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La XXII Asamblea del PRI ha sido un mea culpa público en el que se aceptaron algunas de las fallas que han tenido en el ejercicio del poder pero, como siempre, fue la cúpula del partido la que levantó la voz y decidió sobre la necesidad de modernizar al octogenario tricolor

 

 
Llegar a una elección presidencial con menos de la mitad de los gobiernos estatales -14 o 15, de 32-, será uno de los principales obstáculos que tendrá el tricolor en la siguiente elección federal
 
Durante la XXII Asamblea Nacional, los priistas de mayor edad fueron los más críticos, levantaron la voz y hablaron sobre la necesidad de modernizar el partido
 
 
La Asamblea aprobó prohibir que los legisladores plurinominales se reelijan como congresistas, buscarán eliminar el fuero en el país y dar una de cada tres candidaturas a jóvenes, entre otras medidas
 
 
“La militancia ya está hasta la madre de que no se le respete y ahora queremos quitar los requisitos. Queremos abrir el partido, ¿a quién?, ¿a quiénes? (…) ¿por qué ofender a la militancia? ¿por qué prestarnos a una asamblea a modo?”
Ulises Ruiz
Exgobernador de Oaxaca
Priistas afirman que José Antonio Meade tiene amplia simpatía del presidente Enrique Peña Nieto por su calidad de servidor público
 
 
Se dice que la eliminación del requisito de los 10 años de militancia beneficiaría también a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y a José Narro, secretario de Salud
 
 
Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, aseguró que durante la Asamblea Nacional la unidad del partido no se vio lastimada, sino se fortaleció del PRI
 
 
Para Arturo Zamora, líder nacional de la CNOP, el PRI estaba obligado a realizar un ejercicio de introspección antes de entrar a la competencia electoral del año próximo
 
 

El Partido Revolucionario Institucional tuvo que enfrentarse a sí mismo para cambiar su rostro rumbo al 2018.

Tras un ejercicio inédito de autocrítica que se hizo público, los priistas enfrentarán ahora no solo a sus adversarios políticos, sino a una ciudadanía recelosa de la clase política y sus intenciones.

El PRI sabe que la elección del 2018 será su gran reto y no solo por la elección en sí, sino por su necesidad de recuperar la confianza ciudadana y, con ello, garantizar la gobernabilidad en el país.

Durante los ejercicios previos y en la XXII Asamblea Nacional, fueron los cuadros históricos del priismo quienes buscaron dar el golpe de timón en la conducción del partido.

El cambio en los estatutos tricolores abrió el espectro de candidatos a la Presidencia de la República, que ahora incluye a personajes que no tenían posibilidades de participar con las reglas anteriores.

Y no solo eso. El PRI tomó decisiones para frenar los abusos que algunos han cometido: eliminan el “chapulineo” interno; buscarán eliminar el fuero; y castigarán los actos de corrupción.

El PRI no tuvo otra alternativa más que romper con prácticas que le han traído hasta donde está hoy: todas las encuestas que se han hecho públicas, ubican al PRI en el tercer lugar de las preferencias electorales, síntoma de que los votantes quieren una alternancia en el Ejecutivo.

Ahora el reto del tricolor será unificarse en torno al proyecto y al candidato que se defina. La candidatura presidencial deberá estar lista en noviembre de este año. Los priistas tienen tres meses para buscar a quien pueda rescatarlos en las urnas y mantenerlos en Los Pinos otros seis años

La crisis del PRI

El tricolor llegará al arranque del proceso electoral 2018 en medio de su peor crisis de representación y en el tercer lugar en las encuestas que miden los escenarios de sucesión presidencial.

El PRI gobierna ahora 16 entidades, contando Chiapas, que gobierna Manuel Velasco, del PVEM, con quien llegó en coalición. A partir del 2018 el número cambiará, pues este año perdió la elección en Nayarit, lo que resultaría en 15 entida des. Y si se anula la elección en Coahuila, bajaría a 14 estados.

