Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Visitante número: 1295119

0
0
0
s2smodern

 

 

 

 

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo/ @dr_germanmolina 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1917 como norma suprema de México, se estableció a un Poder ejecutivo fuerte y omnipotente, diferente al de la Constitución de 1857 con menos tintes de poder y autoritarismo. El ejecutivo, nació marcado por la supremacía o predominio constitucional sobre los otros poderes; más tarde, merced a diversas causas, ha ido acrecentando su esfera de competencia y haciendo cada vez más relevantes sus funciones y atribuciones...

Signos evidentes de tal predominio son, entre otros, la amplitud y heterogeneidad de sus facultades, el amplio derecho de veto, la potestad para designar a los más altos funcionarios de la Federación o el importante catálogo de actos políticos.

 

Pero especial mención (y enojo de la ciudadanía), merece el llamado “poder de la bolsa”, que hasta ahora habían ostentado, esto es, las atribuciones en el aspecto financiero, que hacían del Ejecutivo la figura protagónica en la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los empréstitos y la cuenta anual.

Ésta supremacía o predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes, acarreó como consecuencia, un abuso del poder en favor de ellos y sus familiares, no solo en lo que duraba el desempeño de su encargo, que dicho sea de paso, los presidentes mexicanos son los que mejor salario perciben por el desempeño de su cargo en Latinoamérica, colocándose en segundo lugar solo abajo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este abuso y privilegios los han extendido, aun después de haber terminado su encomienda presidencial y valiéndose del acuerdo número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976, el cual asignaba de manera vitalicia a cada ex presidente un total de 78 elementos de los cuales 22 pertenecían a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército. Dicho documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Aunado a que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pues sólo fue registrado en la Secretaría de la Presidencia.

 

Asimismo, el rubro de la pensión vitalicia quedó estipulado en el acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además disponía la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarían a su servicio directo; entre ellos directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Naturalmente este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y tampoco contaba con la firma del presidente en turno Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparecía era la del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero dicha “firma” era sólo un garabato y no la rúbrica oficial.

Decretos presidenciales, a todas luces abusivos y carentes de toda legalidad, que adjudicaban el pago de una pensión vitalicia con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género; por todo ello, los expresidentes mexicanos formaban una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumían del erario, muy superiores incluso a los de países más ricos.

 

Pues todo ello al fin parece haber terminado con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el Código Penal Federal.

Dicha ley establece que los ex presidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando y además obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente a partir de que entre en vigor la mencionada ley.

El objeto es también es, regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

 

Dicha ley da cumplimiento a una de las promesas de campaña del presidente electo y significa, el fin de los privilegios de una élite política que después de haberse servido del poder, los mexicanos teníamos que seguir manteniendo de por vida. Esperemos ahora que dicha normativa se extienda en los Estados a quitar los privilegios a exgobernadores que también tienen a su servicio a personal de seguridad del Estado a sus órdenes para resguardar su seguridad.

 

0
0
0
s2smodern

 

 

 

 

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo / @dr_germanmolina

 

La amnistía es una figura jurídica que de acuerdo con el artículo 92 del Código Penal Federal, con ella se “extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño”. Es decir que los delitos que se hayan cometido dejan de perseguirse, y en caso de que ya exista una sentencia, la pena o sanción también desaparece.

 

Es una figura jurídica que persigue suavizar el rigor de las leyes y de las penas que estas prevén, aunado a que es un instrumento a disposición de los gobernantes por medio del Congreso de la Unión, en el caso de México, por lo que hace a delitos federales y a las legislaturas de los Estados en los casos de delitos locales.

 

En nuestro país, en los últimos cuarenta años ha habido dos leyes de amnistía: la primera, que estuvo vigente de septiembre de 1978 a enero de 2015, benefició a las personas que habían participado en los movimientos guerrilleros de la década de los años sesenta y setenta.

 

La segunda, la cual está vigente desde el 23 de enero de 1994, tiene como destinatarios aquellos que formaron parte del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1 de enero de ese año. En ambos casos, los beneficiados fueron personas que cometieron delitos a partir de una causa o ideal político.

 

Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, desde su campaña, propone una amnistía como estrategia diferente para atacar el problema de la inseguridad y violencia en México. La declaración de López Obrador fue la siguiente:

 

“No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia… Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”.

 

Las amnistías son factibles; sin embargo, se deben considerar los alcances y la temporalidad para su aplicación, porque primero debe de haber justicia, y después pensar en la amnistía, porque, sin justicia para las víctimas estos procesos no funcionan.

