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Raymundo Riva Palacio

Las autoridades migratorias en Estados Unidos siguen muy sorprendidas porque la migración indocumentada hacia ese país es extraordinariamente anómala. El diario The New York Times reportó este domingo que en ciudades tan distantes como San Antonio y Portland, en Maine, en la frontera con Canadá en la costa este, arribaron inmigrantes procedentes del Congo y de Angola después de un recorrido que los llevó primero a Ecuador, y de ahí hacia el norte a pie o en autobús a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por donde cruzaron la frontera con Texas. Son parte de los más de 144 mil inmigrantes capturados en mayo que ocasionaron la reacción del presidente Donald Trump contra México, y que provocó una de las declaraciones más inverosímiles, por cuando a candidez y reconocimiento de incompetencia que se hayan escuchado en la política mexicana: “No sé por dónde pudieron pasar”.

 

La perla es de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política migratoria hasta hace unos días, cuando si no formal pero sí factualmente, la despojaron de esa responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se había tardado. La forma como manejó Gobernación el fenómeno migratorio fue un desastre, y peor aún, está demostrado que la política de puertas abiertas con visas humanitarias disponibles para todo aquél que quisiera viajar a México, detonó la más grande crisis en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos que se recuerde en una generación, incluida una tragedia humanitaria de niños en la frontera entre los dos países, y provocó la pérdida de soberanía mexicana, al haberse tenido que tomar decisiones que se acomodaran a los dictados de la Casa Blanca.

 

La primera víctima visible fue Tonatiuh Guillén, cuya gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración se volvió insostenible. El viernes pasado, de manera escueta, el INAMI informó de la renuncia de Guillén, sin ninguna explicación sobre los motivos de su salida. El final de Guillén y su breve paso por la administración pública es la derrota completa de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, donde la ingenuidad de sus funcionarios le permitió a Guillén impulsar la política de brazos abiertos a quien quisiera viajar a México rumbo a Estados Unidos, otorgándoles visas humanitarias, techo, comida y protección de la Policía Federal. El ex comisionado no actuó de manera unilateral. Dentro de Gobernación existió el consenso de que ese debería de ser el camino, sin alcanzar a ver las consecuencias de su reduccionistas visión del fenómeno.

 

López Obrador no puede decirse sorprendido. La división dentro de su gobierno entre las dos posiciones antagónicas sobre qué hacer, entre Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrastró por meses. En no pocas reuniones de evaluación estratégica sobre el creciente fenómeno, expuesto de manera amenazante con represalias económicas por la ex secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen en febrero, y subrayado por el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, directamente al presidente en marzo, Guillén fue la cara beligerante de Bucareli.

 

Cuando le exigían al ex comisionado explicación del porqué habían desarrollado esa política de brazos abiertos, expresaba como valor supremo la protección de los derechos humanos, sin matices. Cuando le exponían que ello podría tener repercusiones y reacciones por parte de Estados Unidos, respondía que no importaba, pensando que lo iba a doblegar. La soberbia de Guillén fue la ceguera de Gobernación, montada en un gobierno naciente donde la incompetencia por desconocimiento de su desconocimiento que lleva a tomar decisiones sin contemplar los diversos escenarios, provoca reveses costosos.

 

El presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad, que al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la Historia entre los dos países, se volvió una vulnerabilidad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganó 45 días de tiempo, quizás hasta 90, con la negociación en Washington. Sabe que la prórroga de la imposición unilateral de aranceles podría extenderse más allá del plazo acordado con Estados Unidos, pero será una amenaza permanente durante toda la campaña presidencial, que termina en noviembre del próximo año.

 

La urgencia por evitar los aranceles se resolvió temporalmente con la militarización de la frontera sur y convertir a seis mil elementos de la Guardia Nacional en coadyuvantes del INAMI, reforzado con 647 elementos de la Policía Federal, que comenzaron a desplegarse en Chiapas este fin de semana disfrazados como agentes migratorios, para ir en busca de los migrantes que se hayan quedado varados o se perdieron en territorio mexicano, y llevarlos a la frontera con Guatemala.

 

 

Las maromas de Ebrard habrían sido innecesarias porque también se pudo haber evitado la crisis con Estados Unidos. Dejemos lo retórico, porque lo que falta, aunque parezca una obviedad, es lo que viene. Sabemos las tareas encargadas al gabinete de seguridad y que el presidente nombró a Francisco Garduño, militante de Morena sin experiencia en el tema migratorio, como sustituto de Guillén, manteniendo el papel periférico del INAMI en donde debía ser cabeza, que funcionará como una ventanilla administrativa. La estrategia y las decisiones tampoco caerán en Sánchez Cordero o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, otro de los arquitectos de esta crisis, lo que lleva a pensar si su permanencia en el gabinete se volvió ociosa y es tiempo que, ante la nueva realidad, los cambios en el gabinete que vienen, comiencen por ahí.

