Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Visitante número: 1027403

La Estafa Maestra "Graduados en desaparecer dinero público"

0
0
0
s2smodern

 

Duarte resultó un principiante 
El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

 

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

“Sí, es un fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia —agrega— son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.

Y añade: “es un claro acto de corrupción”.

Juan Manuel Portal califica así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.

La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.

Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.

La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.

El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.

El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene “las características de un fraude”.

“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.

“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.

Juan Manuel Portal es enfático: “hay que sancionar”. Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.

Y añade: “que firme el titular (de las dependencias). Que ellos firmen los convenios y se responsabilicen. Porque ahorita es muy fácil: para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma”.

Que los secretarios de estado no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, hace falta tipificar el delito de omisión en el Código Penal para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.

“(Como titular de una dependencia) Tú eres responsables de los recursos públicos que se te confiaron a ti, para eso te elegimos, y ¿cómo los cuidaste? No cumpliste”.

Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49% o realizar una investigación de mercado—, que fueron violados en este esquema de fraude.

“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”.

La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios.

Luego, Animal Político revisó qué ocurrió con los recursos públicos entregados a las universidades en los contratos incluidos en esos años y encontró que las instituciones educativas se quedaron con una comisión de entre el 10 y el 15% y transfirieron el resto del dinero a las empresas fantasma e ilegales, una doble violación a la ley.

Las Universidades, dice el auditor, también intentan simular su responsabilidad diciendo: “Yo lo único que hice fue contratar a quien me dijeron. Yo ni siquiera escogí las empresas”.

“Lo que ellos hicieron como instituciones de educación superior es indebido y la autoridad va a proceder con denuncias de hechos contra las instituciones”.

Así se logró la Estafa

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Cómo violaron la ley

 

NUMERALIA

  1. Registro Público de Comercio
  2. Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano
  3. Compranet
  4. Contratobook
  5. Registro Único de Proveedores y Contratistas
  6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
  7. Listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y listados definitivos del SAT
  8. Secretaría de Economía a través de solicitudes de información.
  9. Portales de Obligaciones de Transparencia de las dependencias públicas.

Please publish modules in offcanvas position.