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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El respecto y protección de los Derechos Humanos, es uno de los compromisos más importantes de un estado democrático de Derecho, ya que del éxito de esta política pública, depende en gran medida que funcionen adecuadamente todas las autoridades gubernamentales y que exista la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el gobierno.

 

Por ello, cuando en los medios de comunicación se da cuenta de hechos en los que se violentan los derechos humanos y que se minimiza tal situación o se le considera tolerable, debido a que se trata en la mayoría de los casos, de grupos vulnerables, nos preguntamos ¿De qué nos sirve que los funcionarios públicos al asumir sus cargos, protesten cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la propia del Estado y las leyes que de ellas emanen? Si en su actuar cotidiano muchas de ellas, cometen actos violatorios precisamente de Derechos Humanos y continúan en sus cargos, como si nada hubiere pasado, ya que las instancias encargadas de investigar y sancionar dichas conductas, fueron diseñadas para proteger a dichos funcionarios, dejando de lado el interés ciudadano.

 

Conforme a lo anterior, es indispensable que sea el propio Estado, quién debería preocuparse por contar con un organismo realmente eficiente y confiable para corregir los abusos de poder de sus funcionarios y señalar en forma oportuna y de cara a la sociedad, las conductas y actos que vulneren derechos de los ciudadanos, antes de que éstos se vean obligados a recurrir a los tribunales en defensa de sus derechos.

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, son un apoyo de gran importancia para que el Estado cumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cumplen además una labor de enseñanza, difusión, divulgación y protección de los Derechos Humanos, otorgando orientación y protección en los casos en que exista una vulneración a estos derechos por funcionarios públicos.

 

El objetivo de las Comisiones, consideradas como parte del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos es proteger a las personas frente a las acciones u omisiones del Estado. Lo puede llevar a cabo mediante las acciones de inconstitucionalidad y las recomendaciones, ya sean particulares o generales, a fin de terminar con una situación que sea violatoria de los derechos fundamentales y lo puede lograr, requiriendo la adopción de políticas públicas por parte del Estado en la materia de que se trate.

 

Cabe señalar además, que conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 en su artículo 1º establece el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Lo que permite a los ciudadanos oponer también los muchos y diversos derechos contenidos en los Tratados Internacionales, lo que se traduce en la posibilidad de

 

integrar en una queja, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República , los contemplados en los Tratados Internacionales ratificados por el Senado y por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que se traduce en una retroalimentación jurídica entre el derecho nacional de México y el derecho internacional de los Derechos Humanos, estando obligados los sujetos pasivos de los derechos humanos, como las autoridades y funcionarios como los legisladores, los jueces y los titulares de los órganos constitucionales autónomos de los tres niveles de gobierno.

 

Hoy más que nunca, los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos tanto la nacional como de los Estados, están obligados a supeditar su actuar a las normas existentes nacionales o internacionales y con mayor frecuencia los criterios fijados por los organismos internacionales, jurisdiccionales o no-jurisdiccionales, a fin de sustentar sus recomendaciones, con lo que fortalece la tutela de los derechos al aplicar el ordenamiento internacional.

 

Resulta más conveniente para el Estado y sus funcionarios proteger y salvaguardar los derechos humanos de sus gobernados, que cometer violaciones a dichos derechos, que impliquen un descontento social y que por la situación de violencia, inseguridad e impunidad de los delincuentes, hoy nos tiene al borde de llegar a un estado de ingobernabilidad, sino se aplican políticas que les permitan volver a tener la confiabilidad de los ciudadanos.

 

*Aspirante a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

De un análisis de los datos contenidos en el Informe 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dicho organismo ocupó el octavo lugar con menor participación en el presupuesto para los órganos autónomos del estado, pues represento sólo el 1.5% con una bolsa de 24.9 millones de pesos.

 

Para 2018, el presupuesto autorizado para su ejercicio fue de $24,969,293.97, teniendo una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de $3,307,724.91, dando un total de $28,277,018.88, de los cuales según el informe rendido por el expresidente de la Comisión Adolfo López Badillo, solo se gastó $ 23,411,446.31; lo que evidencia que no pudo encontrar la fórmula o los mecanismos para invertir los recursos financieros asignados por el Estado para fortalecer la salvaguarda y respeto a los derechos humanos en Puebla, ya que $4,865,572.57 se quedaron sin ser utilizados.