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Raymundo Riva Palacio/ EJE CENTRAL

La nueva guerra comercial declarada por Estados Unidos contra México es todo menos comercial. Coyunturalmente está la motivación electoral, que entiende bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, por lo que busca una solución política-diplomática que negocie este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien tiene encima las presiones del sector empresarial estadounidense y los republicanos en el Capitolio, que ven contraproducente nuevos aranceles para consumidores y electores en ese país. Pero aún si eso sucediera, será insuficiente y efímero, porque la estrategia es equivocada y no ataja el problema de fondo.

 

El presidente Donald Trump lo ha dejado muy claro con gritos, ataques, mentiras, amenazas y actos despóticos en una serie de tweets que escribió viernes, sábado, domingo y lunes, donde volvió a hablar de que México está gobernado por los jefes de los cárteles de las drogas y los coyotes, que “invaden” a Estados Unidos con sus productos y con inmigrantes y criminales. El elefante en la sala es la seguridad, señalado por Trump desde hace al menos dos años, y centrado por su primer secretario de Seguridad Territorial y luego jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien hablaba de la seguridad integral regional entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Trump se siente agraviado porque ve retrocesos.  Esto no lo ha asimilado por López Obrador, ni se ha percatado de los errores políticos en los que ha incurrido. Uno fundamental es el repudio a la Iniciativa Mérida. El presidente dijo a principios de mayo que no continuaría con ella y que cambiaría la ayuda policial y militar por cooperación económica. Por ignorancia, desconocimiento o tozudez, ignoró el origen de la iniciativa y la forma como se inyectaron recursos para construir Plataforma México, una potente base de inteligencia criminal –desmantelada por el gobierno de Enrique Peña Nieto-, los  equipos tácticos para enfrentar al crimen organizado, la capacitación de policías, creación de unidades para compartir inteligencia de calidad, y mejoras en el sistema de procuración de justicia.

 

Nadie en el equipo del presidente, parece, ha sido capaz de analizar lo que el repudio de la Iniciativa Mérida significa, y persuadirlo que lo que quiere con ella no sólo es un rasgo que va más allá de la ingenuidad, sino revela su incomprensión a las prioridades de Estados Unidos. No son las mismas que las mexicanas, pero entendiéndolas podría reformular de manera más inteligente las prioridades de su gobierno. Por ejemplo, la insistencia ingenua que Estados Unidos aporte recursos directos para atacar las causas de la violencia en Centroamérica.

 

El desarrollo centroamericano es secundario para Washington, como acaba de demostrar al apoyar a Guatemala únicamente en materia de seguridad. La política exterior no se sustenta en la buena fe, como cree López Obrador, ni es ética, ni se inspira en la religiosidad. Escribir un memorando al pueblo estadounidense para pedirles que cuiden la “buena y sagrada” relación con México es fútil. En cambio, anunciar que no combatirá al crimen organizado, ni perseguirá a los jefes de los cárteles, o darles amnistía a los narcotraficantes, porque son víctimas del neoliberalismo, son ofertas que han alarmado a Washington, de donde están viajando regularmente funcionarios, militares y miembros de las agencias de  inteligencia a México, para medir la profundidad de esa oferta pro-criminal de López Obrador. Un eje del discurso de Trump tiene origen en estas temerarias declaraciones del presidente mexicano. 

 

López Obrador piensa que el problema del narcotráfico es el consumo –cierto-, y que al estar en Estados Unidos el mayor mercado de consumidores, el problema es de Trump, no de él. Sin embargo, las cosas no funcionan tan básicamente. Si Norteamérica tiene las economías más integradas del mundo, el problema de uno también es del vecino. Por lo tanto, México no puede abstraerse del fenómeno del narcotráfico y las externalidades que produce, como lo está haciendo López Obrador.

 

Lo que necesita es que Estados Unidos se haga corresponsable en estos temas, que cancela cuando repudia la Iniciativa Mérida, donde vuelve el problema sólo mexicano, como exhiben los tweets de Trump; si no existe ese mecanismo, tampoco hay una contraparte permanentemente sentada en la mesa, como había sido por años. Se ha perdido la paridad, como muestran los desaires del secretario de Estado, Mike Pompeo, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o la lejanía del yerno y responsable de la política con México en la Casa Blanca, Jared Kushner.

 

No ayudan las deficiencias del diseño institucional del actual gobierno. El subsecretario para América del Norte en Relaciones Exteriores, Jesús Seade, sólo atiende el tema del acuerdo comercial. No ve seguridad, ni migración, ni otro de las decenas de temas que involucran la relación con Estados Unidos y Canadá. Más aún, no tiene contrapartes dentro del gobierno mexicano, como anteriores subsecretarios tenían con otras áreas de la administración. En síntesis, nadie atiende los temas a nivel técnico y operativo.

