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“¿SON VIABLES LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES?”

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Ante el imprevisto natural del pasado 19 de septiembre en México, la unión y solidaridad entre los mexicanos, fue la respuesta instantánea y eficaz que opuso resistencia a la tragedia, sin simulaciones y trabajando hombro con hombro, la organización civil pudo contrarrestar los daños ocasionados, desprendiéndose de lo poco o mucho que podía aportar, ejemplos hubo muchos y tratar de enumerarlos pudiendo dejar fuera a alguno, sería injusto, pues toda la ayuda aportó.

También estuvo presente la contraparte, los que aprovechándose de la necesidad y la circunstancia caótica, abusaron de la solidaridad de las personas y cometieron delitos como robos, asaltos, acaparamiento y hubo hasta quien quiso beneficiarse políticamente de la tragedia.

Tal fue la magnitud de la organización civil, que emergió del grosor de la sociedad, la exigencia a que los partidos políticos actuaran como verdaderas instituciones de interés público y “donaran“ (mejor dicho regresaran) los recursos que les asignó el INE para las elecciones de 2018, nadie en su sano juicio iba a permitir que se activara una campaña presidencial tan costosa, en las condiciones en que se encuentra el país y que se tornaron más críticas en los Estados afectados por los sismos.

En un principio el INE, salió a decir que era imposible desviar el recurso que constitucionalmente se designa a los partidos políticos para un objetivo específico, sus campañas, lo que provocó el rechazo de la sociedad.

Sin embargo, al darse cuenta de la dimensión y repercusión, que su insensibilidad social podría traer como consecuencia, optaron por declarar en voz de su presidente Lorenzo Cordoba, que habían encontrado el camino legal para poder dar respuesta a lo que todos los mexicanos exigían.

Asimismo, los principales partidos políticos, cada uno desde su trinchera, salieron a exponer diferentes propuestas, algunas de ellas viables y consientes de la necesidad que impera en nuestro país, otras, simple demagogia, para no echarse aún más en su contra, la animadversión de los ciudadanos.

Por ejemplo, el PRI renunció a 258 millones de pesos, que es el monto del financiamiento público de lo que resta de este año. MORENA se comprometió a donar el 50% de su presupuesto. El PAN dijo que renunciaría a todo aquello que legalmente no esté comprometido para este año, así como la renuncia total a su pauta de medios. El PANAL donará 20% de sus gastos de campaña y 6% de sus gastos ordinarios. El PVEM ofreció donar 25% de su presupuesto de 2017. Encuentro Social ofreció el 20% de sus recursos.

Solo Movimiento Ciudadano dijo que donará el 100% de su presupuesto, y el PRD no especificó cantidad aunque la Secretaria General del PRD, Beatriz Mojica, dijo que los partidos deben poner el 100% de sus gastos de campaña. Si esto no se queda sólo en palabras, el PRD donará 248.10 millones de pesos.

Resumiendo, el que prometió más dinero fue Movimiento Ciudadano 537.02 millones de pesos y el que prometió menos fue el Partido del Trabajo, con tan sólo el 20% de su presupuesto asignado a campañas, apenas 23.68 millones de pesos.

En cuanto a porcentajes, los partidos Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, fueron quienes más ofrecieron, con el 100% de su presupuesto y el que menos ofreció fue el PT, que sólo donará el 6% de su presupuesto total.

Como podemos observar los partidos políticos salieron a exponer su conciencia social y sensibilidad humana, devolviendo dinero que reciben del erario, es decir, de nuestros bolsillos, intentando con ello convertirse ante los ojos del ciudadano como auténticas instituciones de “interés público” que velan por el bienestar de la sociedad y de quien más lo necesita.

Sin embargo, a la fecha nadie ha aclarado, si se ha dicho, cuando y bajo que procedimiento los partidos van a realizar esas “donaciones”, son respuestas que nadie conoce, prometieron donar dinero de campaña, que van a recibir hasta el mes de febrero del próximo año y muchos otros como el PAN dinero de cosas intangibles como todo aquello que legalmente no esté comprometido para este año.

