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“OTRA REFORMA EDUCATIVA.”

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La promesa realizada al gremio magisterial se cumplió, Andrés Manuel López Obrador, logro echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, el pasado quince de mayo, mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Con lo anterior, entran en vigor cambios sustanciales que impactaran la forma de brindar educación en todos los niveles escolares, siendo los más significativos, los siguientes:

1)      Desaparece el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien era el encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Este organismo será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, quien contará con funciones más amplias de las que tenía el INEE en el sentido de que expedirá lineamientos para valorar tanto al sistema como a las autoridades educativas.

2)      Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3)      Educación gratuita en todos los niveles, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

En este rubro aparecen también por primera vez, la figura de "interés supremo" de la educación para las y los niños y los jóvenes, así como, se agregan los principios de integralidad, equidad y excelencia como principios básicos de la educación en la Constitución.

4)      Hace énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural, resaltando la importancia de una educación diferenciada por regiones y direccionada a promover la formulación de contenidos diferenciados.

5)      Propugna por que la educación se base en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y también se compromete a apoyar la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica. Además garantizará el acceso abierto a ella.

Con estos y otros cambios la reforma pretende contribuir a que el derecho a la educación sea, como lo ha reconocido el derecho internacional, el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, aquél que juegue un papel decisivo para garantizar el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y el pleno goce de sus libertades fundamentales.

Solo queda pendiente por parte del Congreso de la Unión, expedir la Ley del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de publicación del Decreto.

Y aunque la reforma plantea avances significativos respecto de la de 2013, no debemos perder de vista que reformar la forma y no el fondo, hasta ahora, no ha significado el cambio esperado y prometido, que no podemos permitir que los esfuerzos realizados por el país en los años recientes, tales como un progreso significativo en la cobertura, el fortalecimiento de la profesión docente, el reconocimiento del derecho a una educación de calidad, entre otros, se pierdan.

Esfuerzos señalados por el estudio denominado Política Educativa de México 2018 (Education Policy Outlook Country Profile, para referencia en inglés), publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde realiza un análisis actualizado del estado que guarda la educación en México, con énfasis en las fortalezas, desafíos y las respuestas de política implementadas.

En su versión 2018, el informe de la OCDE pone énfasis en un conjunto de políticas impulsadas por el país que apuntan a importantes avances en el quehacer educativo, donde se destaca que el periodo de análisis coincidió con el lanzamiento de la Reforma Educativa de Peña Nieto y el inicio de su implementación, por lo que la mayoría de los hallazgos positivos estaban vinculados con sus ejes y prioridades.

En materia de equidad y calidad el informe apuntaba a que, si bien el desempeño de los estudiantes mexicanos aún presenta oportunidades de mejora comparado con otros países de la OCDE, los resultados en matemáticas han aumentado, en promedio, en 5 puntos cada 3 años entre el 2003 y el 2015 y los de ciencias se han incrementado en promedio en 1.7 puntos.

Asimismo, destacaba el progreso significativo en la ampliación de la cobertura en el nivel preescolar en México, ya que se había duplicado desde el 2005.

 

 

 

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**DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO.

 

   La impartición de justicia es uno de los cometidos fundamentales de todo Estado de derecho, a grado tal que justifica incluso su propia existencia, además de ser el más poderoso de los recursos con que cuenta el ente público para cumplir su función primordial, garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.

En este rubro Puebla, se encuentra viviendo uno de los peores momentos en cuanto a resultados expuestos por la labor de quienes integran el Poder Judicial, aunado al alto nivel de desconfianza que existe por parte de los ciudadanos en todos y cada uno de ellos.

 

 Toda esta problemática de ineficiencia de actuación del Poder Judicial en Puebla se debe primeramente al bajo presupuesto que el Estado asigna para el cumplimiento de sus funciones, (0.6%) razón por la cual, en 2018 nuestro estado fue catalogado como la entidad con el peor presupuesto en materia de Impartición de Justicia por habitante, al contar sólo con 79.8 pesos del gasto presupuestado al Poder Judicial, 3.6 veces menos que la media nacional, que se ubicó en 293.9 pesos, según datos de la Consultoría Aregional.

Lo anterior a pesar del incremento del siete por ciento que tuvo el órgano judicial según lo establecido en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, pues este año se destinaron un total de 508 millones 705 mil 689 pesos al Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) del Estado de Puebla, 33 millones 381 mil 406 pesos más que en el 2017.