Esto nunca le había ocurrido al PRI. Aun en el año 2000, cuando perdió por primera vez la elección presidencial, mantenía el gobierno de 21 estados. En 2006, el segundo sexenio de gobierno panista, el PRI gobernaba 17 entidades. En 2012, cuando recuperó el Ejecutivo nacional con Enrique Peña Nieto, el tricolor tenía la gubernatura en 19 estados.

Llegar a una elección presidencial con menos de la mitad de los gobiernos estatales -14 o 15, de 32-, será uno de los principales obstáculos que tendrá el PRI en la siguiente elección federal.

A ello se suman otros factores, como la baja aprobación del Gobierno federal, el escalamiento de la violencia y el encarecimiento de la economía de la población.

Sobre todo, los escándalos de corrupción y enriquecimiento de algunos gobernadores priistas, como Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, entre otros, causaron un profundo daño a la imagen y al posicionamiento del PRI.

Además, se suma el factor de una sociedad civil cada vez más participativa y que empuja temas como el acceso de los ciudadanos al poder o el combate a la corrupción.

Ese coctel negativo dejó ver sus efectos en la pasada elección del 4 de junio, en la que perdió el gobierno de Nayarit y triunfó con un pequeño margen en Coahuila y el Estado de México.

 En Coahuila, su candidato Miguel Riquelme fue declarado gobernador electo por las autoridades electorales de la entidad; sin embargo, su triunfo todavía no está en firme, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría anular la elección por un supuesto rebase de topes de campaña.

En el Estado de México, el PRI tuvo menos votos que Morena por sí solo, por lo que su triunfo se lo debe a sus aliados: el PVEM, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social. El tricolor por sí mismo obtuvo 1 millón 805 mil 745 votos; Morena tuvo 1 millón 871 mil 542 votos.

Al final, Alfredo del Mazo fue proclamado ganador de la elección gracias a los 234 mil 964 votos que le dieron sus aliados. El total de votos del gobernador electo fue de 2 millones 40 mil 709 votos.

Esta situación fue inédita en la entidad mexiquense, principal bastión del PRI y que con el sexenio de Alfredo del Mazo sumará 94 años de gobiernos tricolores.

Ante esa situación, los priistas no tienen alternativa. Deben enviar un mensaje poderoso para reconectarse con los sectores sociales que ahora los ven con recelo y poder posicionarse rumbo a la elección del próximo año, cuando el PRI se jugará su permanencia en el poder.

Mea culpa

Los priistas aprovecharon los trabajos de su XXII Asamblea Nacional para hacer un inédito ejercicio de autocrítica que, por momentos, subió el tono del debate en las mesas de trabajo. El tejido fino de las negociaciones fue llevado a buen puerto por Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del tricolor, quien tuvo reuniones previas con todos los grupos inconformes y logró que se discutieran los temas, se modificaran algunos y no hubiera un rompimiento interno.

 Eso no impidió que afloraran algunos reclamos sobre lo que ha ocurrido, primero, al interior del tricolor.

El mea culpa de los priistas fue duro. Nadie negó las fallas que han tenido en el ejercicio del poder. Los priistas de mayor edad fueron los más críticos; personajes que han sido gobernadores, legisladores, parte de la cúpula del poder político, levantaron la voz y hablaron sobre la necesidad de modernizar el partido.

La actuación de algunos de sus militantes en puestos de poder, acusaron, han dañado al partido y al país.

 
 Rubén Escajeda, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) señaló que es básico que el PRI tenga un código de ética para que no se repitan casos como el del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien se ha acusado de operar contra el tricolor en la pasada elección.

“Castigar conductas de hombres irresponsables que no han estado a la altura de lo que el partido al abanderarlos, se imaginó. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro, muy preciso, el caso Nayarit. Increíble que un gobernador de Nayarit haya tenido la actitud, haya tenido la posición tan irresponsable en este pasado proceso electoral”, lanzó Escajeda.

Otro duro reclamo vino cuando Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, planteó la posibilidad de que el candidato presidencial del PRI sea electo por los propios militantes, en una elección interna.

Aunque el tema no fue aprobado por la Asamblea Nacional, el debate que suscitó la propuesta hizo que los priistas sacaran viejos trapos del cajón sobre simulaciones y traiciones que han hecho y sufrido en el pasado.

