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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El Plan de Nación 2018-2024 que presentó la coalición Juntos Haremos Historia, asume como compromiso fundamental la integración de un Gobierno sensible, incluyente y eficiente, que permita definir la operación de políticas públicas que impulsen el desarrollo socioeconómico de nuestro país, para lo cual, contempla distintas acciones, que tienen como propósito hacer crecer la economía 6% cuando finalice su administración, rompiendo con la tendencia del promedio anual de 2.5% de los últimos 40 años.

 

Dentro de esos propósitos, López Obrador prometió recortar a la mitad la publicidad oficial, y establecer reglas claras que definan los criterios de asignación basados en la idoneidad, transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, así como que la publicidad sea identificable de la información.

 

Para tal objetivo, Ley General de Comunicación Social, aprobada en fast track, por la anterior legislatura, resulta un verdadero obstáculo, para cumplir con dichos objetivos, por lo que es necesario reformarla casi en su totalidad o implementar una nueva ley que se ajuste a lo proyectado en el Plan Nacional.

 

Lo anterior en razón de que la señalada ley, es un copy-page de la iniciativa de ley impulsada por el PRI, que a su vez copia los ya existentes e ineficientes lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,

 

Aunado a que, en ella, no se atienden los problemas de la publicidad oficial, no contempla criterios claros para la asignación de los recursos públicos, no fomenta la pluralidad, no advierte límites en el presupuesto, y deja como responsable del padrón de medios a la Secretaría de Gobernación.

 

Por lo que es de imperiosa necesidad establecer una ley con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la cual erradique el uso proselitista de la publicidad oficial, termine con la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, y que de esta manera dote de transparencia y regulación la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

 

Asimismo, evite lo sucedido en los años 2013; 2016 y 2017, donde se tenía presupuestada una cantidad específica para publicidad oficial y el mismo se elevó en más del 50% aprobado, gastándose 8 mil 154 millones; 10 mil 698 millones de pesos; y más de 7 mil 800 millones de pesos, respectivamente. Lo cual para un país con las necesidades sociales que tiene México, resulta una verdadera falta de congruencia y sensibilidad social, además de un derroche innecesario de recursos utilizados sólo para rendir culto a los “logros” del Ejecutivo Federal.

 

Todo lo anterior se ha hecho del conocimiento de Jesús Ramírez Cuevas, quien será el próximo coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quién ya se reunió con representantes de organizaciones civiles para planear la ruta de una nueva Ley de Publicidad Oficial que acabe con la discrecionalidad y el despilfarro.

 

Todos tenemos la esperanza en que esta no se convierta en una promesa más sin cumplir, y que se revitalice la Administración Pública bajo criterios de innovación, enfoque a resultados, austeridad, calidad, rendición de cuentas y transversalidad entre los diversos sectores y programas de Gobierno.

 

En el caso de los Gobiernos estatales, sin importar el partido que impulsó a los Gobernadores, existen también casos de escándalo en el uso faccioso y de negocios llevado a cabo con los medios de comunicación que son afines a los gobiernos quienes han recibido jugosos contratos y por otro lado el golpeteo y persecución política, hasta el exterminio, en contra de los medios críticos que no se han sometido a las decisiones de las oficinas de comunicación de los gobernadores para dictarles línea editorial.

 

De ahí la importancia de contar con una nueva Ley de Comunicación Social a nivel federal, que después se impulse a nivel de las legislaturas locales, para de una vez por todas terminar con éstas prácticas de los Gobiernos, que a la fecha, nadie puede controlar, ni limitar.

 

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El pasado 3 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto rindió su sexto e último Informe de Gobierno desde el Palacio Nacional, dicho evento volvió a estar envuelto de esos tintes priistas de décadas pasadas, donde el presidente de la Republica es tratado como un auténtico monarca diocesano, que” ha provisto a su pueblo de riquezas y bienestar social”.

 

Sin embargo, la realidad política, económica y social que actualmente vive el país es muy distinta a lo plasmado y recitado en dicho informe, puesto que la administración de Peña Nieto, sin lugar a dudas, deja un lastimoso legado en muchos aspectos que afectan a la sociedad mexicana y que colocan su administración como una de las tres peores en la historia de México en los últimos 88 años, con un nivel de aprobación inferior al 3%, que no tuvieron expresidentes como Vicente Fox en 2006 y Felipe Calderón en 2012.

 

Para darse cuenta de lo anterior, bastan los siguientes datos duros en contra de la escena teatral montada en Palacio Nacional:

 

Según cifras y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el sexenio de Peña Nieto, México creció a un ritmo de 2.31% anual en promedio, menos de la mitad del 5 y 6 % prometidos por el mandatario en sus compromisos de campaña, y que además lo coloca como el tercer sexenio de más bajo desempeño económico en la historia moderna de nuestro país.

