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¡LA POLÉMICA SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LOS MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO!

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El diez de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales abrieron la posibilidad de integrar gobiernos de coalición por decisión del Presidente de la República, con formaciones políticas representadas en el Congreso, distintas al partido en el gobierno, bajo las condiciones establecidas por la propia Constitución.

Adicionándose al artículo 89, que determina las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la fracción XVII entre otras, para permitir a éste, optar por un Gobierno de Coalición.

Asimismo y supuestamente en atención a la homologación con la reforma en la materia a nivel federal, el gobierno del Estado de Puebla, realizó su propuesta de reforma político electoral, que tiene como base fundamental la obligación de formar gobiernos de coalición y la posibilidad de realizar segundas vueltas electorales en los procesos locales.

Donde se establecerán cuatro escenarios o situaciones posibles a manera de reglamentar la figura constitucional:

1) Cuando un candidato gana con el 42 por ciento o más de la votación válida emitida no tiene la obligación de hacer un gobierno de coalición, pero le queda abierta la opción para generar mejores condiciones de diálogo y acuerdos con las demás fuerzas políticas.

2) Cuando el primer lugar no saque el 41 por ciento de la votación, estará obligado “políticamente” a formar una coalición con alguno de los partidos que hayan participado en el proceso electoral en cuestión con el objetivo de alcanzar el 42 por ciento más de la votación.

3) Cuando el primer lugar gane con el 42 por ciento pero la diferencia con el segundo lugar sea menor al 5 por ciento ambos partidos deberán formar el gobierno de coalición o de lo contrario se tendría que ir a una segunda vuelta electoral.

4) Cuando el ganador obtiene el 42 por ciento de la votación y hay una diferencia de más de 10 puntos con el segundo lugar no hay necesidad de la segunda vuelta pero sí será obligatorio el gobierno de coalición con las fuerzas políticas que participaron.

Lo que presumiblemente, podemos entender como el adecuarse a lo establecido en el artículo 89 constitucional en su fracción XVII, sin embargo, en dicho numeral, se establece la opción de formar gobiernos de coalición como una facultad del ejecutivo y no así una obligación que devenga de un resultado electoral.

Por lo anterior, debemos tener en consideración que el pluralismo es plausible en tanto que garantiza la mejor representación posible e incluyente de la sociedad civil al ofrecer un amplio espectro ideológico. Empero, si el pluralismo no se complementa con otras instituciones democráticas puede afectar la eficiencia del gobierno y hacer que la buena representación política se traduzca en un déficit democrático en el ejercicio del poder.

Situación que no podemos, ni debemos, dejar de observar en razón de preguntarse si las instituciones encargadas del ejercicio democrático en nuestro estado, realmente tiene el nivel de eficiencia para complementar ese ejercicio democrático, es decir, el Instituto Estatal como autoridad administrativa ofrece las garantías de certeza, legalidad e imparcialidad que se requiere en el ejercicio de sus atribuciones o de si el Tribunal Electoral Estatal realmente hace cumplir la legalidad y la constitucionalidad de los actos y resoluciones de la materia.

Y también preguntarse, si en Puebla contamos con una verdadera división de poderes, donde el ejercicio del mismo, esté garantizado por la libertad de acción, donde no exista intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Congreso, o en la designación de los Jueces y Magistrados del poder judicial, porque de lo contrario, con gobierno de coalición o sin él, seguiremos siendo testigos de gobiernos que se ejercen solo por los amigos del gobernador y en beneficio de ellos.

 

 

 

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¡ELECCIONES DE ESTADO!

 

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Gran controversia y polémica desató, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, referente a la acción de inconstitucionalidad número 29/2016, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la invalidez del artículo 300 del Código Civil de Puebla, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo de 2016.

En dicho numeral, se establecía que el matrimonio podía celebrarse sólo entre hombre y mujer a partir de los 18 años, por lo que mediante la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, decidieron, que el mismo debía invalidarse por incurrir en “desigualdad”. Asimismo, el contenido del fallo, también invalidó el artículo 294, en la porción normativa que establece “perpetuar la especie” como objetivo del matrimonio, de igual forma las que señalan “un solo hombre y una sola mujer”, “entre un solo hombre y una sola mujer”; “como marido y mujer”; del artículo 297, las cuales, deberán entender como “dos personas del mismo o de diferente sexo”.

La anterior resolución, trae consigo, un cambio de paradigma en la institución del matrimonio en México, fundado en el respeto a los principio de “igualdad”; autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda vez que a partir de dicha resolución el matrimonio podrá celebrarse entre personas del mismo sexo dentro del estado, con pleno reconocimiento de derechos y obligaciones entre los contrayentes.

