en cuatro fracciones se dividió el “morenovallismo” en Puebla, lo que hace prácticamente imposible que repita su victoria.

 

Los panistas de ese estado entraron en conflicto con la dirigencia nacional del PAN, porque los primeros eligieron al priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino.

 

Ya había un acuerdo inicial: que el gobernador provisional, Jesús Rodríguez Almeida fuera el interino y convocara a las nuevas elecciones.

 

Rodríguez Almeida había sido elegido por la gobernadora Martha Erika Alonso como su secretario General de Gobierno, es decir, su número dos.

 

Es un eficaz profesional de la seguridad y completamente apartidista.

 

Lo que reventó ese acuerdo inicial, por demás obvio, fue que en el gobierno federal no digirió nunca el abucheo y los gritos en su contra durante el sepelio de Alonso y Rafael Moreno Valle.

 

Para atrás. No va a alguien cercano a Martha Erika ni a Moreno Valle.

 

Dividido el PAN poblano, erosionada su relación con la dirigencia nacional, los diputados blanquiazules votaron porque el interino fuera Pacheco Pulido.

 

Entregaron una plaza que habían ganado, porque se dividieron.

 

Acción Nacional perdió a un líder de presencia en todo el país. Era su coordinador en la Cámara de Senadores. Y hasta ese trágico momento, el único opositor que le puso piedras a las iniciativas del gobierno en el Congreso.

 

Si en el cielo –o en el infierno– se determinaran ese tipo de percances, diríamos que les salió perfecto para favorecer al gobierno y su partido.

 

Pero estamos ante un asunto mucho más terrenal. No se puede descartar ninguna hipótesis. Ni la de un posible accidente, o un accidente provocado.

 

O que algún grupo le haya querido hacer un macabro favor al nuevo gobierno, con la esperanza de que los dejen hacer y ni los mencionen.

 

Lo que asombra, además de las cuatro muertes, es la pasividad social ante un hecho obscuro que le quitó la vida al principal dirigente opositor en México y a una gobernadora constitucional, repudiada por el gobierno.

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Raymundo Riva Palacio

La tragedia de Tlahuelilpan, donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble desgracia. De la humana las crónicas y el número creciente de personas fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental sólo hay omisiones inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción federal, y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así como también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal –llegó primero la prensa que ellos-, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general son una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al saber que violaban la ley- por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, y el inciso dos, que obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”.

En el caso de las personas que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación-, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos dos últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace ocho días, cuando habló del desabasto de gasolina, el presidente dijo que se trataba de “un asunto transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”.

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el Estado de Derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza –no lucra- la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.

 

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Raymundo Riva Palacio

El encabezado principal en la primera plana de El Financiero de este lunes no dejaba duda del impacto económico que está teniendo el bloqueo de ferrocarriles en Michoacán: mil millones de pesos de pérdida diaria. Si se cumplieron dos semanas de sabotaje de maestros al aparato productivo en protesta porque les deben salarios y aguinaldos, ya suman 14 mil millones de pesos las pérdidas, 14 veces más de su demanda original y casi 30% de las nuevas demandas que están haciendo al gobierno federal. Lamentablemente, el costo sigue creciendo.

 

Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex, la empresa más afectada, dijo que han dejado de circular 300 trenes que tienen dos millones de toneladas en mercancías en 800 mil contenedores que no se han entregado. La tarde del lunes, anticipó en una entrevista en Foro TV, ello produciría una quiebra técnica en la industria acerera. Ya ocasionó que se interrumpiera la exportación de automóviles porque la línea de entrega de autopartes, se rompió, que decenas de trenes con combustible varados en ambos lados de la frontera norte, afecta a 150 mil automóviles en el centro del país, y que toneladas de cemento no han podido ser embarcadas en Chihuahua y Nuevo León.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que 200 millones de los mil que originalmente exigían los maestros michoacanos por concepto de salarios de 2017 y 2018, además de aguinaldos, fueron entregados el viernes, y que en el curso del lunes se les darían los 800 millones restantes. López Obrador confió que con este pago se resolvería la situación que está estrangulado la actividad económica en la parte centro y noroeste del país. Los maestros de la Coordinadora Nacional, que es disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron lo que siempre hacen, escalar el conflicto para sacar mejores dividendos. Ya no exigen mil, sino cinco mil, además de plazas que, de acuerdo con la prensa, le concedió la Secretaría de Hacienda el viernes pasado. Cinco mil nuevas plazas para ellos, con una carga al erario anual de 780 millones de pesos.