 

 

López Obrador requiere de mayor sofisticación para entender a Trump y a Estados Unidos. A su favor es que no tiene que ser él quien comprenda el discurso y las acciones en Washington, siempre y cuando haya en su equipo quien lea bien los tweets, entienda sus significados, haga sinapsis y traduzca correctamente las cosas al presidente. Por lo que se ve hasta ahora, no existe tal traductor, o quien lo pueda hacer, no está en el entorno del presidente. Así no va a solucionar las cosas con Trump y mucho menos persuadirlo. Predicarle al presidente de Estados Unidos, como hoy lo hace López Obrador, es tan equivocado como pensar que puede caminar sobre el mar.

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Raymundo Riva Palacio

El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia se magnifican porque en la anterior administración se habían “maquillado”, y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola en víctima de “grandulones abusivos” –que no identificó- mientras la sociedad seguía llorando a Norberto. Algo está muy mal en esta díada de la retórica contra realidad, el eterno dilema de la Cuarta Transformación. Los datos, sin embargo, son alarmantes.

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión de López Obrador, se elevó 271 por ciento en el primer cuatrimestre de este año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento desde 2009, al haber subido los secuestros de 1.5 por mes en el primer cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente, no es el único delito descontrolado.

 

En la edición de 152 ejecentral, se registra que de diciembre del año pasado a abril de 2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes, considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en secuestros, las tasas son inverosímiles. Las tres alcaldías que más altos índices tienen de son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157 por ciento. En el resto de la capital, el aumento fue de 100 por ciento promedio.

 

Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte presupuestal draconiano que impuso el gobierno de López Obrador. Los fondos para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53 por ciento, y las alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de desempleo creciente (5.3% de diciembre a marzo), y la pérdida de poder adquisitivo, ante la disminución de salarios en la administración pública y los despidos.

 

Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador, ha tenido un alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó decisiones estratégicas fallidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México y la cancelación de unidades móviles de policía –internamente le dijeron a los policías que no servían para nada-, y al despido masivo de jefes policiales, bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era corrupto y había que erradicarlo.

 

En cualquier caso, el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el patrimonial, o secuestros como el del joven Ronquillo, que tiene una tipología que se imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades económicos en la sociedad. La desaceleración general de la economía ha provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la tasa de desempleo, al no absorber personal despedido del gobierno central. En el caso de la Ciudad de México, decisiones de la jefa de gobierno como parar la industria de la construcción, no sólo impactó en todo el conjunto de la economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la capital.

 

Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como principio, pero a la luz de los resultados, su instrumentación ha sido un desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad trasciende a la Ciudad de México. La Secretaria de Hacienda recortó 3.8% el presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había sido aprobado. La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas prioritarios del presidente –Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas-, han llevado al gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir. Presiones adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de seis mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.

 

Si en estos momentos esa fuerza significa el 40% del total de elementos de la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente? Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de que su política de austeridad sin matices, aunque correcta en concepto y visión, tiene costos muy altos al carecer de una planeación estratégica, lo que ha llevado a la deshidratación del gobierno.

 

 

El problema, como se aprecia en la capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas, más violencia, más inseguridad, más incertidumbre y más miedo. El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país irán así a ningún lado.

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Víctor Sánchez Baños/EJE CENTRAL

Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria.

Marco Tulio Cicerón, 106- 43 a. C.; escritor, político y orador romano.

 

En Puebla, los priistas están que el sol no los calienta. El motivo es simplemente el desinterés de Claudia Ruiz Massieu de luchar para ganar las elecciones locales. Enviaron a un personaje quemado el ingeniero agrónomo zootecnista, egresado de la Universidad de Chapingo, Alberto Jiménez Merino.

Atrás de éste personaje esta Mario Marín, el exgobernador cuestionado y perseguido judicialmente por graves acusaciones de abuso de autoridad contra una periodista y escritora, Lidia Cacho, que descubrió una red de políticos pederastas.

Además, Claudia dejó en manos de él todo el dinero de la campaña y no se utilizó un solo centavo, como denunciaron a este columnista militantes priistas. El objetivo de Claudia fue precisamente acabar con lo que queda del Revolucionario Institucional, a pesar que de las 5 alcaldías que estaban en juego, ganaron 4.

 

El líder local, Lorenzo Rivera, llega cuando estaba totalmente “arreglado” por el Comité ejecutivo Nacional, sólo presentó el rostro para recibir los insultos de la militancia.

Es muy claro que si Ruiz Massieu quería hace historia en Puebla, únicamente se unirían fuerzas PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, era juntar fuerzas con Enrique Cárdenas Sánchez, quien tiene un prestigio ganado en la comunidad poblana, para ganar cerradamente los comicios frente a Miguel Barbosa de Morena.

Es cuestión de matemáticas. Se sabía que juntos lograrían una mayor oportunidad para triunfar. Además, de todo mundo es sabida la alianza entre el PRI y el PAN, a la que califican PRIAN. Quítense las máscaras.

 

El resultado final, si se saca de la ecuación a Jiménez Merino, sería la suma de la alianza PAN, PRD y MC, con 33.23 y el 18.45 del PRI, lograrían 51.68, que arrasarían al 44.67 de Barbosa. ¿Los “experimentados” estrategas priistas, no se dieron cuenta de las ventajas en los municipios que ganaron como Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazalpiltepec y Ocuyucan? Todo hace indicar que hubo alguna negociación de espaldas a la militancia priista. Bueno, por lo menos eso sospechan los militantes locales.

