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Raymundo Riva Palacio

La tragedia de Tlahuelilpan, donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble desgracia. De la humana las crónicas y el número creciente de personas fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental sólo hay omisiones inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción federal, y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así como también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal –llegó primero la prensa que ellos-, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general son una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al saber que violaban la ley- por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, y el inciso dos, que obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”.

En el caso de las personas que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación-, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos dos últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace ocho días, cuando habló del desabasto de gasolina, el presidente dijo que se trataba de “un asunto transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”.

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el Estado de Derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza –no lucra- la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.

 

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Tras la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno, Puebla se sumó a las piedritas en los zapatos de AMLO

 

 

Nombrar a un gobernador interino y al candidato a las elecciones extraordinarias son de las primeras pruebas de fuego que debe enfrentar el presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de 2019.

 

Y es que nadie, ni en su sueño más guajiro, imaginó una crisis política como ésta, a tan pocos días de iniciada la nueva administración.

 

AMLO tendrá que sortear conflictos de Morena a nivel local y nacional y, de paso, enfrentar el enojo de la oposición que podría aliarse para impedir el triunfo de Morena.

 

En el primer caso, sólo tiene de dos sopas: o escucha a las bases que no quieren a Miguel Barbosa como su candidato o da un manotazo y lo impone nuevamente.

 

Si hace lo primero, las fuerzas locales arroparán a su abanderado. Y si hace lo segundo, generará resentimiento entre la clase política local, con el riesgo de que apoyen a un candidato opositor.

 

Sea como fuere, las aguas están muy revueltas en la entidad.

 

En el Congreso local, la coalición Morena-PT está dividida. Sus coordinadores, el morenista Gabriel Biestro y el petista José Juan Espinosa, presidente del Congreso, quieren quedarse con la gubernatura interina.

 

El primero ya dijo que no dudarán en aplicar la mayoría, pero el segundo apela a la unanimidad.

 

En el caso de la candidatura para la elección extraordinaria, programada para el 2 de junio, Yeidckol Polevnsky declaró que es Barbosa, lo que cayó como balde de agua fría a los poblanos.

 

El dirigente estatal del PT, Zeferino Martínez, declaró que es imperioso analizar todos los perfiles. Y en caso de no estar de acuerdo, su partido iría solo.

 

En el PAN hay personajes del panismo tradicional moviéndose para desplazar a los morenovallistas. Entre ellos: Humberto Aguilar, cercano a Marko Cortés; Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla; Rafael Micalco, ex dirigente estatal; y el ex canciller Luis Ernesto Derbez.

 

Nos dicen, sin embargo, que es muy difícil que los dejen pasar. Están definiendo por quién se decantan. Quien lleva la delantera es el ex alcalde Luis Banck.

 

Lo que es un hecho, es que no dejarán que meta la mano Marko Cortés. En el caso del interino, hay quienes impulsan que permanezca el actual encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida.

 

Y es así como en este cóctel de múltiples ingredientes, el presidente López Obrador no la tiene fácil. Si miente con la verdad, como lo ha hecho en otros casos, impondrá a Barbosa como candidato.

 

Sin embargo, abonará a la división interna y será un desafío para la oposición, lo que a todas luces no le conviene ni a él ni a su partido, porque el desencanto empezará a extenderse como ya ocurre en la capital poblana. El triunfo no está garantizado.

 

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Final del simulacro de paz navideño y Año Nuevo: ya puede guardar los langostinos y volver a insultar a sus suegros y cuñados”.

 

 

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@alfredolez

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

La Guardia Nacional y el combate a la guerra declarada por el Presidente de la República en contra de los huachicoleros, se han convertido en los temas más relevantes de la agenda nacional en los últimos días. La virtual aprobación de la propuesta de creación de la Guardia ha sido el principal objetivo de los cabildeos nacionales en la elite política, por la presión y exigencia de López Obrador de contar a la brevedad con dicho órgano, para combatir a la creciente delincuencia que azota al país, aunque para sus críticos y enemigos políticos, la guardia le servirá para tener el control total de la fuerza armada y civil de nuestro país, para mantener la Presidencia en el siguiente sexenio.

