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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

 La protección a las instituciones estructurales del Estado, ha sido un tema de importancia estratégica para la seguridad nacional con el fin de prevenir y combatir los delitos de orden federal. Toda vez que la misma, es un fundamento esencial para el desarrollo y el progreso de una sociedad libre que pueda garantizar su adecuado funcionamiento, impactando directamente en el desarrollo de las actividades económicas, políticas y sociales de la nación. Por eso, resulta imprescindible un entendimiento básico y generalizado de la importancia de la seguridad como garantía de bienestar de los ciudadanos y de la estabilidad del propio Estado.

Sin embargo, nuestra seguridad nacional colmada de prácticas como: La falta de estándares mínimos de capacitación con criterios homogéneos para su operación; un inexistente sistema de evaluación de control de confianza; equipamiento inadecuado para el cumplimiento de sus funciones; el incumplimiento de la mayoría de sus elementos con los requisitos que establece la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el otorgamiento de la Licencia Particular Colectiva para la Portación de Armas de Fuego; la incapacidad de algunas corporaciones y empresas para evaluar y determinar los niveles de riesgo que podían afectar tanto a las instalaciones que protegían como a sus ocupantes. Eran siempre motivo de señalamiento y fundamento de un anacrónico aporte al objetivo del Estado como ente garante.

Por lo anterior, se optó por articular a través de una Estrategia que definiera un marco de referencia global y omnicomprensivo en materia de seguridad. Una Estrategia que contemplara las singularidades de los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos en un mundo que experimenta cambios tan profundos como constantes, que oriente la acción del Estado de cara a dar respuesta a los desafíos actuales utilizando los recursos disponibles de forma flexible y eficaz.

Con el propósito de otorgar esa respuesta eficaz a las necesidades en materia de seguridad que se presentan en cada entidad o región del país, la Policía Federal se ha reestructurado en seis divisiones, claramente explicadas en la obra El Nuevo Modelo de Seguridad para México, de la autoría de Genaro García Luna, las cuales, se encargan de planear, recopilar, analizar y explotar información de orden criminal mediante las herramientas tecnológicas de Plataforma México. Ello permite a la Policía Federal dar cumplimiento a diversas tareas como la ejecución de operativos destinados a preservar el orden público, la desarticulación de organizaciones criminales y el combate de los delitos mediante el empleo de inteligencia policial. Las seis Divisiones de la Policía Federal son: 1) División de Investigación; 2) División de Inteligencia; 3) División Científica; 4) División Antidrogas; 5) División de Fuerzas Federales; 6) División de Seguridad Regional.

La reestructuración operativa de la Policía Federal incluyó el diseño de un nuevo esquema de coordinación mediante la creación de la División de Seguridad Regional. Mediante el Centro de Mando de la Policía Federal, esta división realiza labores orientadas al cumplimiento de las fases del ciclo de inteligencia en las 32 Coordinaciones Estatales. El propósito es que el Nuevo Modelo de Seguridad se replique en cada entidad del país para efectuar una auténtica labor de proximidad social, tomando en cuenta que la actuación policial logra mejores resultados en la medida en que la cercanía con los ciudadanos permite una intervención más oportuna ante cualquier incidente o actividad delictiva.

Las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, cuentan con áreas especializadas en la recopilación, el procesamiento, la clasificación y el análisis de información, así como con grupos de reacción para prevenir y combatir los delitos en todo el territorio nacional. Por sus facultades para tomar decisiones inmediatas y articular con mayor eficacia las acciones y operaciones en cada entidad, estas Coordinaciones son unidades de mando con plena autonomía que hacen posible una auténtica descentralización de las funciones de la Policía Federal.

Asimismo, la Policía Federal supervisa que sus elementos actúen ajustándose a los principios señalados por el artículo 21 de la Constitución: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalidad, honradez y respeto a los derechos humanos. Tanto en las labores de investigación como en el trabajo operativo, su actuación debe circunscribirse al respeto de los derechos fundamentales en los términos señalados por la LPF y al uso racional, congruente y oportuno de la fuerza pública, según lo dispuesto por el artículo 41 de la LGSNSP. Con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos y a los demás principios constitucionales que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública, el artículo 40 de la LGSNSP establece que estas se sujetarán, entre otras, a las obligaciones siguientes: 1) Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna. 2) Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra y, en caso de tener conocimiento de algún acto de esta naturaleza, denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente. 3) Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. 4) Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos legales aplicables.

