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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

 

En México, el derecho a la información fue incluido en la Constitución mexicana desde 1977 de forma simple, en donde solo decía que el mismo, sería garantizado por el Estado.

Más tarde, y una vez que se aprobó la Ley de Transparencia, se reformó el artículo sexto constitucional, para configurar más bien un derecho de acceso a la información pública gubernamental, el cual fue considerado, más que un avance, un retroceso, toda vez que no se garantizaba un derecho a la información con toda la amplitud como lo describe la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

Sin embargo, la restricción en el reconocimiento constitucional de este derecho se superó, en cierto sentido, con la reforma que se hizo al artículo primero constitucional, donde se amplía el reconocimiento de los derechos humanos que en ella se hace, y a la forma en que se reconocen en los tratados internacionales, cuando ello favorezca a la persona, es decir, integra el principio “pro persona” a la interpretación de los derechos humanos.

De este modo se reconoce como derechos humanos o fundamentales relacionados con la información y, por tanto, con la sociedad, principalmente los siguientes: el derecho a la información (artículo 6); a la protección de datos personales (artículo 16); además de la libertad de expresión y de imprenta (artículo 7), y la inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 16). Los derechos de autor y de propiedad intelectual aparecen mencionados en la norma fundamental como referencia a que su existencia no debe considerarse un monopolio (artículo 28).

 

Además de estos derechos, existen otros que se encuentran vinculados con la información personal, como el derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor y a la propia imagen, que si bien no aparecen directamente reconocidos en la Constitución, su obligatoriedad a salvaguardarlos se encuentra establecida a través de los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Esta gama de derechos humanos, adquiere una especial problemática basada en el vertiginoso avance de la tecnología y la creciente accesibilidad al uso del internet, puesto que su vulneración o trasgresión se encuentra expuesta a colisiones entre estos derechos, precisamente como consecuencia del uso de la tecnología y de la falta de fronteras en el espacio ciberal.

 

Y sobre este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un precedente al resolver el amparo 1005/2018, donde hizo prevalecer el derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de un servidor público, estableciendo que cuando éste, utiliza sus redes sociales para difundir información referente al desempeño de su gestión, no se limita el derecho de los servidores públicos a la privacidad.

Dicha resolución emana del caso del periodista Miguel Ángel León, quien fue bloqueado en octubre de 2017 para acceder a la información de la cuenta de Twitter de Jorge Winckler, fiscal general de Veracruz, por considerarlo un periodista incomodo, pero la Corte considero que la publicidad de la cuenta está justificada porque el funcionario la configuró como abierta, lo que permite que quien así lo desee visualice su contenido.

 

Señalaron que el propio Winckler decidió difundir en su cuenta contenido de interés general por estar relacionado con su encargo de fiscal, lo que coloca a la cuenta en una posición de escrutinio público, privilegiando con ello el acceso a la información de interés general sobre la privacidad del servidor público.

 

Situación que también en un aspecto de lógica jurídica persiste, puesto que al decidir colocar información en cualquier red abierta, esta pierde el sentido de privada y resulta ignominioso pretender que sea tratada como tal.

 

 

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Escribe: Adán Morales

 

La operación que desde algún lugar de Palacio Nacional  se está haciendo en contra de Claudia Rivera  ya le quitó la venda de los ojos a la alcaldesa y a su primer equipo.

Y es que queda claro,  ya no hay dudas -¿acaso las había?- de que el candidato de Morena (Barbosa) quiere el control del ayuntamiento, el poder y el dinero.

Los Ollín, los Palou, los Zatarain, Los Aceves, los Sánchez y Los Vivanco deben estar nerviosos y es que la embestida que viene será  colosal.

Todos, absolutamente todos los actores políticos locales, se han venido sumando al  proyecto Barbosa que esta apuntalado por Yeidckol, una de las mujeres más poderosas de México, muchos dicen que es AMLO en versión femenina y cuenta con los soportes de la tercia: Manzanilla-Estefan- Pacheco.