 

 

En Puebla, durante el morenovallismo, el Poder Judicial fue sometido en todos los sentidos, tanto en su estructura, como en su conformación y presupuesto, de ahí la necesidad de efectivizar la autonomía e independencia de la justicia, porque dentro de ella se contempla a un poder fuerte, capaz de garantizar el orden y la paz social  y evitar la venganza privada.

Ese poder fuerte, toma su fortaleza de una característica o elemento singular, "la autonomía"; esta entendida como una forma independiente de los otros dos poderes para lograr el cometido ya indicado.

 

          Otro elemento de capital importancia, para efectivizar la independencia del poder, es la administración de los recursos, ya que la misma se la quitó Rafael Moreno Valle en su gobierno.

Es momento de revertir esa situación para permitir que el propio Tribunal recupere su administración y la de los recursos de terceros (fianzas).

Por otra parte, es importante que el poder judicial tenga asignada desde la constitución política del Estado un porcentaje real y suficiente del presupuesto general de egresos equivalente, por lo menos al 3.6 por ciento y no como en la actualidad que se destina el 0.6%.

 

Es necesario el aumento al tribunal propuesto por qué de ello deriva la propia autonomía del poder judicial y no solo para su funcionamiento, sino para hacer frente a todas las circunstancias que le rodean, como lo es el "haber de retiro", así jueces con trayectorias de más de 30 años de trabajo pueden acceder a una jubilación digna y suficiente.

Se mejoren los sueldos, prestaciones y servicio médico que sean verdaderamente compensatorias al trabajo que se realiza por los funcionarios judiciales. De esta forma el servicio de carrera se ve fortalecido con promociones y concursos que hagan transparente la carrera judicial y el reconocimiento de los mejores servidores (mujeres y hombres) dentro del poder judicial.

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DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*

 

Puebla se ha convertido en los últimos años en centro de violentos ajusticiamientos contra presuntos delincuentes, que igual son quemados vivos que golpeados hasta la muerte, sin recibir un juicio, pero sí una sentencia popular alimentada en ocasiones por rumores, que incluso han cobrado la vida de inocentes.

 

Puebla ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional en registrar mayor número de linchamientos con un total de 182 casos durante los últimos 29 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

El organismo informó que en el periodo comprendido entre 1988 a septiembre de 2017 se han suscitado 862 casos de justicia por propia mano en México, de los cuales, el 21.1 por ciento se cometieron en Puebla.

 

Los linchamientos son producto de la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa, en perjuicio de ciudadanos que en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades, terminan siendo víctimas de gente sin escrúpulos que aprovecha la situación para exacerbar sus instintos de violencia amparados en él anonimato de una multitud descontrolada. La palabra LINCHAMIENTO proviene de una derivación del apellido del estadounidense Charles Lynch, “granjero del Estado de Virginia, famoso por las puniciones que infligía a los criminales durante la Guerra de Independencia de 1782. Lynch, que era juez, presidía una especie de tribunal irregular para mantener el orden en aquel período turbulento de la historia estadounidense” Esta práctica se ha extendido a lo largo del tiempo y en diferentes partes del planeta, por lo que la Real Academia Española (RAE) define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. Lo que señala la generalización de esta práctica a través del tiempo y espacio.

 

Según el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) Francisco Rivas Rodríguez “cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”. Por tanto, estos sucesos relajan una crisis social por la falta de paz y seguridad en la sociedad.

 

Algunos especialistas señalan la importancia de ir más allá que simplemente condenar estos sucesos violentos, al afirmar que rechazar decididamente la práctica de los linchamientos es indispensable, pero no resulta suficiente para evitar su repetición. Un dato salta a la vista: los linchamientos en México se han incrementado en las décadas recientes. Por lo que más que el uso de la fuerza es recomendable la acción social en comunidades donde existen estos riesgos o donde ya sucedieron, por lo que es importante reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos seguirán a la alza en todo el país.

 

Asimismo, parte de la preocupación relativa a los linchamientos son las lonas que los vecinos han instalado en las diferentes regiones del centro del país, en la que advierten a los delincuentes que en caso de ser detenidos no serán entregados a las autoridades, sino que serán linchados. Cabe destacar que los anuncios no tienen rúbrica ni membrete de alguna organización civil o vecinal y se encuentran colocados lo mismo en bardas de lotes baldíos que en las fachadas de casas y negocios. Por esto, continua el riesgo de impunidad de quienes realizan los linchamientos y no se descarta que pudieran volver a participar en un acto de este tipo, debido a que el anonimato cubre su identidad.