Ulises Ruiz, el polémico exgobernador de Oaxaca y quien abiertamente se ha pronunciado contra las acciones de Enrique Ochoa como presidente nacional del partido, se mostró en contra de las decisiones cupulares en la designación de candidatos y a favor de la consulta a las bases.

“Yo viví la elección del 2000. Nos dividimos porque (Ernesto) Zedillo había cedido por Labastida y le mandamos la cargada. Aun con un proceso simulado participaron más de 9 millones de mexicanos. Cuando se terminó la interna del PRI, nuestro candidato Labastida tenía un 34 por ciento de preferencia electoral”, acusó Ruiz.

El otro gran tema que enfrentó a los priistas fue la apertura de sus puertas a los candidatos externos. Al quitar los requisitos de militancia, el PRI podrá postular a cualquier persona.

Por un lado, los grupos cercanos al presidente Enrique Peña Nieto y al líder del partido, Enrique Ochoa, tenían la encomienda de quitar los candados para que el espectro de candidatos incluyera a algunos que hasta ahora no podían ser considerados para ocupar una candidatura por el PRI. Esto significa que cualquier persona puede ser abanderada del tricolor.

Del otro lado, los militantes del “ala rebelde” llamaron a hacer una serie de cambios para dar más poder a las bases del partido y quitar el control cupular; sin embargo, para ellos, quitar esos candados deja en situación de desventaja a aquellos priistas que han forjado toda su carrera dentro del partido.

Ulises Ruiz fue el más férreo opositor al tema, pues lo consideró una falta de respeto para los priistas.

“La militancia ya está hasta la madre de que no se le respete y ahora queremos quitar los requisitos. Queremos abrir el partido, ¿a quién?, ¿a quiénes? Si tenemos militantes, hombres y mujeres, que pueden representarnos en la candidatura presidencial, ¿por qué quitar esos requisitos? ¿por qué ofender a la militancia? ¿por qué prestarnos a una asamblea a modo?”, lanzó Ruiz.

Quien presentó la propuesta para modificar los estatutos y quitar los requisitos de militancia para obtener una candidatura fue José Ramón Martel, un político priista que ha ocupado cargos en el Gobierno federal y en el Poder Legislativo, y que fue asesor especial de José Antonio Meade cuando éste fue secretario de Desarrollo Social.

“La Comisión Política Permanente que corresponda podrá aprobar la participación en el proceso de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señale que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación y, en consecuencia, en condición competitiva para ganar”, dice lo aprobado por los priistas.

El acuerdo para aceptar el cambio estuvo apalancado desde Los Pinos.

La Asamblea aprobó también prohibir que los legisladores plurinominales se reelijan como congresistas; que buscarán eliminar el fuero en el país; redactar y adoptar un Código de Ética; y la creación de una Comisión Anticorrupción; y dar una de cada tres candidaturas a jóvenes, entre otras medidas.

El nuevo prospecto

El cambio en los estatutos del PRI abre la posibilidad a otros actores para ser considerados candidatos del partido a la Presidencia de la República, elección en la que el tricolor enfocará todos sus esfuerzos el próximo año. Deberán tener ya a su abanderado presidencial a más tardar en noviembre próximo.

Las posibilidades se abren ahora para José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, un servidor público que ha servido tanto en gobiernos del PRI como del PAN, sin estar afiliado a ninguno de los dos partidos.

Su postulación despierta simpatías no solo dentro del tricolor, sino fuera. En el PAN no se le ve con malos ojos y, al contrario, podría ganar apoyos de facto tanto en el PRI como en algunos sectores del blanquiazul.

El secretario de Hacienda es, además, quien rescató al Gobierno federal tras la salida de Luis Videgaray de esa dependencia, por el escándalo de la visita de Donald Trump a México.

Priistas consultados afirman que Meade tiene amplia simpatía del presidente Enrique Peña Nieto por su propia calidad de servidor público y no de político, lo que le da la posibilidad de vincularse con más sectores tanto a nivel nacional como internacional.