Una vez más, los mexicanos hemos sido testigos de las artimañas de los Partidos Políticos, para hacernos creer, que en verdad les importa ayudar a resolver la grave crisis que viven, los miles de damnificados por los sismos, cuyo futuro nadie conoce y conforme pase el tiempo quedarán en el olvido de las autoridades.

El pueblo mexicano está harto de simulaciones, exigimos transparencia y optimización en el manejo de estos recursos, son alrededor de 1903.18 millones de pesos que no debemos permitir se pierdan en el discurso político y que se convierta en otra mentira más de los partidos políticos. Nuestro voto el primer domingo de junio de 2018,será el mecanismo para castigar a los que una vez más mintieron, sin la mínima intención de atender la demanda de la mayoría de los mexicanos.

 

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 “EL VOTO NULO,¿ CASTIGO O PREMIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS? ”

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Las candidaturas independientes en México, surgen como una vía alterna para eficientar la representación política en favor de los ciudadanos que no tiene una identidad con ninguno de los partidos políticos existentes, es decir, que los ciudadanos puedan competir por los cargos de elección sin necesidad de ser postulados por un partido político.

Lo anterior, surge a consecuencia del déficit democrático que se manifiesta de distintas formas como en la falta de interés  de los ciudadanos por todo aquello que implica la política, mucho de lo cual se relaciona con la falta de consolidación de un sistema de partidos plural y competitivo, caracterizado por una ausencia significativa de democracia interna.

Pero, ¿Cuánto abona la incorporación de candidaturas independientes a fortalecer los derechos políticos y civiles, entendidos como derechos humanos y a fortalecer el Estado democrático?

En el contexto social actual, la democracia se desarrolla de distintas formas y desde diferentes enfoques, siempre con el supuesto objetivo de satisfacer las necesidades sociales en los ámbitos que al poder compete.

A nivel mundial más de 80 países tienen consideradas las candidaturas independientes. Países con democracias consolidadas como Alemania, Portugal, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Japón, Suiza o bien en procesos de transición como Chile, Albania, Hungría, República Checa, Rusia, Ucrania, Polonia por mencionar algunos.

Con la Reforma Política-Electoral aprobada en febrero de 2014, se realizaron cambios estructurales tales como la centralización de la autoridad electoral, pasando del Instituto Federal Electoral (IFE) al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se le dio la autoridad, entre otras, de fiscalizar a los partidos políticos y la posibilidad de anular la elección en caso de violación en los topes de campaña. Pero sin duda lo más relevante, fue la legislación a las candidaturas independientes, mismas que ahora están contempladas en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014. Esta ley contempla 82 artículos enfocados exclusivamente a la incorporación de las candidaturas independientes a nuestro sistema político.

Sin embargo, no podemos basar en las candidaturas independientes el éxito y la solución a los problemas de credibilidad política, puesto que experiencias como la del “Bronco” en el Estado de Nuevo León como primer gobernador “Independiente” nos demuestran que la gobernabilidad, se encuentra sujeta a la capacidad de dialogo y acuerdos con los Partidos Políticos, que siguen conservando un peso fundamental en la toma de decisiones del gobierno, por otra parte, cabe señalar, que si bien es cierto, hay quien quiere incidir en la política con buenas intenciones, también existe la contraposición y las candidaturas independientes pueden acabar siendo una ruta privilegiada para que al final del día lleguen a los Poderes del Estado (ejecutivo y legislativo), protegiendo intereses que no queremos que estén ahí representados, no porque no seamos democráticos, sino porque están comprometidos con grupos que sólo buscan canonjías o privilegios.

Por lo anterior, el caso del financiamiento de las campañas es un tema que preocupa, ya que las condiciones económicas de un candidato independiente, no son equiparables a las de un partido político financiado con dinero público, lo que las convierte en un incentivo muy perverso para que el crimen organizado decida financiar campañas electorales o bien participar de manera directa en los procesos.

