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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Con el apoyo de más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, como Colegios y Asociaciones de profesionistas, de Universidades, organizaciones de estudiantes, Mujeres Indígenas, de personas con discapacidad, de campesinos, colonos, padres de familia, comerciantes, grupos ecologistas y de la comunidad LGTB; algunas con presencia nacional y estatal, hoy presenté mi solicitud ante la LX legislatura del Congreso del Estado, como aspirante a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

 

Convencido de que es urgente y necesario transformar la situación actual que viven los habitantes del Estado, con una Comisión que durante los últimos ocho años, ha sido olvidada por los Gobiernos en turno y con un Presidente como Adolfo López Badillo, que fue cómplice de las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades, sirviendo a los intereses del grupo en el poder y cerrando las puertas del organismo a los grupos más vulnerables del Estado.

 

.De acuerdo al Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual México registra preocupantes datos que ponen en evidencia una situación grave en el, país.

 

Y en Puebla esta situación negativa se ha agudizado en los últimos años, dado que mantiene un nivel alto en la cantidad de quejas, toda vez que, concentra un 5.36 por ciento de las148 mil 947 que se presentaron en todo el país durante 2016.

 

Puebla es el quinto estado del país donde más quejas se presentaron por hechos violatorios a los derechos humanos, solo por detrás de la Ciudad de México con 32 mil 174, Jalisco 19 mil641, Estado de México 11 mil 764, San Luis Potosí 7 mil 987 y Puebla con 7 mil 184 quejas, según datos del INEGI; dando como resultado que en el periodo de 2015-2016, la entidad fuera el primer lugar nacional en

 

quejas por violaciones a los derechos de presunción de inocencia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y a la libre reunión.

 

En cuanto a quejas por tipo de derecho humano violentado, se tiene que, en el periodo 2015-2016, en el país hubo 16 mil 821casos relacionados con la violación al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Puebla fue uno de los que más altas cifras presentaron sobre este delito, con mil 451 casos; ello solo por debajo de Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que presentó mil 764 casos.

 

El estado enfrenta una autentica crisis de respeto y garantía de los Derechos Humanos, el ejemplo más violento como la recomendación por la violación grave número 2, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en donde elementos de la SSP del Estado, provocaron la muerte del menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.

 

O como el caso de Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba, el cual hizo que puebla fuera señalada a nivel nacional como una entidad carente de estrategias normativas para hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos.

 

Es urgente plantear auténticas alternativas de solución que nos permitan sacar al estado de esta crisis de respeto y garantía a los derechos humanos. Por ello anuncio, que el PROGRAMA DE TRABAJO que presentaré en mi comparecencia ante los Diputados integrará las demandas más sentidas de los ciudadanos y grupos vulnerables, así como de todo ciudadano u organización interesada en hacer propuestas para que la CDH recupere la confianza ciudadana y cumpla con las funciones que tiene encomendadas en el marco jurídico internacional, nacional y local.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Las relaciones entre las mujeres y los hombres, desempeñan un papel importante, tanto en la introyección, como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las prácticas culturales de una sociedad.

 

Dichas relaciones tiene un embrión simbiotizante que determina la función social y que se convierte en el instrumento propulsor de la formación ciudadana, del desarrollo económico, político y cultural ¡La Educación!,

 

Lo anterior en razón, de que se alude a la educación como el vínculo que se establece entre educación, empleo e ingresos. En consecuencia, en las sociedades modernas asegurar el acceso a la educación se considera como una vía para abatir la pobreza y la desigualdad social.

 

En base a lo anterior, la UNESCO establece que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho innato de cada niño/niña, mujer y hombre; en razón de ello ha expresado su compromiso de hacer realidad el derecho que tiene cada persona a recibir enseñanza, pues se asume que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano.

 

Sin embargo, las transformaciones producidas en materia de educación, no influyen de manera homogénea en la configuración de las subjetividades de las nuevas generaciones de mujeres.

 

Por lo que, desarrollar y enriquecer el entendimiento sobre la igualdad de género en el ámbito educativo, es parte de una labor trascendental para la promoción de acciones positivas que fortalezcan la participación de las mujeres en los ámbitos económicos, laborales, sociales y políticos.

 

Es en este rubro donde las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, y las de casi todo el mundo, enfrentan uno de los retos más importantes de la actualidad, erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior, lo que sin duda es un aspecto que lacera la dignidad universitaria.