La reestructura orgánico-funcional descrita ha potenciado las capacidades operativas de la SSP y ha contribuido a potenciar las capacidades logísticas, humanas y operativas de la Policía Federal. Esto permitirá atender de manera más eficaz las demandas de seguridad a lo largo y ancho del país, mediante una presencia territorial fortalecida y a través de la infraestructura y los sistemas tecnológicos que facilitan la articulación de estrategias conjuntas con las demás instituciones encargadas de la seguridad pública.

Estamos conscientes que el concepto de seguridad en el siglo XXI debe evolucionar conforme el desarrollo de las necesidades de las sociedad a la que protege debe ser amplio y dinámico, para cubrir todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, que son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las infraestructuras críticas. Las bases están planteadas, ahora lo que esperamos es un óptimo y adecuado uso de estos elementos por parte de los principales actores y que no se vea contaminado por la corrupción que ha caracterizado por muchísimas décadas a los mismos.

 

Mi cuenta en tuiter: @dr_germanmolina

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“LA CORRIENTE ADN DEL PRD, CON ADN DE TRAICIÓN”

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

En el Estado de México, desde hace aproximadamente diez años, surgió una corriente política al interior del PRD liderada por Héctor Bautista López, la cual se ha posicionado como una de las de mayor peso en dicho partido, la denominada Alternativa Democrática Nacional (ADN).

Esta corriente se ha convertido en el principal motor de la descomposición ideológica y partidista del PRD en dicho Estado, ya que ha sido la encargada de arrebatar el dominio del partido a las otras expresiones que coexisten al interior del mismo como, Nueva Izquierda (de los Chuchos); Izquierda Democrática Nacional (Rene Bejarano); y Foro Nuevo Sol (Amalia García Medina).

Acarreando como consecuencia, que en el PRD se viviera un proceso de evolución interna, por llamarlo de alguna forma, en la que se esperaba que el desarrollo de estas corrientes, expresarían la riqueza ideológica y política del partido, pero en pocos años se convirtieron en corporativos, clientelares y dentro de ellos, los corporativos más exitosos fueron los que lograron conseguir más recursos económicos, provenientes por lo regular de políticos del PRI, de gobernadores y altos funcionarios.

ADN enfrentó a Nueva Izquierda (NI); se impusieron con la complicidad de Barrales en la contienda interna; anularon la candidatura de Javier Salinas, quien denunciaba el contubernio ADN-PRI y nombraron a Juan Zepeda como su candidato, con el objetivo central de restar votos a Morena, a cambio recibirían fuerte apoyo económico, respaldo de los medios de difusión oficiales y el apoyo del PRI para mantenerse en el gobierno de Nezahualcóyotl.

Con una izquierda simbiótica, convenenciera, con antivalores prevalecientes en esta modalidad partidaria, los militantes pasaron a ser clientelas, los consejeros “canicas”, los órganos de dirección, parapetos de los líderes de las tribus más acaudaladas, los cuadros políticos, empleados, y el emblema del éxito lo representan personajes como los gobernadores de Michoacán, Morelos o de la Ciudad de México, serviles en exceso con el presidente Peña Nieto.

Con los principios, olvidados, los estatutos, letra muerta, el programa, manejado a conveniencia de acuerdo a los intereses de grupo. Es de entenderse porque en México, como lo afirma el Dr. José Antonio Rueda (militante de MORENA)  existen dos claras posiciones de izquierda; la izquierda con pretensiones de gobierno, negociadora, traidora a su naturaleza opositora, con un problema teórico porque entiende el ejercicio de la política solo como negociación y la izquierda que está más en la tradición de estar en contacto con el pueblo y asumir sus intereses para desde ahí proponer un frente o llegar en su momento al ejercicio del poder. Un poder que, sin embargo, es concebido según la tradición de que captado el poder ejecutivo ya puede empezarse a derramar la honestidad, la democracia y una cierta concepción hacia abajo, es decir, no deja de tener una inspiración populista

Es por lo anterior, que México no logra llenar el vacío de una izquierda que. Como lo señala el politólogo César Cansino “Se niega a crecer” y que tenga, en primer lugar, capacidad de fundirse en las acciones de masas, movilizando a las masas, porque la resistencia frente a los problemas de la política neoliberal ha entrado a una enorme complejidad, pues para frenar la acción de masas en contra de las reformas neoliberales se ha montado una guerra contra el pueblo disfrazada de una lucha contra el narco y el gobierno federal está golpeando a las organizaciones y dirigentes de izquierda en todo el país.