Aunque se dice que la eliminación del requisito de los 10 años de militancia beneficiaría también a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y a José Narro, secretario de Salud, estos han asegurado que su militancia va más allá de ese tiempo.

Apenas la semana pasada, Nuño dijo tener más de 10 años de militancia, por lo que esa medida no le beneficia. José Narro ha hablado en varias ocasiones sobre su pertenencia al tricolor, que mantuvo incluso cuando fue rector de la UNAM.

Ambos aplaudieron que el partido haya abierto sus puertas a personajes externos para poder acceder a la candidatura presidencial.

Priorizan unidad

Con el término de la Asamblea Nacional, el PRI arranca su camino hacia las elecciones del 1 de julio del 2018 y su primer reto será generar las condiciones para ir unidos al proceso electoral.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y una de las militantes que encabezó el movimiento de protesta y renovación al interior del partido, afirmó que para el partido era esencial hacer una revisión de su actuación y su razón de ser.

“Me preocupa que hemos ido perdiendo competitividad en el partido. Que cada vez que competimos, desde el 2012 en que recuperamos la Presidencia de la República hasta el 2017, hemos tenido 24 procesos de sucesión de gobernador y en ellos hemos perdido casi 4 millones 700 mil electores.

“Si inyectamos sangre nueva y además reconocemos a la militancia, porque hay militantes que son militantes pero que no podían competir porque se les aplicaban los candados, hoy ya tienen el piso parejo para competir cualquiera, en igualdad de condiciones (…) Si el mejor candidato es un ciudadano, pues será nuestro mejor cuadro en la boleta; y si es un militante, será él nuestro mejor cuadro en la boleta”, consideró en entrevista.

Ortega aseguró que la unidad del partido no se vio lastimada, sino se fortaleció, pues se dio cabida a la expresión de todos los puntos de vista.

“Nosotros cuestionamos, dijimos que no queríamos una asamblea que fuera maquillada, queríamos una asamblea viva, deliberativa, una asamblea donde tuviéramos voz y fuéramos considerados, y así fue. Fue una asamblea en la que participamos todos los que quisimos, se hablaron todos los temas. Hubo momentos álgidos, hay que reconocerlo, pero fue bueno para el partido”, apuntó.

En las próximas semanas, Ivonne Ortega enfocará sus energías a cabildear con los sectores integrantes del Consejo Político Nacional su propuesta para que el candidato presidencial sea electo mediante una elección abierta y no por una decisión cupular.

Para Arturo Zamora, líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el PRI estaba obligado a realizar un ejercicio de introspección antes de entrar a la competencia electoral del año próximo.

“Contra lo que algunos pensaban que era casi como la premonición o el preámbulo del funeral del partido, pues no; resulta que al contrario, se convirtió en una gran oportunidad de la cual nosotros salimos muy fortalecidos (…).

 “Partimos de la base de ser sumamente autocríticos. Y la verdad es que si no cambiamos, nos cambian (…) La verdad, era renovarse o seguir en situaciones complejas, críticas y muy difícil de superar cada vez que hay una elección y esto es una nueva forma de ver las cosas, de entenderlas, y esto es una manera de ponernos al día en la dinámica de la sociedad”, sostuvo Zamora.

El priista aplaudió que se hayan aprobado algunas medidas que darán al PRI más cercanía con la sociedad, como una oficina de enlace con el sector empresarial o que se vaya a tener un mayor control de quienes ocupen un cargo público para evitar que ocurran casos de corrupción como los de exgobernadores que hoy están en prisión o son prófugos de la justicia.

Entre risas, Arturo Zamora negó que la XXII Asamblea Nacional haya sido la asamblea de José Antonio Meade. “Esta es la Asamblea de Enrique Ochoa, que tomó la decisión de celebrarla, de él que tomó el reto de salir adelante; es la asamblea de todo el priismo”, aseveró.

 Ya con el avance logrado en la Asamblea para crear el proyecto de nación al 2018, apuntó Zamora, el próximo reto del PRI será encontrar al abanderado que lleve adelante al partido y lo represente dignamente en uno de los procesos electorales más complicados en la historia de México.