 

Solo dos presidentes habían logrado tener peores resultados; Miguel de la Madrid, con quien la economía solo creció a una tasa de 0.21% anual; y el panista Felipe Calderón, en cuyo sexenio el PIB aumentó 2.16% cada año.

 

Otro de los rubros que no pudo combatir la administración saliente, fue la desigualdad social, puesto que a nivel Latinoamérica, junto con el Salvador, somos el país con menor crecimiento económico desde la década de los 90´s, ya que en ese lapso, México solo logró reducir en 4.1 unidades el porcentaje de su población pobre, que era de 47.7% en 1989 y se estableció en 43.6% el año pasado.

 

Ante tal evidencia, es un hecho que la administración Peñista nunca se asomó siquiera a la ruta de la expansión que se requiere para combatir sus rezagos y mucho menos la desigualdad social.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que entre 2012 y 2016 el número de mexicanos pobres se incrementó en 100 mil, al pasar de 53.3 millones a 53.4 millones en ese lapso.

 

Por otra parte, considero sin lugar a dudas, que el agravio que más lastima a la mayoría de los mexicanos y por la cual será señalado a perpetuidad Peña Nieto,

 

se encuentra en el rubro de la seguridad pública, ya que de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, de diciembre de 2012 a febrero de este año, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 102 mil 327 carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos, 532 carpetas menos que las del sexenio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

 

Es decir, su promesa de acabar con la crisis de violencia en México, también se convirtió en uno más de sus compromisos incumplidos, ya que según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) hasta el 21 de enero se contabilizaron 35.410 desaparecidos. Donde de acuerdo a cifras publicadas por el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro-Juárez, el 60 por ciento (21. 602) de las mismas corresponden al sexenio de Peña Nieto.

 

Queda además para el registro de la historia y que marcó a este sexenio, la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, acontecimiento que sigue vigente en la memoria de millones de mexicanos, sin que hasta el momento exista una versión real de lo sucedido, ni el encarcelamiento de todas las autoridades involucradas en este acto tan deleznable.

 

Las cifras anteriores, el hartazgo social así como los actos de corrupción en que se vio envuelto el Presidente y dos de sus colaboradores más cercanos como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong en los escándalos de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, motivaron el voto de castigo y rechazo de más de treinta millones de mexicanos el pasado 1 de julio en contra del candidato del PRI a la presidencia de la república y que arrastró a cientos de candidatos a Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados y senadores, así como Diputados locales en seis estados del País; dejando a dicho partido en un vergonzoso tercer lugar en las preferencias electorales.

 

Esta es la herencia que deja el sexenio de Enrique Peña Nieto, un país en endeudado y saqueado por una clase política que sólo se sirvió del poder para su beneficio personal.

 

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Escribe: Germán Molina Carrillo

 

Uno de los mayores retos, que sin duda alguna enfrentará el próximo Gobierno de la República y que ha hecho crisis en la mayoría de los Estados, es lograr rescatar el “Estado de Derecho” que no sólo ha perdido vigencia en las instituciones del país, sino que su constante violación y en algunos casos su manipulación y uso faccioso para beneficiar a los grupos en el poder, se ha convertido en un cáncer, que ha lacerado no sólo la confianza en las autoridades al permitirse la constante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución General de la República, sino también se ha vuelto uno de los problemas que en mayor medida han permitido el crecimiento de la corrupción, impunidad y sobre todo el aumento alarmante de la delincuencia en varios de los Estados de la República, por la colusión evidente entre los carteles con las autoridades como las policías estatales, municipales y las fiscalías. Ejemplos sobran y las víctimas de dichos actos seguimos siendo los ciudadanos, como usted o como yo, a quienes no nos queda, más que esperar suceda un milagro para que las instituciones tomen de nuevo su rumbo y volvamos a confiar en quienes supuestamente deben otorgarnos seguridad para que se combata en forma real y efectiva a los grupos de la delincuencia organizada cuyo crecimiento sigue viento en popa, sin que nada, ni nadie parezca tener el antídoto a esta situación.

 

