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¿Cómo implementar un presupuesto austero que garantice el crecimiento del país con menos endeudamiento en el año que se celebrarán las elecciones más costosas en la historia de México? Ese será el principal reto del Paquete Económico 2018 que enviará mañana la Secretaría de Hacienda al Congreso

 
El deterioro de los niveles de deuda del sector público coincide con una trayectoria de crecimiento mediocre y con dos oportunidades históricas que se dejaron pasar
 
La política fiscal tiene lo peor de dos mundos: un sector público endeudado y un gasto público ineficiente, según especialistas
 
 
El rediseño institucional del Paquete Económico 2018 es tan relevante como la renegociación del TLCAN, la implementación de las reformas estructurales y la sucesión en Banxico
 
 
La consecución de una estabilidad macroeconómica cabal, prioridad de la política económica, presenta resultados mixtos
 
 

El día de mañana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2018, año que se pronostica complicado para México por el entorno internacional adverso,  pero principalmente por las elecciones presidenciales.

La disyuntiva es muy simple: Cómo cumplir con las metas de ahorro, austeridad y crecimiento cuando el próximo año se celebrarán los comicios más costosos de la historia de México.

El principal riesgo que presentaba el proyecto de Presupuesto de 2018 era el caos legislativo en el que se encontraba la Cámara de Diputados sin la instalación de la Mesa Directiva.

Blindaje económico

La historia muestra que el último año de gobierno de un presidente emanado del PRI usualmente viene acompañado de un episodio de debacle económica: ocurrió con Luis Echeverría, con José López Portillo, con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari.

Si bien, las condiciones económicas de la economía mexicana son diametralmente distantes de la realidad de finales del siglo pasado, el estigma priísta prevalece. El presidente Enrique Peña Nieto está consciente de ello; los lineamientos generales de su política económica así lo reflejan.

Mañana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al Congreso el Paquete Económico 2018. Se esperan pocas sorpresas: la política económica del país mantiene su compromiso cabal con la estabilidad macroeconómica, no se vislumbran cambios en la tributación y el status quo de bajo crecimiento estructural se mantendrá intacto.

Se trata de un presupuesto de blindaje que funja como contrapeso al diseño de una economía mexicana que ha privilegiado la apertura comercial y los laxos controles de capital. Ante la debilidad de la demanda global, los riesgos de una disrupción derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o de una dinámica de mercado adversa generada por el cambio en la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, la política económica de México pretende limitar la vulnerabilidad económica del país en relación a su entorno.

Sin embargo, este blindaje no está exento de costos. La austeridad se ha convertido en el sello de la política fiscal mexicana. Recientemente, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que se está sacrificando el crecimiento de corto plazo para reducir la deuda del país.

El documento de los precriterios generales de política económica que fue presentado por la Secretaría de Hacienda en junio proyecta que el presupuesto de 2018 incluirá un ajuste al gasto público de 43.8 mil millones de pesos, equivalente al 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB). La cifra es significativa, considerando que México ha seguido, en el discurso y en la dinámica del gasto en inversión fija, una trayectoria de austeridad en los últimos tres años. No obstante, si se compara esta cifra con el recorte de 249.4 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB) presentado para el presupuesto del 2017, es posible concluir que se ha relajado el ritmo de la restricción fiscal.

Esto no quiere decir que el gobierno mexicano haya resuelto el deterioro macroeconómico que se desarrolló a partir de la gestión de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. El documento de pre criterios proyecta que la medida más amplia de deuda pública será de 47 por ciento del PIB en el 2022, 14 puntos porcentuales por encima del equilibrio fiscal anterior a la Gran Recesión de 2009.

De hecho, éste fue el punto de quiebre para un discurso de política económica que Meade resumió recientemente: “Si no tenemos estabilidad en las finanzas públicas, no habrá crecimiento, y eso es lo que queremos privilegiar”.

Los esfuerzos de austeridad del gobierno, que tienen costos representativos para el crecimiento en el corto plazo, no han sido lo suficientemente eficientes para alcanzar el equilibrio macroeconómico anterior a la crisis global de 2008.

Antes de ese punto, México mantuvo una estricta política fiscal de cero déficit que no se ha podido volver a implementar. Cifras oficiales muestran que el déficit fiscal actual equivale a 2.4 por ciento del PIB y que la meta de política económica para el largo plazo es reducir este indicador a una magnitud de 2 por ciento del PIB.