 

Más aun, cuando la educación superior universitaria es un ámbito en el que la presencia femenina se ha ido haciendo cada vez más importante en las últimas dos décadas, situación que ha evidenciado la UNESCO al reportar que en 2009 el porcentaje de mujeres matriculadas en América Latina se incrementó por cada disciplina, arrojando las siguientes cifras: 41% en ciencias (67% de la salud y de la vida, 51% en físicas, 53% en matemáticas y estadística y 31% en computación), y 57% en ciencias sociales, negocios y leyes (70% ciencias sociales y del comportamiento, 61% periodismo e información, 56% administración y negocios, y 52% leyes).

 

Por lo tanto, debemos entender que la vinculación de la educación superior con la igualdad de género es un enfoque con la finalidad de crear revolución en los cambios de la mentalidad de los estudiantes y futuros profesionistas, con el objetivo de generar una sociedad justa, con igualdad de derechos entre hombre y mujer, donde los profesores deben adquirir un rol conciliador y conductor a la observancia paritaria.

 

Donde la igual de género se convierta en un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales deben contribuir.

 

Alcanzar la igualdad de género requiere necesariamente transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, debemos enseñar a los jóvenes a construir relaciones que sean de complementariedad y no de coacción ni violencia.

 

Por lo que el enfoque de igualdad de género en la Educación Superior debe responder esencialmente a la necesidad de alinear los conocimientos con la realidad, aprendizajes y potencialidades, para que con ello, el profesional garantice su intervención en el ámbito laboral la igualdad de género en su desempeño.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Sin duda alguna, el triunfo logrado por Andrés Manuel López Obrador y los candidatos postulados por Morena en la elección presidencial del uno de julio de dos mil dieciocho, con una participación abrumadora de los ciudadanos que acudieron a votar a las urnas, superando el 64% del total del padrón electoral, tiene varias lecturas que han dado para muchos análisis e interpretaciones sobre los factores que incidieron para que los mexicanos apoyaran a la opción de la izquierda y no a los de los partidos que han ocupado la silla presidencial con candidatos del PRI y del PAN.

 

Desde los análisis que consideran que la campaña de López Obrador a diferencia de las dos anteriores, ahora si, logró convencer con su discurso y propuestas a los electores e indecisos, hasta quienes afirman, que obtuvo el triunfo por ser el candidato menos malo y como un voto de castigo de los ciudadanos hartos de los excesos y escándalos del grupo gobernante con actos de corrupción cubiertos siempre con un manto de impunidad, que hicieron que perdieran la confianza del electorado y por otra parte también por el derroche de los recursos que vía prerrogativas reciben los partidos políticos, que han convertido a nuestras elecciones entre las más caras a nivel mundial. Un factor que también fue determinante es el fracaso del estado para combatir la inseguridad y el clima de violencia que se ha ido generalizando en el país, siendo evidente la colusión que existe entre los gobernantes y los líderes de la delincuencia organizada, dejando a los ciudadanos en un completo estado de indefensión y colapsando el estado de derecho en el país.

 

En general, podemos afirmar que los electores decidieron probar una nueva opción de gobierno, con la esperanza de que se logren abatir los graves problemas nacionales y se terminen con la corrupción y los privilegios de los diputados y senadores y de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

 

Pese a lo anterior, ahora que MORENA ya es gobierno a nivel federal y que cuenta con la mayoría de representantes en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en varios de los Congresos locales, como Chiapas, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Baja California y en este año Puebla, se vive una problemática, que desde ahora debiera preocupar y ocupar a los liderazgos de MORENA y que es precisamente la falta de trabajo en las estructuras del Partido en los Estados y Municipios, debido a que muchos de quienes se dedicaron a hacer trabajo proselitista a favor del Partido para alcanzar los triunfos, hoy ya se encuentran ocupando posiciones en los gobiernos y han abandonado el trabajo de base con los ciudadanos, es decir, prefirieron vivir del sueldo que les proporciona el servicio público, que continuar con el trabajo político y de fortalecimiento de la ideología y principios que rigen al Partido; situación que desde ahora se vaticina, puede producirles un duro revés en las elecciones federales de 2021 en que se renovará la Cámara de Diputados y las subsecuentes en algunos Estados del país.

 

Tal pareciera que por ahora, lo más importante es tener el control del gobierno y de los puestos, que estar con la gente que milita en el Partido y de quienes sin militar en el mismo, apoyaron con su voto el triunfo de MORENA en 2018, situación que de no corregirse por el desgaste normal que tiene todo partido en el gobierno, así como del trabajo que viene realizando la oposición y grupos como “Alternativa por México” hará que se presenten a las elecciones con pocas posibilidades de alcanzar el triunfo nuevamente, ya que en la boleta lo más seguro es que no aparezca de nuevo López Obrador, que fue quién dio el triunfo a muchos candidatos que por si mismos, no tenían posibilidades de ganar la elección, aunque un gran número de ellos, crea que la gente les dio el voto por ser ellos los candidatos y hoy gobiernan con esa convicción, con una actitud soberbia, de que ganaron por sus propios medios y que tienen a la gente a su favor; ejemplos hay muchos.