 

Para poder entender lo anteriormente expuesto, es necesario analizar los cambios en su discurso inicial, en que propuso crear la Guardia Nacional integrada mayormente por efectivos militares, bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa, por lo que, Morena presentó ante el pleno su reforma de ley para modificar 13 artículos de la Constitución que son la base para crear dicha Guardia, proyecto que desde su inicio fue cuestionado por la oposición (PAN, MC, PRD y PRI) por considerar que con ella se pretendía militarizar al país, argumento que en el sexenio de Peña Nieto, utilizó Morena para descalificar la malograda Ley Federal de Seguridad Interior, la contradicción del discurso era evidente, se comprometió a desmilitarizar el país y ahora busca militarizarlo, porque su iniciativa pretende regresar al ejército a los cuarteles para colocar en su lugar a un nuevo cuerpo policial con adiestramiento militar.

 

Como respuesta a ese doble discurso, partidos de oposición, gobernadores, presidentes municipales, organismos internacionales y locales, defensores de derechos humanos y académicos se opusieron que la Guardia Nacional estuviera bajo mando militar y demandaron que la condujera un civil, por lo que, Alfonso Durazo, anunció la aceptación del presidente de la República, de que sea un mando civil y no un militar el que esté al frente de la nueva corporación, pero quien deberá rendir cuentas directamente al senado, y que la misma tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en materia de disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso que estará a cargo de la SEDENA.

 

Lo anterior fundamentado en que la disciplina civil de las instituciones de seguridad pública, contemplada en el artículo 21 de la Constitución, ha demostrado ser insuficiente y corrupta para evitar que sus elementos, salvo contadas excepciones, actúen de manera indebida y se mantengan ordenadas y en cumplimiento de su deber. La crisis de inseguridad, corrupción e impunidad que vive el país en los últimos años, así como el crecimiento de los grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico que se ha apoderado de Municipios y poblaciones enteras, han obligado a los ciudadanos a exigir al Estado, contar con una policía

 

capacitada para enfrentar esta grave problemática de inseguridad que prevalece en todo el territorio y que hasta ahora solo ha quedado en intentos, propuestas y hasta propuestas fallidas, como lo que aconteció el sexenio pasado con la llamada Gendarmería Nacional, la cual tendría como objetivo lograr un México en paz, en un marco de respeto y protección a los derechos humanos, objetivo del cual hoy, todos conocemos el resultado, durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125.000 asesinatos, la cifra más alta de la historia, esto según proyecciones del diario Reforma.

 

Pues bien, Con 362 votos a favor, entre ellos 42 del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los 13 artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque con una Junta de Jefes de Estado Mayor, conformada por integrantes de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina subordinada al mando civil de la corporación.

 

De acuerdo con el dictamen aprobado y turnado al Senado para su ratificación, la Guardia Nacional quedaría integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal como institución responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación, en colaboración con las entidades.

 

Sin embargo, entre las modificaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, sobresale la eliminación del artículo transitorio que permitía la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación y formación de elementos, además de eliminarse la facultad de las mismas para intervenir en asuntos de seguridad pública, situación que dejó insatisfecho al presidente manifestando su descontento por lo que solicitará al senado la inclusión de dicho transitorio, fundamentando que es necesario porque de lo contrario quedaría como una reedición de la Policía Federal que ya sabemos no funcionó.

 

Aunque la propuesta mantiene, la facultad de la Guardia Nacional para investigar delitos, por lo que creemos que utilizar un argumento por demás sensible y lastimoso para la mayoría de los mexicanos, con el único fin de convertir el brazo protector de la ciudadanía en un brazo armado a disposición del ejecutivo para gobernar conforme a su voluntad, existe el riesgo de que el objetivo de combatir en forma eficiente con la Guardia Nacional la delincuencia, se haga de lado y se le utilice en otras tareas para apoyar la continuidad del grupo gobernante, lo que echaría por la borda la última esperanza de México de librarse de contar con una autoridad que le brinde seguridad y garantice la paz social.

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Me cuenta el juglar que estuvo presente en una reunión donde el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, acordó con Humberto Aguilar, el “Tigre”, lo que serían las próximas reuniones del día siguiente al trágico accidente.