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Dos más dos son siempre cuatro, meter 120 Millones para recuperar y ganar quizá más del doble es privilegio de buenos negociantes que aprovechan un reglamento amañado y kafkiano. La BUAP es una gran institución, orgullo no solo de Puebla sino de nuestro país, solo que el sueño del entonces Rector José Doger, a mediados de los 90s, de formar un equipo que ascendiera paso a paso de 2ª al Ascenso y de ahí a Primera fue movido, seguramente, más por la afición al futbol que debió dejarse en el nivel Universitario de Ligas de Ascenso pero que la Rectoría se hizo de consejeros que quisieron imitar a Pumas o Tigres con modelos de negocio similares que nunca funcionaron en Lobos, este Consejo, entre los que estaban ex jugadores de la Franja, arma finalmente un equipo Profesional sin Universitarios que va desde comprar una franquicia de 2a que desaparece a los pocos años, porque Rectoría no puede sufragar los gastos para sostenerse en el fut semi-profesional.

OTRA VEZ LA CALENTURA

 

El proyecto “Lobos BUAP” no avanza, hay apariciones y desapariciones fugaces, por ahí se traen la filial del Necaxa, que se convierte en Lobos BUAP con el apoyo y presupuesto del Ayuntamiento y del Gobierno Estatal a cargo del ex Gobernador Mario Marín, aún así el proyecto sigue atorado, va y viene, hasta que en el 2012 arañan el Ascenso perdiendo la final con el León, que así logra el regreso a la Primera después de casi una década de quedarse en el intento. Lobos BUAP mantiene consistencia sin brillar mucho, hasta lograr un inesperado Ascenso a la Primera de la mano de Rafa Puente Jr., echando a los favoritos Bravos FC y Dorados de Culiacán.

 

DESPERTAR A CACHETADAS

Una cosa es soñar, otra lograr y, lo más difícil, quedarse, los Lobos fueron devorados por las exigencias de 1a División que van desde reforzarse para presentar un equipo competitivo, un contrato de Televisión que tardaron en concretar hasta muy avanzado el torneo, principalmente por la falta de arraigo con una afición escasa e indiferente, la apuesta por la Comunidad Universitaria no tuvo un eco real, el Estadio lucía vacío excepto cuando llegaban América, Chivas, Pumas o Cruz Azul, cuyos aficionados siempre fueron mayoría sobre los “Locales” Lobos.

 

Fue un despertar doloroso, a cachetadas, sin arraigo, ni afición, provocó indiferencia de patrocinios, un raquítico contrato de TV, presupuesto limitado y obligados a vivir de jugadores prestados, sin ingresos, la debacle era cuestión de tiempo.

 

EL NEGOCIO DE MÁS DE 120 MILLONES

 

Finalmente llega el descenso del año pasado, aparece entonces un grupo discreto de inversionistas que con el beneplácito de la Rectoría se quedan, beneficiándose del nuevo reglamento arriesgando, esto es un negocio, esos 120 millones.

La pregunta hace un año era simple ¿A qué se quedan en Primera si no tienen ni afición, ni proyecto, un bonito Estadio pequeño no futbolero, tampoco hay presupuesto amplio para operar

La respuesta llegó hace unas semanas cuando se conoce que no hay plantel propio, se le debe dinero a jugadores que son prestados, se va el Técnico Paco Palencia y se “filtran” negociaciones del “Grupo Inversionista” para venderlo a otra plaza, confirmándose lo que suponíamos, el equipo se armó con lo indispensable para quedarse un año solo a sobrevivir, salvar la categoría con un modelo de trabajo que daba risa, sin jugadores propios, solo algunos de nivel y muchos de medio pelo prestados, el único objetivo salvar la categoría, vender más caro, recuperar la inversión y adiós. Aquello de un Patronato estilo Pumas fue solo un disfraz en una plaza sin afición, ni arraigo, ejemplo de todo esto fue el llamado “Derby” Poblano en el Estadio de la BUAP, el 31 de marzo pasado, la tribuna no llegó ni a la mitad y asistieron más aficionados de la Franja que de Lobos.

Al final los inversionistas y sus comparsas recuperan sus 120 mdp, venden en sobreprecio, más de dos veces la inversión, la franquicia se va a Cd. Juárez en donde sí hay afición de sobra, una temporada extra en Primera para un equipo que nunca debió ascender, donde un grupo de visionarios por el negocio invierte fuerte, recupera y gana, círculo perverso aprovechando un reglamento también amañado y perverso, así de fácil…

 

 

Vía: Reporte Indigo

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José Ojeda Bustamante

 

La agenda de gobierno se construye a partir de las iniciativas, propuestas y temas de interés que se promueven al interior de la sociedad. Con la campaña para la gubernatura que se realiza por parte de los candidatos a ocupar este importante cargo, es notorio que la organización vecinal, los líderes y ciudadanos; tienen interés en garantizar la mejor de las soluciones en el interés colectivo. Por ende, se busca que los gobernantes logren la satisfacción de los ciudadanos, lo cual requiere de pericia, voluntad y la escucha de la plaza pública.