 

Lo anterior, porque pensar en aplicar amnistía dentro de un constructo social cuales quiera, representa el reconocimiento implícito de un hecho: que el legislador ha sido incapaz de adecuar el marco jurídico penal a los cambios que se han operado en la sociedad, así como, la incapacidad de las autoridades para perseguir y castigar a quienes infringen la ley.

 

Ante esta aceptación implícita, la seguridad y derechos de las victimas evidentemente quedarían en el olvido, puesto que perdonar la conducta delictiva de quien lacero la integridad física o el patrimonio de las mismas, representaría negarle su derecho a exigir justicia, en una evidente imparcialidad de trato ante la ley.

 

Si bien es cierto, se pretende cambiar el chip funcionante hasta ahora dentro de la sociedad, pero preguntémosle a las víctimas directas e indirectas de los más de 200 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos, si la amnistía a sus victimarios puede representar un acto de justicia esperado al acudir ante el ente encargado de velar por sus derechos humanos y el mismo, cambiara su chip de víctima del delito.

0
0
0
s2smodern

 

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo/@dr_germanmolina 

 

La promesa de realizar una cuarta transformación de México se convirtió en un poderoso lema de campaña de Andrés Manuel López Obrador y ayudó a dar al entonces candidato ese aire mesiánico que entusiasmó a millones de sus seguidores, y que a la postre le redituó en el triunfo electoral, a pesar de que muchos de quienes le dieron su voto, no entendieron de que se trataba de fondo dicha promesa, sino más bien lo que buscaron fue darle un nuevo aire a la tan deteriorada imagen del Presidente de la República.

 

Sin embargo, hablar de una cuarta transformación del país, representa realizar un movimiento integral de todos los componentes sociales, económicos y políticos que integran a este país, tal como sucedió con la Independencia, primer movimiento transformador del contexto social mexicano, el cual mediante las armas pudo liberar el dominio español que había durado 300 años y que se llevó a cabo de 1810 a 1821.

 

Posteriormente, la Reforma, guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861, movimiento del que surgieron las “Leyes de Reforma”, de entre las que destaca, la separación de la Iglesia y el Estado, donde Benito Juárez, el personaje estandarte de López Obrador, fue el protagonista central de este movimiento; y por último, la Revolución, conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917, tras el cual, se promulgó la Constitución que rige actualmente en México.

 

Del mismo modo que los anteriores Andrés Manuel López Obrador, pretende equiparar su sexenio, del que dice llevará a México a un cambio profundo, cambio del que varios analistas coinciden en que los objetivos planteados son bastante ambiciosos, convirtiéndolos en una apuesta sumamente elevada sobre lo que pudiera ser el ejercicio del nuevo gobierno, es decir, una cosa es querer y otra es poder real y objetivamente cumplir con las transformaciones que necesita nuestro país.

 

Lo anterior en razón de que, en seis años se puede avanzar poco, si tomamos en cuenta que también dependemos de los intereses internacionales que gravitan sobre México, y que por ello, la cuarta transformación, sobre todo en materia de economía, quedaría un tanto lejos a la conclusión del próximo sexenio.

 

Aunado a que a pesar de aún no tomar posesión del encargo, las principales promesas sobre las que descansaba esa cuarta regeneración nacional se han diluido y solo quedaron nuevamente en promesas incumplidas, como en los casos de, congelar y bajar gradualmente el precio de la gasolina, ya que el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa señaló que, en términos reales no habrá más

 

gasolinazos, pero que los precios se “acomodarán” conforme a la inflación, es decir, el plan del equipo de AMLO, de acuerdo con Urzúa, es mantener la estrategia de la actual administración, estrategia que ellos mismos criticaron y calificaron de ser una vejación, un golpe al bolsillo de los ciudadanos.

 

Otra de las problemáticas que el nuevo gobierno deberá enfrentar, son el aumento de la violencia y de la ola delictiva que día a día crece en nuestro país, ya que a pesar de lo que se dijo en el último informe, López Obrador va a gobernar un México Salvaje, un México caduco, un México fallido, donde el repunte de delitos como el secuestro, crece sin encontrar resistencia alguna, puesto que en septiembre pasado aumentó 7.5%, abriéndose 129 carpetas de investigación, nueve más que en agosto, cuando se contabilizaron 120 casos.

 

Donde la escalada, sin fin, del precio de las gasolinas; impacta de forma trascendente el bolsillo y la precaria economía de las familias mexicanas, ya que la tipo Magna rebasó los 20 pesos por litro la semana pasada, en algunas estaciones de la Ciudad de México, llegándose a vender hasta en 20.19 pesos, según datos de la Comisión Reguladora de Energía.