Fue en un modesto restaurante antes de llegar a la Angelópolis donde Marko C, solicitó al Tigre le contara como estaba el panorama poblano, quién era ese nuevo Secretario General de Gobierno, cómo veía a los posibles aspirantes a ser interinos y futuros candidatos pero sobretodo, como se percibía al partido azul en Puebla ante la tragedia del 24 de diciembre. El “Tigre” comentó y detalló punto por punto lo solicitado por MK. Dos horas después y una vez analizada la radiografía del PAN poblano, partieron a la 1ra. reunión del día.

El CIS fue el recinto donde el dirigente nacional azul y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acordaron que se solicitaría mesura a los diputados MORENOS quienes ya andaban ansiosos por sesionar y nombrar a un gobernador interino y que se analizaría la propuesta de que fuera el PAN quien lo designará.

 

Salieron de ahí rumbo a la ceremonia luctuosa para posteriormente la cascada de reuniones (de muchos y de pocos) en las que Marko y el “Tigre” escucharían al “panismo” poblano. En voces de los gobernadores, senadores y diputados azules, todos reunidos en Casa Puebla, se habló de la urgencia para nombrar al nuevo coordinador de los senadores y por darle el espaldarazo a quien sería el sucesor del 01 en Puebla. Para sorpresa de muchos, nadie, ninguno, salió a proponer o nombrar para bien a “El Castaño”, primer gran huérfano del matrimonio morenovallista. Hasta chistes salieron diciendo que sería el primero en hacer maletas y salir de Puebla.

Ante la ola de opiniones serenas y acaloradas, todas al mismo tiempo y en orden, cuenta el juglar que MK solicitó al “Tigre” organizara otra reunión exprés donde solamente estuvieran Rodríguez A, nuevo SGG; Jesús Aguilar, nuevo Dir. Jurídico del Gobierno poblano; Genoveva Huerta, presidente del PAN poblano y ellos dos. Jesús Aguilar y Rodríguez Almeida no dudaron en jalar a Franco Rodríguez para alcanzarse en un hotel del Centro H.

Ya en la citada reunión, MK no dejó de insistir que sería el PAN poblano quien tomaría la decisión de elegir al interino y al futuro candidato siempre y cuando se incluyera al PAN poblano. Fuertes palabras que Genoveva H. líder estatal del PAN no le cayeron muy bien pues solo asentaba con la cabeza aceptando sin aceptar que su postura al frente del PAN era totalmente morenovallista.

Jamás se mencionó a “Gris” Banck, el segundo huérfano del morenovallismo a pesar de lo que dicen algunos expertos columnistas; Jorge Aguilar Ch. ya había quedado fuera por la grilla que el propio “Gris” le propinó con MAE, así que tampoco resaltó su nombre en la reunión, tercer huérfano; y Marcelo García A. quien en boca de sus “amigos” opinaron que sin pena ni gloria “defendía” al PAN de los ataques del JJ, Biestro y Morena sin resultado alguno.

 

Al final se quedó en la mesa el porqué no dejar a Rodríguez Almeida como interino y de ahí, con calma, analizar bien al candidato en las próximas extraordinarias porque, otra vez, insistía el líder nacional, se debía sumar a todo el panismo.

Terminó a reunión “exprés”, se despidieron todos con el abrazo de caguamo respectivo y se desearon felices vacaciones.

Ahora le tocará al CDE del PAN decidir en seguir la recomendación del CEN o ignorarla olímpicamente. Solo unas apreciaciones: Sin los jefes máximos y con el CEN vigilante en todo momento, tendrán que negociar posiciones para los panistas que durante 8 años han quedado fuera. Eduardo Aguilar y el “Tigre” Aguilar serán de las figuras más importantes en Puebla, ambos entienden más cómo funciona el CEN que el “panismo” poblano.

Así que a negociar. No hay más, solo huérfanos.

 

Mi cuenta en tuiter: @marcplo20

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Raymundo Riva Palacio

En Tlapa, en la Sierra de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió por ir al combate frontal contra el huachicoleo porque “me colmaron el plato”. El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. Veinte días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos dos factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación fallida y su ejecución desastrosa.

Para entender la dimensión de la improvisación en la que incurrió el presidente, se pueden utilizar como ejemplo los intentos por liquidar el organismo Luz y Fuerza del Centro. El primer gobierno que la preparó fue el de Carlos Salinas, cuyo equipo trabajó durante seis meses en la planeación integral donde la toma del organismo no era lo más riesgoso, sino que se produjeran sabotajes o fallas en el suministro. La decisión de extinguirla no alcanzó a darse por la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, con lo que se canceló definitivamente la operación.