 

Marco Tulio Cicerón, Cónsul de la República Romana escribió sobre cómo debía dirigirse un gobierno, defendiendo el sistema republicano, porque afirmaba que la mejor forma de gobierno es la que se basa en el equilibrio de poderes. Un gobierno justo debe fundarse en un sistema de supervisión y equilibrio, por lo cual los gobiernos de coalición han resultado ampliamente productivos. Esto en otras palabras, es hacer valer la política como instrumento.

 

Pero es importante distinguir entre los gobiernos de coalición y las coaliciones de carácter estrictamente electoral.  En el primer caso, ocurre cuando se forma el gabinete a partir de distintos grupos políticos y cuentan con la aprobación de la mayoría parlamentaria. En el segundo caso, los institutos políticos se unen, coaligan para sumar fuerzas en la contienda electoral; donde no necesariamente pueden desarrollar un programa de gobierno conjunto.

 

En ese sentido, la sugerencia de Cicerón, de formar equilibrio entre poderes está presente en la actualidad, gobiernos como Portugal y Bélgica, tienen primeros ministros que no son de la formación partidista e ideológica que ganó las elecciones, como sucede ahora en España. Empero han logrado equilibrios y contrapesos, como exige la democracia.  En Bélgica, que cuenta con una cámara de representantes con 150 escaños, tiene 31 nacionalistas flamencos que obtuvieron el voto mayoritario en las elecciones de mayo de 2014, pero el primer ministro Charles Michel pertenece al a fuerza minoritaria con 20 diputados.  Asimismo, en Holanda, ningún partido logró mayoría en las elecciones generales de marzo del año pasado, sino que las diferencias en votos se hicieron aún más ajustadas, aumentando el número de grupos parlamentarios y obligando a partidos de ideologías totalmente distintas a negociar una coalición de Gobierno.

 

Por lo tanto, la apertura, transparencia y rendición de cuentas son los ingredientes que deberá asumir el próximo gobernador y su equipo que lo acompañe; sin improvisación y con conocimiento de la técnica y de la política de la mano, para sumar a los interesados en un proyecto de gobierno, al menos de mediano plazo.

 

Concluyo, destacando que es preciso, siguiendo a Cicerón, contar con estrategas del espacio público, porque para obtener resultados es fundamental hacer y ejercer la política como instrumento y como ciencia; en política todo se encuentra en continua evolución.  Sean pues las recomendaciones de un gobernante de Roma, las que pudieran ser consideradas para otorgar paz social, legitimidad y conciliación para nuestro estado de Puebla.

 

@ojedapepe | Moviendo Ideas

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El mundo al revés por Ernesto Villanueva

 

Como es sabido, Dulce María Silva Hernándezcontrajo nupcias con César Yáñez, cercano colaborador del presidente @lopezobrador, quien fue motivo de polémica tras su lujoso enlace matrimonial el pasado 29 de septiembre seguido de una publicación en la revista de sociales Hola. (https://www.proceso.com.mx/554070/la-boda-de-yanez-un-desliz-aristocratico-en-el-entorno-juarista) Ese evento, se ha dicho reiteradamente, no fue hecho con recursos públicos. Eso no implica, empero, que haya sido moralmente correcto.

La mínima sensibilidad política aconsejaba hacer un evento con dosis de austeridad para embonar con la prédica y práctica del entonces equipo de transición. Evidentemente Yáñez no podía llamarse a sorpresa, pocos como él, sabían de primera mano las nuevas formas y modos de hacer política de @lopezobrador. Ese hecho le ha costado al cercanísimo colaborador del presidente de México tener un bajo perfil y estar fuera del círculo cercano del entorno presidencial.

 

Las cosas, empero, no se han quedado ahí. Ahora Dulce María Silva Hernández sale a la palestra en un tema que entra en los límites de la legalidad: el tráfico de influencias. Esta figura es una de las formas en que toma forma la corrupción. En efecto, a decir de los abogados encabezados por David Iduarte García, expertos en derecho penal, quienes llevan un proceso legal relacionado al crimen organizado (causa penal 916/2019CJP). Una de las presuntas responsables en un gigantesco caso de fraude, Erika Sayuri García Chávez, ha obtenido la libertad provisional por gestiones de Dulce María Silva Hernández que, de acuerdo al dicho de los abogados de la causa, ha hecho en nombre de su esposo César Yáñez en su natal estado de Puebla, por supuesto al margen de la ley.

 

 

La acusación no es menor. Interferir con el curso legal de un proceso judicial al amparo de su relación con un colaborador presidencial coloca a Silva Hernández en una frágil posición que en nada ayuda a su esposo, vistas además la serie de conductas que han sido objeto de críticas en el entorno de MORENA y en porciones significativas de la opinión pública. César Yáñez y su esposa deben esclarecer estas prácticas que, por supuesto, eran parte de los usos y costumbres del régimen anterior, pero- se supone- no lo son en la 4T.