Por ello se hace cada día más necesaria una izquierda que pueda apoyar a las masas en la resistencia al neoliberalismo y para lo cual, debe presentar un proyecto alternativo hacia dónde debe caminar. No necesitamos una izquierda que sacrifique su perfil de oposición, asumiendo claramente una cara de pragmatismo desideologizado, que pondría en el centro de su quehacer la sobrevivencia partidaria, es decir, una réplica de Partidos como el PANAL o el Verde Ecologista.

¿Qué sería lo deseable?, lo deseable es que abandonáramos esa división absurda entre lo electoral y lo social, entre lo reivindicativo y lo político para que entráramos en una comprensión cabal de que todo absolutamente está en juego hoy. Necesitamos gente que entienda la problemática económica, tome una posición política, sepa pelear en la lucha reivindicativa, asumiendo los límites y los riesgos pero siendo consecuentes en cada una de las luchas y también tener claridad ideológica, no sirve de nada ese sector de izquierda que está más neoliberal que los neoliberales porque en realidad eso lo que está haciendo es generar una aversión a la actividad política y se generaliza la idea, de que todos los políticos son iguales, toda la política es una constante de traiciones y corrupción.

Porque para que la izquierda en nuestro país juegue un rol decisivo en el proceso de modernización de nuestro país, obligadamente tiene que transitar del conservadurismo al liberalismo, iniciar una travesía liberal que significa en palabras de Isaiah Berlin: tanta libertad a cambio de tanta igualdad. Que haga compatible al unísono las libertades y derechos individuales con la justicia social, políticas que tiendan a convertir en más iguales a los desiguales.

 

 

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Escribe: Dr. Germán Molina Carrillo.

 

La frase célebre del título de la presente, fue enaltecida por el general de Tepeaca, Miguel Negrete, quien poco antes de la batalla del 5 de mayo, renunció a su ideología conservadora y se sumó a las fuerzas de Ignacio Zaragoza, haciendo entender que para todo mexicano el bienestar de su patria está por encima de cualquier ideología partidista o política.

Pues bien, dicha frase se ha vuelto una de las preferidas del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y lo ha acompañado por todos los estados que ha visitado con la presentación de su libro “La Fuerza del Cambio”, donde presume su trabajo como jefe del Ejecutivo en Puebla y además le sirve para hacer una campaña presidencial disfrazada.

Dentro de ese discurso, el ex mandatario poblano, hoy maneja temas políticos que durante su gestión eran innombrables, como por ejemplo, menciona que tenemos un sistema político rebasado, porque la figura del presidente está cada vez más debilitada, “El país atraviesa por una situación difícil debido a que la figura del Presidente se ha debilitado, por eso no se puede actuar cuando tienes a tan pocos ciudadanos apoyando un proyecto político”.

Y sigue: “Si queremos ganar y construir la gobernabilidad es indispensable la segunda vuelta o la alianza”, y pone como ejemplo la alianza electoral al gobierno de Puebla que encabezó, pues según él, se convirtió en un gobierno de coalición que dio buenos resultados y fortaleció la gobernabilidad.

Pues bien, habrá que decirle que una campaña de coalición como la que a él lo llevo a la gobernatura de Puebla, no es lo mismo que gobernar en coalición, toda vez que en su mandato todos los secretarios de estado y las personas que sirvieron en la administración estatal, siempre fueron personas a su mando y que ninguno representaba realmente una ideología partidista distinta y ni siquiera contraria a sus órdenes, hasta los integrantes del Poder Legislativo fueron verdaderas piezas de ajedrez que se movían conforme los interés del mandatario.

Por otra parte, respecto a su solución planteada para la problemática del sistema político rebasado, las alianzas gubernamentales y las segundas vueltas, si tan convencido esta de su solución, la pregunta que brota del clamor de la gente, porque no lo llevo a cabo en su mandato?, porque ni si quiera lo propuso?

Respecto a lo anterior, creo que México aún no está preparado para una segunda vuelta, porque además de duplicar los costos y los eventuales conflictos postelectorales, el diseño de los regímenes presidencialistas en Latinoamérica, en conjunto con la elección presidencial a dos vueltas, arriesgan los objetivos de legitimidad y gobernabilidad, lo que ha llegado en casos extremos a ocasionar “autogolpes de Estado” cuando el candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta ganó la elección en la segunda vuelta y se enfrentó con un congreso fragmentado, cuestión a la que Moreno Valle no está acostumbrado, a él le gusta tener un congreso a sus órdenes.