La segunda ocasión que se pensó en su liquidación fue en 1999. El presidente Ernesto Zedillo le pidió al secretario de Energía, Luis Téllez, que la planeara. Téllez armó un cuarto de guerra que comenzó a trabajar sobre los planos originales elaborados en el gobierno de Salinas, lo que les ahorró tiempo. Aún así, trabajaron dos meses y trasladaron dos mil técnicos electricistas de todo el país que acamparon en tiendas de campaña en el Bosque de Chapultepec, cerca de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad. Se diseñó un plan operativo y la noche en que se realizaría la toma de Luz y Fuerza, con acciones coordinadas de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, para evitar no sólo interrupciones en el servicio eléctrico sino, sobre todo, que no afectara el suministro de agua del Cutzamala. Media hora antes de que iniciara la operación, Zedillo abortó el plan.

Pasó una década antes de que el presidente Felipe Calderón tomara la decisión de liquidar Luz y Fuerza. Se trabajó durante casi un año, en buena medida porque el centro de control de las operaciones tenía tecnología obsoleta, por lo que tuvieron que reclutar ingenieros electricistas jubilados y enviarlos a Inglaterra para que durante seis meses se familiarizaran con ese tipo de tecnología. Mientras tanto, la Policía Federal infiltró al sindicato de Luz y Fuerza para recabar información de inteligencia y preparó un plan de toma simultánea de cerca de 300 instalaciones estratégicas.

Se escogió como Día D la tarde del 10 de octubre de 2009, a la misma hora en que México se jugaba su pase a la final del Mundial de Sudáfrica ante El Salvador, para lo cual compraron cientos de boletos y a través de los infiltrados los repartieron entre los sindicalizados. La alerta nacional a los cuerpos de seguridad impidió, por ejemplo, que explotara una bomba que simpatizantes del sindicato colocaron en la presa “Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana. La operación fue impecable.

En ninguno de los tres casos hubo improvisación. Salinas no tuvo un arrebato y abrió un flanco innecesario ante el levantamiento del EZLN. Zedillo no se sintió cómodo con una operación de tal envergadura al final de su sexenio. Calderón lo hizo a la mitad, tras años de análisis sobre los beneficios de esa liquidación. López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una “cortina de humo”, que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.

 

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Nota: En la columna del viernes pasado, se publicó que en siete minutos de robo de combustible, los cárteles mexicanos obtienen ganancias por 90 mil millones de dólares. La cifra correcta es 90 mil dólares.

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Víctor Sánchez Baños

¡Cuántas calvas hay cubiertas de coronas!

Elizabeth Barret Browning, 1806-1861; poeta inglés.

 

 

A la muerte de Luis Donaldo Colosio, en unos cuantos días de iniciada la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en abril de 1994, presentó una reforma integral al Poder Judicial. Sin consulta a nadie, sólo a su gurú José Córdova Montoya y a algunos abogados que después formaron parte del equipo de Ministros de la “nueva Suprema Corte de Justicia”.

Esta reforma consistía en disminuir el número de ministros de 26 a 11 ministros, con el fin de adoptar la escuela francesa (idea de Córdova Montoya), en la que su duración en el puesto no superaría los 15 años. Sin embargo, no terminó con la injerencia del Presidente de la República en el nombramiento de los ministros y magistrados, ya que se sigue basando en propuestas del Ejecutivo, lo que deja la huella de los antecesores recientes en el Poder Judicial.

Esto ha sido incómodo para todos los presidentes del país. Saben que no pueden hacer su “sagrada” voluntad sin enfrentarse a técnicos del derecho.

Zedillo, al jubilar a los ministros del PRI de Salinas (incluida la de Miguel de la Madrid), nombró a los sucesores; materialmente baraja nueva ya que sólo quedaron Ulises Schmill, Juan Díaz Romero y Carlos Silva Nava, quienes operaban mientras la Cámara de Diputados aprobaba las propuestas zedillistas. Al final sólo quedó Díaz Romero y se sumaron incondicionales de Zedillo: Vicente Aguinaco, Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Juventino Castro, Genaro Góngora, Jesús Gudiño, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Juan Silva Meza y Olga Sanchez Cordero.