Sin embargo, la resolución en mención, acaece en un momento crucial en el escenario mundial, en razón de lo expresado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Chapin and Charpentier, donde por unanimidad de sus miembros, estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho humano, al interpretar el artículo 12 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (Tratado de Roma), donde se alude al concepto de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, no obligando a ningún Estado a ampliar el derecho al matrimonio entre parejas homosexuales.

Por lo que, la contradicción entre ambas, ha estimulado la polémica entre los diferentes actores sociales, académicos y estudiosos del derecho, al señalar que uno u otro están en lo correcto, sin embargo es dable analizar ambas posturas para entender la razón de dichas resoluciones.

Con lo que respecta a la resolución de la SCJN, considero, es un avance que se da al respeto de los derechos humanos, consagrados por nuestra Constitución y por los diferentes instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los que México se ha obligado a observar. Y subrayo, que la resolución, se da en observancia a los derechos humanos de: igualdad; autodeterminación de las personas, libre desarrollo de la personalidad, y que no se está estableciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho humano.

Es decir, la SCJN, simplemente está, liberando el ejercicio del derecho a contraer matrimonio, sea entre personas del mismo o diferente sexo, y que los derechos y obligaciones contraídos en el libre ejercicio, sean reconocidos por el Estado, para así, otorgar certeza jurídica a los individuos.

Situación, que no contradice lo expresado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda vez que éste, tampoco establece el matrimonio entre personas del mismo sexo como derecho humano, aunado a que en la misma resolución también señala que los Estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales y gozan de un margen de apreciación para decidir acerca de la naturaleza exacta del estatuto otorgado por otros modos de reconocimiento jurídico.

Por lo consiguiente, cada Estado podrá establecer las medidas normativas, jurídicas, sociales o de cualquier otra naturaleza que optimicen la salvaguarda de los derechos y exigencias de los integrantes de su sociedad para el beneficio y desarrollo de la misma.

 

Será interesante observar, las reacciones y posturas de los Diputados del Congreso del Estado, cuyas fracciones se han opuesto en forma reiterada a analizar temas como el matrimonio igualitario, la voluntad anticipada, la eutanasia, entre otros, anteponiendo sus ideologías conservadoras y buscando ante todo quedar bien con los grupos radicales, para que los apoyen en sus proyectos políticos; pero en este caso, lo único que les queda es cumplir con la resolución del máximo tribunal del país, sin que tengan otra alternativa. 

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“COAHUILA, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El pasado 19 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los aspirantes a la gubernatura de Coahuila, tanto Miguel Ángel Riquelme, del PRI, como Guillermo Anaya, del PAN, rebasaron los topes de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio.

El Consejo General del INE en su dictamen de gastos de campaña, detalló que Riquelme Solís, aspirante de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, excedió el tope de gastos por 7.86 por ciento, y Anaya Llamas, abanderado de la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, lo rebasó por 4.56 por ciento.

Ante lo cual la Constitución es muy clara en este aspecto al señalar en su artículo 41 que (…) La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; … por lo que, una vez acreditado este supuesto por la autoridad administrativa de manera objetiva y material, como también lo exige el numeral invocado, se presume que las violaciones son determinantes para proceder a la nulidad y convocar a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Esta causal de nulidad es introducida en nuestro sistema electoral como consecuencia de la reforma electoral de 2014, la que convierte a la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos, en un pilar del sistema electoral mexicano, el cual, responde a la salvaguarda del principio de rendición de cuentas y de equidad electoral.

Lo anterior, con el firme objetivo de inhibir conductas ilícitas como: la aportación de capital de entes prohibidos; transparentar los ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos, garantizar respeto a los límites de gastos, para con ello equilibrar las contiendas y no hacer del flujo de recursos económicos el factor determinante en una elección.

Ahora bien es preciso puntualizar que el actuar del INE en este aspecto, se basa en atribuciones meramente técnicas es decir, la autoridad administrativa es la encargada de fiscalizar los ingresos y los gastos en campaña, sin embargo, el elemento natural del tope máximo de gastos y la consecuencia jurídica, no les corresponde a dicha autoridad substanciarla.

El tope de gasto de campañas es determinado por las fuerzas políticas que integran cada congreso local, es decir, quienes determinaron que el tope de gasto de campaña para el Estado de México ascendiera a la cantidad de 285 millones de pesos, fueron los diputados que integran la legislatura del Estado de México, lo que le ocasionó un gasto de 25 pesos a cada mexiquense inscrito en el listado nominal, gasto a todas luces excesivo en razón del resultado democrático. Y por si fuera poco ese tope autorizado por los diputados mexiquenses resultó cinco veces mayor al que se tendrá en la elección presidencial de 2018, y luego se preguntan porque los integrantes de los Congresos gozan del repudio de la sociedad.