 

 

Silva Hernández y César Yáñez han mostrado en el pasado desdén por la tónica del nuevo gobierno, ese hecho alberga dudas razonables sobre esta presumible incursión para torcer el actuar de las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia, como sostiene el abogado poblano David Iduarte García. César Yáñez es un personaje percibido como leal y honesto, pero estas conductas llevadas a cabo, con o sin su consentimiento, erosionan sus bonos y dificultan su inserción en la 4T en los términos que se avizoraban antes de su boda. Peor aún, lo ponen al filo de actualizar diversas hipótesis de la Ley General de Responsabilidades.

 

@evillanuevamx

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Sumario

 

Diversos colectivos se han pronunciado por la presunta ilegal detención del activista y defensor de derechos humanos de migrantes, Cristóbal Sánchez, a quien le reitero mi solidaridad y reconocimiento por su trabajo por los demás y quien- hasta donde sé- ha hecho su labor dentro de la ley. La historia y testimonios de este caso pueden verse en www.cristobalpromigrante.com

 

 

 

 

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Raymundo Riva Palacio

Cuando Emilio Lozoya Thalman presentó su declaración patrimonial al llegar al gabinete del presidente Carlos Salinas como secretario de Energía, la sorpresa de quienes la revisaron fue lo rico que era. Su fortuna era superior a mil millones de pesos, producto de su actividad empresarial y de inversiones, con lo que tenía asegurado el futuro de su familia por generaciones. Ese antecedente, junto con una carrera en el servicio público intachable, era lo que durante todos estos años hicieron dudar a muchos sobre la integridad de su hijo, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, hoy en el peor momento de su vida, al tener que enfrentar a la justicia y responder las acusaciones de corrupción sobre él y su familia. ¿Qué necesidad tenía? Por herencia y por su esposa, su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Y sin embargo, las autoridades afirman tener evidencias de ilegalidades en su proceder.

La investigación que lo ha puesto frente a la justicia, es por la compra de una empresa de fertilizantes a Altos Hornos de México a un sobreprecio. De acuerdo con la investigación, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia, Alonso Ancira, dueño de esa empresa, hizo un depósito por 2.9 millones de dólares a una cuenta en Europa de Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex, quien a su vez transfirió esa misma cantidad a una cuenta de su hermano en México quien, entonces, compró una casa en las Lomas de Chapultepec –que fue cateada el martes- por esa misma cantidad. Lo que dicen las autoridades es que ese monto exacto fue apareciendo y desapareciendo en ese recorrido hasta que terminó en la propiedad, por lo cual los propietarios originales están siendo investigados.

 

Las autoridades establecen la corrupción por la forma como se hizo la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio, que establece el presunto delito de cohecho, y como no se registró fiscalmente, se le añadió el presunto delito de evasión fiscal, producto de los movimientos financieros para ocultar el dinero, por lo que le sumaron el presunto delito de lavado de dinero. Por cuanto a los manejos financieros, las autoridades van sobre Lozoya, su hermana y Ancira, sobre quienes presumen también triangulaciones similares posteriores a 2012. La investigación toca de manera directa a un cercano colaborador de Lozoya, Édgar Torres Garrido, a quien nombró director de Pemex Fertilizantes, y quien fue el responsable de operar toda la compra.

El caso de la presunta corrupción en la compra no está vinculado al de Odebrecht, aunque las autoridades dijeron que el pago de Ancira se hizo a una empresa filial del conglomerado brasileño, que a su vez hizo el depósito en una firma suiza donde son socios los hermanos Lozoya. Las investigaciones sobre la corrupción de los brasileños en México está prácticamente terminada, y será un pliego de consignación independiente del caso de la fertilizadora. Lozoya entonces, como se adelantó en la columna de ayer, apenas comienza su batalla judicial.

 

De acuerdo con la investigación donde lo vinculan con Ancira, su problema sería básicamente de corrupción. La relación entre los dos llegó a niveles donde el conflicto de interés fue evidente. Mario Maldonado, el muy bien informado columnista de negocios, recordó ayer en El Universal que en una difícil conversación que tuvo con Lozoya en marzo de 2017, le admitió haber incurrido en un conflicto de interés porque había volado 54 veces en el helicóptero de Pemex en 2015, a la torre donde se encuentra la oficina de Ancira y la sede de AHMSA. A Maldonado le sorprendió el reconocimiento de Lozoya, quien “no parecía preocuparse por sus dichos”, porque existía, como le dijo en aquel momento, una “profunda amistad” con el presidente Enrique Peña Nieto.

