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EN EL BUFETE JURÍDICO DE LA #BUAP DEL TÍO PONCHO LLEVAN 9 MESES SIN PAGARLES.

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Escribe: Adán Morales / @adangio

Los que conocen y han vivido dentro de la BUAP, tienen muy en claro la filosofía pública y social que ha caracterizado a la máxima casa de estudios.

 

A partir de los años noventa la relación política  entre autoridades universitarias y las del gobierno del Estado se fueron transformando en perjuicio de la universidad pública y favoreciendo a los intereses de los distintos gobiernos hasta hoy día.

Es decir la sumisión universitaria al gobierno en turno fue mayúscula y con letra roja.

 

Lo anterior ha dado como resultado que se tenga infraestructura a cambio de sacrificar la autonomía universitaria y la extensión universitaria, hoy llamada vinculación, es decir, que a la universidad no le interesa como en otros tiempos, ofrecer servicios y educación pública gratuita a los grupos sociales, en este espacio me referiré al BUFETE JURIDICO DE LA BUAP, en el que no obstante de tener un inmueble nuevo no tiene compromiso social con la ciudadanía y que la intensión de la administración central es considerarlo como un “CENTRO DE NEGOCIOS”, por lo que en los últimos meses está en el abandono el referido bufete, toda vez que el Rector y su equipo no ha destinado recursos para su funcionamiento como computadoras, impresoras o si quiera papelería, obligando al personal que en él labora a trabajar en condiciones no apropiadas para prestar un servicio social tan relevante.

 

El rector se ha preocupado más para buscar medios y recursos económicos y sostener a un equipo de futbol en primera división y guardar su cercanía política con el partido político y Presidente Electo en lugar de invertir en la universidad y cumplir con salarios de maestros e investigadores.

La prioridad del Rector es hacer negocio con la asesoría jurídica con el BUFETE GRATUITO DE LA BUAP y sustituirlo con un bufete privado, abriendo paso a dicha situación al permitir que en el mismo inmueble donde está establecido el referido bufete de la BUAP, exista un servicio jurídico particular consentido por la administradora MARTHA ELVA RESENDIZ ORTEGA y cuya socia de dicha empresa es una ex trabajadora de la DASU, y una vicerrectora.

 

Es muy claro que la idea de la rectoría es hacer un negocio más para sacar un beneficio económico para unos cuantos, sin importar los derechos de los trabajadores y asesores del bufete jurídico gratuito que se le adeudan nueve meses de salario, sin importarles su labor hasta este momento, altruista que realiza el personal y los pasantes que curan su servicio social.

Por este medio es necesario que la sociedad poblana y comunidad universitaria, se entere del tipo de Rector con el que se cuenta, que está más enfocado en sus negocios y a sus aspiraciones políticas que a preservar la autonomía universitaria que la educación pública y el beneficio de la sociedad poblana que requiere servicio jurídico gratuito.

 

Seguramente el rector pretenderá justificarse con el número de certificaciones obtenidas dudosamente y la creación de nuevas plazas y transformaciones, que sabemos muchos, están previamente arregladas y justificadas con un amañado procedimiento de concurso y se observan en toda la universidad como lo son salarios inequitativos entre el personal docente por la falta de una reglamentación eficaz, para asignar plazas y más absurdo aún que ganen más un grupo de ex alumnos golpeadores que ahora ocupan cargos administrativos dentro de la universidad como lo son el caso de ISAAC JIMENEZ y GUSTAVO GONZALEZ MARÍA, quienes son utilizados por el Rector para dirigir grupos de golpeadores en las distintas elecciones universitarias.

Diría el clásico: ¡qué asquerosidad es todo esto!

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