 

La disidencia magisterial es inmanejable, y el gobierno debe tomar la experiencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde para poder llegar al final del sexenio sin procesos de desestabilización continua, tuvieron que abrir la cartera y desembolsar millones de pesos, y miles de plazas, para apaciguar la protesta social. Los aliados electorales de López Obrador no comparten su proyecto de nación y, como lo está demostrando la sección michoacana de la Coordinadora, la más chica en número pero la más ideológica, sí puede complicarle el arranque de gobierno con sus viejas estrategias. Bien le haría al presidente recordar lo que son los maestros disidentes y lo que le van a hacer. En enero de 2015, en una crítica al gobierno de Peña Nieto por la forma como había escogido a la disidencia magisterial como su aliada en la Reforma Educativa, sin comprender que serían quienes la detonarían, se escribió en este espacio:

 

“En el gobierno de Peña Nieto deberían haber aprendido que la CNTE es insaciable. Para utilizar una metáfora del futbol americano, siempre juegan al primero y diez. Es decir, en las negociaciones con la disidencia magisterial no hay avances de una yarda, ni retrocesos. Siempre que tienen el balón, los maestros avanzan diez yardas para tener no cuatro oportunidades más para volver a tener esa posición de campo –como sucede en el juego–, sino para recorrer en automático la distancia y exigir otras diez yardas. Ellos nunca pierden. Quienes pierden son el gobierno y los mexicanos”.

 

Sus estrategias son siempre las mismas, cierran aeropuertos y carreteras, realizan plantones y estrangulan el comercio. Utilizan la presión social para forzar canonjías. En esta ocasión elevaron el costo. En enero de 2015, el texto apuntó: “A la disidencia magisterial le ha dado mucho el gobierno peñista, pero está en la lógica del primero y diez… La paz social que buscó el gobierno de Peña Nieto mediante la entrega de una parte de poder a los maestros opositores al régimen, es una quimera”.

 

La Coordinadora le tomó la medida al gobierno de Peña Nieto de una manera fácil, aprovechando el desconocimiento o inocencia de su equipo. “La CNTE tiene controlado al gobierno”, se escribió en aquella ocasión. “Su estrategia histórica de negociación ha sido negociación-presión, negociación-confrontación y confrontación-receso. No hay nada oculto en sus tácticas. Para alcanzar el objetivo trazado presionan con plantones y movilizaciones. En la segunda etapa, para elevar los costos, enfrentan a la autoridad y chocan físicamente con las policías. Una vez que ya lograron extraer de sus interlocutores lo que buscaban, anuncian un receso, que es cuando bajo el pretexto de consultar a sus bases en sus estados de origen, regresan a sus casas”.

 

 

El presidente López Obrador dijo en su conferencia que los mil millones son un préstamo, eufemismo que nunca se le ocurrió al gobierno anterior para justificar entrega de recursos fuera del presupuesto. También les dijo que debían entender que los tiempos han cambiado, y que no utilizaría la fuerza de la policía, sino de la opinión pública, para obligarlos a cambiar su posición. Buena suerte. Hasta ahora, la historia de la disidencia magisterial no ha sido regida por la presión de la opinión pública, sino por sus intereses. Pero también, es cierto, nunca habían enfrentado a un presidente con la legitimidad de López Obrador. Las escaramuzas con la disidencia de maestros apenas comienza. Los primeros puntos, son para ellos.