El primero quiere ser gobernador, el segundo aspira a la presidencia municipal y los terceros quieren hacer dinero, bueno, mucho dinero.

Si Claudia Rivera quiere sobrevivir, tendrá que cambiar de estrategia, de gabinete, de asesores y hasta de moditos.

¿Qué va a ocurrir cuando Yeidckol le sugiera remover a los protegidos de la familia: Rene Sánchez Galindo y Lourdes Rosales?

¿Qué hará Claudia Rivera cuando por las buenas le pidan entregar el control del dinero ‘sucio’ que entra a su administración producto de todos los ilícitos que puedan imaginar, doblará las manitas?

¿Qué pasará cuando le digan que se deshaga de todos esos asesores que alinean chakras, venden espejitos y reciben millonarios recursos de su administración?

¿Cómo se verá cuando Barbosa y Cia  -de facto- se conviertan en los vicepresidentes municipales?

¿De oponerse Claudia qué le depara el destino de la 4T?

1.- El exilio político

2.- La expulsión del partido por contravenir los principios del líder máximo: No robar, no mentir, no traicionar.

3.- Un enfrentamiento contra el poder ejecutivo y legislativo.

4.-Sus aspiraciones políticas serian cortadas de tajo y ni siquiera podrá ser candidata a una junta auxiliar.

5.- Todas las anteriores.

 

La ruta es simple pero dolorosa, Claudia tendrá que negociar, compartir buena parte del poder municipal, de no hacerlo: sus cartas están marcadas.

Nadie le da esperanzas.

Los familiares les dicen que los rudos son los culpables, los rudos que los técnicos y los técnicos que sus familiares.

Si alguien la ve: invítele un snicker

 

 

MIENTRAS TANTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.

 

Se llama Arturo Martínez, catalogado por muchos como un verdadero profesional del área, hoy se desempeña como Director de información del Ayuntamiento de Claudia Rivera y en teoría está bajo las órdenes de Rafa Quiroz. Digo en teoría porque sus lealtades habitan en otra parte.

Pero las dudas flotan, Martínez es el operador de la consultoría política que dirige el periodista y director de e-consulta: Rodolfo Ruiz (pensando mal, así se explicaría la primicia del tuit sobre la salida de Armando Rocha –sería grave si así fue-)

Lo anterior levanta muchas suspicacias y es que si al inicio del trienio se dijo que el consultor Alejandro Rodríguez estaba detrás de Rocha, hoy se podría sospechar de algo similar: ¿quién está detrás de Arturo Martínez?

Parece que el negocio se volvió redondo para muchos.

 

 

Mi cuenta en tuiter: @adangio25

 

 

 

 

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Escribe: Mario Suarez/@Marcplo20

 

Le contaron al Juglar que a casi un mes de que el gobernador Guillermo Pacheco Pulido ratificará al secretario de educación pública, Don Mike Barcena, las filtraciones al interior de su dependencia han estado al por mayor. Información precisa que solo alguien de adentro y que conoce a la perfección los puntos débiles de sus enemigos pudo haber hecho. Esto para el secretario, que fue miembro destacado del CISEN, no le es difícil indagar la procedencia y la razón de los ataques, pero por más que se esconda la mano siempre se dejan rastros. Hoy todos los caminos indican que detrás de las embestidas hay: mano negra, pequeña y chiquita pero negra. Las dudas han empezado a flotar y las sospechas a fluir.

 

¿Quién tiene acceso a los documentos que se suponen de uso exclusivo de la SEP? ¿Quién estaría interesado en desestabilizar a Miguel Robles? ¿Quién puede tener documentación de TODAS las áreas? ¿Quién pretende mostrar el cochinero de la dependencia y exponer que Robles Barcena no se ocupa de ello? ¿Quién tiene hoy gran influencia con los sindicatos? ¿Quién aspira al cargo después de que termine el gobierno interino? ¿Quién pactó con Manzanilla? El hoy enemigo de Robles Barcena se ostenta hoy como un operador político y en corto presenta a Barbosa como el próximo gobernador del estado, y obvio a él mismo como el futuro titular de la dependencia.

