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¡CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD ELECTORAL!

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La corrupción, es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el estado de derecho, origina violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, es decir, es el principal lastre de nuestro constructo social; abonado a la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes debilitando nuestras instituciones y generando un clima de frustración e inconformidad por parte de la sociedad, aunque en otros casos ya es de resignación, ante una triste realidad que parece imposible cambiar.

Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas, conflicto de intereses, nepotismo); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la procuración e impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

La hegemónica presencia del Partido Revolucionario Institucional juega un papel trascendental, como artífice principal del nacimiento y desarrollo de una corrupción con un estilo particularmente mexicanizado, ya que fue estatificándose conforme el acontecer de su desarrollo, acostumbrado a doblegar a gobernadores a través del manejo discrecional del presupuesto, a usar a la Secretaría de Hacienda como garrote político, sobre todo con mandatarios de oposición.

Ese PRI dispuesto a pasar por sobre quien se oponga a sus interés (Ley de Seguridad Interior), para que nadie desmantele el pacto de impunidad que es su signo de identidad, se vio fuertemente golpeado por lo que ocurrió en Chihuahua, tras la investigación y denuncia de la triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que ocasiono la detención y el juicio de Alejandro Gutiérrez, operador de la triangulación financiera/electoral, tema que no solo atañe a Chihuahua. Involucra otros estados, otros nombres, otras transacciones irregulares, otras operaciones ilegales. La investigación se expande y amenaza con llegar a los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, como lo expuso el reportaje de The New York Times.

Dicha situación prende focos rojos de alarma en un momento trascendental para la vida política y democrática de nuestro país, puesto que estamos inmersos, en un proceso electoral determinante para marcar las directrices de desarrollo de nuestro país,en los próximos años, por el número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías.

Por lo anterior, INE y del TEPJF, hoy en día, están aún más comprometidos y obligados a poner especial atención y vigilar las rutas de triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que Javier Corral evidenció, porque les ha dicho cómo, cuándo, dónde y a través de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el poder. Con lo que destapó una cloaca que si se va a fondo puede dejar muy mal parado al PRI en el ánimo de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Es decir, las autoridades electorales ya no contarán con el pretexto de no poder combatir la corrupción y la impunidad electoral, puesto que hoy, como todos los mexicanos, conocen el modus operandi de la manipulación electoral en México. Lo cual, los pone ante la oportunidad histórica de organizar y administrar un proceso electoral que consolide el constructo democrático nacional y sobre todo que les permita recuperar la confianza y credibilidad perdidas en razón de un actuar cómplice e indulgente para con los políticos y partidos políticos corruptos.

  

 

 

 

 

 

 

 

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Escribe: Germán Molina Carrillo

 

En pleno auge de las precampañas políticas de los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República, mediante una publicidad, supuestamente sólo dirigida a los militantes de los Partidos o en su defecto a los miembros de los órganos partidarios que tendrán a su cargo la designación del candidato que participará en la Elección constitucional del primero domingo de julio de este año, los ciudadanos hemos comenzado a padecer, el bombardeo de spots a través de los medios masivos de comunicación, como radio y televisión con las imágenes y mensajes de quienes se perfilan a ser designados, es decir por la Coalición PRI-PVEM-PANAL el delfín del Presidente José Antonio Mead, por la integrada por el PAN,PRD Y MC Ricardo Anaya y por la que forman MORENA-PT Y PES Andrés Manuel López Obrador en una elección que se espera sea a tercios por la forma en que dichas coaliciones llegarán a la fecha de la elección, ya que difícilmente algún aspirante a Candidato Independiente logrará reunir el total de apoyos que fue fijado por el INE a quienes se inscribieron para alcanzar cubrir los requisitos, aún y cuando Margarita Zavala y el “Bronco” parecieran ser los únicos que están más cerca de cumplirlos, en estricto sentido, me parece que sólo con la ayuda del INE y su Consejo General, lograrán llegar a su registro y ello dependerá del comportamiento de las encuestas que se conozcan en la última semana de enero de este año, es decir, si ya existe una distancia importante del candidato de MORENA, respecto a los otros dos, seguramente se buscará por todos los medios se otorgue el registro a los independientes, para que sean sus porcentajes los que puedan marcar la diferencia en el resultado final, a favor alguno de los candidatos del PRIAN, que sin lugar a dudas, agotarán todos los medios, legales e ilegales para lograr posicionar en el primer lugar a su candidato.