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

La Guardia Nacional y el combate a la guerra declarada por el Presidente de la República en contra de los huachicoleros, se han convertido en los temas más relevantes de la agenda nacional en los últimos días. La virtual aprobación de la propuesta de creación de la Guardia ha sido el principal objetivo de los cabildeos nacionales en la elite política, por la presión y exigencia de López Obrador de contar a la brevedad con dicho órgano, para combatir a la creciente delincuencia que azota al país, aunque para sus críticos y enemigos políticos, la guardia le servirá para tener el control total de la fuerza armada y civil de nuestro país, para mantener la Presidencia en el siguiente sexenio.

 

Para poder entender lo anteriormente expuesto, es necesario analizar los cambios en su discurso inicial, en que propuso crear la Guardia Nacional integrada mayormente por efectivos militares, bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa, por lo que, Morena presentó ante el pleno su reforma de ley para modificar 13 artículos de la Constitución que son la base para crear dicha Guardia, proyecto que desde su inicio fue cuestionado por la oposición (PAN, MC, PRD y PRI) por considerar que con ella se pretendía militarizar al país, argumento que en el sexenio de Peña Nieto, utilizó Morena para descalificar la malograda Ley Federal de Seguridad Interior, la contradicción del discurso era evidente, se comprometió a desmilitarizar el país y ahora busca militarizarlo, porque su iniciativa pretende regresar al ejército a los cuarteles para colocar en su lugar a un nuevo cuerpo policial con adiestramiento militar.

 

Como respuesta a ese doble discurso, partidos de oposición, gobernadores, presidentes municipales, organismos internacionales y locales, defensores de derechos humanos y académicos se opusieron que la Guardia Nacional estuviera bajo mando militar y demandaron que la condujera un civil, por lo que, Alfonso Durazo, anunció la aceptación del presidente de la República, de que sea un mando civil y no un militar el que esté al frente de la nueva corporación, pero quien deberá rendir cuentas directamente al senado, y que la misma tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en materia de disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso que estará a cargo de la SEDENA.

 

Lo anterior fundamentado en que la disciplina civil de las instituciones de seguridad pública, contemplada en el artículo 21 de la Constitución, ha demostrado ser insuficiente y corrupta para evitar que sus elementos, salvo contadas excepciones, actúen de manera indebida y se mantengan ordenadas y en cumplimiento de su deber. La crisis de inseguridad, corrupción e impunidad que vive el país en los últimos años, así como el crecimiento de los grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico que se ha apoderado de Municipios y poblaciones enteras, han obligado a los ciudadanos a exigir al Estado, contar con una policía

 

capacitada para enfrentar esta grave problemática de inseguridad que prevalece en todo el territorio y que hasta ahora solo ha quedado en intentos, propuestas y hasta propuestas fallidas, como lo que aconteció el sexenio pasado con la llamada Gendarmería Nacional, la cual tendría como objetivo lograr un México en paz, en un marco de respeto y protección a los derechos humanos, objetivo del cual hoy, todos conocemos el resultado, durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125.000 asesinatos, la cifra más alta de la historia, esto según proyecciones del diario Reforma.

 

Pues bien, Con 362 votos a favor, entre ellos 42 del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los 13 artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque con una Junta de Jefes de Estado Mayor, conformada por integrantes de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina subordinada al mando civil de la corporación.

 

De acuerdo con el dictamen aprobado y turnado al Senado para su ratificación, la Guardia Nacional quedaría integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal como institución responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación, en colaboración con las entidades.

 

Sin embargo, entre las modificaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, sobresale la eliminación del artículo transitorio que permitía la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación y formación de elementos, además de eliminarse la facultad de las mismas para intervenir en asuntos de seguridad pública, situación que dejó insatisfecho al presidente manifestando su descontento por lo que solicitará al senado la inclusión de dicho transitorio, fundamentando que es necesario porque de lo contrario quedaría como una reedición de la Policía Federal que ya sabemos no funcionó.