Italia, es un ejemplo de la forma en que la delincuencia organizada puede infiltrarse al grado de llevar a la investigación y disolución de gobiernos enteros, poniendo en jaque al sistema político entero. Una de las principales puertas de entrada de la mafia italiana fue, precisamente el uso de las candidaturas independientes empujadas en comunidades lejanas a los centros urbanos, con grados medios y altos de marginación social y con grandes necesidades de infraestructura ¿acaso no nos suenan las condiciones parecidas a muchas zonas de nuestro propio país?

Nada más romántico que lograr que sean los ciudadanos los que gobiernen pero también nada más riesgoso, pues la abundancia de políticos que se asumen como candidatos ciudadanos, con un pasado negro en los Partidos tradicionales o la posibilidad de que sea el medio para la infiltración del crimen organizado, debe ocupar a la autoridad electoral de investigar y autentificar la realidad de su independencia política y el origen de su financiamiento, para obligarlos a transparentarlo en todo momento. Cuidar las candidaturas independientes es una tarea que no sólo le corresponde a la autoridad electoral, sino también a los ciudadanos, para evitar lleguen a los cargos públicos representantes de la delincuencia organizada.

 

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¡LLEGÓ LA HORA DE AYUDAR Y DEJAR DE ROBAR!

 

 

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El fuerte terremoto con una magnitud de 7,1, ocurrido el pasado 19 de septiembre, causo graves daños en la CDMX, Puebla, Morelos, Guerrero, aunados a los ya existentes, por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca, Chiapas, despertando la fuerza y la solidaridad de los mexicanos, así como de entes de otros países.

La organización civil (ciudadanos), diferentes organizaciones privadas, académicas y sociales, hicieron acopio de víveres, medicamentos, ropa, herramientas y hasta de dinero en efectivo, para hacérselos llegar a quienes resultaron afectados por ambos sismos.

Por otra parte, Cruz Roja de México y el Ejército Nacional también se organizaron para hacer llegar cualquier tipo de ayuda en la reconstrucción de las viviendas de los afectados.

Sin embargo, mientras la ayuda fluye y los centros de acopio se amontonan de gente y víveres, en clara muestra de solidaridad humana con los afectados, lamentablemente también aumentan las denuncias contra individuos que a pesar de la tragedia nunca se olvidan de buscar su beneficio personal, y tratan de sacar ventaja política de tan lamentable suceso, ejemplo de lo anterior, lo sucedido con el gobierno de Graco Ramírez, quien fue denunciado por la ciudadanía de bloquear o condicionar la distribución de la ayuda para personas afectadas por el sismo.

Razón por la cual, muchos son los que han dejado de donar o han cuestionado a las instituciones por no saber si su ayuda llegará, efectivamente, a los damnificados. “Hay muchas personas que en los desastres se aprovechan del estado emocional de las personas”, dijo Sara Nason, una vocera del observatorio de asociaciones sin fines de lucro Charity Navigator, en una entrevista telefónica.

Por lo anterior, debemos preguntar ¿quién es el responsable política y legalmente de garantizar tanto a donadores y damnificados que la ayuda obtenida sea óptimamente distribuida y de que no irá a parar a los bolsillos o bodegas de algún político? Pues bien, la respuesta es que en México existe todo un Sistema establecido para este fin, como parte del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, denominado: “El Sistema Nacional de Protección Civil”, el cual, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

En el que se establece que, en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia.

Este sistema está representado en sus tres niveles, por los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, como órganos de dirección encargados de la organización y administración de los recursos y ayudas a damnificados y en el caso del federal está integrado por: el Presidente de la República, como dirigente máximo; un Secretario Ejecutivo representado por el Secretario de Gobernación; y por un Secretario Técnico cuyas responsabilidades recaen en la Subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación. Asimismo, se integra por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Energía, Minas e Industrias Paraestatales, Comunicaciones y Transportes y Recursos Hidráulicos, Educación Pública, Desarrollo Social, Contraloría General de la Federación y Salud.

Dicho Sistema cuenta con un marco legal de actuación que permita a cada uno de sus integrantes tener las bases legales de actuación y los faculta para coordinar esfuerzos y recursos en beneficio de la población.