Insistirán en la elección abierta

Por Carlos Salazar

Tras la XXII Asamblea Nacional, los integrantes del grupo Alianza Generacional no tiran la toalla sobre su petición de designar al candidato presidencial tricolor mediante consulta directa a militantes y simpatizantes.

Aunque en la mesa temática de estatutos, los delegados votaron en contra de que la Asamblea definiera este mecanismo, será el Consejo Político Nacional quien tendrá la última palabra.

José Encarnación Alfaro, legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y miembro de Alianza Generacional, recalcó que la Asamblea no votó en contra de la consulta a las bases, sino que solamente no aceptó que fuera ese órgano quien defina el procedimiento.

“Es decir, el planteamiento y la exigencia porque se defina por consulta a la base sigue y se va a llevar hasta que lo decida el Consejo Político Nacional, esa bandera de ninguna manera se declina y de ninguna manera fue desechada por la Asamblea”, afirmó.

El diputado local aseguró que de los cuatro grandes objetivos con que llegaron a la Asamblea lograron grandes avances en tres, y sobre el cuarto, el tema de la consulta abierta a las bases, continuarán impulsándolo en los próximos meses.

“Vamos a insistir rumbo al Consejo Político sobre el procedimiento de la Consulta a la base. El famoso dedazo son las decisiones cupulares en las que no se considera ni se toma en cuenta a la militancia, eso ya es cosa del pasado, eso no puede repetirse, cualquiera que pretenda repetir ese esquema lo único que está haciendo es invocando a la derrota y los priistas queremos ganar”, señaló.

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El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Foto: Germán Canseco

 

El nombre de Emilio Lozoya Austin ha sonado repetidas veces a lo largo de la investigación que la justicia brasileña lleva sobre el caso Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de sobrevivencia. En declaraciones juramentadas, tres exejecutivos de esa empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió “propinas” por 10 millones de dólares para ofrecerle a esa firma contratos a modo. Proceso da cabida en sus páginas a esta investigación, realizada por Quinto Elemento Lab, parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.

Hoy, en declaraciones juramentadas, altos exejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” de 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Eso es lo que sostienen los testimonios jurados de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos tres altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:

Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.

Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro, quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.

Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.

Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos.

Que ese grado de comunicación se armó tan bien que acordaron hacerle pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y otros cuatro millones si llegaban a ganar el contrato de uno de los trabajos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo.

Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan S. A. –otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas– mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.

Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares.

Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655.

De Meneses, colaborador

El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.

De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.

Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.

Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.

Construcciones Industriales Tapia confirma que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechaza que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.

Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. El 11 de enero de 2012 fue designado vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.

Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.

Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.

En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.

De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.

No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.

Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.

Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.

Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan S. A., ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.

Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros.

Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.

Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.

Lea el reportaje completo en la edición 2128 de la revista Proceso que empezó a circular este domingo 13 de agosto.
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* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e IDL-Reporteros de Perú.

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Un exmilitar venezolano que busca asilo en Estados Unidos reveló que personas cercanas al entorno del gobierno de Venezuela se reunieron en la Isla de Margarita con operadores del cártel de Sinaloa ya que su líder, Joaquín Guzmán, el Chapo, visitaba seguido ese destino turístico.

En declaraciones al canal de la televisión NTN24, el capitán Sunny Balza dijo haber tenido conocimiento de que un primo de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), "compartió" en Isla de Margarita con mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa.

En entrevista el exmilitar aseguró que los hijos del narcotraficante mexicano fueron también vistos en la isla, en aguas del Mar Caribe, al igual que al propio Chapo Guzmán.

“Cada dos meses, cada tres meses (Guzmán visitaba la isla). La entrada la hacía por vía marítima, por la marina del Concorde, eran los ingresos a la Isla de Margarita, y normalmente su estadía era en el área de El Yaque, ya que tiene viviendas (...) allá en esa área”, dijo Balza de acuerdo con un adelanto de la entrevista divulgado este jueves.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán efectuó visitas a la isla de Margarita cada dos, tres meses:  http://bit.ly/2fwwGCL 

Balza, quien tiene orden de captura en Venezuela y está en proceso de asilo en Estados Unidos, reveló que durante su estancia en la isla como comandante de una unidad militar adscrita al aeropuerto, fue testigo frecuente del traslado de cargas a bordo de aviones de la petrolera estatal PDVSA, sin ningún tipo de control aduanal o policiaco.