 

Aunque estamos a poco más de diecinueve meses para que se lleven a cabo las elecciones de diputados federales, sería oportuno que los dirigentes de MORENA reflexionaran sobre la situación que hoy enfrentan como Instituto político y se dedicaran a realizar un trabajo cercano a la militancia y a los seguidores del Partido, pero sobre todo a cumplir a la gente las promesas que hicieron en las campañas políticas para seguir teniendo su respaldo. De no hacerlo llegarán muy debilitados al proceso y necesitarán el apoyo y alianzas con otros partidos para conservar la mayoría que tienen en la Cámara y continuar con las reformas necesarias para lograr la 4T en los seis años del Gobierno de López Obrador, ya que difícilmente repetirán un triunfo como el logrado en 2018.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El encontronazo entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se agudizó por las declaraciones hechas el día 23 de agosto en su conferencia mañanera por el Ejecutivo Federal en el sentido de descalificar y cuestionar el trabajo, profesionalismos y credibilidad de la CNDH como consecuencia de la emisión de la recomendación 29/2019, relativa a la Cancelación del Programa de Estancias Infantiles, posición reforzada por la Comisión permanente del Congreso de la Unión, que se negó a citar a comparecer a los funcionarios responsables del gobierno federal, que, a su vez, se negaron a aceptar dicha recomendación, obligó a la Comisión a amagar con llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU lo que motivó el malestar del Presidente de la República acusando al organismo de no haber hecho nada en el caso de la Guardería ABC, cuando es público que sobre dicho caso la CNDH emitió oportunamente una recomendación, el 31 de julio de 2009 la número 49/2009, que a la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.

 

Este diferendo tal parece no se resolverá en el corto y mediano plazo, por la postura que ha tomado el ejecutivo federal, haciendo de lado que independientemente de los casos de corrupción y abusos cometidos con los recursos asignados a este programa en los gobiernos anteriores, es obligación del estado mexicano defender los derechos humanos de los niños y las niñas, así como también de las madres y padres trabajadores.

 

La postura de la CNDH contenida en la recomendación 29/2019, no está en contra de que se hagan modificaciones a los programas anteriores en esta materia, sino lo que propone es que se fije un mecanismo que permita hacer vigentes los derechos humanos vulnerados y que se destinen los recursos públicos suficientes para cumplir con dicho objetivo.

 

Es evidente, que el trabajo de la CNDH en este caso, busca defender los derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y de otros grupos vulnerables y observa que es una obligación y responsabilidad del Estado mexicano y de todos los servidores públicos, en los que se incluye el Presidente de la República, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Sobre todo hace hincapié, en que la recomendación, es resultado de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional.

 

Reflexiona, en el sentido de señalar puntualmente que dicha recomendación, no pretende inhibir que se implementen medidas de austeridad y control presupuestal o prevenir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiese cometido en administraciones anteriores. Tampoco se opone a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, lo anterior no puede traer como consecuencia que se vulneren los derechos d niñas, niños, así como de las madres y padres trabajadores.

 

Lo mejor sería buscar un mecanismo alterno de solución a este diferendo, tomando en consideración que lo más importante es proteger el interés superior de la niñez, que se ha visto afectado por este diferendo

 

Durante 2018 el gobierno federal destinó mil 150 pesos al mes por niño atendido en las estancias infantiles, recurso que era contributivo porque una tercera parte la pone la madre, otra el Estado y otra la empresa, esos recursos que ya eran pocos, para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó dos mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los cuatro mil 70 millones erogados en 2018.

 

La reducción a este importante rubro de apoyo a grupos vulnerables, acaeció sin un argumento convincente que justifique la decisión, se ha declarado por el Presidente López Obrador, que existía un grave problema de corrupción en estas estancias, que incluso grupos cercanos a las autoridades anteriores crearon redes de guarderías para acaparar los recursos y beneficiarse entre familiares, que muchos de los recursos se quedaban en manos de los funcionarios y que no llegaban a las responsables de las guarderías, que había niños fantasma que supuestamente acudían a las guarderías y no se les localizó ó aparecían registrados hasta en tres sitios. El presidente en su discurso puede tener la razón, pero en todo caso que ordene una investigación a fondo en contra de los exfuncionarios, audite los recursos y verifique la demanda social de las guarderías, ya que no es posible generalizar los casos y antes de investigar aplicar el recorte como ya se anunció, en mi opinión la forma es fondo y si de verdad se trata con esta medida de combatir un área donde ha proliferado el dispendio de los recursos públicos y la corrupción, antes debió planearse,¿ cómo se va a cubrir el servicio para los 313 mil niños que asisten a las estancias? Se ha dicho que el dinero se entregará en forma directa a los padres de familia, sin embargo todos dudamos, que efectivamente lo destinen para la guardería de sus hijos y seguramente se usará para otras necesidades de las familias,¿ o si los recursos eliminados se destinarán a otro rubro que resulte en una mejor atención para los niños?