 

Y por último la desalentadora noticia que nos dio el Índice de Competitividad Global 2018, del Foro Económico Mundial, donde nos indica que el país retrocedió dos posiciones, de la 44 a la 46, y señala que las principales debilidades de nuestra nación siguen siendo la fragilidad de las instituciones, la percepción acerca del crimen organizado, la elevada tasa de homicidios, el incumplimiento de los derechos de los trabajadores, la elevada carga impositiva laboral y los pobres resultados educativos expresados sobre todo en las dificultades que la mayoría de los niños presenta para pensar y razonar, sumar y restar, leer y comprender.

 

Ante todo lo anterior la promesa de una posible cuarta transformación realmente es poco esperanzadora, necesitaríamos de un movimiento integral y revestido de capacidad de organización, sin embargo el pesimismo de no alcanzarlo está fundamentado en la capacidad de reacción y organización de los nuevos encargados de organizar el movimiento, puesto que muchos de los responsables son viejos conocidos que tuvieron en sus manos esa posibilidad y simple y sencillamente actuaron como siempre, como políticos.

 

Para poder soñar con lograr una transformación como la que plantea el presidente electo, deberíamos contar con personajes de una calidad intelectual y moral como la de aquellos que propiciaron las tres anteriores, de lo contrario preparémonos a presenciar una transformación de cuarta.

0
0
0
s2smodern

 

 

 

 

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo/ @dr_germanmolina

 

La ya famosa caravana de migrantes que viene marchando desde Honduras, Nicaragua, El Salvador y demás países centroamericanos, se ha vuelto tema viral y sobre todo controversial a nivel mundial, puesto que las posturas y corrientes de opinión colapsan en muchos aspectos, pero los dos puntos esenciales de dicha temática son, primero la postura de quienes defienden y propugnan por ayudar y salvaguardar los derechos humanos de las personas que abandonaron sus países en busca de una mejora de vida, y por otra parte, la que se contrapone a la invasión forzada de los migrantes.

La primer postura nos evidencia la desesperación de los migrantes centroamericanos por abandonar sus países donde la calidad de vida es inexistente y la situación de crisis en los aspectos económico y de seguridad ha propiciado que los migrantes apuesten el todo por el todo y se hayan aventurado en esta marcha en busca de una posibilidad de accesar a una mejora de vida.

El fundamento de los migrantes para arriesgar posiblemente hasta la vida es que en sus países de origen no hay empleo, no hay un techo digno, no hay alimentación, no hay salud, no hay educación y sumándole a este factor de la pobreza, la violencia generada por las pandillas son un factor común que los empujo a tomar esta decisión.

Ante estos relatos, algunos países y organizaciones internacionales se han pronunciado en favor de los migrantes y han pedido ayuda solidaria para con ellos en su camino a Estados Unidos, fundamentándose en los diferentes tratados internacionales que velan por los derechos humanos de los individuos que se encuentran en dicha situación, como los son la Prima Facie de la condición de refugiado, la cual consiste en el respeto al derecho internacional de las personas refugiadas y es utilizado por los países ante la llegada de contingentes de personas con necesidad de protección que sobrepasa la capacidad instalada de los Estados para procesar sus solicitudes de forma individual.

Asimismo, la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, entrando en vigor, el 4 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII Serie Tratados de Naciones Unidas.

Dichos tratados obligan a los Estados firmantes a velar por la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes, sin embargo, y a pesar de estos normamientos de carácter internacional, también existe la cara opuesta de algunos sectores sociales y hasta gobiernos que han sido tachados de xenofóbicos, los cuales, fundamentan su oposición, en la existencia también de una crisis económica y falta de empleo en sus diferentes naciones, la cual se verá incrementada con la llegada de tantas personas, aunado al aumento en la inseguridad pública que conlleva dicho fenómeno social.

Las dos posturas son entendibles y de cierto punto validas, porque resulta imposible no consternarse ante el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos centroamericanos, pero también es cierto, que la realidad social que se vive, al menos en México, no es la más óptima para garantizar una mejora de vida a los migrantes, porque también estamos inmersos en una crisis de falta de empleo, sueldo ínfimos, escases de vivienda, servicios de salud inasequibles y deficientes, un alto nivel de inseguridad pública, en fin todo de lo que vienen huyendo aquí también existe y si el gobierno mexicano no ha podido encontrar alternativas de solución para los nacidos en México, difícilmente podrá otorgar una mejor calidad de vida a nuestros hermanos centroamericanos.