Dejó abierta la posibilidad de que dichos embarques, realizados durante altas horas de la noche, pudiera ser cocaína, aunque se abstuvo de asegurarlo “porque (el manejo) era muy restringido, aparte de que no contaban con ningún tipo de control aeroportuario, control de narcóticos, ni con revisión de ningún tipo”.

“Nicolasito con sus amigos y dirigentes de PDVSA, y por separado los hijos de Cilia Flores”:  http://bit.ly/2e9VTBr 

Sunny Balza involucró en estos movimientos a los hijos de Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así como al vicepresidente Tareck El Aissami.

“Los hijos de Cilia Flores llevaban a cabo este mismo ‘modus operandi’” en la rampa militar:  http://bit.ly/2e9VTBr 

Dos sobrinos de Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití en noviembre de 2015 por la Administración para el Control de Drogas​ (DEA) de Estados Unidos y trasladados a Nueva York. En noviembre de 2016, un jurado estadounidense declaró culpables a ambos jóvenes de planificar el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. 

En febrero pasado, el Departamento del Tesoro colocó en la lista de cabecillas del narcotráfico al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami.

“Los hijos de Cilia Flores llevaban a cabo este mismo ‘modus operandi’” en la rampa militar:  http://bit.ly/2e9VTBr 

 

VÍA: POLÍTICO MX
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Margarita Zavala de gira en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona

 

MONTERREY, NL. (apro).- La aspirante presidencial Margarita Zavala se alejó de su intención de postularse de manera independiente, como lo insinuó en meses recientes, al afirmar que buscará la candidatura por el PAN.

En su gira de dos días por Nuevo León, se le comentó a la exprimera dama de México que se veía lejos de su partido, a lo que respondió, confiada, que será la abanderada albiazul en el 2018, pese a que en propaganda preelectoral no utiliza el logo albiazul, y sí el color morado, con el que se identifican los políticos sin filiación partidista.

“Estoy con el PAN. Estoy convencida que seré la candidata de Acción Nacional. Las encuestas son una fotografía y estoy muy contenta de la política. Creo en los partidos políticos, no descarto la figura y Nuevo León es muestra de que eso puede darse.

“Pero soy convencida de que los partidos políticos son instrumentos pilares de la democracia. Lo que sí es importante es que los partidos hagan algo para acercarse a los ciudadanos”, dijo, en referencia a Jaime Rodríguez, que accedió a la gubernatura nuevoleonesa sin partido.

En su presentación de esta tarde, como embajadora de la asociación civil Yo, con México, ante unas 500 personas reunidas en un salón de actos en el Centro de Monterrey dijo que sí respaldará a algún otro candidato que fuera seleccionado en Acción Nacional, si hay una contienda interna leal.

“Si son condiciones parejas y hay imparcialidad, por supuesto que sí. El PAN tiene qué buscar los métodos necesarios para que salgamos lo más fortalecidos. Se quiere ganar, ¿no?”, dijo la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Añadió que espera que el PAN transparente sus procesos internos, y que no incurra en la opacidad propia del Revolucionario Institucional.

“Lo que le pido a Acción Nacional es lo que siempre le ha pedido al gobierno, particularmente el PRI, por darte un caso, como se los pedimos en Coahuila al tricolor, es imparcialidad en la autoridad. Que se hagan las cosas sin trucos ni trampas, que haya condiciones parejas e imparcialidad”, demandó Zavala Gómez del Campo.

Desestimó la propuesta del PRI de retirar candados a sus estatutos para permitir las candidaturas ciudadanas.

“El PRI puede quitar y poner los candados que quiera. El único candado que le pido que no quite es el de la cárcel donde tienen a los gobernadores priistas”, enfatizó.