La experiencia que se vivió en la elección a gobernador en el Estado de México en 2017, es una muestra palpable, de cómo el aparato de estado (Municipal, Estatal y federal) pueden trabajar hacia el logro de un solo objetivo, como lo fue el triunfo del candidato del PRI, con la complicidad y complacencia de las autoridades electorales, rebasadas en sus funciones y supeditadas a las órdenes de quienes los pusieron en los cargos.

La estrategia, para lograr a toda costa el triunfo del candidato del PRI, ya se puso en marcha desde hace varios meses, apuntada con la aprobación de la Ley de Seguridad interior y de la denominada “Ley censura” en que se penaliza el uso de las redes sociales, a fin de evitar se difundan mensajes que afecten a terceros; además del nombramiento de autoridades como el titular de la Fiscalía para la Atención de delitos electorales (FEPADE) y el del encargado de supervisar el uso de las prerrogativas en el INE, nos dan la muestra clara, que el objetivo es muy claro para el Presidente de la República y el PRI, alcanzar el triunfo de su candidato, sin importar los medios y las formas.

 

Habrá que estar muy pendientes, del desenvolvimiento de las acciones de gobierno y de las complicidades que seguramente se darán en todos los niveles, con los funcionarios encargados de los programas sociales, que seguramente serán utilizados con fines electorales, así como la compra de los votos que estarán a la orden del día, como moneda de cambio para tratar de convencer a los ciudadanos, de que la continuidad del actual gobierno, es los que más les conviene, a pesar de los duros golpes a la economía de las familias y del aumento del número de pobres en el país.

 

Mi cuenta en tuiter: @dr_germanmolina

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El ambiente tenso que se ha generado entre la población desde el anuncio de la liberalización de los precios de los combustibles, el contexto social reinante desde hace ya muchas décadas en México, a pesar de la supuesta alternancia en el poder, en el que predomina la precariedad y la restricción económica.

Los altos niveles de inseguridad, el avance avasallador de la corrupción en todos los niveles gubernamentales, que nos llevan a ocupar el primer peldaño de América latina en ese sector y la probada ineficiencia de nuestros gobernantes para aportar alternativas de solución, han abonado al crecimiento del hartazgo social y la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de la funcionabilidad democrática de nuestro sistema político.

Sin embargo, reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que las inconformidades sociales se procesen por la vía pacífica, es la única vía de salvación que la población debe entender.

Es cierto, que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se atrevieron a diseñar un cambio de cultura política, y actuaron en forma parecida al PRI. ¿Fue por miedo a las consecuencias violentas de las rupturas? ¿O fue por incapacidad para imaginar nuevos esquemas? ¿O se debió a ambas circunstancias? Lo cierto es que la idea de alternancia en el poder quedó descartada como alternativa de solución para el mexicano; y el PAN carga hoy con la losa que le recordará que cuando llegó a Los Pinos fue incapaz, por partida doble, de instrumentar el cambio que por décadas había prometido.

Asimismo, el desencanto popular permitió que en 2012 el poder federal regresara a manos de quienes, se llegó a decir, podrían ser corruptos pero no eran tan ineficaces como los blanquiazules. Con el agregado de que los del nuevo gobierno eran dueños de un discurso reformista que en los primeros meses de la administración sorprendió a más de uno.

Pero, esa narrativa ha quedado sepultada por la única cultura que el PRI conoce, una en la que no importan los ciudadanos ni el bien del país, sino los grupos que tienen capacidad de ejercer presión para burlar o pervertir la ley.