La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, sienta las bases de coordinación de este Sistema y fortalece la Gestión Integral de Riesgos y consolida el entramado institucional necesario para integrar un Sistema Nacional de Protección Civil, compuesto por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación, además de los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, las normas jurídicas complementarias a la citada ley no fueron actualizadas, pues el SINAPROC había funcionado con la normatividad existente. Por lo que pesar de ser todo un Sistema Nacional con una operación formal, ha quedado evidenciada su inoperancia para optimizar los recursos recabados en favor de quien más los necesita, permitiendo que funcionarios sin escrúpulos aprovechen tal situación para lucrar con estos recursos o desviarlos en beneficio propio.

 

Con base en lo anterior, se convierte en una necesidad urgente, legislar en el sentido de sancionar ejemplarmente, a quien en uso de una función pública o privada, aproveche, desvié o lucre con recursos destinados a satisfacer las necesidades de los damnificados, porque aún queda mucho por hacer, falta la reconstrucción de los edificios públicos y viviendas dañadas, donde tanto las grandes empresas proveedoras de materiales para construcción, así como  las constructoras ya se están frotando las manos, por el jugoso negocio que les espera, en momentos en que muchas organizaciones y grupos de la sociedad civil, están presionando para que muchas empresas de manufactura de bienes y servicios  bajen  sus precios y donando tanto en dinero como en especie, para variar estos proveedores seguramente aumentarán a finales de año sus precios afectando las labores de reconstrucción por el aumento en los costos. Sería oportuno que la sociedad civil exigiera al gobierno presione a estas empresas como las cementeras y proveedoras de acero, para que bajen sus precios en lo que se avanza en las labores de reconstrucción que es lo que más hoy preocupa a los damnificados. 

 

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“¿EN QUIÉN CONFIAR LOS RECURSOS Y DONACIONES PARA COMBATIR EL DESASTRE?”

 

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El ejercicio del sufragio es el acto cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia a la colectividad, ejerce un derecho humano y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano, asimismo, constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía más importantes y trascendentales en un Sistema Democrático.

Es por ello, que no hay democracia sin sufragio; de ahí, que es necesario comprender que el voto no sólo sirve para elegir autoridades (en todo caso ésa es su consecuencia visible e inmediata), sino también para sostener un sistema democrático. El día de la elección cada elector está cumpliendo una función pública constitucional; está poniendo su grano de arena para que las instituciones continúen funcionando y para que la democracia aún con sus deficiencias, siga existiendo. Pues ésta es la utilidad no visible del sufragio, la virtud oculta, aunque la verdaderamente importante.

Sin embargo, en nuestro país se ha abierto un debate entre los opositores al régimen sobre si tiene o no sentido votar en las circunstancias actuales, aduciendo principalmente que el acto de votar legítima y consolida al gobierno actual.

Aunado a lo anterior, han surgido diversas propuestas de grupos de la sociedad civil y académicos, que invitan al ciudadano a anular su voto como muestra de inconformidad ante la falta de credibilidad y confianza tanto hacia los gobiernos, como de nuestras autoridades electorales encargadas de los procesos electorales.

Si bien es cierto, el estudio del voto nulo, está asociado en la doctrina con el de la abstención tradicional (o pasivo), que se puede definir como “la inactividad u omisión en la emisión del voto, voluntaria o técnica”. Frente a ella algunos teóricos colocan a la “abstención activa” o “abstención participante”, como la participación electoral sin dar el voto a ninguna de las candidaturas a elegir, en la que se expresa la emisión de un voto de protesta.