 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en Puebla hay tres millones 317 mil 727 mujeres y tres millones 53 mil 654 hombres, lo que hace un total de habitantes en el Estado de 6, 371,381, si dividimos este número de habitantes, entre el presupuesto gastado en 2018, resulta que el gasto destinado a cada poblano del presupuesto ejercido por la CDHE equivale a $3700 pesos.

 

Así mismo, si dividimos el número de quejas interpuestas en 2018,que fueron calificadas así, por presuntas violaciones a derechos humanos, resulta que de las 1446 que señala el informe de la Comisión la atención que el personal del organismo dio a cada una de ellas, tuvo un costo aproximado de $16200 pesos

 

Continuando con la revisión de las cifras contenidas en el informe, donde se señala que fueron emitidas en 2018, sólo dieciséis recomendaciones, casualmente ninguna en contra del Gobernador del Estado, resulta que si se divide el monto de los recursos ejercidos por el organismo en dicho año, entre las recomendaciones emitidas, cada una tuvo un costo de un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos aproximadamente, cifra desorbitante, que nos hace pensar que la tarea de la Comisión ha sido, más que proteger los derechos humanos de los ciudadanos, la de salvaguardar a toda costa la imagen de las autoridades, dando el mensaje de que en Puebla, no existen violaciones a los derechos de los ciudadanos y de que se respeta el estado de derecho.

 

Lo anterior confirmaría la hipótesis de que, por la actitud protectora del organismo hacia la labor de las autoridades, las víctimas de violaciones a sus

 

derechos humanos, desistieron de su intención de pedir la intervención de la Comisión, ya que durante los ocho años de gestión de Adolfo López Badillo, su labor fue la de hacer caso omiso a los casos que debió atender, evitando que trascendieran a la esfera pública y que ello perjudicara al gobierno en turno.

 

El informe 2018 deja abiertas muchas interrogantes y dudas sobre el funcionamiento y resultados del trabajo de la CDHE, que debería revisar el Consejo Consultivo del organismo y la Comisión General de Derechos Humanos de la LX legislatura, para calificarlo , debido a la alta demanda social de los ciudadanos de que Puebla cuente con un organismo que realmente les garantice en su actuar la salvaguarda y protección de sus Derechos Humanos y que esté a la altura de los momentos tan críticos que se viven por el aumento de la violencia e inseguridad, así como de la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que han tomado fuerza en el Estado incrementando el número de víctimas, que demandan se les repare la violación a sus derechos humanos.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Las relaciones entre las mujeres y los hombres, desempeñan un papel importante, tanto en la introyección, como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las prácticas culturales de una sociedad.

 

Dichas relaciones tiene un embrión simbiotizante que determina la función social y que se convierte en el instrumento propulsor de la formación ciudadana, del desarrollo económico, político y cultural ¡La Educación!,

 

Lo anterior en razón, de que se alude a la educación como el vínculo que se establece entre educación, empleo e ingresos. En consecuencia, en las sociedades modernas asegurar el acceso a la educación se considera como una vía para abatir la pobreza y la desigualdad social.

 

En base a lo anterior, la UNESCO establece que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho innato de cada niño/niña, mujer y hombre; en razón de ello ha expresado su compromiso de hacer realidad el derecho que tiene cada persona a recibir enseñanza, pues se asume que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano.

 

Sin embargo, las transformaciones producidas en materia de educación, no influyen de manera homogénea en la configuración de las subjetividades de las nuevas generaciones de mujeres.

 

Por lo que, desarrollar y enriquecer el entendimiento sobre la igualdad de género en el ámbito educativo, es parte de una labor trascendental para la promoción de acciones positivas que fortalezcan la participación de las mujeres en los ámbitos económicos, laborales, sociales y políticos.

 

Es en este rubro donde las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, y las de casi todo el mundo, enfrentan uno de los retos más importantes de la actualidad, erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior, lo que sin duda es un aspecto que lacera la dignidad universitaria.

 

Más aun, cuando la educación superior universitaria es un ámbito en el que la presencia femenina se ha ido haciendo cada vez más importante en las últimas dos décadas, situación que ha evidenciado la UNESCO al reportar que en 2009 el porcentaje de mujeres matriculadas en América Latina se incrementó por cada disciplina, arrojando las siguientes cifras: 41% en ciencias (67% de la salud y de la vida, 51% en físicas, 53% en matemáticas y estadística y 31% en computación), y 57% en ciencias sociales, negocios y leyes (70% ciencias sociales y del comportamiento, 61% periodismo e información, 56% administración y negocios, y 52% leyes).

