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El Proyecto Miroslava le sube el costo al asesinato de periodistas en México

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Una alianza periodística busca develar el perverso matrimonio entre la política y el narcotráfico, y evitar que este siga doblegando a la sociedad.

 

BOGOTÁ — ¿Cuánto cuesta matar a un periodista? En México, casi nada para el pistolero, quizás unos pesos para que las autoridades miren a otro lado, y listo: silenciado el incómodo reportero. Según las cuentas de Artículo 19, en ese país han asesinado a 131 periodistas desde 2000 hasta el 24 de agosto de 2019. Otros veinticuatro fueron desaparecidos forzadamente. La impunidad en todos estos casos es casi absoluta. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de las 790 investigaciones abiertas desde 2010, apenas 118 han llegado a una corte y solo ha habido una decena de sentencias condenatorias exclusivamente contra autores materiales. Ningún castigo para los autores intelectuales.

 

Hartos de la impunidad, un grupo de periodistas dijeron “¡Basta!”, y hace un año crearon el Colectivo 23 de Marzo para investigar la muerte de una de sus colegas más respetadas, Miroslava Breach. Corresponsal del diario La Jornada y columnista de El Norte de Juárez, Breach contaba de frente lo que realmente pasaba en Chihuahua, su estado. En marzo de 2016 denunció que en municipios en Chihuahua precandidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) tendrían vínculos con narcotraficantes. El PRI reemplazó a dos aspirantes denunciados y la aspirante del PAN, que resultó elegida, negó vigorosamente tener relación alguna con los carteles. La denuncia le costó a Miroslava nuevas amenazas.

 

La periodista chihuahuense siguió adelante con sus investigaciones. Documentó los despojos de la expansión del grupo criminal que montó la familia Salazar, al servicio del Cártel de Sinaloa, en su natal municipio de Chínipas en la Sierra Tarahumara. Escarbó los vínculos entre este y otros grupos con la política de Chihuahua y de Sonora. Armó un expediente del gobernador de su estado, César Duarte, quien hoy está prófugo de la justicia y con veintiuna órdenes de captura por peculado y enriquecimiento ilícito.

 

En febrero de 2017, Breach sacó a la luz, con nombre y apellido, cómo directores de varias policías municipales de esos estados eran fichas del narco. Esa fue la última gota. El 23 de marzo de 2017 fue asesinada por un pistolero cuando se disponía a llevar a su hijo Carlos, de 14 años, al colegio. El gobernador Javier Corral, de quien Miroslava había sido cercana, anunció que este crimen no quedaría impune y se mostró enérgico y decidido a develar el complot criminal que acabó con una persona tan valiosa —y valerosa— para su comunidad. Pronto las autoridades anunciaron capturas y dieron conferencias de prensa en las que se daba por esclarecido el caso.

Sin embargo, había demasiados elementos forzados en ese relato perfecto. Fue entonces cuando varios colegas de diferentes medios y estados decidieron aliarse para investigar por ellos mismos. Se unieron al esfuerzo, al que bautizaron Proyecto Miroslava, Forbidden Stories, un equipo periodístico colaborativo francés cuya razón de ser es terminar las historias de los periodistas silenciados; el portal británico Bellingcat, especializado en investigación de fuentes abiertas; y la red de periodismo investigativo trasnacional Centro Latinoamericano de Periodismo Investigativo (CLIP).

 

Lo que el Proyecto Miroslava encontró, según la publicación de esta semana, es una sábana llena de agujeros. Asesinatos alrededor del caso que no fueron investigados; autoridades que no indagaron en el municipio de Chínipas, de donde probablemente salieron las órdenes de matar a la periodista y donde se refugiaron los asesinos; comunicaciones entre los sospechosos a las que no se les siguió la pista, y una pistola plantada en un asesinato posiblemente para desviar la investigación.

 

La serie periodística que Proyecto Miroslava publica esta semana cuestiona a fondo la independencia de las autoridades mexicanas a la hora de hacer justicia, aún en un asesinato que, como este, ocupó por días las primeras planas de los principales medios mexicanos. Si no, cómo se entiende que declararan como testigos bajo identidad reservada a los políticos que habían presionado a Miroslava a revelar sus fuentes, cuando ella denunció la infiltración de los narcotraficantes en la política de Chihuahua. Ni la investigación estatal ni, según avanza, la causa federal, establecen vínculo alguno entre la muerte de la periodista y el crimen organizado o la política, a pesar de que esto era precisamente lo que ella estaba investigando.

 

Develar este matrimonio perverso entre narcos y políticos, tan frecuente en nuestro continente, requiere de alianzas periodísticas fuertes, incluso internacionales, como lo ha hecho este proyecto. Es una manera efectiva de subirle la presión ciudadana a los gobernantes para que hagan justicia. Es la salida poderosa que tiene el oficio para conseguir que ese contubernio no doblegue a las sociedades bajo el miedo.

 

“El silencio es complicidad”, repetía con frecuencia Miroslava. Sus colegas le hacen hoy honor rompiendo el silencio para empezar a derrotar la impunidad. Un camino similar se ha recorrido ya en otros países. En los años setenta, el Proyecto Arizona juntó a 38 reporteros y editores de diferentes medios para investigar el asesinato del periodista Don Bolles en Estados Unidos. No consiguió poner tras las rejas a quien le puso la bomba a este reportero, pero sí hizo que Arizona destinara nuevos recursos para la lucha contra las mafias y los legisladores del estado sacaron leyes más duras contra el robo de tierras. Después, en Colombia, el Proyecto Manizales, liderado por la revista Semana, llevó a varios medios a investigar el asesinato de Orlando Sierra, subdirector del diario regional La Patria. La publicación simultánea del reportaje, la persistencia del diario de Sierra y el interés solidario de los colegas para que el caso no se olvidara puso finalmente al autor intelectual, un político local, tras las rejas.

El Proyecto Miroslava vuelve a plantear las preguntas que la justicia dejó sin responder. Así, los reporteros mexicanos —arriesgándose, pues se trata de la temible narcopolítica—, han salido solidarios a subirle el costo a asesinar a un periodista. Les toca ahora a las autoridades ponerse a la altura.

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tanto quiere romper con el pasado de corrupción y que, ante la crítica, insiste en que respeta la libertad de prensa, podría demostrar que habla en serio si desentraña los complots que silenciaron a Miroslava, a Javier Valdez y a Regina Martínez entre muchos otros reporteros caídos mientras intentaban hacer de México un país más transparente y democrático.

 

María Teresa Ronderos es periodista colombiana e integrante del Comité para la Protección de los Periodistas.

 

Vía: The New York Times

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