 

Su objetivo es sencillo, llenar de rumores al Gobernador interino para colgarse la estrellita de espía de primer nivel y de ahí solicitar su regreso. Todo es válido, la silla lo merece.

 

Lo cierto es que en esta danza de morenistas contra morenistas, priistas contra priistas y morenovalllistas contra morenovallistas, ya nadie sabe con quién se debe quedar bien, así que mientras esperamos el desenlace de todo esto, disfrutemos del espectáculo de lodo que se avecina. Ya se lo saben, un pequeño rumor y de ahí desglocemos la nota; mitad ficción, mitad realidad. Todo se vale.

 

Se me pasaba, igual me contó el Juglar que la gente de SEP que anda en el CIS anda estresada, ¿la razón? Se les terminarán las vacaciones pues ya el secretario quiere a casi todos en la CAPU, esto implica que sus jefes estarán a escasos 20 metros y no a media hora. Ni modo, no siempre se puede ser Godínez VIP

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

 

Dentro de cualquier composición social, la trascendencia del cobro de los impuestos como aportación solidaria en beneficio del conjunto social, es un elemento casi imperceptible por los ciudadanos, que aunado al desequilibrio entre los impuestos y la satisfacción de las necesidades públicas, forman parte de una determinada cultura en la que la práctica de la evasión y la elusión fiscal se conciben como mecanismos “legitimados” para no cumplir con las obligaciones fiscales.

Convirtiéndose entonces la evasión fiscal en uno de los síntomas más evidentes del deterioro de los principios de responsabilidad social que, sumado a la dificultad de recaudación económica, resulta una clara y contundente pérdida del sentido de obligación y pertenencia hacia la comunidad, originando desinterés por los asuntos colectivos.

 

Dentro de las causas por las cuales los contribuyentes evaden sus responsabilidades fiscales están, la falta de cultura tributaria, las altas tasas impositivas, la desconfianza a las autoridades encargadas de su administración, la insatisfacción ante los servicios públicos que recibe, etc.

La evasión tributaria no sólo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema Tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de los impuestos.

Existe evasión fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada, consecuentemente al incumplir de manera intencional con el pago de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano, se encuadra en la conducta de un delito tipificado como defraudación fiscal, el cual impacta económicamente en las Finanzas Públicas.

 

Ante tal hecho social, en la Cámara de Senadores se discute ya, una reforma, que busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal, como el outsourcing y facturaciones fantasmas, buscando que este tipo de conductas sean equiparadas a la delincuencia organizada.

Justificando la necesidad de acabar con ese tipo de economía subterránea, la cual, ha adquirido especial importancia y preocupación, en la pérdida de ingresos que el gobierno deja de percibir por el crecimiento de esas prácticas, ya que por falta de una adecuada reglamentación de las empresas que se dedican a la subcontratación laboral, el gobierno deja de recaudar alrededor de 90% por concepto de impuestos en el IMSS e INFONAVIT.

Porque aunque, las empresas de tercerización, generan oportunidades laborales formales, acciones como la evasión fiscal impiden el desarrollo de esta industria, en la cual laboran 3.5 millones de trabajadores.

 

Sin embargo, el desafío es eliminar los mecanismos ilegales con los que aún operan estas empresas, como ofrecer al empleador la posibilidad de reducir sus costos en perjuicio del empleado.

Por lo tanto de aprobarse dicha propuesta, se estaría no solo apoyando a la clase trabajadora, también se estaría contribuyendo a fortalecer el tejido social, porque, si bien es cierto, la economía de nuestro país no depende de lo que recaude por concepto de impuestos, es un hecho que la Evasión Fiscal afecta las finanzas públicas, y que al disminuir los recursos recaudados, el Estado posee menos dinero para invertir en obras, programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y propicien el desarrollo económico del país.