Señaló que es mera coincidencia que su recorrido por el estado coincida con el de Andrés Manuel López Obrador que, durante jueves y viernes, también buscará simpatías para presentar su candidatura por el partido Morena, en las elecciones presidenciales del 2018.

“No sabía (que también estaría en Nuevo León). Pero eventualmente estaremos coincidiendo, aunque sólo geográficamente, pues hay otras cosas en las que no coincidimos. Sin duda estaremos coincidiendo este año, pero repito, sólo geográficamente”, dijo.

Zavala se reunió con seguidores con los que habló de temas como incertidumbre económica, corrupción e inseguridad.

 

 

 

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Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante que EU vinculó con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, había sido capturado por la PGR el pasado 20 de julio. Será extraditado a Estados Unidos

 
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Compañías de Julión Álvarez estarían implicadas con el narcotráfico
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Empresas de Rafael Márquez son señaladas por EU como pantalla para los negocios del crimen organizado
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Millones de dólares multa a pagar en EU como pena criminal a las empresas vinculadas al narcotráfico

Raúl Flores Hernández, el presunto narcotraficante que el gobierno de Estados Unidos vinculó con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, había sido detenido por la PGR desde el pasado 20 de julio.

La dependencia federal confirmó anoche en un comunicado que Flores Hernández fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que el hombre buscado por la justicia de Estados Unidos, fue trasladado a la Ciudad de México, para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal, ubicado en el Reclusorio Sur.

La dependencia agregó que el supuesto criminal es buscado en Estados Unidos por el delito de Asociación Delictuosa.

Previamente, Flores Hernández había ingresado en 2013 al CEFERESO número 4 del Noroeste pero había obtenido su libertad en 2015.

Márquez y Julión, implicados

En el caso del futbolista, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) menciona que son nueve las empresas de Márquez que sirven como pantalla para los negocios del crimen organizado: la asociación civil denominada Escuela de Futbol Rafael Márquez, Grupo Deportivo Márquez Pardo, Fundación Rafa Márquez, Fundación Futbol y Corazón, Grupo Terapéutico de Puerto Vallarta, Grupo Terapéutico Hormaral, Grupo Nutricional Alhoma, Prosport & Healt Imagen y Servicios Educativos y de Negocios.

Mientras que del cantante se habla de tres empresas: Jcam Editora Musical, Noryban Productions, y Ticket Boleto.

De acuerdo con un comunicado distribuido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se menciona que la relación entre las dos figuras públicas y el narcotráfico se ha hecho a través de Raúl Flores Hernández y su organización criminal designada como “Flores”.

El mismo texto menciona que Raúl Flores es un destacado narcotraficante de nacionalidad mexicana que por medio de las 42 empresas mexicanas, en su mayoría de Jalisco, y 21 ciudadanos, llevaba a cabo las acciones delictivas.

De tal modo que los EU han tenido que identificar a Flores Hernández como un “Narcotraficante Espacialmente Designado” de conformidad con los establecido por la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin).

Al haber sido vinculados con el personaje criminal, el gobierno estadunidense designará que todos los bienes de los señalados estén bajo la jurisdicción de los EU para ser congelados, prohibiendo la realización de transacciones económicas con los señalados. Pasando el listado del Departamento del Tesoro al Departamento de Justicia, para determinar las acciones legales.

Julión Álvarez, por el señalamiento, no podrá dar conciertos en los Estados Unidos, ni tampoco tendrá las regalías producto de sus ventas en espacios como iTunes o Spotify.

‘No pasa nada’

Sin ahondar en detalles, Gustavo Guzmán, directivo del Atlas de Guadalajara y en donde Márquez juega, señaló que la noticia impactó en la directiva que se enteró del asunto por lo que se ha publicado en los medios, absteniéndose de hacer una comunicación oficial hasta que se tenga información más a detalle.

“Ahorita nos enteramos por los medios, me da un chorro de tristeza que esté pasando lo que está pasando”, declaró el presidente de los Zorros a NTR Guadalajara.