Señalo lo anterior, porque uno de los elementos fundamentales que dan vigencia al Estado de Derecho, es precisamente el contar con un Poder Judicial encargado de la trascendental tarea de administrar justicia, que sea autónomos, imparcial e independiente, alejado de los intereses de grupos de poder que eviten su perversión y que haga que sus resoluciones se encuentren manipuladas o sean dictadas desde una oficina distinta a los juzgados y recintos de los Tribunales Superiores o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es factible cuando los jueces, magistrados o Ministros deben su nombramiento al Gobernador en turno o al Presidente de la República. Como ejemplos podemos citar la designación en 2015 de Eduardo Medina Mora como Ministro del máximo tribunal del país y quien no contaba con experiencia en la administración de justicia y que sin embargo, pese a la oposición de diversas organizaciones de la sociedad civil y de abogados de diversos estados del país, fue impuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el caso de los Estados del país, sucede lo mismo, los nombramientos de los jueces y magistrados son aprobados por los Congresos Locales, a propuesta del Gobernador en turno y en la mayoría de los casos, operan como pagos de facturas a exfuncionarios que deben acomodar en alguna posición, para que continúen cobrando en la nómina de gobierno o también se consideran como Premios para compensar los favores o labor realizada en favor de su jefe, incluso para que trasciendan al período de su gobierno y les cubran las espaldas, si a futuro existiere alguna demanda o juicio en su contra. Total que en estos procedimientos, la decisión de quienes reciben dichos nombramientos se politizan y dejan fuera los derechos y méritos de funcionarios del Poder judicial que tendrían el derecho a ocupar dichos cargos, pero que no los pueden obtener, por no contar con las relaciones y padrinazgo del Gobernador, a quién lo que menos importa es pisotear los derechos y carrera judicial de quienes deberían ser considerados para dichas posiciones.

El problema se torna más grave aún, porque ya en su actuación en la función judicial, estos personajes demuestran su ignorancia de la ley y falta de experiencia y desgraciadamente sus errores e ineptitud terminan padeciéndola, los ciudadanos cuyos asuntos caen en sus manos y que se ven obligados a agotar todas las instancias legales, para obtener una sentencia apegada a derecho y justa.

Para todos estos casos, los funcionarios afectados por su imposibilidad de llegar a estos cargos, como los jueces que cuentan con carrera judicial y cuyos derechos humanos han sido violados, pueden ampararse en términos de lo dispuesto por el artículo 103 Constitucional y artículo 1 de la Ley de Amparo vigente, para evitar se sigan vulnerando sus derechos; sin embargo esto no ocurrirá ya que seguramente con dicha actitud ponen en riesgo su nombramiento actual y pueden ser víctimas de persecución política en su contra, como ha sucedido en el pasado. Así que sólo quedaría a los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados llevar a cabo acciones para rescatar la dignidad del Poder Judicial y luchar porque lleguen al Tribunal Superior de Justicia Magistrados probos, con experiencia y sobre todo con independencia para emitir sus resoluciones, alejados de la perversión de la política.

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

La democracia nació en las ciudades-Estado de la Grecia clásica en el siglo V a.C. y alcanzó su mayor desarrollo en la época de Pericles. Fue durante ese período cuando la población ateniense participó activamente en la toma de decisiones, apareciendo con ello, los primeros vestigios de lo que se consideraría democracia participativa.

 

Sin embargo, la historia de la democracia como forma de gobierno se ha visto marcada por una tensión perpetua entre su expresión ideal y realidad concreta, de tal modo que desde sus orígenes en las ciudades-Estados de la Grecia clásica, se ha tratado de buscar y de conciliar la participación de los ciudadanos con la gestión y capacidad de gobierno.

 

La democracia participativa es una concepción más reciente de la democracia representativa, donde el ciudadano tiene mayor influencia en la política, pudiéndose expresar a través de canales legales, establecidos en forma pública o privada, lo cual ha implicado un mayor compromiso con las decisiones de interés general y no solo de tipo eleccionaria.

 

El propio Estado ha creado instituciones de democracia semidirecta como la consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; y desde el seno de la propia sociedad han surgido las ONG que buscan tomar intervención en asuntos públicos, siempre respetando a los poderes legalmente constituidos, pero dando a conocer sus voces y actuando en consecuencia.

 

La democracia participativa promueve el debate, la toma de conciencia y de responsabilidades, la sana crítica, la cooperación entre individuos y grupos, y el despertar de la conciencia cívica, para lo que se debe estar informado de la actualidad política, y preparado, especialmente en valores democráticos. La libre expresión a través de marchas, denuncias, difusión por medios masivos son otras vías de participación.

 

Pero esta participación debe estar legitimada y legalizada, es decir, debe cuidarse el marco normativo por la cual se va a llevar a cabo, así como, efectivizar la misma buscando la participación mayoritaria, para que sea realmente un instrumento democrático, de lo contrario este se convierte en una dictadura plebiscitaria.

 

La legalidad es una garantía de protección del individuo frente al poder exorbitante que ostenta el Estado, por eso debe velarse por mantener su integridad. Los liberales morales sospechan de la legitimidad porque en ella puede contenerse un interés mayoritario, amañado y peligroso, frente al interés individual. Consideran la legitimidad como una expresión más emotiva que racional. En su sentir, la razón

 

solo puede encontrarse en las formas jurídicas debidamente establecidas. La rigidez de la norma traza unas reglas de juego claras, públicas, expresas, de dominio público, que obliga a todos por igual. El deber del Estado es asegurar que tales formas no sean transgredidas.