Con base en lo anterior, MORENA es un partido que ha experimentado una preferencia ascendente para erigirse como la posible alternativa de muchos ciudadanos habidos de soluciones para vencer ese régimen de gobierno fallido.

Pero la verdadera fuerza de cambio radica en el ciudadano, aunque suene demagógico, es real que en un régimen democrático el poder radica en el pueblo, solo que los ciudadanos hemos permitido, desde nuestra indiferente y apática participación política, la sumisión a ese régimen.

Por lo que la única posibilidad de alcanzar un verdadero cambio, es mediante la vía electoral, donde la participación ciudadana sea tan grande y apabullante que termine por aplastar con votos, el poderío de la maquinaria que apoya a Antonio Meade, el candidato oficial del régimen, o al capricho llamado Frente por México de Anaya.

Si el día de la elección, salimos a ejercer nuestro derecho al voto, más del habitual 65%, la victoria (gane quien gane), será de la ciudadanía, representara el golpe de autoridad que pondrá a temblar al régimen autoritario.

Porque ellos, el régimen, ya se está preparando para contrarrestar y acallar a los inconformes con sus prácticas, tendrán a su disposición la Ley de Seguridad Interior, con la que pretende legalizar su dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin que existan controles democráticos que permitan regular su actuación.

Por ello, ciudadano, no vendas ni permitas que te compren tu único instrumento de autoridad, no lo cambies por una despensa o por una promesa de hueso político, que por cierto nunca veras, no permitas que te arrebaten la oportunidad de combatir los gasolinazos, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, todo lo que ha lacerado el crecimiento y desarrollo de nuestro país, si lo permites, cualquier queja o grito posterior resultara estéril.

 

 

 

 

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 10 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia política-electoral; y con ello, diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas, la de mayor impacto fue la transformación que sufriría la Procuraduría General de la República.

Con lo anterior, se reformó el artículo 102 constitucional para quedar de la siguiente forma: “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios…”, con lo cual desparece la actual PGR y se buscaría construir un órgano constitucional moderno autónomo e independiente, el cual coadyuvaría a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración de justicia federal.

Para 2018, dicha transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República autónoma, conformada por la fiscalía anticorrupción y la de delitos electorales, debería ser una realidad y estar funcionando a plenitud en su labor de acusación y de la investigación del delito.

Sin embargo, los tiempos electorales han perturbado el ejercicio legislativo para definir el diseño institucional en la ley secundaria de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Especializadas (Anticorrupción y de Delitos Electorales); por lo que, en un caso inédito en nuestro país, tenemos la ausencia de la titularidad de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción.

Nuestros legisladores privilegiaron obtener el instrumento militar que les permita obtener el control sistémico de organización que puede acabar coartando la libertad y capacidad de decisión del electorado, a conferir certeza y legalidad al proceso electoral privilegiando las nombradas designaciones.

Nuevamente hicieron oídos sordos a congresos y foros internacionales, convocados por la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras instancias que hacían un llamado a la conciencia jurídica y técnica en el diseño de la fiscalía funcional para la apremiante realidad social.

La integración institucional de los Sistemas de Fiscalización, Transparencia, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, el Sistema Nacional Anticorrupción además del Sistema Penitenciario son ineludiblemente acciones concatenadas que tendrían que ser tomadas en consideración para legitimar el resultado de ese proceso electoral.

Que dicho sea de paso, resulta el más complejo y trascendental en la vida democrática de nuestro país por el número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías, así como por ser el más costoso de la historia electoral mexicana.

Pues bien ante todo lo anterior, es indudable que la reforma al artículo 102 constitucional, aún tiene un enorme reto que cumplir en el venidero 2018, estructurar el diseño de su Ley Orgánica, para por un lado, tratar de construir una institución de gran nobleza, que hoy es percibida por parte de la sociedad como generadora de impunidad y corrupción y por otro dejar de representará los intereses de la federación encargándose únicamente de representar a la sociedad y procurar justicia sin injerencia de otros poderes u órganos y libre de influencias políticas.