Azuela (quien defendió ante Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador en la decisión de su desafuero en 2005 y quien influyó para que no se le persiguiera judicialmente), Góngora Pimentel (el defensor a ultranza de AMLO durante el paso del tabasqueño en el GDF) y Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.

La Corte desde el México postrevolucionario, con el Constitucionalista Venustiano Carranza, hasta López Obrador, ven a la Corte como un estorbo a sus decisiones. Sin embargo, la SCJN es la única instancia que le pone freno al “todo poder” del Presidente y sus empleados.

Por ello, expresiones como la del senador guerrerense, Félix Salgado y otros políticos de Morena, se basan en expresiones emocionales más no apegados a Derecho y al Espíritu de las Leyes, como Montesquieu, en el siglo XVIII: “cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente. Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar la administración pública, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”. Esto se aprende en el primer año de la carrera de Derecho en México.

 

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Víctor Sánchez Baños

Sólo un idiota puede ser totalmente feliz

Mario Vargas Llosa, 1936-; escritor hispano peruano.

¿Dónde está el cuarto de guerra del equipo de Andrés Manuel López Obrador? La toma de decisiones en el gobierno necesita de la predicción de escenarios para tomar la mejor decisión. No se puede actuar al botepronto sin la previsión de las consecuencias.

El presidente se convirtió en el vocero de Pemex, empresa responsable de la distribución de combustible en todo el país. Llama a la calma y a no hacer compras de pánico. El monopolio petrolero mexicano no genera información y la que da simplemente es tan raquítica que lo único que genera es desconfianza. Bueno, el director de Pemex, el ingeniero agrónomo (no petrolero) Octavio Romero, solo da la cara. Como responsable del sector, ni pio dice.

Pero, de esto es lo que hablan desde el gobierno federal:

 

1.- La intervención de la tropa en Salamanca y otras refinerías, no es de los últimos días, sino viene desde principios de año. Cerraron las válvulas de combustible, como medida de presión contra la mafia huachicolera. No previeron las consecuencias con la ciudadanía. En un principio se hizo bajo el más escrupuloso silencio, pero el mensaje era para los delincuentes, no para el consumidor.

2.- En las consecuencias está el malestar generalizado, que sería el menor de los problemas. Lo más grave es el golpe inflacionario a la economía. Un ingeniero agrónomo como Octavio Romero, ni idea tiene de ello y en el gobierno federal no se tomó en consideración la opinión de los “técnicos” de Hacienda o Banxico. Se hizo, como dijo un consumidor “al chingadazo”.

3.- Se prevé desabasto no sólo de combustible para lo que resta de la semana, sino de mercancías, especialmente alimentos, ya que no habrá manera que se puedan mover.

4- La carencia de combustible incrementará el precio de las mercancías, ya que la totalidad de comida y otros bienes se transporta en carreteras; los vehículos usan gasolina o diesel.

5.- Aunado a todo lo anterior, está el daño a la vida cotidiana de los mexicanos que no tendrán transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas como trabajar, ir a las escuelas o cualquier necesidad que tengan.

6.- Ni el gobierno sabe la fecha en que podrá restablecerse el servicio, ni la manera como se podrá frenar el huachicoleo, con un saqueo criminal que representa 3 mil de millones de dólares.

7.- Hasta el momento no se sabe de detenidos por el huachicoleo. Ni uno solo de los delincuentes, ni autoridades municipales, estatales, policías, ni empleados o funcionarios de Pemex, están en la cárcel. Ni después del sacrificio de millones de mexicanos, con la falta de combustible, se ha roto o dañado la poderosa red de robo, distribución (gasolinerías y grandes empresarios) y lavado de dinero, derivado del robo de combustible. Urge acabar con el saqueo a Pemex y a los recursos de la nación.

8.- Desde la administración de Ernesto Zedillo, con la puesta en marcha del sistema de monitoreo de fugas en los ductos (SCALA para el gas), no se invierte un solo dólar para evitar las fugas de combustible en los ductos. Hay sistemas, vía satélite, que localizan fugas o cambios en la presión de los ductos con error de sólo 25 centímetros. En los países árabes, como Arabia Saudita, Qatar entre otros no se roban n litro de gasolina; no hay mafiosos por que usan esos sistemas.

