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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El 13 de noviembre de 2018 el senador Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

 

La iniciativa tiene como objetivo establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deberán implementar de acuerdo con sus atribuciones para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

 

La iniciativa parte de las siguientes premisas:

 

1.-Construir un eje primordial para el Estado que le permita el desarrollo de políticas públicas para disminuir la corrupción, favorecer el desarrollo económico, crear un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios , fomentar la creación de empleos, otorgar certidumbre jurídica para aquellas personas físicas o morales que desempeñan alguna actividad mercantil y, para materializarlas se hace necesaria la creación de dicha ley.

 

2.-La ley tiene un enfoque humano, social y económico, ya que promueve la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe, reconociendo a quienes invierten en el país, se comprometen con su desarrollo , cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de manera óptima sus actividades económicas con trámites administrativos simplificados , lo que además fomenta una cultura de la legalidad , el cumplimiento de obligaciones regulatorias y fiscales y a la vez, el crecimiento económico.

 

Un dato relevante a destacar, respecto al proyecto es el de países como Finlandia que tiene el más alto índice de confianza en la Unión Europea donde cuatro de cada cinco ciudadanos cree que puede confiar en sus compatriotas. La Teoría detrás de estos altos índices de confianza es que “la prosperidad económica y las percepciones de equidad dentro de la sociedad han impulsado la confianza en los finlandeses” ,quienes tienen en alta estima a sus instituciones públicas incluyendo los sistemas judiciales y de salud y la policía.

 

Sobre la aprobación del dictamen de dicha Ley realizada por la Cámara de Diputados el pasado jueves 27 de junio, se han pronunciado diversos analistas como Julio Valera, señalando que “…podría ser el primer esfuerzo legal para abatir, de forma estructural, el fenómeno de la corrupción en México.”

 

Otro de los aspectos que deben considerarse en la aprobación de la iniciativa es, si con ello se dará fin a la “inspeccionitis” en nuestro país.

 

Una de las críticas que también se han hecho, se refiere al artículo 1 de la ley en la que en su párrafo final se establece: “ Lo dispuesto en esta ley no será aplicable tratándose de las materias fiscal y aduanera.” Omitiendo otras materias como son las fito y zoo sanitarias y las relacionadas con salud, ya que algunos piensan que esta ley supone eliminar las inspecciones y la obligada certificación en los sectores agropecuario y de salud que deben realizar autoridades como la Cofepris y el Senasica, lo que podría dar lugar a poner a nuestro país en un riesgo sanitario, Por lo que se sugiere es que se agreguen también estas cuestiones de sanidad agropecuaria y de salud al texto del artículo 1 de la ley.

 

La idea de impulsar este tipo de iniciativas, es que después se extiendan a los niveles de gobiernos estatales y Municipales, en los que en su gran mayoría el excesivo número de trámites y requerimientos de las autoridades para obtener un permiso, autorización o licencia, pasan por todo un andamiaje, en que lo que se pretende es, más que cumplir con la normatividad, el crear espacios para la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios en todos esos niveles. Situación que no ocurre con empresas extranjeras que se instalan en México, quienes reciben un trato privilegiado y se les otorgan todo tipo de facilidades y condonaciones para instalarse y en casos específicos hasta subsidios y apoyos económicos para que no se vayan del país, por ejemplo en la planta armadora alemana AUDI instalada en el Municipio de San José Chiapa en el Estado de Puebla, cuyos beneficios le fueron garantizados por el Gobierno del entonces gobernador Rafael Moreno Valle hasta por treinta años, trato que de ninguna manera recibiría un empresario mexicano.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Una de las leyes no escritas en el sistema político mexicano ha sido, la de perdonar y olvidar los casos de corrupción en que han incurrido los expresidentes, desde la época en que el PRI se apoderó de la Presidencia durante setenta años, hasta el primer Gobierno panista llamado de la alternancia en el poder de Vicente Fox que ganó las elecciones en el año 2000 hubiere iniciado investigación alguna en contra de su antecesor, pasando por el de Felipe Calderón del mismo Partido, quién en ningún momento se pronunció por investigar los casos de desvío de recursos o tráfico de influencias y conflictos de interés de los hijos de la primera dama Martha Sahagún que hicieron jugosos negocios al amparo del poder presidencial.