Esa amistad, que lo protegió de la embestida del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pedía su destitución por su mala gestión en Pemex, lo debió haber nublado y sentirse protegido. Descuidó otro conflicto de interés cuando le compró a Gabriel Karam, socio del Grupo Hidrosina, que tiene una de las cadenas de gasolineras más grandes del país, un departamento en la lujosa calle Rubén Darío en Polanco por 28 millones de pesos, donde viven sus padres y que fue una de las propiedades que cateó la policía ministerial el martes pasado.

 

Los casos de AHMSA y Odebrecht podrían no ser los únicos en el expediente ampliado de Lozoya que lleguen a ventilarse. Desde finales del gobierno de Peña Nieto se investigaba a su ex coordinador ejecutivo, Froylán Gracia, ante las denuncias de que cobraba sumas millonarias por citas con su jefe, como reveló esta columna en octubre de 2015. Otro de sus cercanos, Arturo Henríquez Autrey, a quien hizo director de Procura y Abastecimiento y que también estuvo en la compra de la fertilizadora, pedía regularmente a empresarios cuatro millones de pesos que, decía, eran para Lozoya. Siempre lo negó el ex director de Pemex, quien decía que las acusaciones era porque se habían lastimado muchos intereses.

 

En un reporte a sus socios, la consultora Eurasia consideró que acusar a Lozoya era relativamente fácil por el cúmulo de información pública sobre él, pero observó que las investigaciones “están motivadas mayoritariamente por consideraciones políticas y es improbable que se amplíen, porque López Obrador probablemente no quiere crear una crisis lanzando investigaciones más grandes”. Es una conjetura quizás aventurada, que supone el interés político del presidente por no voltear al pasado y destapar la Caja de Pandora. Sin embargo, inició un proceso difícil de detener. El pueblo quiere sangre y Lozoya parece estar decidido a dársela, si con ello sobrevive.

 

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La inseguridad en los tiempos de Pacheco Pulido.

 

Escribe: Adán Morales/@adangio

 

La vida en Puebla puede valer un carro, un celular o hasta un reloj. Por cualquiera de estos objetos o quizás hasta menos, personas han sido asesinadas.

El caso más reciente es el de la abogada Nancy Álvarez González quien el sábado pasado salió de su casa ubicada en Cholula, para llevar a su hija al examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la mujer de 44 años de edad conducía un automóvil Volkswagen Vento e  hizo una parada para comprar lápices a su hija en Farmacias Guadalajara  y ahí fue abordada por los asaltantes que la hirieron en el rostro para después llevarse el auto, la abogada todavía alcanzó a bajar de su auto y pedir auxilio herida de muerte.

El gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido hasta donde se sabe no ha emitido ningún comunicado, ni tuit,  en donde dé al menos un pésame. Tampoco hay que sorprenderse, Pacheco Pulido fue sacado de su retiro político como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder y la primera aduana era colocarlo como gobernador interino aprovechando su  buena imagen, por lo que los resultados de buen gobierno para Puebla no eran de esperarse en este interinato.

 

El crimen organizado en Puebla cobró auge desde el marinismo, cosa que no implica que hubiese nacido en ese periodo, sino un poquito antes.

 Las leyendas de las avionetas que aterrizaban en las pistas clandestinas con droga durante el Bartlismo no pueden pasar desapercibidas y mucho menos los narcos viviendo tranquilamente en este estado, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente o cómplice, se dispararon desde que el Morenovallismo se asentó en Puebla.

 

 Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los robos a los ductos,  homicidios dolosos, el robo, los secuestros, el derecho de piso, el asalto al transporte,  al transeúnte  y las extorsiones; inicialmente en la zona del triángulo rojo para después irse extendiendo como la humedad en todo el estado.

Los reportes en la SGG no son menores,  los alcaldes son víctimas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan los balacean e incendian sus negocios o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

 

Hoy los delitos van a la alza y sin visos de contención.

La mala gestión del gobierno interino debe ser  el principal factor de la crisis de seguridad que se vive en Puebla. El gobernador no  toma las decisiones de fondo, sino un triunvirato formado por los titulares de la: SGG-SFA y el grupo JV, pero estos estaban más preocupados por el resultado de las elecciones y ahora por colocar posiciones al interior del futuro gobierno.

 

 

Este triunvirato es el responsable de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, en donde de entrada a los alcaldes les han apretado el cinturón en materia de recursos. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes por definir una estrategia clara y eficiente para combatir el crimen organizado.

Pacheco Pulido es uno de los gobernadores peor calificados, con problemas de seguridad y confianza. A este gobierno interino la inseguridad lo está devorando. Y a él ni a nadie en su gabinete parece importarle que Puebla se siga pintando de rojo.

 

 

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Raymundo Riva Palacio

Tiempo atrás, cuando Emilio Lozoya era el hombre todopoderoso en Pemex, descalificaba a quien criticaba la compra a Altos Hornos de México de una planta de fertilizantes. “Fue un gran negocio”, afirmaba Lozoya como defensa de una operación que siempre se dijo había sido una compra de chatarra. La realidad demostró algo muy diferente a sus dichos. Las autoridades federales cuadraron un esquema de presunta corrupción de Emilio Lozoya y Carlos Ancira, propietario de AHMSA, triangulado a través de cuentas bancarias en Europa. Los dos tienen órdenes de aprehensión para que enfrenten a la justicia mexicana, pero no serán los únicos en caer dentro de la investigación en curso. En el camino viene otra más, en contra de la hermana de Lozoya, directamente involucrada en la triangulación.