9.- Definitivamente el ataque a las mafias de delincuentes debe ser apoyada por la población. Esta guerra contra el huachicoleo, de una gran decisión del presidente López Obrador se convirtió en una pesadilla y malestar para el ciudadano, por la manera como se realizó. El Presidente debe correr a quienes desde su equipo provocaron el caos que vive el país en estos momentos.

 

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer en un mensaje de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por Octavio Romero director de Pemex, pidió calma y, al igual que AMLO, a no caer en el pánico. Dice que no hay desabasto (falso porque al no haber abasto en las gasolinerías, es “des-abasto” en el castellano puro). Dijo que de 400 gasolinerías solo 40 no tienen gasolina. Es mentira. El 80% (320) están cerradas por desabasto. Romero, como el “chinito”, no más “milando”. El es el principal culpable de la “estrategia” contra el huachicol, guarda silencio. El ingeniero agrónomo cree que a golpe de yunta se arreglan los problemas.

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: United Airlines, eliminó los agitadores de plástico y palillos de cóctel no reciclables y reemplazarlos con una alternativa ecológica hecha de bambú. Desde principios de noviembre, estos productos estarán a bordo de sus aviones. Los estadunidenses usan aproximadamente 500 millones de pajillas al día, aproximadamente el mismo peso que 1,000 autos.

poderydinero.mx

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@vsanchezbanos

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La constancia de mayoría y la validez de la elección de Puebla es justa y se apega a los principios que rigen la función electoral

 

 

Uno de los asuntos más controversiales del fin de semana pasado fue la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su momento, el propio AMLO, Luis Miguel Barbosa, Yeidckol Polevnsky y su Morena se aprestaron a señalar, primero, que habían ganado la gubernatura, sin presentar documentos que avalaran su dicho; posteriormente, que en Puebla se había fraguado un fraude electoral, sin aportar elementos a su dicho.

No entraré a dirimir el porqué considero incorrecto que el magistrado José Luis Vargas, ponente del caso Puebla, haya hecho público el sentido de su resolución, pero extraña que en este caso en particular haya sido así; da la sensación de que ante la vulnerabilidad de su proyecto, lo que buscó al haberlo publicado en Twitter fue el respaldo de los afines a Morena y con ello ejercer presión, en un tema tan sensible.

 

Al realizar un somero análisis de la sentencia, lo primero que habrá que señalar es que cuando un asunto electoral está en las manos de los juzgadores, el primer punto que deben tener presente es el de preservar el valor supremo de una elección que es la voluntad ciudadana expresada en los votos y, posteriormente, analizar, a partir de los argumentos expresados y pruebas aportadas, si dicha voluntad fue alterada o coaccionada de tal manera que de manera relevante y determinante se haya trastocado el resultado de la elección. El principal argumento del magistrado Vargas para haber propuesto la anulación lo es por lo que hace al resguardo y cadena de custodia de los paquetes electorales, que, aduce, se rompió, suponiendo que esto fuera cierto, ¿en qué alteró o afectó los resultados? ¿No acaso la SS ordenó un recuento en el que los resultados tuvieron variaciones marginales, por cierto, a favor de Morena? Habrá que resaltar que los mismos coincidieron con los resultados electorales efectuados en momentos distintos, y por autoridades electorales distintas, como los funcionarios de casilla el día de la elección, PREP, conteo rápido, los cómputos distritales en las sesiones de cómputo del día 4 de julio de 2018, los recuentos parciales y el propio recuento total ordenado y efectuado por la Sala Superior.

 

El caso es que Martha Erika Alonso ganó la elección por más de 100 mil votos, con un porcentaje de diferencia cercano a 5%; que Luis Miguel Barbosa, ni Morena pudieron acreditar fraude ni alteración alguna de los resultados y tampoco, consecuentemente, que se haya vulnerado el principio de certeza.

Por ello, considero que la sentencia que confirma la constancia de mayoría otorgada a Martha Erika Alonso, así como la validez de la elección de Puebla es justa y se apega a los principios que rigen la función electoral.

Ahora, a lo que habrá que estar atentos es que, para Puebla, no vaya el Presidente de México a tener la ocurrencia de enviar como superdelegado a Luis Miguel Barbosa, porque eso lo que generará será inestabilidad y afectará la gobernabilidad por el ánimo de revancha que se aprecia en éste.