 

 

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“EN FRANCA REGRESIÓN AL AUTORITARISMO”

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Gobernantes que acuden al encuentro con la plebe que los ovaciona, los idolatra y participa gustosa de la exaltación apoteósica de su príncipe, especialmente, si con su determinación ha ganado la guerra. Rodeados de tentación imperiales con tintes de Monarquía, con ropajes republicanos: un monarca escoltado por su séquito, teniendo como rostro el del sistema autoritario hegemónico, envestido de desencanto político, miseria persistente y guerra que todo lo abarca.

La anterior escena, parece ser el sueño presidencial, concebido desde el sexenio pasado, puesto que, tanto el Mando Único, como la Ley de Seguridad Interior, fueron propuestas que Felipe Calderón inició y que el gobierno de Peña Nieto, como se pronostica logrará imponer.

Así es, tal parece que las reformas centralistas y coptadoras de poder han involucionado en este sexenio, a tal grado que, el autoritarismo como sistema de gobierno se asoma, una vez más con toda su crudeza, en el escenario de la vida política de México.

El pasado jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados, la aplanadora priista en complicidad con: 14 diputados Panistas, 2 del PRD, y 2 de Encuentro Social, aprobaron, en sesión cerrada de la Comisión de Gobernación, el Dictamen, para inmediatamente después votar en el Pleno la Ley de Seguridad Interior, que tanto exigieron las Secretarías de la Defensa nacional y la de Marina para legitimar su presencia y actuación en las calles.

Dicha ley, fue aprobada según los diputados en base a la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, otorgando amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos, cuando y donde intervenir, en caso de urgencia para restaurar el orden interno, facultando al ejército y fuerzas armadas, para recolectar información de inteligencia de seguridad interior, obligando a las autoridades civiles a proporcionarles toda la información que soliciten.

Es decir, a cambio de que el ejército participe en el combate a la delincuencia, le otorgan facultades discrecionales ilimitadas, condicionadas solo a un informe de cuentas al Presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Con lo anterior, una vez que esta ley entre en vigor, la participación de los militares en tareas de seguridad pública se considerará una necesidad de seguridad interior, sin prever riesgos como: la falta de controles efectivos a las fuerzas armadas; la discrecionalidad del Presidente de la República para determinar la afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado, la subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social es pacífica, y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre otros factores.

Asimismo, pasando por alto los informes de organizaciones nacionales e internacionales, llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), de activistas pro derechos humanos y familiares de desaparecidos, sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad publica en México durante los últimos diez años, que sólo ha dejado una estela de muerte e impunidad contra la población civil.

De hecho, su servidor lo advertío en una entrega anterior de esta columna, donde manifestaba que, otorgar facultades a los militares para involucrarse directamente en asuntos de seguridad interna, que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, y responsabilizar a los militares del orden interno, los convertiría en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma, capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.

Por ello nuevamente reitero, la solución, no está en normar procedimientos militares, violatorios de derechos humanos de los civiles, lo que se necesita, es que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad profesionales e incorruptibles por el narcotráfico, entender que este problema es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones.

           Sin embargo, las voces que se oponen a la aprobación de la ley de seguridad interior, no serán suficientes para cambiar el voto de los miembros del Senado, que se aprestan a aprobarla en todos sus términos, precisamente por todas las prebendas, dietas y canonjías que han recibido del actual Gobierno, vendiendo su conciencia y defraudando a quienes en las urnas les dieron su voto y confianza.

            Quizás los diputados y senadores que apoyan la aprobación de la ley, piensan que nunca serán víctimas de los atropellos y violaciones en derechos humanos en contra de la población civil, que seguramente irán a la alza por la intervención “legal” de las fuerzas castrenses. Diez años de militarización de la seguridad pública en el país y sus nulos resultados, no fueron suficientes para deducir, que ese no es el camino correcto para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero seguramente si servirán para acallar la inconformidad de los ciudadanos en las elecciones de 2018. Para mí, ese es el fondo de todo esto.

 

 

 MI CUENTA EN TUITER: @dr_germanmolina

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