 

Con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, se llegó a pensar que al no haber intervenido Peña Nieto con el aparato de estado para favorecer al candidato de su partido José Antonio Meade en las elecciones y al haber entregado el poder sin ningún contratiempo, ello le garantizaba un blindaje para no ser investigado o perseguido por el nuevo gobierno por las denuncias y actos de corrupción que se atribuyen a su gobierno incluyéndolo a él y a varios de sus colaboradores; sin embargo el escándalo de corrupción, primero con Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y el de la compra de Fertinal por la que Pemex pagó 635 millones de dólares y en el que se han visto involucrados varios ex directivos de la paraestatal y prominentes empresarios, cuya investigación ahora apunta directamente al expresidente Peña Nieto quién es señalado por autorizar la transacción tras recibir un jugoso soborno de acuerdo con una denuncia iniciada en Estado Unidos, ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales, además por la publicación de una carta abierta de Emilio Lozoya el pasado 10 de junio donde señaló que no se presentaría ante el juez, pero reiteró su disposición de “colaborar” y “manifestar la verdad histórica” sobre los hechos de corrupción que se le imputan, además de comprometerse a dar los nombres de los funcionarios del nivel que sea, que intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona, lo que según el dicho de su abogado pediría se cita al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray en caso de que se abra un juicio, lo que significaría que existe la posibilidad de que Lozoya involucre en sus declaraciones a ambos personajes y por vez primera en la historia de México, un expresidente pueda ser juzgado, sentenciado y condenado por la comisión de uno o varios delitos, lo que no ha ocurrido en nuestro país, a diferencia de otras naciones de América Latína.

 

La lista de Presidentes y expresidentes que han sido investigados, procesados y sentenciados en varios países de centro y Sudamérica se ha ido incrementando. El más reciente el del expresidente peruano Alan García investigado por el caso Odebrecht, quien prefirió darse un tiro en la cabeza, antes de ser detenido y procesado por actos de corrupción de los que era investigado.

 

El escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht ha involucrado a varios expresidentes, algunos afrontan las investigaciones en libertad, mientras otros ya están presos.

 

La lista de los expresidentes que se encuentran en esta situación es la siguiente: también de Perú: Pedro Pablo Kuczyinki quién cumple una detención preliminar, Alejandro Toledo quien actualmente es investigado y reside en los Estados Unidos, aunque el gobierno peruano

 

formalmente ha solicitado su extradición. Ollanta Humala quien estuvo detenido nueve meses y se encuentra a la espera de la acusación de la fiscalía, a esta lista hay que agregar al expresidente Alberto Fujimori quién reconoció haber cometido el delito de peculado por 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregárselos a su asesor Vladimiro Montesinos y se le impuso una condena de siete años seis meses por este delito.

 

De Brasil tenemos los casos de los expresidentes: Michel Temer quién fue encarcelado acusado de recibir sobornos. Después el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva quién fue condenado a doce años y once meses de cárcel.

 

De Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quién es investigada por corrupción aunque actualmente tiene inmunidad por su cargo de senadora.

 

De Panamá el expresidente Ricardo Martinelli acusado por escuchas ilegales y malversación de fondos.

 

En el caso de Guatemala, la lista es más amplia: el expresidente Otto Pérez Molina acusado por cometer fraudes en las aduanas. Álvaro Colom acusado de corrupción en el modelo de transporte y finalmente Alfonso Portillo acusado por corrupción.

 

De Honduras el expresidente Rafael Callejas acusado por conspiración y estar ligado al crimen organizado.

 

De Ecuador: el expresidente Rafael Correa quien tiene una acusación por delincuencia organizada relacionada con el caso Odebrecht.

 

A la lista anterior de llevarse a cabo una investigación a fondo, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos y de resultar encontrado culpable el expresidente Peña Nieto, su nombre puede sumarse y ante la opinión pública, se terminaría al fin la impunidad de los expresidentes.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El gobierno tiene la facultad mediante el Servicio de Administración Tributaria, para perdonar impuestos, multas y otro tipo de deudas fiscales a los contribuyentes, principalmente para recuperar recursos de personas físicas o morales incumplidas o bien, para apoyar a sectores económicos con baja capacidad contributiva, como una manera de incentivar a los contribuyentes para ponerse al corriente de sus obligaciones y así lograr captar más recursos en corto plazo.

 

Sin embargo, la condonación de impuestos, es un beneficio del que la mayoría de los pequeños contribuyentes no goza, pero sí algunas de las grandes empresas, lo que resulta en detrimento del erario y en los incentivos para pagar impuestos.

 

Dicha práctica se apuntaló durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde se condonaron impuestos a 108 grandes contribuyentes, dando como resultado que entre 2007 y 2018 se condonaron impuestos que equivalen a 400,902 millones de pesos a valor actual, concentrándose en ellos, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales.

 

Asimismo, a partir del año 2013, se implementó un programa masivo para condonar adeudos de impuestos, a 36 empresas (de 41 mil 399) se les perdonaron más de 80 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que se condonó en total gracias a este programa.