 

0
0
0
s2smodern

 

 

 

Escribe: Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Estado y Derecho, son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presenten dentro de lo amplio del Pacto Social.

 

El Estado desde su nacimiento, ha sido regido por el Derecho, pero no todos los estados han regido su actuación conforme a lo que actualmente conocemos como un Estado de Derecho. El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su Derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un “Estado de Derecho”, eso resultaría una visión muy estrecha, ya que lo anterior simplemente reconoce un “Estado de Legalidad”.

 

Por tanto consideramos al Estado como, la sociedad jurídica y políticamente organizada, por medio de la estructuración del poder público para su ejercicio dentro de un territorio determinado.

 

Y la diferencia entre un Estado de derecho sobre un Estado de legalidad radica en que el primero busca una optimización funcional de su ordenamiento jurídico con las necesidades de su sociedad y el segundo solo la exacta aplicación de la norma, dejando a un lado la satisfacción social.

 

Por lo que el efectivo funcionamiento del Estado de Derecho, es considerado como el elemento principal para el simbiótico ejercicio de poder y derecho, de donde se conforma la existencia misma del Estado y que la distribución del primero es parte de su organización institucional.

 

Pues bien ante este fundamental binomio, el estudio titulado Índice de Estado de Derecho México 2018, desarrollado por la organización internacional World Justice Project (WJP), el cual evalúa, por primera vez, la prevalencia del Estado de derecho en cada entidad federativa, y las clasifica a través de un índice, nos ha mostrado una preocupante y lastimosa realidad que evidencia lo que los ciudadanos de a pie padecemos a diario, y que es que en Puebla, el Estado de derecho está totalmente reprobado en cuanto a la efectividad de su ejercicio.

 

Lo anterior en razón de que, Puebla es calificado como el quinto estado de la Republica donde el Estado de derecho es ineficiente y disfuncional, es más debido a su índice de efectividad podríamos hablar casi de un Estado fallido, donde la ausencia de una efectiva impartición de justicia, una significativa ausencia de contrapesos, respeto a derechos humanos, transparencia, así como en conocimientos de derechos civiles; hacen pensar que el Estado de Derecho se ha convertido en una figura decorativa del ejercicio del poder gubernamental, esto de acuerdo con el reporte en comento.

 

La entidad, en un lamentable y preocupante caso, reprobó en todos los indicadores, siendo casos de corrupción y un ineficiente sistema de justicia civil los peores evaluados, al obtener un puntaje de 0.32 en escala de 1 posible. Pero no es de extrañarse, si analizamos diversas leyes aprobadas por las dos legislaturas anteriores, como la Ley Bala que tuvieron como objetivo el control social de los grupos ciudadanos, con las consecuencias de todos conocidas y la ley de expropiación estatal, entre otros ordenamientos.

 

Dentro de este estudio los principales focos rojos que debilitan con mayor fuerza el Estado de derecho son la corrupción, y la impunidad. Leslie Solís, una de las investigadoras, dijo que la falta de policías y fiscalías preparadas que garanticen investigaciones sólidas, y que resuelvan delitos, es uno de los problemas más graves, que debilita hoy al sistema inmunológico del país, en metáfora el Estado de Derecho. Si a lo anterior se suma, el problema de colusión entre los grupos de la delincuencia organizada con las policías a nivel municipal que les brindan protección y que detentan el cargo aun habiendo reprobado las pruebas de control de confianza, el resultado que tenemos es un alto índice de desconfianza y miedo de los ciudadanos, quienes se sienten desprotegidos y a merced de quienes supuestamente reciben un salario para brindarles seguridad.

 

Por lo que, es entendible que ni uno ni miles de sistemas de anticorrupción que instaure el gobierno podrán combatir un problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos, como lo es la corrupción ya que la misma involucra desde un caso aislado y particular de un burócrata, hasta convertirse en un fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la estabilidad social.

 

Recuperar la confianza ciudadana y restablecer un estado de derecho, comprometido con las necesidades sociales es uno de los grandes retos que tienen ante sí, quienes llegan como ediles a los 217 Municipios de Puebla y el próximo gobierno estatal, junto con el Congreso del Estado que debe fortalecer las áreas de seguridad pública y procuración y administración de justicia para recuperar la paz social en la entidad.

 

 

Mi cuenta en tuiter: @dr_germanmolina 

Página 1 de 15

Please publish modules in offcanvas position.