 

Sería conveniente que el Presidente modifique su postura y atienda la recomendación fortaleciendo el sistema de guarderías, aplicando sanciones severas a quienes se involucren en actos de corrupción y exista una supervisión profesional del servicio que se presta en dichos lugares, a fin de evitar los abusos y simulaciones del pasado.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Uno de los organismos autónomos que más fueron sometidos al servicio de los gobiernos emanados del Morenovallismo, fue sin duda la Comisión de Derechos Humanos del Estado, desde la llegada de Adolfo López Badillo al frente de la misma, quién se dedicó a desmantelar programas y a despedir al personal que tenía laborando en el organismo desde su fundación o por lo menos con una antigüedad entre quince y veinte años y con una amplia experiencia en la materia, lo que no fue tomado en cuenta a la hora de decidir su permanencia en una institución donde se supone se deberían “defender los derechos humanos”.

 

Otra de las situaciones que se presentaron, fue la disminución de los salarios del personal y la división de las plazas para contratar hasta a tres personas con el sueldo de una, sobre todo en el caso de los Visitadores adjuntos, es decir, con sueldos de seis mil pesos al mes, se pretendió cumplir con la función que por disposición constitucional debe llevar a cabo la Comisión.

 

La actitud omisa y cómplice del Presidente de la Comisión, ante los abusos de poder y constantes violaciones a los derechos humanos de los poblanos por parte de las autoridades gubernamentales, dejaron constancia de que se le nombró y reeligió exclusivamente para obedecer las órdenes del Gobernador, muy lejos de atender los reclamos de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y la verdad de las cosas, supo desempeñar fielmente dicho papel, sin que las legislaturas LVIII y LIX del Congreso del Estado, lo llamaran a cuentas o por lo menos atendieran las denuncias y reclamos sociales que llegaron a sus manos, los que fueron al archivo, ya que López Badillo era intocable.

 

La visión de que el Presidente de la CDH, forma parte del gabinete ampliado del Gobernador, o de qué es un empleado al servicio del poder, debe ser desterrada y sobre todo en el nuevo gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, quién se comprometió a respetar la independencia de los demás poderes y de los organismos autónomos con un gobierno donde exista el equilibrio de poderes. De ahí que, el proceso de designación de quién encabezará la Comisión los próximos cinco años a cargo del Congreso del Estado, reviste una gran importancia para la vida de los poblanos, ya que dentro de las tareas que deberá llevar a cabo el o la nueva titular, está el de lograr recuperar la confianza y credibilidad de un organismo que pasó a ser una figura de ornato, sin ningún peso o autoridad moral para intervenir en los casos de violaciones a derechos humanos y muchos poblanos preferían no denunciar o de plano presentar su queja ante la CNDH que en la mayoría de los casos terminaba por declararse incompetente para investigarlos por disposición constitucional y por tratarse de autoridades estatales o Municipales de Puebla.

 

Es urgente y necesario que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, adopte como en su momento lo hizo la CNDH, los principios que rigen al OMBUDSMAN: fácil accesibilidad

 

de los quejosos, gratuidad del servicio, independencia, flexibilidad, ausencia de solemnidad en sus procedimientos, facultad de investigar y solicitar toda la documentación relacionada con el caso, agilidad para encontrar fórmulas de solucióna los conflictos, y elaboración de informes periódicos y públicos, que es un principio sin el cual toda su actividad no tendría efectos, por lo que su relación con los medios de comunicación masiva es una condición indispensable para la consecución de sus objetivos.

 

En general, son varios los elementos que deben considerar los Diputados de la LX legislatura para designar al nuevo Presidente o Presidenta del organismo, porque tienen enfrente a una sociedad lastimada y que espera que la designación no se politice y se logre encontrar un perfil acorde a los tiempos y la situación de violencia e inseguridad que prevalecen en el estado, a fin de que cuenten con un organismo, que no sólo los escuche, sino que atienda sus quejas y que actúe con independencia de criterio para garantizar en forma efectiva la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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