 

De esta forma entre 2015 y 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le perdonó a 15 empresas el pago de impuestos por al menos 15 mil millones de pesos.

 

De acuerdo con el informe Privilegios Fiscales, que presentó la organización Fundar, esas 15 personas a las que se les cancelaron sus adeudos representa el 0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% de las cancelaciones.

 

Entre las empresas beneficiadas con estas condonaciones están: Corporación Geo; Simec International; Industrias CH; GEO; GEO Jalisco, GEO Noreste; Volskwagen; el Instituto Politécnico Nacional; Arnecom.

 

En el último año del gobierno de Peña, más de mil 383 personas morales recibieron la condonación de créditos por un monto total de 4 mil 400.69 millones, sin embargo sólo el 1% de estas empresas acumularon el 85% del total de créditos condonados en este periodo.

 

Como podemos ver estas condonaciones por parte de las administraciones pasadas, lo único que ocasionaron fue un detrimento al erario público, además de

 

convertirse en el instrumento utilizado por los presidentes para favorecer a sus amigos y/ o empresas que les significaran ganancias económicas personales.

 

Pero parece ser que al fin podremos erradicar esta práctica discriminatoria y excluyente, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos a grandes empresas, el cual deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación, que era lo que les permitía condonar deudas fiscales.

 

En el caso de los Estados, como Puebla las condonaciones de impuestos y la exención de su pago por varios años, fueron prácticas que se dieron en forma sistemática durante el gobierno del finado ex gobernador Rafael Moreno Valle, justificadas en el hecho de atraer inversiones y crear fuentes de trabajo para los poblanos; sin embargo existe la queja de pobladores como los de San José Chiapa donde se instaló la planta de la armadora automotriz AUDI, que señalan que a la fecha han sido mínimos los beneficios para la población y que es casi nula la contratación de pobladores del lugar, ya que sólo se contrata a personal especializado.

 

Por ello, es de esperarse que con la llegada a la gubernatura de Puebla de Luis Miguel Barbosa Huerta, se revisen estas condonaciones y se investigue además si las empresas cumplieron con lo prometido; de no ser así valdría la pena cancelar dichos beneficios y obligarlas a pagar sus impuestos y contribuciones, siguiendo el ejemplo del Presidente López Obrador, poniendo fin a éstas prácticas del ejercicio del poder, que nos hacen pensar, que las empresas sólo benefician al gobernante que les dio tan preciada dádiva.

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     *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El concepto de Austeridad, puede ser interpretado de diversas maneras, de acuerdo a lo que cada persona considere implica en su vida o actuar cotidiano,  por ejemplo habrá quien considere que ser austero implica ser sencillo o ahorrar gastando sólo en lo  indispensable, vivir en la medianía y sobre todo ser una persona moderada en todos los sentidos, siendo sobrio y llevando una vida sin excesos.  Si nos preguntamos ¿Cuál debe ser el rasgo distintivo de lo que debe ser en estricto sentido un gobierno austero? Las cosas toman otro giro, ya que no estamos hablando de la forma de conducirse de una persona o grupo que repercute en sólo unos cuantos, sino por el contrario se afectan a millones de personas subordinadas al aparato gubernamental y que deben adaptarse a los nuevos tiempos y momento que vive el país.

Jhon M. Ackerman investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma que: “Bajo la influencia de la ideología neoliberal muchos hoy entienden la austeridad como equivalente a la reducción de los apoyos a los más necesitados, en lugar de su sentido originario de la limitación de los excesos de los más privilegiados”

 

Es así , que por ello la iniciativa de La ley de Austeridad Republicana ya aprobada por la Cámara de Diputados y en estudio en las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos , Segunda del Senado de la República y que será sometida a discusión del pleno, tiene como objetivo central acotar los excesos del Gobierno Federal en materia de presupuesto y hacer más eficiente el gasto público.

 

 

Además establece que las dependencias públicas ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.

El artículo cuarto señala que el objetivo de la ley es: “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía , transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”

Otro de los elementos a destacar de esta nueva ley, es que propone la desaparición de plazas con nivel de dirección general adjunta. Limita a tres el número de asesores permitidos por dependencia, y señala que sólo los titulares de éstas podrán tener secretario particular.

También se eliminan las contrataciones de “asesores” y choferes así como una reducción significativa de los gastos de viáticos, telefonía celular y papelería.

 

Lograr la austeridad en el gobierno federal, fue una de las promesas de López Obrador en su campaña por la Presidencia, pero además una de las demandas más sentidas de los ciudadanos, que fuimos testigos de los excesos y privilegios de quienes detentaron el poder y de sus familiares quienes hacia ostentación de lujos, viajes, choferes, ayudantes, vehículos de lujo, hospedaje en hoteles de lujo y de un séquito de ayudantes y empleados a su servicio, representando en la vida real un gobierno rico, burlándose de un pueblo pobre y despilfarrando el presupuesto de las dependencias. Bajo una lógica que los cargos en el gobierno, no eran para servir al pueblo, sino para servirse en beneficio de sus propios intereses y de los de sus familiares y amigos.