 

 

 

Ex representante del PAN ante el INE

@pacogarate

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Raymundo Riva Palacio

La crisis de la gasolina ha sido la crisis del nuevo gobierno de México. El equipo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de distribución, dice el presidente López Obrador. Pero la distribución, se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el presidente anunció el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo bien que lo habían hecho, que el domingo, mientras seis estados mostraban un problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus sentimientos deportivos. La crisis de la gasolina crecía y ella se divertía. Cuando la acusaron en las redes sociales de insensibilidad, respondió que todo estaba bajo control porque había una estrategia para evitar el desabasto. Nahle, la jefa del sector energético, no parecía tener idea de lo que sucedía.

No se puede decir que la estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la distribución del combustible. Nahle dijo que 15 secretarías de Estado y dependencias federales participaban en la preparación de la estrategia, lo cual es cierto, pero era para detectar los puntos de fuga de combustible al interior de Pemex, y el reforzamiento militar para resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluían seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto. Adicionalmente, se intervino a personal de Pemex, se monitorearon y observaron sus procedimientos de abastecimiento y reparto. Es decir, nada sobre la contingencia de distribución.

¿Por qué no lo hubo? A partir de la información aportada el 27 de diciembre, porque no había necesidad de ello. El abasto y la distribución no sufrirían alteración alguna. Sin embargo, algo que desconoce la opinión pública sucedió, porque cuando la crisis de la falta de combustible afectó a seis estados, el presidente López Obrador explicó a la prensa, a manera de justificación, que obedecía a que se habían cerrado los ductos para evitar el robo de combustible, y que se estaban utilizando pipas para suministrar la gasolina. El cierre de ductos no estaba contemplado en la estrategia contra el huachicoleo, ni hubo explicación del porqué se hizo.

Pero, para efectos de argumentación, si hacerlo obedeció a circunstancias no previstas al finalizar el año, Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debieron haber tenido listo el plan de distribución de combustible a través de pipas. Como ha quedado perfectamente claro, no lo hicieron, o si lo hicieron, lo realizaron de manera muy deficiente. El desabasto en seis estados contaminó a la Ciudad de México, donde en cuando menos 12 puntos de la capital federal se acabo el combustible en las gasolineras, provocando la percepción desabasto, que fue creciendo con las horas, como se pudo observar por la forma como se fueron saturando las gasolineras, y otras tres entidades empezaron a tener los mismos problemas.

López Obrador es el único que ha hablado de problemas de distribución. Romero Oropeza está escondido en su oficina y emite comunicados institucionales poco tranquilizadores, a decir por los resultados que provoca, mientras que Nahle, en la línea marcada por el presidente, no habla de nada operativo, sino que se encierra en la retórica del robo de combustible como la explicación de acción-reacción por la falta de gasolina. El robo de combustible ciertamente es un crimen lacerante para la economía en México y en muchos países. Pero no es nuevo. Se viene arrastrando desde 2002 y tuvo un incremento sustantivo en los dos últimos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del huachicoleo no provocó desabasto ni una crisis en la distribución de la gasolina. El contraargumento de que el robo no es la madre del desabasto lo ofreció el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa el martes por la mañana, cuando reveló que desde que comenzó el programa contra el robo de combustible, los criminales se han robado ocho mil 540 pipas menos. Entonces, la narrativa de que la falta de gasolina es resultado de la estrategia contra el huachicol, significa que el desabasto tiene que ver con que se cortaron los suministros de gasolina robada.

 

Asumiendo que es cierto lo dicho por el presidente, regresamos al punto de la distribución. Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? Romero Oropeza quién sabe, porque no da la cara. Nahle estaba viendo el partido del futbol confiada en que había una estrategia, que no contemplaba la distribución, que resolviera el abasto. Entre los dos, por su incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta a afectar el aparato productivo y el transporte terrestre y aéreo. Por lo que ha dicho el gobierno hasta ahora, todo se trata de un fenómeno de percepciones. Pero que no se les olvide que las percepciones, sino se atajan, se convierten en realidad.