Asimismo, la consecuencia jurídica, al rebase del tope estipulado en la Constitución, es tarea que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en el país, por lo que a este tribunal corresponde anular la elecciones en los estados en que la causal arriba impetrada haya tenido lugar, sin importar que se trate del estado donde se eligió al primo del Presidente de la Republica, y complemente el trabajo técnico del INE, para con ello, primero, cumplir con la tarea encomendada por el artículo 99 constitucional y embestirse de credibilidad y confianza en su actuar; segundo, aprovechar la oportunidad para decirle al electorado que la próxima elección presidencial estará revestida de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, en la que el resultado será garantizado por la democracia.

Ahora bien, también resulta cierto lo manifestado por el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, que la aplicación de las causales de nulidades por el rebase del gasto en más de 5 por ciento no necesariamente es automática, sino que se debe ponderar la determinancia en el resultado y que la sola referencia constitucional del rebase mayor al 5 por ciento, no es declarativa, y que debe hacerse un estudio minucioso del dictamen del INE, para poder resolver conforme a derecho, pero también es cierto que la ciudadanía estamos habidos de una resolución que evidencie que el estado de derecho está por encima de cualquier interés político y, económico y que el respeto a la norma jerárquica superior está vigente entre nuestras autoridades.

Por otra parte y no menos importante, será trascendental, que no se deje sin castigo a los responsables de estas conductas ilícitas que atentan contra la democracia de nuestra nación, es decir que se investigue, persiga y sancione penalmente a los responsables de dichas conductas y sean castigados conforme a derecho.

 

 

 

 

 

 

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Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos, en el que el acceso al poder se organiza a través de una contienda entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Es un principio clave que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley.

En México, dicho principio, se instaura de forma trascendental, con la reforma electoral de 2007, la cual, significo un parteaguas en la historia del derecho electoral mexicano, con ella el poder constituyente determinó, entre otras cuestiones, la actuación imparcial en las contiendas electorales respecto de quienes ocupan cargos de elección popular de todos los ámbitos de gobierno.

Dicho principio, tiene su ubicación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, donde encontramos medidas normativas que tienden a garantizar expresamente el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales.

Con base en lo anterior, la igualdad de oportunidades en el acceso a las competiciones electorales es el presupuesto y fundamento de la libertad de elección, e implica garantizar la libertad de acceso a las mismas, impidiendo, por ejemplo, que algunos de los actores electorales obtengan ventajas indebidas, como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse. De ahí que el principio de igualdad de oportunidades se haya convertido también en el fundamento constitucional de las causas de inelegibilidad.

Sin embargo, y a pesar del significativo avance en el constructo de nuestra democracia, con la implementación de este principio, fuimos testigos, que el interés de algunos está por encima del desarrollo que como Nación habíamos alcanzado con el establecimiento del mismo, toda vez que, presenciamos en el Estado de México, una elección de Estado, donde el presidente Enrique Peña Nieto encomendó a Rosario Robles, la campaña de Alfredo del Mazo, y desplegó a su gente de confianza en los puntos más importantes del estado, para asegurar el triunfo electoral, encargo a Luis Enrique Miranda la zona de Valle de Bravo, José Narro a Ecatepec, en los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada 'ruta de la leche', bajo el mando del director de LICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga. Margarita González, la operadora electoral de Robles, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, se concentraron en Nezahualcoyotl. En fin casi todo el aparato gubernamental federal trabajando todo el día de la jornada electoral, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de ir pasando al presidente la información de cómo se iba comportando el electorado.

Como pueden observar, el despliegue federal coronó la ofensiva más agresiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual, se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito de la actual administración federal.

La irrupción de Gómez y Morena en el Estado de México, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, junto con los enormes negativos del presidente trasladados a Del Mazo, le crearon un entorno hostil que obligó al gobierno y a su partido a abrir la chequera y comprar voluntades a 'billetazos'. La compra del voto comenzó en dos mil 500 pesos y terminó en cuatro mil; la compra de credenciales de militantes de Morena, alcanzó los 20 mil pesos. Los priistas compraron espacio en las paredes de las casas por cuatro mil pesos para colgar propaganda, porque el Instituto Nacional Electoral sólo contabiliza los espectaculares. Ante tantas reglas formales, la campaña se convirtió en un caldo de cultivo para la informalidad, que aprovechó el PRI.

