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Los empresarios le explican a Bartlett que la CFE tiene mayores chances de perder si llega al arbitraje

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Los contratos pueden costarle hasta $US 840 millones a la empresa estatal, pero el costo podría ser mayor si no encuentra un fallo a favor.

 

 

La escalada en el conflicto entre empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los contratos de siete gasoductos firmados en la administración anterior requirió la intervención de las cámaras empresariales en el país, en medio de un pesimismo que crece en varios sectores de la economía: "Hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE".

 

Cuando Manuel Bartlett, director de la CFE, salió a explicar la razón de por qué se solicitaron los arbitrajes internacionales contra Carso, IEnova, TransCanadá y Fermaca -acusando que fueron los privados los que actuaron primero jurídicamente-, aseguró que tenían confianza de que iban a ganar, e incluso presumió a su equipo de abogados, proveniente de la UNAM.

 

Sin embargo, en el mercado no dejan de advertir que, si no se logra un acuerdo con las empresas y así evitar llegar a tribunales internacionales, la empresa productiva del estado tiene más chances de perder. Eso, por la manera en que están establecidos los contratos.

 

"Normalmente, los arbitrajes en este tipo de contratos se presentan cuando hay diferendos en la interpretación o el incumplimiento de lo pactado, más que para modificar lo pactado. De acuerdo con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE, dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre de los contratos", explica un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

 

Este centro de estudios indica por tanto que los riesgos son mayores, pues el Gobierno acabaría pagando daños a las empresas, las cuales, además, podrían interponer proceso legales como sería una controversia inversionista-estado en el marco del TLCAN u otros tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por México.

 

"Es clara la conveniencia de interlocución de los grupos interesados, antes de entrar a un proceso de arbitraje". Además, advierten que este escenario afecta más a la incertidumbre para los inversionistas que mantiene frenada la inversión.

 

Destaca que la importancia de lograr acuerdos no solo radica en el funcionamiento de estas obras que permiten el abastecimiento de combustible y generación eléctrica, sino que evita una mala señal para la inversión productiva.

 

 

En un cálculo de la Comisión Federal, los contratos que pelea a los privados ascienden a una cifra aproximada de 840 millones de dólares, pues según la arquitectura de estos contratos, si las obras no se concluyen en el tiempo comprometido por causas ajenas a las compañías, de fuerza mayor pero respecto a las que el contratante pudo haber tomado acciones mitigantes, la CFE debe pagar parte de la tarifa del transporte de gas acordada por el tiempo del retraso.

 

 

 

Vía: LPO

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