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-SÍ EL ESTADO NO RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS, NO HAY GOBERNABILIDAD-

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El respecto y protección de los Derechos Humanos, es uno de los compromisos más importantes de un estado democrático de Derecho, ya que del éxito de esta política pública, depende en gran medida que funcionen adecuadamente todas las autoridades gubernamentales y que exista la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el gobierno.

 

Por ello, cuando en los medios de comunicación se da cuenta de hechos en los que se violentan los derechos humanos y que se minimiza tal situación o se le considera tolerable, debido a que se trata en la mayoría de los casos, de grupos vulnerables, nos preguntamos ¿De qué nos sirve que los funcionarios públicos al asumir sus cargos, protesten cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la propia del Estado y las leyes que de ellas emanen? Si en su actuar cotidiano muchas de ellas, cometen actos violatorios precisamente de Derechos Humanos y continúan en sus cargos, como si nada hubiere pasado, ya que las instancias encargadas de investigar y sancionar dichas conductas, fueron diseñadas para proteger a dichos funcionarios, dejando de lado el interés ciudadano.

 

Conforme a lo anterior, es indispensable que sea el propio Estado, quién debería preocuparse por contar con un organismo realmente eficiente y confiable para corregir los abusos de poder de sus funcionarios y señalar en forma oportuna y de cara a la sociedad, las conductas y actos que vulneren derechos de los ciudadanos, antes de que éstos se vean obligados a recurrir a los tribunales en defensa de sus derechos.

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, son un apoyo de gran importancia para que el Estado cumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cumplen además una labor de enseñanza, difusión, divulgación y protección de los Derechos Humanos, otorgando orientación y protección en los casos en que exista una vulneración a estos derechos por funcionarios públicos.

 

El objetivo de las Comisiones, consideradas como parte del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos es proteger a las personas frente a las acciones u omisiones del Estado. Lo puede llevar a cabo mediante las acciones de inconstitucionalidad y las recomendaciones, ya sean particulares o generales, a fin de terminar con una situación que sea violatoria de los derechos fundamentales y lo puede lograr, requiriendo la adopción de políticas públicas por parte del Estado en la materia de que se trate.

 

Cabe señalar además, que conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en su artículo 1º establece el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Lo que permite a los ciudadanos oponer también los muchos y diversos derechos contenidos en los Tratados Internacionales, lo que se traduce en la posibilidad de

 

integrar en una queja, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República , los contemplados en los Tratados Internacionales ratificados por el Senado y por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que se traduce en una retroalimentación jurídica entre el derecho nacional de México y el derecho internacional de los Derechos Humanos, estando obligados los sujetos pasivos de los derechos humanos, como las autoridades y funcionarios como los legisladores, los jueces y los titulares de los órganos constitucionales autónomos de los tres niveles de gobierno.

 

Hoy más que nunca, los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos tanto la nacional como de los Estados, están obligados a supeditar su actuar a las normas existentes nacionales o internacionales y con mayor frecuencia los criterios fijados por los organismos internacionales, jurisdiccionales o no-jurisdiccionales, a fin de sustentar sus recomendaciones, con lo que fortalece la tutela de los derechos al aplicar el ordenamiento internacional.

 

Resulta más conveniente para el Estado y sus funcionarios proteger y salvaguardar los derechos humanos de sus gobernados, que cometer violaciones a dichos derechos, que impliquen un descontento social y que por la situación de violencia, inseguridad e impunidad de los delincuentes, hoy nos tiene al borde de llegar a un estado de ingobernabilidad, sino se aplican políticas que les permitan volver a tener la confiabilidad de los ciudadanos.

 

*Aspirante a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

 

 

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