 

Aunque la propuesta mantiene, la facultad de la Guardia Nacional para investigar delitos, por lo que creemos que utilizar un argumento por demás sensible y lastimoso para la mayoría de los mexicanos, con el único fin de convertir el brazo protector de la ciudadanía en un brazo armado a disposición del ejecutivo para gobernar conforme a su voluntad, existe el riesgo de que el objetivo de combatir en forma eficiente con la Guardia Nacional la delincuencia, se haga de lado y se le utilice en otras tareas para apoyar la continuidad del grupo gobernante, lo que echaría por la borda la última esperanza de México de librarse de contar con una autoridad que le brinde seguridad y garantice la paz social.

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Pablo Hiriart

Uso de Razón

 

Por distintas fuentes obtuve la versión, la semana pasada, de que el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, conminó a renunciar a la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ayer, en sU columna de Reforma, el periodista Roberto Zamarripa lo publicó con todas sus letras y coincide con la información que tengo: el viernes 18 de este mes el presidente de la Suprema Corte citó a Janine Otálora y le pidió que dejara el cargo, por su bien y el del Tribunal.

Puedo agregar aquí un par de elementos adicionales. El motivo de la presión para quitar de la presidencia del Tribunal a Janine Otálora fue la validación de los resultados electorales en Puebla, en los que perdió el partido gobernante.

Ante la resistencia de Otálora a renunciar, porque el Tribunal es autónomo, el presidente de la Corte habría recurrido a un argumento extremo: podemos hacer una reforma constitucional y quitar a todos los magistrados.

La historia es por demás oscura en el caso Puebla: la gobernadora que irritaba al gobierno murió al caer su helicóptero en condiciones no aclaradas, diez días después de asumir el cargo.

Y tres semanas después de esa muerte, la presidenta del Tribunal que validó el triunfo de Martha Erika Alonso fue presionada hasta hacerla renunciar.

La andanada contra Otálora tuvo como culminación el ultimátum del ministro Zaldívar, pero se desataron cuando en el Tribunal se iba a votar la validez de las elecciones en Puebla.

El magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, hizo público su proyecto de resolución en favor de anular y repetir las elecciones, lo que va contra los procedimientos del Tribunal. Y, además, sin argumentos para echar abajo esos comicios.

Por mayoría de votos, el Tribunal validó los resultados de las elecciones en Puebla, en las que perdió el partido del gobierno.

Una andanada de amenazas vengativas, con nombre y sin nombre, cayeron sobre la presidenta del Tribunal.

El magistrado Vargas Valdez anunció, el 18 de diciembre, que se estaban trabajando “denuncias con elementos y pruebas que apuntan hacia las irregularidades cometidas por la magistrada presidenta”, Janine Otálora.

La amenaza no podía ser más directa contra la titular del Tribunal Electoral.

Vargas Valdez fue más allá. Llegó a la conclusión –también hecha pública– de que la magistrada ha perdido su papel como presidenta no sólo para él, sino “posiblemente para más miembros del pleno, dado que ya no garantiza lo más elemental: la unidad del pleno y la independencia de sus magistrados, lo que lamentablemente lleva al funcionamiento indebido de la institución”.

Al día siguiente, Janine Otálora respondió a las amenazas y exigencia de renuncia, a través de una entrevista con Magali Juárez, de El Financiero: “la integración actual de la Sala Superior me eligió, por unanimidad, presidenta con un mandato de cuatro años. Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”.

Las presiones continuaron y Otálora resistió… hasta que se le vino encima el presidente de la Suprema Corte.

Dejó el máximo puesto en el Tribunal, continúa como magistrada, en una condición de bajo perfil, luego de las presiones de aliento gangsteril de que fue objeto.