 

Este es el principio de un largo camino que tiene por delante Lozoya frente a la justicia mexicana, sin ninguna red de protección. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pese a su estrepitosa caída del poder, mantuvo un silencio cómplice pero amenazante. Si actuaban penalmente en su contra, dejaba entrever, hablaría. ¿Qué tanto podría guardarse el ex director de Pemex? Por ejemplo, cómo la ex primera dama Angélica Rivera, había sido la principal beneficiaria de los aviones ejecutivos que había adquirido Pemex con dinero de la Secretaría de la Defensa, que utilizaba para fines personales. O, como hay otra investigación en curso, qué tanto dinero de Odebrecht efectivamente, como asegura la Fiscalía brasileña, terminó en la campaña presidencial de Peña Nieto.

 

Lozoya inició desde el principio de su administración en Pemex la compra de empresas fertilizantes, por las que pagó tres mil 575 millones de pesos por Agro Nitrogenados a AHMSA, que tenía el 53% de las acciones, propiedad de Ancira y de Fabio Covarrubias, de Fertinal. Dos años después, de acuerdo con una investigación de Eje Central publicada el año pasado, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la adquisición del Grupo Fertinal y sus subsidiarias, con una inversión de 635 millones de dólares. Más adelante, Lozoya pidió que le autorizaran otros 425 millones de dólares para liquidar adeudos, dejando endrogado a Pemex durante 16 años por una planta que nunca sirvió.

 

La operación fue gestionada por Édgar Torres Garrido, su compañero en el ITAM en la carrera de Economía y en la maestría en Desarrollo Internacional en Harvard, a quien nombró en 2015 director de Pemex Fertilizantes. Torres Garrido fue el primero en caer ante la justicia, y la semana pasada los inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Pero la investigación que llevó a girar las órdenes de aprehensión encontró detalles de cómo se dio esa compra.

 

De acuerdo con parte de la investigación, Lozoya pidió un avalúo sobre la planta de Agronitrogenados, que estaba sin operar realmente, y le dijeron que costaba 30 millones de dólares. Entonces, dice la investigación, pidió un avalúo de la planta “en marcha”, como si estuviera funcionando a toda su capacidad, de donde salió el valor de 203 millones de pesos, más la deuda que tenía con bancos, dio la suma de los 635 millones de dólares. Todo esto pasó por el Consejo de Administración, que aprobó la operación. Las autoridades tienen las minutas de esas reuniones, pero no han trascendido los detalles de las mismas. Lo que sí se sabe es que Lozoya regresó al Consejo para pedirles los recursos para pagar los adeudos, y se los autorizó.

 

Se desconoce si hubo irregularidades dentro del Consejo de Administración, y cómo presentó Lozoya la compra. Las autoridades federales encontraron sus razones, y presumen arreglos ilícitos entre el ex director de Pemex y Ancira, previamente a que iniciara el gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Las autoridades han encontrado triangulaciones financieras en donde aparecen de manera importante la hermana de Lozoya, así como también se están investigando tres empresas, una de ellas con cuartel general en Alemania, de donde es originaria la esposa del ex director de Pemex.

 

Por el momento sólo existen órdenes de aprehensión en contra de Lozoya y Ancira, obsequiadas desde el domingo pasado y que trascendieron ayer. De cualquier forma, las autoridades seguían la pista a los dos desde que la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda les congeló sus cuentas a ellos, a la hermana de Lozoya y las de las empresas. La Fiscalía General comenzó a vigilar a Ancira, a quien vieron tomar un avión rumbo a Madrid, por lo que pidió la ayuda de Interpol. De esta forma, la policía española lo detuvo en Mallorca, en las Islas Baleares. Lozoya, según las autoridades, sigue en México.

 

Este no es el fin del camino para Lozoya, sino el principio. El tema de Agro Nitrogenados era, a decir de las autoridades, el más sencillo de completar. El siguiente, que está en la fase final de la conclusión, por lo que es posible que se gire otra orden de aprehensión es por Odebrecht, por presuntamente beneficiarlo en sus negocios a cambio de millones de dólares, como afirma la Fiscalía brasileña. Hay otras investigaciones que se están armando sobre sus principales colaboradores en Pemex, buscando pruebas que demuestren en un tribunal que cobraban cinco millones de pesos a empresarios para que trabajaran sin contratiempos.

 

 

Lozoya siempre ha dicho ser inocente, y por su pasado pudiente y su presente opulento, siempre existió la duda de porqué participaría en esquemas de corrupción cuando dinero no necesitaba. Pero eso es retórico. Las autoridades federales dicen tener bien documentado el caso, que será largo y difícil, antes de que logren llevar a Lozoya de manera permanente a la cárcel.

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