Aunado a lo anterior, según el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica, "Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación en México", y publicado como parte de la serie "Temas estratégicos", advierte que para el sistema político mexicano, la segunda vuelta "puede reducir la capacidad de las autoridades para garantizar confiabilidad o equidad por la reducción de tiempos y el aumento de costos y procesos, o, en otro escenario, ampliar los tiempos y costos del proceso electoral para que los elementos de confiabilidad y certidumbre sean compatibles con la segunda vuelta, lo cual no es un dilema menor dada la historia de desconfianza en nuestros procesos electorales".

El sistema electoral mexicano, es más complejo que en otros países, en cuanto a fiscalización, organización, reglamentación, procesos jurisdiccionales y calidad de materiales para la jornada electoral. "Esto se debe a que las reformas electorales de los últimos años han privilegiado elementos de seguridad y certidumbre para garantizar la confiabilidad y equidad de las elecciones mexicanas".

El IBD señala que un escenario de implementación de la segunda vuelta, para la elección presidencial en México, hace indispensable revisar las condiciones en términos presupuestales, legales y temporales.

Sin embargo, lo que nuestro país si necesita, son gobernantes humanizados, que estén cerca y consientes de las necesidades de sus gobernados, sensibles de la realidad social que se vive en nuestro país, la sociedad mexicana está harta de discursos demagógicos faltos de un sustento, como el que hoy pronuncian quienes quieren el poder tan solo por el poder.

 

 

 

 

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Escribe: *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La democracia en México está siendo devastada a billetazos, la voluntad popular existe sólo relativamente. Pero es aún más devastadora la falta de transparencia. Ésta, irrita a los votantes y los ahuyenta del proceso. En alusión a la elección de estado que se llevó a cabo en el Estado de México. Como ocurrió en Puebla el año pasado. Los procesos electorales están convertidos en verdaderos tianguis por la compra del Voto ciudadano.

Actos intimidatorios, injerencia del gobierno, información falsa, acarreados y dinero a raudales. Ese fue el tono en el que se realizó la elección a la gubernatura del Estado de México, donde el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, se perfila como el ganador de la misma, puesto que el rango máximo de diferencia entre los candidatos del PRI y Morena es de 2.83%.

Sin embargo, y aunque nos duela admitirlo, un sistema tan disfuncional como ese no podría tener vigencia sin el respaldo de sectores de la ciudadanía, incluidos los medios de comunicación, que por encima de la calidad del proceso electoral, se privilegian del mismo.

Hoy buena parte de la prensa y de la sociedad organizada pasa por alto el lodazal, las guerras mediáticas en internet y en los medios tradicionales y el inocultable desvío de recursos públicos. ¡Corrupción electoral!, como pretendemos fortalecer un Sistema Nacional Anticorrupción, cuando en los procesos electorales, el aparato de estado se usa impunemente para dar el triunfo a un candidato. Por ello, pensar que funcionarios públicos provenientes de un sistema tan sucio pelearán contra la corrupción, resulta falaz. Si ya ganaron la subasta, ¿por qué querrían cerrarse el acceso a recuperar su inversión y la de quienes los apoyaron?

Aunado a lo anterior, resulta incomprensible, que en un país como el nuestro considerado uno de los países más desiguales con políticas sociales contra la pobreza, ineficientes; y sin resultados en más de 25 años; se tenga la Democracia más costosa, 18 veces más cara en promedio que en el resto de los países de Latinoamérica.

 Y donde el número de pobres ha crecido de tal forma que hasta se desconoce la cifra exacta porque mientras el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, CONEVAL, manifiesta que existen en el país 55.3 millones de pobres, el estudio Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014 (julio de 2015) realizado por los expertos investigadores del Colegio de México (COLMEX), Julio Boltvinik y Araceli Damián, estiman que en el país hay 100.7 millones de pobres.

Inadmisible resulta observar, que tan solo en el Estado de México, las campañas para elegir al próximo gobernador de ese Estado, representaron costos que verdaderamente hablan de una insensibilidad a la realidad social, Alfredo Del Mazo reportó el mayor gasto con 115.9 millones de pesos (mdp), un promedio de 1 millón 965,887 pesos por día, mientras que la candidata de Morena, Delfina Gómez, registró un monto de 114,1 mdp, es decir, 1 millón 934, 325 diarios, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) previo a la jornada electoral, por lo que habrá que sumarle lo que gastaron para la movilización el día de la misma.