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* Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Después de la elección del pasado 1 de julio, con el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, así como de la mayoría de los candidatos a las gubernaturas postulados por MORENA en Estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, (Puebla aún indefinido)y la Ciudad de México, así como el haber obtenido la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, todo ello además de los triunfos de sus candidatos a diputaciones locales y de las alcaldías de las ciudades más importantes de los Estados donde obtuvieron las gubernaturas, el panorama para el nuevo gobierno, no podía ser más promisorio y favorable, por la enorme expectativa que tienen la gran mayoría de los ciudadanos que los favorecieron con su voto; sin embargo, ahora viene la etapa más difícil, al asumir el cargo este 1 de diciembre, que consiste en lograr cumplir las promesas y compromisos hechos por el Presidente electo a lo largo y ancho del país en los meses de campaña, tales como: terminar con los privilegios de las élites y grupos políticos que han detentado el poder presidencial durante los tres últimos sexenios, investigar y combatir la corrupción y los escándalos como el de la casa blanca del Presidente Peña Nieto, el caso Odebrecht, los desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito de exgobernadores como el de Veracruz Javier Duarte y de Chihuahua César Duarte, a los que habría que agregar los de Humberto Moreira de Coahuila, Rosario Robles en la SEDATU y una larga lista de exfuncionarios que a lo largo de estos meses de la transición comienzan a ser señalados con información que los involucra en dichas conductas, el terminar con las pensiones y privilegios de los expresidentes, fijar un tope a los salarios de los funcionarios, desde el Presidente de la República, bajo la premisa de que ningún servidor público puede ganar un salario superior al del Presidente, combatir a los grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico que han impuesto su ley, en varias zonas del país originando un clima de violencia e inseguridad, echar abajo reformas estructurales como la educativa y revisar la de energía, eliminar la figura del fuero para los funcionarios y legisladores, apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad como los adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, reactivar el apoyo al campo y sobre todo combatir la pobreza y la marginación en la que se encuentran sumidos más de cincuenta millones de mexicanos, entre otras. Dichas promesas, que han comenzado a cumplirse con las reformas y leyes aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores , han tocado a grupos del poder económico del país, como los empresarios y bancos, así como a una clase política acostumbrada a hacer y deshacer con los recursos públicos y que ahora seguramente darán la batalla por las vías a su alcance, a fin de evitar que se logren las transformaciones y cambios que el país demanda y que nos han llevado a una sociedad, donde la riqueza se concentra en unos cuantos y la pobreza en millones de mexicanos, quienes hoy tienen la esperanza de que efectivamente nuestro país cambie para despegar a una etapa donde se termine con la desigualdad y se brinden a las nuevas generaciones mejores oportunidades para el desarrollo de nuestra economía y sacar a México de los últimos lugares en los rubros de corrupción, opacidad, impunidad, inseguridad, delincuencia y narcotráfico que hoy representan un obstáculo para el avance del país.

El caso de la presidencia de López Obrador que formalmente inicia este 1 de diciembre, es inédito en la historia de los procesos electorales del país, ya que ningún candidato a la Presidencia ha logrado más de treinta millones de votos para alcanzar el triunfo. Ni siquiera Vicente Fox del PAN en el primer gobierno de la alternancia política logró tal número de votos. Por ello el bono democrático que obtuvo el nuevo Presidente le permitirá llevar a cabo todas las transformaciones y cambios a las leyes y políticas públicas que propuso en campaña, siempre y cuando logre alcanzar los acuerdos y consensos con las fuerzas políticas y grupos que por ahora, lejos de respaldarlo, se están uniendo para buscar no ser afectados y conservar el poder en las zonas del país donde gobiernan, como los Gobernadores de los Estados del PAN que se han pronunciado en contra de los Delegados Estatales del Gobierno Federal que entrarán en funciones el 1 de diciembre y cuyo poder en el manejo del presupuesto a los Estados, traerá muchos dolores de cabeza e inconformidad a los Ejecutivos estatales, que verán mermado su poder político y deberán negociar con ellos el manejo de los recursos, obras y proyectos de gobierno.

En este momento de arranque formal de la nueva Presidencia, lo que impera en el ánimo de la mayoría de los mexicanos, es la esperanza de que todos los cambios y medidas que se echen a andar, se traduzcan en una mejora de sus condiciones de vida y se logre recuperar la confianza en nuestros gobernantes, el respeto al estado de derecho y con una perspectiva de que antes de los intereses de los partidos, grupos empresariales y gobernantes, se encuentra el futuro y bienestar de todos los mexicanos.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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