Esperemos que haya una aclaración categórica y sin ambigüedades del presidente de la Corte a lo que aquí se expone y a lo que ayer publicó Zamarripa.

Además, que ya no haya nuevas amenazas a la magistrada ex presidenta del Tribunal, ahora que se destapó una posible maquinación de Estado para quitarla del camino.

Esperemos que más de un mes después de haber amenazado públicamente a Janine Otálora, el magistrado José Luis Vargas también diga que no dijo lo que dijo, o que se equivocó.

Lo que estamos presenciando es una grave muestra de cómo se aplasta a un poder autónomo, porque no le dio la razón al partido del gobierno.

Y de cómo se desnaturalizan las instituciones que deberían ser baluartes de la división de poderes, para hacer cumplir la voluntad del partido gobernante

 

Por lo visto, no tienen límites. Nadie se los quiere poner.

 
 
 

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Raymundo Riva Palacio

En Tlapa, en la Sierra de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió por ir al combate frontal contra el huachicoleo porque “me colmaron el plato”. El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. Veinte días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos dos factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación fallida y su ejecución desastrosa.

Para entender la dimensión de la improvisación en la que incurrió el presidente, se pueden utilizar como ejemplo los intentos por liquidar el organismo Luz y Fuerza del Centro. El primer gobierno que la preparó fue el de Carlos Salinas, cuyo equipo trabajó durante seis meses en la planeación integral donde la toma del organismo no era lo más riesgoso, sino que se produjeran sabotajes o fallas en el suministro. La decisión de extinguirla no alcanzó a darse por la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, con lo que se canceló definitivamente la operación.

La segunda ocasión que se pensó en su liquidación fue en 1999. El presidente Ernesto Zedillo le pidió al secretario de Energía, Luis Téllez, que la planeara. Téllez armó un cuarto de guerra que comenzó a trabajar sobre los planos originales elaborados en el gobierno de Salinas, lo que les ahorró tiempo. Aún así, trabajaron dos meses y trasladaron dos mil técnicos electricistas de todo el país que acamparon en tiendas de campaña en el Bosque de Chapultepec, cerca de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad. Se diseñó un plan operativo y la noche en que se realizaría la toma de Luz y Fuerza, con acciones coordinadas de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, para evitar no sólo interrupciones en el servicio eléctrico sino, sobre todo, que no afectara el suministro de agua del Cutzamala. Media hora antes de que iniciara la operación, Zedillo abortó el plan.

Pasó una década antes de que el presidente Felipe Calderón tomara la decisión de liquidar Luz y Fuerza. Se trabajó durante casi un año, en buena medida porque el centro de control de las operaciones tenía tecnología obsoleta, por lo que tuvieron que reclutar ingenieros electricistas jubilados y enviarlos a Inglaterra para que durante seis meses se familiarizaran con ese tipo de tecnología. Mientras tanto, la Policía Federal infiltró al sindicato de Luz y Fuerza para recabar información de inteligencia y preparó un plan de toma simultánea de cerca de 300 instalaciones estratégicas.

Se escogió como Día D la tarde del 10 de octubre de 2009, a la misma hora en que México se jugaba su pase a la final del Mundial de Sudáfrica ante El Salvador, para lo cual compraron cientos de boletos y a través de los infiltrados los repartieron entre los sindicalizados. La alerta nacional a los cuerpos de seguridad impidió, por ejemplo, que explotara una bomba que simpatizantes del sindicato colocaron en la presa “Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana. La operación fue impecable.

En ninguno de los tres casos hubo improvisación. Salinas no tuvo un arrebato y abrió un flanco innecesario ante el levantamiento del EZLN. Zedillo no se sintió cómodo con una operación de tal envergadura al final de su sexenio. Calderón lo hizo a la mitad, tras años de análisis sobre los beneficios de esa liquidación. López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una “cortina de humo”, que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.