En competencias tan reñidas como en el Estado de México o en Coahuila, el fraude electoral, lamentablemente, se vuelve más visible e indignante, porque ahí observamos con todo su despliegue las artimañas para impedir la equidad y la justicia electoral: compra, coacción del voto, intimidación vía telefónica y redes sociales, alteración del padrón electoral, condicionamiento de programas y servicios públicos, uso del crimen organizado y del aparato burocrático para aplastar al opositor.

Toda esta situación, hace pensar que no hemos podido desmarcarnos del gatopardismo practicado por el PRI, durante su hegemonía partidista en nuestro país, donde realizó cambios para que todo siguiera igual. Ideó y llevó a cabo la reforma política de 1977; liberalizó el sistema político-electoral; cedió a las presiones de las fuerzas políticas en ascenso y de la sociedad organizada para modificar una y otra vez las leyes electorales; permitió a la oposición ocupar curules en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; incluso acceder a la gubernatura de algunos estados y ocupar algunas cabeceras municipales, cuidando de no perder la hegemonía.

Es decir, "Cambiar para no cambiar", en relación a las formas de ejercer el poder, permitió al PAN ocupar Los Pinos por dos sexenios, al final de los cuales, regresar para demostrar que la crisis de representación por la que pasa el sistema de partidos está llegando a niveles inaceptables, donde las ideologías políticas y partidarias sucumben ante el ejercicio del poder, ante un INE timorato y servil a los intereses del poder en turno.

 

 

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Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En días pasados se dio a conocer la noticia de que la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), y un colectivo de ONG mexicanas, entre las que destacan: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende); presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Crímenes detalladamente documentados en el reporte especial de Gloria Leticia Díaz, titulado “Entre el infierno y la esperanza”, en el que da cuenta del dramático número de casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas, con la complicidad del Ejecutivo del Estado.

En la denuncia se plantea una investigación sobre más de 500 casos concretos, durante esos dos periodos de Gobierno en Coahuila con testimonios e información clave con los que se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

El documento pretende probar que se ha registrado un ataque sistemático contra la población civil de Coahuila, lo cual, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, daría competencia para que la CPI indague a funcionarios y ex funcionarios mexicanos en específico.

Pero para ofrecer al lector un sentido más claro de lo que representa para una sociedad la presencia de un delito de esta naturaleza y el impacto que ocasiona en nuestro país, empezare por tratar de responder a la pregunta de ¿qué es un delito de lesa humanidad?, donde, la respuesta debe elaborarse necesariamente en el marco del derecho penal internacional y derecho humanitario, que a través del tiempo fueron creando normas, que prohibían ciertas conductas, y de esa manera pretendieron proteger los bienes jurídicos de mayor trascendencia e importancia para el ser humano, como son la vida y la libertad personal.  

El concepto fue evolucionando a través de la historia y ampliándose la nómina de actos prohibidos, llegando a la definición más elaborada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI), que reclama también, la concreción de elementos objetivos y subjetivos para conformar un tipo penal especial, que se hallan comprendidos, como dice el preámbulo del Estatuto de Roma (cuarto párrafo) entre “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.

En términos generales son delitos contra la humanidad aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad física, libertad, etc.), que pueden cometerse en tiempo de paz o de guerra, pero necesariamente en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, donde se le exige al autor el conocimiento de dicho ataque.

Con base en lo anterior, es más que evidente que la presencia de este tipo de delitos en nuestra sociedad lo único que demuestran es que estamos llegando al grado máximo de descomposición del tejido social, donde la identidad de la autoridad está confundiéndose con la de la delincuencia, es decir, buenos y malos actuando en conjunto contra la sociedad, cegados por la ambición y el poder.

Por ello, los ciudadanos tenemos la obligación de actuar, de salir del pasmo social en que nos han sumergido gobernantes desleales y deshonestos, la denuncia ante la CPI es un primer paso, pero además los ciudadanos podemos expresar nuestro repudio contra estos actos inhumanos, el primer domingo del mes de junio del año 2018, fecha en que los ciudadanos tomemos con responsabilidad nuestro derecho al ejercicio del voto y con él, echar de la vida política de nuestra nación a los Moreira, Duarte, Borge, Padres, en fin, toda esta estirpe de virreyes, que no han representado más que sus propios intereses y de sus aliados y cómplices, seguramente a esta lista de gobernadores violadores de Derechos Humanos se sumaran otros como Graco Ramírez de Morelos.

 

Por que como nación, como ciudadanos, ¡Debemos encontrar en la legalidad de nuestros actos, la legitimidad de nuestros reclamos!

CEL