La crítica al modelo

Esto pone de relieve la desconexión que existe entre el enfoque obsesivo del discurso oficial con la estabilidad macroeconómica y los resultados reales de esta política. Los críticos del modelo de desarrollo mexicano explican que esta condición inhibe la posibilidad de hacer cambios drásticos al diseño institucional del presupuesto de un año a otro. El consenso de analistas coinciden en que, estructuralmente, el presupuesto de 2018 será muy similar al de los dos años anteriores.

El año pasado, Gerardo Esquivel, un economista independiente, esgrimió un argumento crítico al presupuesto de 2017 que se mantiene vigente para la coyuntura actual. Refirió que la política fiscal mexicana tiene lo peor de dos mundos:  un sector público endeudado y un gasto público ineficiente. Desde su punto de vista, la baja incidencia del gasto público en los niveles de pobreza (mayores a los de 2008, según Coneval), el bajo crecimiento estructural (2.3 por ciento anual promedio en los últimos 30 años) y la debilidad de las finanzas públicas representan razones suficientes para concluir que el modelo económico actual está agotado.

El deterioro de los niveles de deuda del sector público, que han crecido desproporcionadamente durante este sexenio, coincide no sólo con una trayectoria de crecimiento mediocre, sino con dos oportunidades históricas que se dejaron pasar.

Primero, un periodo considerablemente largo en el que el precio del petróleo se mantuvo en un nivel que rondaba los 100 dólares por barril .

 Segundo,  un equilibrio macroeconómico relativo que se conjugó con la expectativa de un proceso reformatorio integral y con niveles mínimos históricos en las tasas de interés globales.

La primera oportunidad se ha esfumado de manera indefinida. El precio del petróleo se encuentra alrededor de los 54 dólares por barril y la plataforma petrolera mexicana pasó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a una producción actual menor a los 2 millones de barriles diarios.

La segunda oportunidad, patente en la reducción temporal de la prima de riesgo de los instrumentos de deuda de México y de la calificación A3 que Moody’s otorgó a la deuda soberana, también está en el limbo.

El presupuesto de siempre

Las deficiencias del modelo económico actual son evidentes; sus avances, no tanto. La consecución de una estabilidad macroeconómica cabal, que es la prioridad más visible de la política económica mexicana, presenta resultados mixtos. Por ejemplo, el progreso de la Secretaría de Hacienda para aproximar al déficit fiscal al objetivo de 2 por ciento del PIB no podría explicarse sin el remanente de operación de 321.7 mil millones de pesos que el Banco de México transfirió al gobierno federal. Se trata de un ingreso extraordinario único, no programable.

Por eso, llama la atención la reticencia de las autoridades de política económica de México a encontrar un modelo económico alternativo, en línea con las recomendaciones de la OCDE o de la CEPAL, organizaciones que hacen un llamado a privilegiar una política fiscal más activa que promueva el gasto inclusivo en infraestructura.

La falta de autocrítica es notoria. Ayer, en relación al diseño del presupuesto, José Antonio Meade señaló: “Pensamos mantener la misma dinámica y mecánica que hemos seguido hasta ahora, y que ha funcionado bien”.

Esta visión soslaya el hecho de que, aunque la recaudación ha crecido de manera notable desde la implementación de la reforma fiscal de 2014, México sigue siendo el país con menores ingresos presupuestarios entre los miembros de la OCDE. El documento de pre criterios para el 2018 proyecta que éstos serán equivalentes a 21.3 por ciento del PIB.

Este nivel de recaudación ayuda a explicar por qué el presupuesto de 2017 contempla la inversión pública como proporción del PIB más baja desde la década de los 30 y por qué es poco probable que esta condición cambie en el presupuesto de 2018.

Parafraseando a Jonathan Heath, execonomista en jefe para HSBC en América Latina, no existe la certeza de que así sucederá, pero es altamente probable que la inversión pública continúe cayendo.

En un contexto de bajo crecimiento, abatimiento mediocre de la pobreza y creciente desigualdad, la reestructura del presupuesto es vista como una necesidad para cambiar la ruta de desarrollo de México.

El rediseño institucional del presupuesto 2018 es de la mayor importancia, tan relevante para el futuro del país como la renegociación del TLCAN, la implementación de las reformas estructurales y la sucesión de Agustín Carstens como gobernador de Banco de México.