 

Tales situaciones suceden -de acuerdo con algunos investigadores- como un referente empírico de la violencia social a causa de la erosión de la autoridad y la creciente indignación de grupos que, desde la sociedad, encuentran en la acción colectiva violenta una forma de protestar, ante la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades. Por tanto, un probable caso de linchamiento incide en las poblaciones en las que “la corrupción, la impunidad y la violencia han rebasado a las instituciones y cuerpos encargados del orden.

 

Es aquí donde también surgen unas interrogantes que para el sistema de justicia en México representan un gran problema: ¿cómo juzgar el hecho? y ¿a quién juzgar?, por lo que, al no contar con la certeza de la respuesta a estas cuestiones, difícilmente alguien resulta detenido.

 

Una solución plausible para disminuir el número de linchamientos en el país es bajar el porcentaje de impunidad en el país.

 

En el caso de Puebla es evidente (el incremento de linchamientos por impunidad), y tiene mucho que ver con el crecimiento de otros delitos como es el huachicoleo, pues es en la zona del huachicol donde hay crecimiento de los linchamientos. Hasta hace siete años, en dicha zona no había tantos casos de linchamientos y en los últimos cinco años se ha incrementado de manera sustancial.

 

Sin duda alguna, es en la sociedad en donde radica la legitimidad de las autoridades; cuando la sociedad actúa al margen de las instituciones es porque pone en duda su confianza en las mismas instituciones y sobre todo a quienes las tienen bajo su responsabilidad. De este modo, el poder colectivo de la sociedad pone en cuestión la legitimidad de instituciones, funcionarios y prácticas que socavan los principios mismos de la convivencia. La espiral de violencia que se vive actualmente en el país –con la pérdida de seguridad del patrimonio, la dignidad, la integridad e incluso la vida– coloca a individuos y grupos sociales en una situación de indefensión y agravio permanente que, a decir de Carlos Monsiváis, ha colmado la capacidad de asimilar el delito. Esto es, desde luego, causa de irritación social, que aunada a la desconfianza en las autoridades ha dado paso a la violencia de grupos indiferenciados que, abusando del anonimato que da el actuar en forma colectiva, desfogan la furia, antes contenida, bajo la forma de linchamientos, actos que llaman la atención de la opinión pública y de las autoridades judiciales y políticas, pero que sobre todo ponen el acento en la necesidad de lograr una justicia pronta y eficaz.

 

Así pues, mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, si no mayor intensidad, configurando una situación de incertidumbre que resumimos en la expresión que afirma que nuestra vida actual transcurre entre un cada vez más débil y deteriorado estado de Derecho y el espíritu de Fuenteovejuna.

 

Sin duda alguna, uno de los graves problemas que deberá atender el próximo gobierno estatal, es crear protocolos más efectivos de atención a los casos de linchamientos y que Puebla deje de ocupar el segundo lugar nacional en la comisión de estos deplorables actos de barbarie y crueldad.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al país de la crisis económica, política, de inseguridad, impunidad y social, en la que según él, el modelo neoliberal y la mafia del poder, había sometido a nuestra nación, lo hizo teniendo como principal propuesta ejercer un gobierno republicano austero y honesto, donde quienes le acompañaran en el ejercicio de la función pública, debían tener la misma ideología para coadyuvar en alcanzar la tan prometida cuarta transformación.

Los principios de honestidad y honradez deberían ser las bases del ejercicio de su mandato y de quienes le ayudarían a ejercer el poder, y para garantizar dicha obligación es que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de” La Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado”; así como el proyecto de Reformas y Adiciones a Diversas Disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

Dicha Iniciativa, destaca la importancia de incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, a fin de que ésta sea de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. El impulso a la austeridad y racionalidad del gasto que se pretende con dicha Iniciativa tiene como finalidad priorizar el bienestar colectivo.

La propuesta hace énfasis en los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos públicos, a fin de hacer eficiente el ejercicio del gasto y liberar recursos para financiar el desarrollo.