 

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twitter: rivapa

 

Nota: En la columna del viernes pasado, se publicó que en siete minutos de robo de combustible, los cárteles mexicanos obtienen ganancias por 90 mil millones de dólares. La cifra correcta es 90 mil dólares.

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La renuncia de Janine Otálora no sólo tiene que ver con su voto en contra de la anulación de la elección en Puebla

 

 

Martha Anaya / Alhajero / Heraldo de México

 

 

Una de las versiones que corre sobre el porqué de la renuncia de Janine Otálora a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene que ver con el registro del Partido Encuentro Social (PES).

 

El PES, recordemos, interpuso un recurso ante el Tribunal contra la declaración de pérdida de su registro. Su caso debió haberse resuelto fácilmente desde diciembre, dado que en las elecciones federales pasadas, el instituto dirigido por Hugo Éric Flores no alcanzó, al menos, el 3 por ciento de la votación requerida.

 

Pero la resolución del Tribunal sigue en el aire.

 

La tardanza en el fallo –según se comenta en el medio político- tiene que ver con la intención de devolverle al PES su registro (a decir de los propios pesistas, es una promesa que les hizo López Obrador).

 

Sólo que para ello, el TEPJF tiene que hacer maroma y teatro para darle vuelta a lo que dice la ley e ir incluso en contra del criterio que ha observado en otras sentencias.

 

Cierto que no sería la primera vez que cayeran en tal aberración, pero ya su credibilidad -además de los pleitos internos- anda por los suelos. Pero en algún momento hay que resolver el tema. Al PES le urge que se resuelva para recibir, de entrada, las prerrogativas que le corresponderían si los magistrados le devuelven la vida como partido.

 

Y luego, para afianzar las alianzas –ya de manera firme- que está tejiendo rumbo a las elecciones de Baja California y Quintana Roo, a realizarse en julio próximo. De hecho, ya está en pláticas con el PAN, PRD, MC en Quintana Roo (en derredor de la figura de Greg Sánchez); y con los del sol azteca en Baja California (impulsando a Julián Leyzaola).

 

Tales alianzas con partidos distintos a Morena –a decir de sus opositores- sería parte de una estrategia del PES para que, llegada la resolución del Tribunal devolviéndole su registro, no se acuse a los morenos –mucho menos a su jefe máximo- de estar detrás de la resurrección del PES. Además, en última instancia podrían salirse de la alianza, tras conseguir su cometido. Todo este escenario –que a fin de cuentas se reduce a que el Tribunal Electoral le devuelva el registro al PES-, estaría detrás de la renuncia de Otálora en tanto que la decisión del tema es inminente.

 

Si a ello le sumamos que la magistrada viene de un durísimo enfrentamiento con su colega Felipe Fuentes Barrera –quien hoy ocupa su lugar como presidente del Tribunal- por el caso de Puebla (ella rechazó, y con su voto echó abajo la anulación de la elección a la gubernatura), podríamos completar la película. Porque no se trata (sólo) de saldar cuentas y cobrar agravios, sino más bien de perfilar el poder. Tomar el control del Tribunal.

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Víctor Sánchez Baños

Sólo un idiota puede ser totalmente feliz

Mario Vargas Llosa, 1936-; escritor hispano peruano.

¿Dónde está el cuarto de guerra del equipo de Andrés Manuel López Obrador? La toma de decisiones en el gobierno necesita de la predicción de escenarios para tomar la mejor decisión. No se puede actuar al botepronto sin la previsión de las consecuencias.

El presidente se convirtió en el vocero de Pemex, empresa responsable de la distribución de combustible en todo el país. Llama a la calma y a no hacer compras de pánico. El monopolio petrolero mexicano no genera información y la que da simplemente es tan raquítica que lo único que genera es desconfianza. Bueno, el director de Pemex, el ingeniero agrónomo (no petrolero) Octavio Romero, solo da la cara. Como responsable del sector, ni pio dice.