 

Por lo tanto, debemos entender que la vinculación de la educación superior con la igualdad de género es un enfoque con la finalidad de crear revolución en los cambios de la mentalidad de los estudiantes y futuros profesionistas, con el objetivo de generar una sociedad justa, con igualdad de derechos entre hombre y mujer, donde los profesores deben adquirir un rol conciliador y conductor a la observancia paritaria.

 

Donde la igual de género se convierta en un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales deben contribuir.

 

Alcanzar la igualdad de género requiere necesariamente transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, debemos enseñar a los jóvenes a construir relaciones que sean de complementariedad y no de coacción ni violencia.

 

Por lo que el enfoque de igualdad de género en la Educación Superior debe responder esencialmente a la necesidad de alinear los conocimientos con la realidad, aprendizajes y potencialidades, para que con ello, el profesional garantice su intervención en el ámbito laboral la igualdad de género en su desempeño.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Con el apoyo de más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, como Colegios y Asociaciones de profesionistas, de Universidades, organizaciones de estudiantes, Mujeres Indígenas, de personas con discapacidad, de campesinos, colonos, padres de familia, comerciantes, grupos ecologistas y de la comunidad LGTB; algunas con presencia nacional y estatal, hoy presenté mi solicitud ante la LX legislatura del Congreso del Estado, como aspirante a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

 

Convencido de que es urgente y necesario transformar la situación actual que viven los habitantes del Estado, con una Comisión que durante los últimos ocho años, ha sido olvidada por los Gobiernos en turno y con un Presidente como Adolfo López Badillo, que fue cómplice de las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades, sirviendo a los intereses del grupo en el poder y cerrando las puertas del organismo a los grupos más vulnerables del Estado.

 

.De acuerdo al Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual México registra preocupantes datos que ponen en evidencia una situación grave en el, país.

 

Y en Puebla esta situación negativa se ha agudizado en los últimos años, dado que mantiene un nivel alto en la cantidad de quejas, toda vez que, concentra un 5.36 por ciento de las148 mil 947 que se presentaron en todo el país durante 2016.

 

Puebla es el quinto estado del país donde más quejas se presentaron por hechos violatorios a los derechos humanos, solo por detrás de la Ciudad de México con 32 mil 174, Jalisco 19 mil641, Estado de México 11 mil 764, San Luis Potosí 7 mil 987 y Puebla con 7 mil 184 quejas, según datos del INEGI; dando como resultado que en el periodo de 2015-2016, la entidad fuera el primer lugar nacional en

 

quejas por violaciones a los derechos de presunción de inocencia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y a la libre reunión.

 

En cuanto a quejas por tipo de derecho humano violentado, se tiene que, en el periodo 2015-2016, en el país hubo 16 mil 821casos relacionados con la violación al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Puebla fue uno de los que más altas cifras presentaron sobre este delito, con mil 451 casos; ello solo por debajo de Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que presentó mil 764 casos.

 

El estado enfrenta una autentica crisis de respeto y garantía de los Derechos Humanos, el ejemplo más violento como la recomendación por la violación grave número 2, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en donde elementos de la SSP del Estado, provocaron la muerte del menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.

 

O como el caso de Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba, el cual hizo que puebla fuera señalada a nivel nacional como una entidad carente de estrategias normativas para hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos.

 

Es urgente plantear auténticas alternativas de solución que nos permitan sacar al estado de esta crisis de respeto y garantía a los derechos humanos. Por ello anuncio, que el PROGRAMA DE TRABAJO que presentaré en mi comparecencia ante los Diputados integrará las demandas más sentidas de los ciudadanos y grupos vulnerables, así como de todo ciudadano u organización interesada en hacer propuestas para que la CDH recupere la confianza ciudadana y cumpla con las funciones que tiene encomendadas en el marco jurídico internacional, nacional y local.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El encontronazo entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se agudizó por las declaraciones hechas el día 23 de agosto en su conferencia mañanera por el Ejecutivo Federal en el sentido de descalificar y cuestionar el trabajo, profesionalismos y credibilidad de la CNDH como consecuencia de la emisión de la recomendación 29/2019, relativa a la Cancelación del Programa de Estancias Infantiles, posición reforzada por la Comisión permanente del Congreso de la Unión, que se negó a citar a comparecer a los funcionarios responsables del gobierno federal, que, a su vez, se negaron a aceptar dicha recomendación, obligó a la Comisión a amagar con llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU lo que motivó el malestar del Presidente de la República acusando al organismo de no haber hecho nada en el caso de la Guardería ABC, cuando es público que sobre dicho caso la CNDH emitió oportunamente una recomendación, el 31 de julio de 2009 la número 49/2009, que a la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.