Por su parte, a través de un enlace en vivo a través de Facebook, Julión Álvarez se posicionó respecto al tema que tildó como consecuencia de “envidias y celos”, y dijo que se asesoraría, de ser necesario.

“Son cuestiones de envidias, de celos, no sé si políticas también. Podemos decir muchísimas cosas pero ustedes, mi público, sabe a lo que nos dedicamos, sabe lo que somos y saben la persona que soy, y hablando de carreras limpias sin chismes, es parte de todo, no pasa nada”, expresó Julión Álvarez en redes sociales.

Investigado desde los 80s

A decir de las autoridades, Raúl Flores trabaja de forma independiente con su organización, pero ha generado alianzas estratégicas con apoyo de grandes cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De este modo es que Raúl Flores ha podido operar desde los años 80 en Guadalajara y Ciudad de México. Lo que ha traído una añeja investigación por parte de los EU en la que destacan acusaciones penales por tráfico de cocaína y lavado de dinero, siendo un narcotraficante buscado en México.

La PGR ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por cualquier información que aporte sobre su paradero, ya que fuentes gubernamentales han dicho que Flores Hernández es un gran capo que casi nunca figura en las notas informativas o en la información mediática.

Ahora su nombre resuena en eco con las figuras públicas señaladas, aunque éstas pueden interponer demandas en contra del Departamento del Tesoro para que sean revisados sus nombres y su posible eliminación de las listas que congelan sus operaciones en Norteamérica.

Aunque esto implica años de juicios y procesos burocráticos que tendrían que enfrentar tanto Márquez como Julión Álvarez para seguir llevando a cabo sus acciones privadas, pero implica hacer públicas evidencias que muestren su inocencia frente al señalamiento de las autoridades estadunidenses.

Juzgados por Ley Kingpin

 
 No es la primera vez que se señala públicamente la liga existente entre el crimen organizado y figuras públicas, que incluye cantantes y futbolistas. Aunque por primera vez el Departamento del Tesoro implica en su lista de la OFAC a personajes de la talla de Rafa Márquez, por su impacto público como futbolista.

Este mecanismo ha permitido que desde junio del 2000 más de 2 mil empresas e individuos hayan sido señalados conforme a la Ley Kingpin, por su participación en acciones ilegales por medio de alianzas con miembros del tráfico internacional de drogas.

Según la información de las autoridades estadunidenses, las sanciones para quienes figuren bajo este señalamiento pueden ir desde penas civiles hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación que se halla cometido. Sin contar que también se puede llegar a penas criminales severas como consecuencia máxima.

La DEA menciona que las penas criminales para los directivos de las empresas en cuestión podrían llegar a ser de hasta 30 años de prisión y multas de alrededor de 5 millones de dólares.

En tanto que otros individuos implicados podrían enfrentar 10 años de prisión y multas acordes a lo establecido por el Código de los EU por violación criminal a la Ley Kingpin. Agregando multas de hasta 10 millones de dólares para las empresas.

Niega Márquez vínculos

Considerando que el presente proceso que atraviesa, al ser acusado por el Departamento del Tesoro, Rafa Márquez declaró que atraviesa el “partido más difícil”, negando que las acusaciones de las autoridades correspondan con sus actividades empresariales.

Dijo que esclarecerá los hechos, documentándose para tal proceso, además de pedir que se respete a su familia por la dificultad de la situación en la que se encuentra después de las acusaciones.

“Niego categóricamente cualquier relación con dichas organizaciones y los hechos referidos en las diversas periodísticos (…) Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos”, dijo en conferencia de prensa desde las instalaciones del club Atlas.

En tanto que su abogado, Alejandro Cruz, explicó al medio deportivo Mediotiempo que se deben tomar con reservas las acusaciones debido a que se verificarán algunos de los dichos de las autoridades estadunidenses.

“La noticia se debe tomar con reserva, que él pueda conocer las operaciones por las cuales se le están vinculando con la empresa y así formar la defensa. Lo primero que están señalando es que son empresas que están a su nombre, eso sería lo primero que hay que verificar”, explicó el abogado penalista.

 

CEL