Pero también es cierto, que hay que analizar el resultado de dicha práctica en nuestro sistema electoral, saber que efectos reales tiene el anular nuestro sufragio y sobre todo quienes resultan beneficiados con ello, resulta trascendental, para ponerla en práctica o erradicarla de nuestro sistema, sobre todo si dicha práctica va encaminada a utilizarla como medio de repudio y castigo a la conducta de los partidos políticos existentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para poder elegir a nuestros representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, podemos hacerlo mediante voto directo por mayoría (Sistema de Mayoría Relativa), donde no hay mayor problemática, puesto que resulta ganador quien más votos obtenga en las urnas, y la otra forma de elegir representantes, es mediante la aplicación de una fórmula de asignación a puestos de representación proporcional (Sistema de Representación Proporcional), lo anterior fundamentado en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones I y II, 54, fracción II y III de la Constitución (CPEUM); así como por los artículos 15, numeral 1 y 2, y 21 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y el artículo 94, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

Dicha fórmula indica que, primeramente debemos conocer la cantidad de sufragios totales que ejercieron los ciudadanos, es decir, contabilizar todos los votos que entraron a las urnas sin distinguir la preferencia ciudadana, a esta cifra la vamos a conocer como: Votación Total Emitida.

El siguiente paso es, obtener la Votación Valida Emitida, la cual nos va a servir para determinar quiénes son los partidos políticos que tienen derecho a la asignación de puestos bajo el principio de representación proporcional, y la vamos a obtener de deducir a la Votación Total Emitida, los votos nulos y los votos por candidatos no registrados, al resultado de esta deducción le vamos a sacar el 3%, para que la cantidad que resulte, signifique el número de votos que un partido político debe tener como mínimo para que sea susceptible a dicha asignación.

Por último, debe obtenerse la Votación Nacional Emitida, para la asignación referida, la cual va a ser el resultado de deducir a la Votación Total Emitida, los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación valida emitida, menos nuevamente votos nulos y votos por candidatos independientes. Una vez obtenida ésta se dividirá entre 200 y el resultado numérico será conocido como cociente natural, el cual representara el número de votos que un partido político deberá obtener para que se le asigne un puesto de representación proporcional.

Al conocer cuál es el criterio de aplicación de la fórmula a que refiere la normativa electoral, para la asignación de puestos de representación proporcional, podemos observar que en las dos operaciones importantes se resta el número de votos nulos que se hayan recibido en la jornada electoral, lo que hace más cómodo a los partidos políticos alcanzar los mínimos exigibles para gozar de puestos plurinominales como coloquialmente se les conoce.

Y por si fuera poco, la votación valida emitida también se vuelve el filtro para que los partidos políticos accedan al financiamiento público, en conclusión: votar nulo, solo facilita a los partidos políticos acceder a más prerrogativas y a seguir existiendo como tal, ya que si todos votáramos por alguna opción que nos brinde el proceso electoral, alcanzar el 3% de dicha votación se volvería realmente un problema para los partidos y entonces si se preocuparían por convencer al electorado de que son una opción.

Es entendible, hasta cierto punto, que la promoción del voto nulo tiene como objeto ejercer una presión, hacia los partidos políticos lo suficientemente fuerte, para que se den cuenta de que están haciendo mal las cosas y que cambien su forma de hacer política, sin embargo, hay que decirlo como es, a los partidos políticos no les importa el número de votos nulos en un proceso electoral, porque de ellos se benefician, como lo hemos evidenciado en la aplicación de la formula, que dicho sea de paso, ellos implementaron.

Debemos ejercer nuestro derecho al voto responsablemente, de forma libre y secreta para construir el gobierno que merecemos; puede cambiar esto la historia, no lo sé, pero si puede mejorar la vida de todos en este país, aunque recordemos que la democracia no sólo se encuentra en la forma de gobierno, sino en la forma en cómo se distribuye la riqueza y los servicios; en la forma en que se ejerce el poder, en el compromiso de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo en el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, conjuntados con una verdadera separación de poderes.

 

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“¿FRENTE CIUDADANO POR MÉXICO? ¡MÁS DE LO MISMO!”

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

De todos los Partidos Políticos que integran la baraja de opciones de nuestra incipiente democracia, siempre se ha escuchado el discurso político, de que su principal objetivo es trabajar por México y defender los intereses de los mexicanos, pues bien, ante los acontecimientos devastadores que ocasionó el terremoto de este 19 de septiembre en la ciudad de México, Puebla y Morelos, sumados a los que el 7 de septiembre sufrieron Oaxaca y Chiapas; estas instituciones políticas, tienen la oportunidad de demostrar que dicho discurso no está fundamentado únicamente en demagogia pura, utilizada con el único objetivo de ganar el voto  para llegar al poder, olvidándose de sus promesas de campaña, como es y ha sido su costumbre.