 

Este diferendo tal parece no se resolverá en el corto y mediano plazo, por la postura que ha tomado el ejecutivo federal, haciendo de lado que independientemente de los casos de corrupción y abusos cometidos con los recursos asignados a este programa en los gobiernos anteriores, es obligación del estado mexicano defender los derechos humanos de los niños y las niñas, así como también de las madres y padres trabajadores.

 

La postura de la CNDH contenida en la recomendación 29/2019, no está en contra de que se hagan modificaciones a los programas anteriores en esta materia, sino lo que propone es que se fije un mecanismo que permita hacer vigentes los derechos humanos vulnerados y que se destinen los recursos públicos suficientes para cumplir con dicho objetivo.

 

Es evidente, que el trabajo de la CNDH en este caso, busca defender los derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y de otros grupos vulnerables y observa que es una obligación y responsabilidad del Estado mexicano y de todos los servidores públicos, en los que se incluye el Presidente de la República, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Sobre todo hace hincapié, en que la recomendación, es resultado de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional.

 

Reflexiona, en el sentido de señalar puntualmente que dicha recomendación, no pretende inhibir que se implementen medidas de austeridad y control presupuestal o prevenir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiese cometido en administraciones anteriores. Tampoco se opone a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, lo anterior no puede traer como consecuencia que se vulneren los derechos d niñas, niños, así como de las madres y padres trabajadores.

 

Lo mejor sería buscar un mecanismo alterno de solución a este diferendo, tomando en consideración que lo más importante es proteger el interés superior de la niñez, que se ha visto afectado por este diferendo

 

Durante 2018 el gobierno federal destinó mil 150 pesos al mes por niño atendido en las estancias infantiles, recurso que era contributivo porque una tercera parte la pone la madre, otra el Estado y otra la empresa, esos recursos que ya eran pocos, para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó dos mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los cuatro mil 70 millones erogados en 2018.

 

La reducción a este importante rubro de apoyo a grupos vulnerables, acaeció sin un argumento convincente que justifique la decisión, se ha declarado por el Presidente López Obrador, que existía un grave problema de corrupción en estas estancias, que incluso grupos cercanos a las autoridades anteriores crearon redes de guarderías para acaparar los recursos y beneficiarse entre familiares, que muchos de los recursos se quedaban en manos de los funcionarios y que no llegaban a las responsables de las guarderías, que había niños fantasma que supuestamente acudían a las guarderías y no se les localizó ó aparecían registrados hasta en tres sitios. El presidente en su discurso puede tener la razón, pero en todo caso que ordene una investigación a fondo en contra de los exfuncionarios, audite los recursos y verifique la demanda social de las guarderías, ya que no es posible generalizar los casos y antes de investigar aplicar el recorte como ya se anunció, en mi opinión la forma es fondo y si de verdad se trata con esta medida de combatir un área donde ha proliferado el dispendio de los recursos públicos y la corrupción, antes debió planearse,¿ cómo se va a cubrir el servicio para los 313 mil niños que asisten a las estancias? Se ha dicho que el dinero se entregará en forma directa a los padres de familia, sin embargo todos dudamos, que efectivamente lo destinen para la guardería de sus hijos y seguramente se usará para otras necesidades de las familias,¿ o si los recursos eliminados se destinarán a otro rubro que resulte en una mejor atención para los niños?

 

Sería conveniente que el Presidente modifique su postura y atienda la recomendación fortaleciendo el sistema de guarderías, aplicando sanciones severas a quienes se involucren en actos de corrupción y exista una supervisión profesional del servicio que se presta en dichos lugares, a fin de evitar los abusos y simulaciones del pasado.

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