Pero, de esto es lo que hablan desde el gobierno federal:

 

1.- La intervención de la tropa en Salamanca y otras refinerías, no es de los últimos días, sino viene desde principios de año. Cerraron las válvulas de combustible, como medida de presión contra la mafia huachicolera. No previeron las consecuencias con la ciudadanía. En un principio se hizo bajo el más escrupuloso silencio, pero el mensaje era para los delincuentes, no para el consumidor.

2.- En las consecuencias está el malestar generalizado, que sería el menor de los problemas. Lo más grave es el golpe inflacionario a la economía. Un ingeniero agrónomo como Octavio Romero, ni idea tiene de ello y en el gobierno federal no se tomó en consideración la opinión de los “técnicos” de Hacienda o Banxico. Se hizo, como dijo un consumidor “al chingadazo”.

3.- Se prevé desabasto no sólo de combustible para lo que resta de la semana, sino de mercancías, especialmente alimentos, ya que no habrá manera que se puedan mover.

4- La carencia de combustible incrementará el precio de las mercancías, ya que la totalidad de comida y otros bienes se transporta en carreteras; los vehículos usan gasolina o diesel.

5.- Aunado a todo lo anterior, está el daño a la vida cotidiana de los mexicanos que no tendrán transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas como trabajar, ir a las escuelas o cualquier necesidad que tengan.

6.- Ni el gobierno sabe la fecha en que podrá restablecerse el servicio, ni la manera como se podrá frenar el huachicoleo, con un saqueo criminal que representa 3 mil de millones de dólares.

7.- Hasta el momento no se sabe de detenidos por el huachicoleo. Ni uno solo de los delincuentes, ni autoridades municipales, estatales, policías, ni empleados o funcionarios de Pemex, están en la cárcel. Ni después del sacrificio de millones de mexicanos, con la falta de combustible, se ha roto o dañado la poderosa red de robo, distribución (gasolinerías y grandes empresarios) y lavado de dinero, derivado del robo de combustible. Urge acabar con el saqueo a Pemex y a los recursos de la nación.

8.- Desde la administración de Ernesto Zedillo, con la puesta en marcha del sistema de monitoreo de fugas en los ductos (SCALA para el gas), no se invierte un solo dólar para evitar las fugas de combustible en los ductos. Hay sistemas, vía satélite, que localizan fugas o cambios en la presión de los ductos con error de sólo 25 centímetros. En los países árabes, como Arabia Saudita, Qatar entre otros no se roban n litro de gasolina; no hay mafiosos por que usan esos sistemas.

9.- Definitivamente el ataque a las mafias de delincuentes debe ser apoyada por la población. Esta guerra contra el huachicoleo, de una gran decisión del presidente López Obrador se convirtió en una pesadilla y malestar para el ciudadano, por la manera como se realizó. El Presidente debe correr a quienes desde su equipo provocaron el caos que vive el país en estos momentos.

 

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer en un mensaje de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por Octavio Romero director de Pemex, pidió calma y, al igual que AMLO, a no caer en el pánico. Dice que no hay desabasto (falso porque al no haber abasto en las gasolinerías, es “des-abasto” en el castellano puro). Dijo que de 400 gasolinerías solo 40 no tienen gasolina. Es mentira. El 80% (320) están cerradas por desabasto. Romero, como el “chinito”, no más “milando”. El es el principal culpable de la “estrategia” contra el huachicol, guarda silencio. El ingeniero agrónomo cree que a golpe de yunta se arreglan los problemas.

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: United Airlines, eliminó los agitadores de plástico y palillos de cóctel no reciclables y reemplazarlos con una alternativa ecológica hecha de bambú. Desde principios de noviembre, estos productos estarán a bordo de sus aviones. Los estadunidenses usan aproximadamente 500 millones de pajillas al día, aproximadamente el mismo peso que 1,000 autos.

poderydinero.mx

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@vsanchezbanos

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