Detrás de los punteros se encuentra la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con un monto de 94.4 mdp de pesos contabilizados en la plataforma del INE. En cuarto lugar, se queda el perredista Juan Zepeda, con un gasto reportado de 47.3 mdp.

En conjunto, el saldo de las campañas electorales que finalizaron el pasado 31 de mayo fue de 485 millones 800,670 pesos, es decir 8,096 pesos por los aproximadamente 60 días de promoción de voto, de acuerdo con cifras del INE.

De éstos, los aspirantes a gobernar la entidad de México hicieron un gasto estimado de 278,934 pesos por cada una de las horas de los 59 días que buscaron el voto de los mexiquenses.

Los 6 candidatos en el Estado de México reportaron recursos hasta 8.5 veces mayores que los contrincantes en Coahuila y Nayarit.

 

Y señores, se avecina la elección presidencial, ¿Cuánto gastará el Gobierno federal en 2018 para ganarla? Cuanto nos costara a los mexicanos la compra de un país para perpetuar el modelo neoliberal y así seguir sumiendo en la pobreza extrema a más millones de mexicanos.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Estamos entrando en la recta final del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y aun no se ha encontrado la solución a la problemática de violencia endémica que se padece en nuestro país, promesa base de su campaña presidencial, es más, vamos a cumplir dos sexenios con una misma política que nos ha llevado a los peores números en materia de homicidios en la historia contemporánea de este país, aun cuando en estos periodos las “ideologías partidistas” fueron distintas y hasta opuestas en el papel de sus principios y estatutos.

Tan alarmante resulta ésta problemática, que ha sido objeto de estudio y análisis por parte de organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues según un estudio del juez mexicano de la CoDIH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, de 140 casos contenciosos en materia de justicia penal que la Corte había resuelto hasta enero de 2014; 42 fueron por ejecuciones en el continente, sólo por debajo de los 89, en los que observó tortura.

Por lo anterior, y por el crecimiento de las estructuras del narcotráfico y crimen organizado; el asentamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación en el norte del país; los enfrentamientos en el de Sinaloa, producto de la lucha por el poder luego de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán; y una evidente incapacidad del gobierno federal para investigar, detener y desactivar estas bases criminales, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ordenado no solo a México, sino también a diferentes países de Latinoamérica modificar sus legislaciones.

Toda ésta situación tiene resultados alarmantes que afectan el tejido social de nuestra nación, pues en los 50 meses del actual gobierno, de diciembre de 2012 a enero de 2017, han dado como resultado 90 mil 694 ejecutados, cantidad que sumada a los del periodo de Calderón, donde se inició esta guerra, suman ya más de 212 mil 377 víctimas de la violencia.

La estadística de ejecutados en lo que va del sexenio de Peña Nieto se integra así: en diciembre de 2012, mil 999; en todo 2013, 23 mil 63; en 2014, 20 mil 10; en 2015, 20 mil 525; en 2016, 22 mil 935 (el año más violento del sexenio), y hasta enero de 2017, 3 mil 6 víctimas fatales.

Si la tendencia se mantiene, Peña Nieto dejará un país igual o más ensangrentado que el que dejó Calderón. Evidenciando un alto grado de descomposición política y social que se vive en el país, lo que lacera gravemente los derechos humanos de la población, incrementa la inseguridad y la violencia, que nos mantiene inmersos en este círculo vicioso que destruye el tejido social y afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de todos los integrantes de nuestra sociedad.

Y por si fuera poco todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidenció al Estado mexicano, al insistir en que los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres, cuyas garantías individuales fueron conculcadas son merecedora de medidas administrativas, disciplinarias o penales; y ha remitido el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

Firmado por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, el Informe de Fondo daba cinco indicaciones al Estado mexicano para reparar el daño “tanto en el aspecto material como en el moral”; la atención médica y psicológica o psiquiátrica necesarias, de acuerdo a la víctima; medidas de no repetición, como la capacitación de los cuerpos de seguridad a niveles federal y estatal en la prohibición absoluta de la tortura y la violencia sexual, y extender la medida a médicos y todo funcionario estatal involucrado en las etapas de una investigación.

En la parte sustancial, la CIDH urge a continuar la investigación con el objetivo de identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de los cuerpos de seguridad, tanto de nivel estatal como federal, así como posibles actos de encubrimiento u omisión, evitando la re victimización.

 

 

CEL