 

Es evidente, que en este nuevo modelo del ejercicio de la función pública y con una austeridad eficaz, serán pocos los que acepten trabajar en el gobierno y quienes lo hagan deben tener presente que se terminaron los excesos y abusos en el ejercicio del presupuesto, ya que seguramente después de que se apruebe esta Ley de Austeridad Republicana, los Estados del país, deberán aprobar sus propias leyes en esta materia, para evitar que sea sólo el Gobierno federal y sus funcionarios, quienes se aprieten el cinturón y los Gobernadores y Presidentes Municipales continúen con los privilegios y excesos que han originado la inconformidad de los ciudadanos quienes han tenido que soportar estas prácticas, solapadas por los Congresos locales y los cabildos para dar impunidad a los gobernantes en turno.

Pero lo mejor de esta nueva Ley, es que los ahorros que se logren obtener, serán destinados a los grupos más vulnerables y para atender el gasto social, la educación y la salud pública.

 

                                                                  *Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.  

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El Plan Nacional de Desarrollo se presenta en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.

 

Dicho documento, representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste, así como , establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos.

 

Por lo anterior, es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional, de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación, donde el Presidente de la República debe diseñar el plan y luego remitir al Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, posteriormente, el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

 

Asimismo, la Ley establece un plazo máximo de seis meses para elaborar, aprobar y publicar el PND, desde que asume la presidencia. Si bien, el plan considera una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno, en 2015 se adicionó al artículo 21 de la Ley de Planeación, considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento económico, con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, sostenido y sustentable. Para lograrlo, cada presidente deberá agregar y/o considerar elementos de largo plazo, con un horizonte de hasta 20 años para la política nacional de fomento económico.

 

La actual administración federal ha enviado ante el H. Congreso de la Unión, el documento que pretenden cumpla con la normativa enunciada anteriormente y groso modo está estructurado de la siguiente forma:

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, está regido por doce principios, a saber: 1. Honradez y honestidad; 2. No al gobierno rico con pueblo pobre; 3. Nada al margen de la ley, por encima de la ley nadie; 4. Economía para el bienestar; 5. El mercado no sustituye al Estado; 6. Por el bien de todos, primero los pobres; 7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 8. No hay paz sin justicia; 9. El respeto

 

al derecho ajeno es la paz; 10. No más migración por hambre y violencia; 11. Democracia significa el poder del pueblo; y 12. Ética, libertad y confianza.

 

Plantea tres ejes generales: 1. Justicia y Estado de Derecho; 2. Bienestar; y 3. Desarrollo económico; Tres ejes transversales: 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión; 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; y 3. Territorio y desarrollo sostenible, con cada uno de estos temas en estos ejes a cubrirse las necesidades de la población en México.

 

Sin embargo, el documento el cual va a convertirse en el instrumento rector de la política sexenal y que debe plantear el desarrollo de nuestra nación, tiene de contenido tan solo 68 paginas, carente de objetivos, líneas de acción, sistemas de evaluación de resultados, tan es así que dentro de la de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguraron que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, no cumple con los requisitos básicos que establece la Ley de Planeación y señalaron que, solo se queda en un decálogo de buenos deseos que dicen el 'qué' pero no el 'cómo' llevar a cabo las acciones de Gobierno para que se cumpla a cabalidad con las promesas de campaña.

 

Este análisis evidencia, que la administración federal no ha entendido que, un plan de desarrollo nacional no es para repartir los recursos que se produzcan en el país, debe ser toda una estrategia integral para invertir en educación, salud, seguridad. infraestructuras como carreteras, hidroeléctricas, acueductos, y en aspectos específicos que son necesarios para el desarrollo de la nación, como un todo, de manera que toda la población y todos los sectores tengan iguales oportunidades y las mejores condiciones, para poder, por ellos mismos, progresar.

 

Es necesario, hacer un alto y reflexionar en el sentido de que, la campaña termino tres días antes del primero de julio de 2018, se necesitan acciones reales y posibles, envestidas de estrategia y proyección, es decir, llego la hora de gobernar, la retórica política hoy debe estar apartada de las acciones, en otras palabras los mexicanos necesitan ver resultados y sobre todo que se reflejen en su entorno y en sus economía familiar. De no lograrse lo anterior, el nivel de popularidad y aceptación con que llegó a la Presidencia López Obrador seguramente irá a la baja.

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