Reitera que es imperativo establecer principios estrictos de austeridad, como criterio rector del servicio público, para que los funcionarios desarrollen administraciones austeras inspiradas en el gobierno republicano de Benito Juárez y pone como ejemplo la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, que se publicó el 30 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.

 

Asimismo, destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan, considerando que más de 53.4 millones de personas en nuestro país viven en pobreza extrema.

Se plantea que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a su respectiva ley reglamentaria, donde se establecerá lo correspondiente al esquema de control salarial, que establecerá las directrices enunciadas en la mencionada propuesta de ley.

Asimismo, señala como sujetos de la ley a los servidores públicos; las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión, y todos los entes públicos federales y personas físicas y morales que se ubiquen en los supuestos de la ley que se propone.

 

Dispone como objetivos de la ley propuesta establecer la austeridad republicana como un valor fundamental del servicio público mexicano; sus bases de aplicación y mecanismos para su ejercicio; las competencias de los sujetos obligados; las medidas para impulsarla; ahorros en el gasto público, y mecanismos de operación y evaluación.

Como podemos observar el planteamiento para erradicar los excesos económicos a que estaba acostumbrada la clase política de México está en el escenario, sin duda una medida que la realidad social de nuestro país exigía desde hace mucho tiempo, ahora el reto será efectivizarla en la realidad pragmática y que no sea un instrumento de castigo para aquellos que se manifiesten en contra del sistema gubernamental.

 

Es evidente, que ante la enorme inconformidad que originó en diversos organismos autónomos y sobre todo en el Poder Judicial Federal la Ley de Remuneraciones cuya aplicación, no ha podido concretarse y sobre todo que persiste la vieja práctica de los Presidentes Municipales, gobernadores y funcionarios de fijarse salarios altos, por encima del que percibe el Presidente de la República y que por otras vías siempre hay forma de obtener el pago de otros gastos a su favor, esta Ley de aprobarse a nivel federal, seguramente se aplicará en los Estados, para lograr que la austeridad republicana sea una realidad y no un mito.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

La administración de justicia es un servicio muy importante que todo Estado democrático tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos; tan importante como la educación, la salud, la inclusión social, la cual debe ser proporcionada en condiciones de modernidad y eficiencia.

 

Incluso, se ha acuñado la expresión “justicia democrática”, entendiéndose por ésta la enfocada en función del ser humano y que se caracterice por su independencia, acceso, transparencia, participación ciudadana y tutela judicial efectiva, precisándose que sin estos elementos interactuando entre sí, no se puede hablar de una administración de justicia de calidad.

 

Por lo anterior, la administración de justicia laboral necesita de una importante modernización y fortalecimiento, como parte de la tarea de construcción de un sistema democrático de relaciones laborales, basado en el concepto de trabajo decente, así como del afianzamiento de la democracia y de la gobernabilidad de los países.

 

Y México en este campo tiene una deuda desde hace ya muchos años, puesto que la clase trabajadora ha sido el sector más castigado en cuanto a avances significativos que les representen mejoras laborales, sociales y económicas, que les permita accesar a un mejor nivel y calidad de vida.

 

Por ello, en un intento por sanar dicha deuda, el pasado once de abril fue aprobada en lo general, por casi todas las bancadas en la Cámara de Diputados, la reforma laboral, la cual, elimina la Junta de Conciliación y Arbitraje por ser considerada una instancia con altos grados de corrupción, y es sustituida por tribunales federales en materia laboral que dependerán del Poder Judicial.

 

Además, se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que se encargará de las conciliaciones para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, o entre trabajadores y sindicatos, o bien entre sindicatos, y registrará a nivel nacional los contratos colectivos, contratos ley, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales.

 

De igual manera dicha reforma, reconoce los derechos laborales de los trabajadores del campo, respeta los derechos de seguridad social de las empleadas del hogar, sin duda estos cambios son benéficos en busca de esa igualdad y justicia social.

 

Sin embargo, la reforma se quedó corta ya que no toca a los verdaderos responsables de la desigualdad laboral en México, los aliados al PRI, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato de

 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros (STFRM).

 

Así es, la reforma, no toca a los trabajadores del apartado B del artículo 123 y que son todos los empleados del Estado. Y, por lo mismo, los cambios no afectan a los sindicatos que representan a esos trabajadores, muchos de ellos líderes que se han eternizado y se han mantenido en la opacidad financiera amasando fortunas a costillas de los que verdaderamente trabajan.

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