 

El deber del Estado es someterse al derecho que él mismo crea. El respeto por las decisiones democráticas exige compromisos poco populares pero garantes de lo debidamente acordado atrás.

 

Pues bien, esta máxima democrática no debe hacerse a un lado en un tema como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, puesto que según lo manifestado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la construcción del mismo la va a decidir el pueblo mexicano en una consulta que carece de método y fundamento legal.

 

Lo anterior en razón que los lineamientos para una consulta ciudadana están establecidos en el artículo 35 constitucional, el cual, requiere que para utilizar este instrumento democrático es necesario que la misma sea convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, de una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras o por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y además señala como autoridad encargada para su organización y desarrollo al INE. Esto porque debe hacerse dentro de un proceso electoral federal.

 

Con lo anterior debemos entender que la decisión será tomada hasta dentro de tres años o que la misma será realizada contra lo estipulado en la Constitución, es decir, al estilo López Obrador, pasando por alto las leyes y las instituciones. ¿y el cambio prometido?

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto entregará a la nueva administración morenista una economía con la deuda más alta en la historia de nuestra nación. Indicadores de la Secretaría de Hacienda indican que al cierre de 2018 la deuda ascenderá a un 47.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda pública total pasó de 2.673.571 millones de pesos en el año 2008 a 10.265.445 millones de pesos en el año 2018, un estratosférico aumento de aproximadamente 284% en tan solo 11 años. Este aumento desmedido de la deuda pública y la sacralización de la regla fiscal ha acarreado consecuencias altamente lesivas para la precaria situación económica del pueblo mexicano.

La deuda pública ha significado un aumento del 13.6 por ciento entre 2012 y 2016, año en que cerró en 50.1 por ciento del PIB.

A partir de 2017 el gobierno pudo más o menos controlar el déficit fiscal y amortiguó los pasivos, justo cuando empezaron los señalamientos de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional

Sin embargo, la deuda pública bruta para el año 2018 que enfrentará México será de 10 billones de pesos, la más alta de la historia del Estado mexicano, algo totalmente preocupante, dado la magnitud de la pobreza y desigualdad que este país afronta, consecuencia de una crisis en la historia mundial.

Y como resultado de todo lo anterior, Peña Nieto y su administración nos dejarán a nivel Latinoamérica como, el segundo país con mayor deuda, según, el análisis de la BBC “¿Cuánto deben los países de América Latina?”, donde se evidencia que México es el segundo país de América Latina con la mayor deuda pública, donde a cada mexicano le tocaría pagar 2 mil 827 dólares (unos 53 mil 713 pesos a tipo de cambio de 19 por dólar) de ese monto.

El medio británico retomó información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En América Latina, los dos países con mayores deudas públicas son Brasil y México, sin embargo, en relación con su población, el país se ubica en el séptimo lugar, debajo de países como Uruguay, que encabeza la lista con una deuda de 7 mil 455 dólares per cápita.

Brasil, y Argentina se ubican en el segundo y tercer sitio, con un monto de 6 mil 544 dólares y 5 mil 581 dólares por habitante, respectivamente.

Aunque en este rubro México no se encuentra en los primeros tres lugares, ocupa la posición número siete de un total de 19 países con la mayor deuda per cápita.

Así, México tiene una mayor deuda por habitante que Chile, con 2 mil 823 dólares per cápita y Colombia, con 2 mil 608 dólares.

Por tanto, no esperemos que las promesas de una regeneración podamos verla en el próximo sexenio, la situación económica de nuestro país es realmente preocupante, gracias al gasto excesivo de los últimos cuatro expresidentes, pero quien se lleva las palmas es Peña Nieto y el PRI que todos conocemos, ya que, Calderón subió la deuda bastante en relación con el PIB pero el Gobierno de Peña Nieto lo elevó más en el año 2015 y eso fue por no bajarle al gasto de su promoción.

Con todos los indicadores anteriores, resulta evidente que el voto que emitieron más de treinta millones de mexicanos a favor del candidato presidencial de Morena, demostró el hartazgo y enojo de ciudadanos que no estaban dispuestos, a continuar solapando los abusos y saqueo del país, llevado a cabo en los últimos diez años por los presidentes del PAN y del PRI, de ahí que aunque el escenario que enfrentará López Obrador en su sexenio, no es optimista, deberá investigar a fondo las fortunas de los exfuncionarios y empresas que se enriquecieron a costa de los impuestos de los mexicanos y cuyas fortunas seguramente están depositadas en paraísos fiscales. En este rubro considero que ningún mexicano estará de acuerdo en que se les aplique una amnistía a estos delincuentes de cuello blanco, ni tampoco el amor y paz, a quienes han colocado a nuestro país en franca bancarrota.

 

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