Ahora solo habría que buscar la forma de incentivar a las empresas que se verán afectadas con la reforma, para que contribuyan con esta nueva forma fiscal y no cierren, porque es bien cierto que a todo ciudadano le agrada saber que sus impuestos se están gastando bien y que puede disfrutar los beneficios de contribuir económicamente con el Estado

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Una democracia funcional requiere de un sistema de partidos estable, que no esté excesivamente cubierto de privilegios ostentosos y caros para la economía de un país, ni tampoco que se fragmente por carecer de medios suficientes para realizar sus actividades como institución política; pero que además, se caracterice por una dinámica unificadora en oposición a una dinámica de polarización.

 

Asimismo, requiere partidos políticos institucionalizados que sean capaces de alimentar continuamente el proceso político y de ser algo más que unas máquinas de campaña, que solo se manifiestan cuando se lleva a cabo un proceso electoral.

 

Si bien es cierto, el recibir recursos económicos vía las prerrogativas, es un elemento imprescindible para la competencia democrática, es innegable, que el dinero es capaz de introducir distorsiones importantes en el proceso democrático, como convertirse en un botín que termina en las manos de los líderes de los Partidos y los grupos que los controlan, perdiendo su esencia y sentido social, casos hay muchos, como los del PVEM y NUEVA ALIANZA cuyo control lo han tenido familias que han hecho usos de los recursos por generaciones.

 

Lo anterior, en razón de que la disparidad económica, incide, en primer lugar, en las posibilidades reales de los partidos y sus candidatos para transmitir su mensaje a los votantes de manera eficaz, asimismo, su posesión confiere a individuos y grupos sociales la posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre los candidatos y los partidos a través de sus aportaciones, vía el financiamiento privado.

 

Situación que resulta de importancia crucial para la democracia, porque cuando el poder político es simplemente un espejo del poder económico, el principio de salvaguarda de los derechos políticos electorales, pierde significado, y la democracia deja de ser un sistema de poder alternativo, capaz de compensar el poder económico.

 

Aunado a que, una distribución de recursos extremadamente desigual puede crear la apariencia de inequidad en la participación política, que afectaría la legitimidad del resultado electoral.

 

Por otra parte, y en congruencia con la austeridad republicana impuesta por esta nueva administración federal, la importancia de optimizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendental, y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que los ciudadanos, ya no podemos seguir permitiendo.

 

Toda vez que, la democracia en México es considerada 18 veces más cara que el promedio de los países de Latinoamérica, por lo que, la propuesta de reducir el monto del financiamiento público a los partidos políticos en un 50% en los años en que no se lleven a cabo procesos electorales, es hasta hoy día, la propuesta más importante y que mayores beneficios pudiera traer para toda la sociedad mexicana.

 

Propuesta presentada por el grupo parlamentario de MORENA, que plantea modificar el artículo 41 constitucional, base II, con el fin de cambiar la fórmula que se utiliza para asignar financiamiento público a los partidos políticos, reduciendo de 65 a 32.5 por ciento el multiplicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que determina la cantidad de las ministraciones económicas a distribuir entre los partidos políticos.

 

Con la reforma, el artículo quedaría del siguiente modo:

 

"El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior".

 

Sin duda el mayor acierto hasta ahora, de quienes prometieron cambiar las cosas en México, esperemos que la propuesta no se quede en la congeladora y que como la propuesta de la guardia nacional, sea aprobada con rapidez y sobre todo que los recursos económicos ahorrados se empleen en beneficio de la sociedad.

 

Pese a lo anterior, considero que una medida como la anunciada, también debe incluir la reducción del presupuesto asignado al INE y a los OPLES de los Estados y finalmente la reducción del número de diputados al Congreso de la Unión de 500 a 300 así como de los senadores plurinominales, para que sea una reforma legislativa integra.

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