Es el momento de demostrar con hechos concretos y no con discursos demagogos, que realmente les preocupa el bienestar de los mexicanos, y que sus acciones están revestidas de sensibilidad para afrontar la situación que se vive en estos estados y en el país.

Hoy, tienen ante sí, la oportunidad de reivindicarse como instituciones de interés público, es el momento de que los líderes nacionales de todos los Partidos, organicen a sus huestes para ayudar a los más afectados y dejen de gastar tantos recursos para su imagen y fortalecimiento de sus candidaturas, llegó el momento de que se pongan al frente de las movilizaciones que hagan llegar ayuda, víveres, medicamento, herramientas a los más afectados. De que Andrés Manuel López Obrador, presidente de MORENA, ahora si cumpla su promesa de salvar a los más necesitados, promoviendo con sus legisladores iniciativas que canalicen más recursos al Fondo de desastres.

Es el momento de que todos los Partidos Políticos den una muestra de sensatez política y social; legislando para que se apruebe  la propuesta que les han planteado diferentes organizaciones sociales, de donar al menos el 20% del presupuesto que recibirán por concepto de campañas electorales, el cual, asciende a 6 mil 778 millones de pesos que les aprobó el INE y que dicho sea de paso, representa el presupuesto más alto de la historia para unas elecciones en México.

Y aunque es cierto que se les invita a “donar”, también es cierto, que ese dinero no saldría de sus bolsillos, toda vez, que el dinero que reciben proviene de todos y cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos en este país, es decir, solo lo estarían canalizando, para que se utilice, en algo que es realmente importante, humanitario y urgente, ayudar a los damnificados por los dos terremotos ocurridos.

 

En base a lo anterior, al PRI le tocaría donar 200 millones de pesos; al PAN 158; PRD 95 y MORENA 80; lo que equivaldría a 533 millones de pesos, dinero que ayudarían en alto grado en estos momentos y que brindaría a los partidos políticos la oportunidad de cambiar en parte la mala opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos sobre su actuar, porque un gesto de esta naturaleza créame, que sería bien retribuido en las urnas en 2018, aunque por lo declarado por los Diputados de dichos Partidos, eso no les quita el sueño, ya que bajo argumentos legaloides, señalan que no es posible donar los recursos, porque sería un desvió de recursos públicos, es decir, ni cómo ayudarlos, ya que ese dinero ya lo consideran su patrimonio.

Lo anterior, reforzado por el INE y  sus consejeros “ciudadanos”, indolentes y deshumanizados; quienes manifestaron que sería ilegal usar dinero público para fines distintos a los que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, que les prohíbe utilicen de manera discrecional dichos recursos.

Por lo anterior, cabe preguntarnos, porque no han actuado de esta forma ante los múltiples casos de rebase de tope en gastos de campaña de los candidatos de los Partidos o ante los casos de corrupción, actos anticipados de campaña, o inequidad dentro de un proceso electoral; querer hacerse pasar como lo paladines de la justicia, como los más respetuosos de la ley electoral, a costas del sufrimiento y la necesidad humana me parece una actitud inhumana y vil. Pero hay que aceptar, que para eso los pusieron los propios Partidos.

Otros que también deberían aportar a la ayuda es el Presidente de la República y los Gobernadores, cediendo su presupuesto para gastos de su imagen y comunicación a los afectados, créame son miles de millones de pesos, tirados al aire para el enaltecimiento de figuras tan “respetables”.

Dirigentes de los partidos políticos, hoy es cuando más aplaudiríamos una reforma que diera cauce a esta demanda ciudadana, es hoy, cuando más queremos ver actuar a toda su estructura y recursos en favor de quienes los hemos mantenido durante toda su existencia, es hoy señores ¡HOY!

 

 

 

CEL